Corte IDH celebrará audiencia sobre asesinato de ambientalista en Honduras

San José, Costa Rica, 5 de febrero de 2013-  El próximo jueves 7 de febrero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) con sede en Costa Rica, iniciará su primer periodo de sesiones del año y celebrará una audiencia pública sobre el asesinato en Honduras del defensor ambientalista Carlos Antonio Luna López.

El 18 de mayo de 1998, Carlos Luna fue herido de muerte a causa de los disparos que le ocasionaron dos sujetos cuando salía de una reunión en la corporación municipal.

El defensor ambientalista se desempeñaba como Regidor en la Municipalidad de Catacamas, Departamento de Olancho al noroeste de su país, desde donde denunció la tala ilegal de árboles por parte de sectores política y económicamente poderosos.

Previo a su asesinato, Carlos Luna recibió y denunció amenazas de muerte ante las autoridades; las cuales no tomaron ninguna medida para prevenir su muerte. Catorce años después de su asesinato solo se ha condenado a uno de los autores materiales. A pesar de que existen indicios sobre la autoría intelectual del asesinato, ninguna persona ha sido sancionada.

Este jueves a partir de las 9:00 AM (hora de Costa Rica), la Corte IDH escuchará el testimonio de una de las víctimas, de varios testigos y un perito, así como los argumentos orales de parte de los representantes legales del caso: el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC). Además escuchará las valoraciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la posición del Estado hondureño.

El máximo Tribunal Interamericano recibió el caso en noviembre de 2011 por parte de la CIDH, cuyo Informe de Fondo consideró que Honduras incumplió con las recomendaciones realizadas, entre las que destaca la reparación adecuada de las violaciones y la realización de una investigación judicial “completa, imparcial y efectiva” para conocer en su totalidad las personas que actuaron en contra de la vida de Carlos Luna.

CEJIL y el ERIC consideran que es urgente además, crear y poner en funcionamiento una unidad de investigación de delitos contra activistas y adecuar a los estándares internacionales los protocolos sobre la debida diligencia en la investigación; así como diseñar e implementar una política pública integral dirigida a la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras.

Puede seguir la trasmisión de la audiencia vía streaming en www.livestream.com/corteidh

Notas al editor
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional.

Contacto en San José
Sergio Pacheco S. / CEJIL/  spacheco@cejil.org / 506 2280- 7473

Secuestrados por el miedo

De acuerdo con el más reciente sondeo de opinión pública realizado por el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, los hondureños y hondureñas vivimos secuestrados por la violencia y la inseguridad.

Un 90.8 por ciento de la población considera que la delincuencia aumentó o siguió igual en comparación con el año anterior y lo peor de todo es que la institucionalidad encargada de garantizar la seguridad es percibida como una amenaza, ya que para el 60.3 por ciento la Policía está involucrada en la delincuencia y para el 67.4 por ciento está vinculada con el crimen organizado.

Al mismo tiempo, el 84.8 por ciento considera que las violaciones a derechos humanos han seguido igual o han empeorado, lo cual es producto de un clima absoluto de impunidad que cruza y rompe el tejido social de nuestra sociedad, alimentando la desconfianza en el otro, obligándonos a encerrarnos detrás de los muros de nuestras casas y limitando drásticamente el ejercicio de una ciudadanía activa. 

El círculo de la impunidad es fomentado por un sistema de justicia cuyas instituciones han fracasado estrepitosamente en realizar el papel para las que fueron creadas, es decir, garantizar la dignidad de las personas, por lo que no es extraño que la población desconfíe totalmente de instituciones como la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público.

De esta manera, un 81.8 por ciento tiene poca o ninguna confianza en el Ministerio Público y un 83.1 por ciento en la Corte Suprema de Justicia, ya que ambas instituciones han ratificado que han abandonado su papel de garantes de la legalidad y el respeto de los derechos humanos, y se han vuelto cómplices y autores directos de haber convertido a Honduras en un paraíso de la impunidad.

Sin duda alguna, estos datos reflejan la deslegitimidad en la que han caído las instituciones del Estado, frente a lo cual es urgente una nueva institucionalidad que se ponga al servicio de la sociedad en su conjunto y de los más vulnerables en particular.

Pero también es imperiosa la articulación de una ciudadanía crítica y activa que blinde a las nuevas instituciones para evitar que vuelvan a ser secuestradas por una clase política que, contrario al rey Midas que convertía todo lo que tocaba en oro, las convierta en instituciones corruptas, sin legitimidad y al servicio de los intereses más oscuros del país.

Candidatura de los peores

El general Romeo Vásquez Velásquez, quien encabezó el golpe de Estado de 2009, oficializó el domingo pasado su candidatura a la presidencia de Honduras a través de su partido Alianza Patriótica.

Su carrera militar no sólo está manchada por su antecedente golpista, sino también por su vinculación a bandas de roba carros y otros delitos graves que lo mantuvieron un tiempo en la cárcel.

A ello se suma que durante su administración como gerente de HONDUTEL logró agravar la crisis de esta empresa pública, produciendo pérdidas por 139.2 millones de lempiras y reduciendo sus activos en 778.8 millones.

Y lo más grave es su comprobado desprecio por la dignidad humana, al ser el máximo responsable de la represión militar y policial que produjo graves violaciones a derechos humanos, tales como, agresiones sexuales, asesinatos, torturas, desapariciones forzadas, detenciones ilegales, desplazamientos forzados, entre otras, consideradas crímenes de lesa humanidad por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.

Por todo ello, insistimos que el precedente golpista y criminal es suficiente para restringir el derecho a ser votado, ya que la democracia no sólo implica un principio incluyente que permite que cualquiera pueda gobernar, sino también un principio excluyente que hace que se defienda de sus enemigos excluyéndolos del proceso de selección.

Como lo hemos señalado en otra ocasión, así como la democracia exige una serie de virtudes republicanas para ser electo a un cargo público para asegurar el “gobierno de los mejores”, censura los desméritos y aptitudes ciudadanas negativas para evitar el “gobierno de los peores”.

El general Vásquez Velásquez demostró que es enemigo de los valores democráticos al ejecutar un golpe de Estado y ordenar la comisión de graves violaciones a derechos humanos, por lo que es justo y necesario que la  propia democracia se defienda ante su candidatura y lo excluya, y prohíba su participación electoral.

COMUNICADO No. 1

La Comisión Multinacional, integrada por la Alianza por la Paz y la Justicia,

 en apoyo a la Reforma de la Seguridad Pública en Honduras

A LA OPINIÓN PUBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL:

1.   Honduras sufre una emergencia de seguridad publica con riesgos de disgregación social. Esto constituye una grave anormalidad que perturba dolorosamente la vida diaria de los habitantes y sus formas de convivencia, a la vez que representa un desafío histórico para un pueblo de vocación pacifica.

2.  Están en marcha una serie de reformas encaminadas a que el Estado democratico enfrente de manera eficaz la amenaza criminal, pero los diferentes sectores que entrevistamos (oficiales, incluyendo operadores de justicia, empresariales, académicos, periodistas, sociedad civil y comunidad internacional) coinciden en que esos esfuerzos  no están vertebrados y tampoco tocan el nervio del problema, y, lo mas preocupante, es que a veces no son sinceros. Por esas razones la poblacion ha ido perdiendo la confianza en el proceso de reforma.

3.  En particular, nos han indicado que se carece de una politica y una estrategia de seguridad integral, que atienda la emergencia y siente las bases de una institucionalidad renovada. Nos han hecho saber, ademas, que la depuracion de la Policia adolece de peritajes sobre el patrimonio y puede manipularse como lucha de poder entre bandos, con la consecuente de perdida institucional de ciertos policias profesionales y honestos, y, en contrapartida, la impunidad de corruptos, criminales y abusadores que permanecen en cargos de responsabilidad.

4.  Nuestra apreciación es que la reforma de la seguridad es un camino que no puede extraviarse, pero demanda acciones contundentes y a corto plazo para recuperar la credibilidad social; el proceso reclama, en primer lugar, el compromiso sostenido, el apego a la legalidad y la asignacion oportuna y suficiente  de recursos por parte de las autoridades de Gobierno, y ademas el indispensable acompañamiento pro activo y con objetividad de las fuerzas vivas del pais. Como Comisión Multinacional aportaremos nuestro grano de arena durante los proximos dos años, empezando por sugerir una prioriza ion de líneas estratégicas de reforma y metodologías de articulación de programas y políticas de seguridad.

5.  Nos dirigimos a los hondureños/as de bien que se resisten a entregar su país a la corrupción y el crimen organizado; aquellos que no renuncian a su derecho a vivir en su tierra libremente y en paz, y anhelan que sus hijos y nietos crezcan en un entorno seguro con un futuro de realización plena. A Uds. les decimos que SI SE PUEDE cambiar este clima de inseguridad que los asola. Otros países lo han hecho con resultados sorprendentes. Y abrigamos la firme convicción de que el pueblo hondureño unido contra la delincuencia y contra la impunidad, también podrá.

                                                                       Tegucigalpa, 18 de enero del 2013

Defensores de derechos humanos víctimas de detención ilegal

Dos defensores de derechos humanos fueron detenidos de forma ilegal por la policía hondureña, uno por asumir la defensa de los derechos de personas que estaban siendo detenidas en lugares diferentes, pero en circunstancias semejantes, poniendo en evidencia el peligro en que ejercen su trabajo los defensores en Honduras.

Leonel Casco Gutiérrez fue detenido mientras trataba de recuperar la libertad del historiador Edgar Soriano en las instalaciones policiales y Erick Martínez mientras denunciaba el acoso policial en una discoteca donde se reúne la comunidad gay de Tegucigalpa, a inmediaciones de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos.

De acuerdo con el testimonio de Casco, “a las diez y media de la noche recibió una llamada para informarle que el historiador y docente universitario Edgar Israel Soriano había sido detenido en el Barrio Abajo de Tegucigalpa, después de hacer Edgar hizo un gesto a su amigo con el rostro, frente a una patrulla de la policía, razón por la cual el oficial que andaba al mando de la patrulla, le dijo súbete a la patrulla sin mediar ninguna palabra y lo llevaron de un solo a la posta del Manchen”.

Soriano es un joven historiador, docente universitario y fundador de una organización política creada posterior al golpe de Estado de junio de 2009 denominada Artistas en Resistencia.

“A las doce de la noche me traslade a la estación del el Manchen y me atendió una oficial de apellido Salgado” hablé con varios oficiales incluso conversé con el detenido y a la una y media de la mañana llegó el jefe de la Metropolitana Uno (policía).

Cuando ya iba de salida, “me identifique y le exprese que andaba pidiendo la libertad del profesor universitario, me pregunto si me consta como fue detenido, le dije que no, pero que si conocía la versión del detenido y por lo expresado no había ninguna causal, y como habían alrededor de 25 mujeres pidiendo a sus hijos se refirió a todos diciendo que los detenidos más bien estaban cuidados”.

“Entonces le dije que era procurador de derechos humanos y considero que la detención de Edgar es un acto arbitrario y más bien creo que el inspector cometió una detención ilegal y un abuso de autoridad por el cual se podría proceder, fue entonces cuando él se exalto y se enojó y dijo que ese era el problema de los

defensores de derechos humanos y que yo le estaba faltando al respeto y le dije disculpe señor no le estoy faltando el respeto a la autoridad solamente le estoy exponiendo un caso. Allí no más ordeno que me detuvieran, llévenlo por favor pásenlo detenido a la celda”.

Por su parte Erick Martínez relata que alrededor de la 1:00 a.m., agentes policiales se hicieron presente al bar que frecuenta la comunidad LGTBI, argumentado que debían cumplir la ordenanza municipal de cerrar temprano el lugar, con insultos hacia los miembros de la comunidad, por lo que procedió a documentar lo que estaba pasando en el lugar con los agentes policiales.

Según el testimonio de Erick Martínez se retiró del lugar por unos momentos, pero regresó al lugar para ver cuál era la situación de los miembros de la diversidad que se encontraban en el lugar coincidiendo con el momento que se estaban llevando varias personas detenidas “quienes fueron víctimas de golpes, humillaciones por su orientación sexual e intimidación”, lo que motivó a tomar fotografías de lo que estaba ocurriendo.

En ese momento un grupo de policías se le abalanzó y le agredieron físicamente al mismo tiempo fue decomisado por los policías su teléfono celular, situación que aprovecharon para descargar toda la información y las fotografías tomadas y sólo le fue devuelto una vez borrada toda la información del celular completamente borrada. Martínez fue agredido y tratado con palabras intimidantes y discriminatorias por su orientación sexual. Desde el golpe de Estado a la fecha 87 crímenes de odio se han cometido en contra de miembros de la comunidad gay en el país.

El defensor junto a dos personas fueron detenidas y llevadas a partir de las dos treinta de la mañana en la posta policial ubicada en el Barrio El Manchen, otro grupo había sido liberado en el lugar de la detención y fue puesto en libertad gracias a la intervención de un Abogado de Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos en Honduras CIPRODEH, alrededor de las tres de la tarde del domingo 13 de enero de 2013. Casco y Soriano fueron liberados el miércoles 16 de enero de 2013 en horas de la mañana.

Demandamos la protección de la vida de las defensoras Leonel Casco Gutiérrez y Erick Martínez y que el Estado de Honduras brinde las medidas de protección necesarias para los trabajadores humanitarios.

A la comunidad nacional e internacional mantenerse vigilantes sobre la situación que prevalece en el país en materia de derechos humanos.

Tegucigalpa 16 de enero de 2013.

Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Victimas de la Tortura.