Una comisión multinacional independiente

Desde la sociedad civil representada por la Alianza por la Paz y la Justicia  y con el apoyo de Transparencia Internacional, se ha creado una Comisión Multinacional e Independiente para la seguimiento de la reforma en el sector de seguridad pública y justicia en Honduras.

Esta comisión está integrada por los comisionados internacionales Nick Seymour de Inglaterra, Mike May de Escocia, Edgar Gutiérrez de Guatemala y José Ugaz de Perú, y por el comisionado nacional Joaquín A. Mejía R., quien es miembro del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, y de Radio Progreso.

La Comisión Multinacional se reunirá cada cuatro meses en el país por un período de 10 a 12 días, tiempo durante el cual se entrevistará con las máximas autoridades del sector de la seguridad pública y de justicia, políticos, periodistas y representantes de la sociedad civil.

La primera visita se realizará del lunes 14 al viernes 18 de enero, durante la cual se reunirá con los ministros de Seguridad, Relaciones Exteriores, Justicia y Derechos Humanos, Defensa, con el Jefe de la Policía Nacional, el Fiscal General, la Corte Suprema de Justicia, la Dirección de la Evaluación e Investigación de la Carrera Policía, la Comisión para la Reforma de la Seguridad Pública, con representantes de la cooperación internacional y la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, entre otros.

Al final de cada visita, los comisionados presentarán un informe con los hallazgos y recomendaciones generales sobre los avances y obstáculos del proceso de reforma de la seguridad pública. En otras palabras, esta comisión se encargará de vigilar que la reforma iniciada por el gobierno de Lobo Sosa en el año 2012 se realice de manera transparente y de informar a la sociedad hondureña y a la comunidad internacional de los logros o fracasos del proceso.

Esperamos que esta nueva comisión pueda ejercer eficientemente su papel de vigilancia social en un proceso tan fundamental para la seguridad pública del país y que sus recomendaciones no caigan en saco roto, tal y como están cayendo hasta el momento, las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.

Las ironías de una institución fallida

Sólo en el año 2012, 12 abogados fueron asesinados en el país, a lo que se suma una larga lista de periodistas, campesinos, mujeres, niños y jóvenes menores de 23 años que pese a la tragedia que encierran, se convierten en simples estadísticas que hacen de Honduras el país más violento del mundo.

Sin duda alguna uno de los detonantes del aumento imparable de la violencia es la impunidad de los victimarios debido a la ineficacia de las instituciones del sector justicia para investigar seriamente y sancionar a los responsables intelectuales y materiales de estos crímenes.

Una de esas instituciones es el Ministerio Público que de acuerdo a la ley, entre sus fines se encuentran representar, defender y proteger los intereses generales de la sociedad; colaborar y velar por la pronta, recta y eficaz administración de justicia, llevando a cabo la investigación de los delitos hasta descubrir y sancionar a los responsables; y velar por el respeto y cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales y por el imperio mismo de la Constitución y de las leyes.

Pese a que en sus inicios el Ministerio Público despertó grandes expectativas, poco a poco la clase política ha logrado secuestrarlo hasta convertirlo en una simple herramienta de quienes tienen el poder político y económico en Honduras. Sus actuaciones durante y después del golpe de Estado evidencian la degradación moral e institucional en la que ha caído y sin lugar a dudas, el actual fiscal general, Luis Rubí, y su fiscal adjunto, Roy Urtecho, son responsables directos del colapso de esta institución.

Es importante resaltar que el fiscal adjunto, Roy Urtecho, es también presidente del Colegio de Abogados de Honduras, y que ante el aumento de asesinatos de abogados y abogadas decidiera en reunión de junta directiva crear la Comisión de Derechos Humanos de los Profesionales del Derecho que presidirá Leo Valladares Lanza. Esta comisión, entre otras cosas, verificará y dará seguimiento a los casos en investigación para acelerar resultados.

Resulta paradójico que el propio fiscal adjunto en su condición de presidente del Colegio de Abogados decida crear este tipo de comisiones ya que implica un reconocimiento implícito de que la institución que él rectora junto con Luis Rubí, es inoperante para investigar y sancionar el delito. Evidentemente, dicha ineficiencia es responsabilidad de ellos dos como sus máximas autoridades.

En un verdadero Estado de derecho y con una ciudadanía madura políticamente, estos dos personajes hubieran sido destituidos e investigados; pero si los profesionales del derecho tienen en la presidencia de su gremio a un individuo como éste, qué se puede esperar de una ciudadanía de baja intensidad sometida constantemente a la violencia del hambre, de la enfermedad y del analfabetismo.

Los derechos humanos en las sentencias de la Corte Interamericana sobre Honduras

El Estado de Honduras ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 5 de septiembre de 1977 y presentó ante la Secretaría General de la OEA el instrumento de reconocimiento de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 9 de septiembre de 1981.

Desde entonces, la CIDH y la Corte IDH han recibido numerosos casos en los que se denuncia al Estado hondureño por violaciones a derechos humanos; de estos, 8 han terminado en sentencias: 1 en la que la responsabilidad del Estado no quedó establecida y 7 en las que se le encontró responsable internacionalmente.

Este libro consta de 10 capítulos desarrollados por especialistas de diferentes países que analizan y reflexionan sobre algunos derechos humanos utilizando como parámetro las sentencias de la Corte IDH sobre Honduras, pero sin limitarse a ellas.

Con esta obra, el ERIC-SJ y Radio Progreso se proponen generar espacios de reflexión y debate sobre la situación de los derechos humanos en el país, particularmente, sobre el acceso a la justicia internacional que se ha activado en los casos que aquí se analizan.

En estos tiempos de profunda arbitrariedad, este trabajo muestra cómo el uso de las herramientas que ofrece el Sistema Interamericano de Derechos Humanos puede contribuir a fortalecer la democracia y el Estado de derecho.

No fue golpe, fue sucesión judicial

Si la destitución de 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional se manejara desde los mismos intereses, hipocresías y aberraciones jurídicas con los que se trató el golpe de Estado de 2009, se estaría hablando de una sucesión judicial y no de un nuevo golpe a otro poder del Estado.

El título de “Nuestra Palabra” sería la consigna que repetiría la clase política-empresarial y sus analistas y periodistas tarifados, y tendríamos que soportar cientos de horas de radio y televisión, así como artículos, reportajes y páginas enteras de los periódicos exaltando que con la sucesión judicial los diputados nos salvaron de 4 magistrados endemoniados y defensores del crimen organizado.

No obstante, los mismos que promovieron y defendieron el golpe de Estado de 2009, ahora condenan este nuevo atentado contra uno de los principios rectores de todo Estado de derecho: La separación de poderes y la independencia judicial.

Desde Radio Progreso y el ERIC también condenamos esta nueva crisis así como lo hicimos con respecto a la del 2009, pero al mismo tiempo denunciamos que la misma sólo refleja que el rompimiento constitucional de hace 3 años nos dejó una institucionalidad colapsada y totalmente fallida, por lo que ya no es posible ni ético defenderla sino que es necesario exigir una nueva institucionalidad.

Resulta categórico que ni siquiera los 4 magistrados destituidos confían en la vieja institucionalidad pues en vez de dirigirse al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, al Ministerio Público o a la propia Corte Suprema de Justicia, decidieron acudir al Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) para denunciar las violaciones a sus derechos.

Pero al mismo tiempo resulta extremadamente cínico que los magistrados denuncien que se les ha violado el derecho a la defensa y a la protección judicial, cuando en el marco del golpe de Estado ellos mismos no tuvieron reparo en abandonar su papel de garantes de la legalidad al tolerar por acción u omisión las graves violaciones de derechos humanos a manos de militares y policías, y se convirtieron en corresponsables de los crímenes del gobierno de facto.

De los 81 recursos de amparo presentados durante el golpe de Estado, la Sala de lo Constitucional sólo resolvió con celeridad y diligencia 2, los presentados a favor del general golpista Romeo Vásquez Velásquez, mientras que los 79 restantes presentados por distintos ciudadanos y organizaciones, se enfrentaron a múltiples dificultades y dilaciones impuestas por los mismos magistrados que se pusieron al servicio de los victimarios.

Esta nueva crisis nos brinda la oportunidad para exigir la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en lo referente a que se someta a un escrutinio independiente las actuaciones de todas las instituciones del sector justicia frente a las violaciones de derechos humanos durante el golpe de 2009.

En los primeros lugares de corrupción

La Convención Interamericana contra la Corrupción establece que la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos.

Cada dólar que consume el latrocinio y que engrosa las cuentas bancarias privadas es un recurso que se despoja a los presupuestos de salud, educación, vivienda, seguridad alimentaria y empleo, lo cual contribuye a la muerte por hambre, por falta de acceso a una vivienda adecuada y agua potable, por desnutrición y enfermedades curables.

En Honduras se estima que el Estado pierde entre 500 y 600 millones de dólares por año en corrupción que podrían invertirse en garantizar unas condiciones que promuevan y faciliten la satisfacción de ciertas necesidades básicas sin las cuales muchas personas no pueden alcanzar los niveles de humanidad necesarias para tener una vida digna.

En este sentido, la incidencia de la pobreza, de la desigualdad y la exclusión social tiene una relación directa con los altos índices de corrupción, lo cual afecta seriamente la institucionalidad democrática, desnaturaliza la democracia y hace ilusoria la participación ciudadana, el acceso a la justicia y el disfrute efectivo de todos los derechos humanos.

Por ello, no es de extrañar que Honduras sea considerado el país más corrupto de Centroamérica, el cuarto más corrupto del continente americano y uno de los más corruptos del mundo, de acuerdo con el informe “Índice de Percepción de la Corrupción 2012” de Transparencia Internacional.

Sumado a lo anterior, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación confirmó que el golpe de Estado no sólo produjo la comisión de graves violaciones a los derechos civiles y políticos, sino también la comisión de graves actos de corrupción que profundizaron la vulnerabilidad de los sectores que más sufren el hambre, la enfermedad, la indigencia, el desempleo y la falta de acceso a la educación básica.

Echando una mirada a las listas de candidatos en las elecciones internas, nos damos cuenta que los corruptos continúan presentándose a cargos de elección popular, y por tanto, así como el general Romeo Vásquez y otros deberían ser considerados inelegibles por sus antecedentes golpistas, también deberían serlo aquellos funcionarios, de facto o no, que aprovechando su condición, cometieron graves actos de corrupción que en la práctica constituyeron una sustracción de los recursos destinados a la satisfacción de las necesidades básicas de la población, particularmente de la más vulnerable.