miércoles, 6 de febrero de 2013

La impunidad en el asesinato de Carlos Luna llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos


El 31 de enero de este año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos anunció la apertura de su 98 período ordinario de sesiones durante el cual se celebrarán seis audiencias públicas sobre casos contenciosos y tres audiencias privadas sobre supervisión de cumplimiento de sentencias. Asimismo, se estudiará la posibilidad de emitir una sentencia y diversas resoluciones.

El día 07 de febrero a las 9 de la mañana se celebrará la audiencia sobre el caso Luna López Vs. Honduras, en la cual la Corte Interamericana escuchará la declaración de  una  de las presuntas víctimas, de un testigo propuesto por el Estado, y de  un testigo y un perito  propuestos por  los representantes  de las presuntas víctimas. Asimismo, el máximo tribunal regional escuchará los alegatos finales orales de las partes, así como las observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Este caso se refiere al asesinato del defensor ambientalista Carlos Luna López ocurrido el 18 de mayo de 1998, quien fue herido de muerte a causa de los disparos que le infirieron dos sujetos desconocidos cuando salía de una reunión de la corporación municipal. Carlos Luna se desempeñaba como Regidor en la municipalidad de Catacamas, cargo desde el cual denunció la tala ilegal del bosque por parte de sectores que eran política y económicamente poderosos en Honduras.  

Antes de su asesinato, Carlos Luna había recibido y denunciado amenazas a muerte, las cuales eran de conocimiento del Estado de Honduras; sin embargo, las autoridades no tomaron ninguna medida de prevención y protección para evitar su muerte. Hasta la fecha, sólo ha sido condenado uno de los autores materiales del asesinato y a pesar de existir indicios sobre otros autores materiales y los autores intelectuales, nadie más ha sido sancionado.

Al igual que el asesinato de Jeannette Kawas, Carlos Escaleras y otros ambientalistas, el asesinato de Carlos Luna ocurrió en un contexto de riesgo e impunidad para los defensores del ambiente en Honduras, el cual se ha profundizado en la actualidad con la entrega de los bienes naturales por parte de una clase política corrupta que sigue dándole la espalda a los intereses generales de la sociedad.

Esta audiencia es fundamental como memoria histórica para que, en primer lugar, las actuales y nuevas generaciones encuentren en la figura de Carlos Luna los valores de la honestidad, compromiso y valentía de cara a la defensa del medio ambiente; y en segundo lugar, para no olvidar que su asesinato es producto de unas estructuras estatales que promueven la impunidad y que deben ser depuradas o recreadas para hacer de Honduras un lugar donde la vida digna sea el fin más importante de la sociedad y el Estado.

martes, 5 de febrero de 2013

Corte IDH celebrará audiencia sobre asesinato de ambientalista en Honduras

San José, Costa Rica, 5 de febrero de 2013-  El próximo jueves 7 de febrero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) con sede en Costa Rica, iniciará su primer periodo de sesiones del año y celebrará una audiencia pública sobre el asesinato en Honduras del defensor ambientalista Carlos Antonio Luna López.

El 18 de mayo de 1998, Carlos Luna fue herido de muerte a causa de los disparos que le ocasionaron dos sujetos cuando salía de una reunión en la corporación municipal.

El defensor ambientalista se desempeñaba como Regidor en la Municipalidad de Catacamas, Departamento de Olancho al noroeste de su país, desde donde denunció la tala ilegal de árboles por parte de sectores política y económicamente poderosos.

Previo a su asesinato, Carlos Luna recibió y denunció amenazas de muerte ante las autoridades; las cuales no tomaron ninguna medida para prevenir su muerte. Catorce años después de su asesinato solo se ha condenado a uno de los autores materiales. A pesar de que existen indicios sobre la autoría intelectual del asesinato, ninguna persona ha sido sancionada.

Este jueves a partir de las 9:00 AM (hora de Costa Rica), la Corte IDH escuchará el testimonio de una de las víctimas, de varios testigos y un perito, así como los argumentos orales de parte de los representantes legales del caso: el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC). Además escuchará las valoraciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la posición del Estado hondureño.

El máximo Tribunal Interamericano recibió el caso en noviembre de 2011 por parte de la CIDH, cuyo Informe de Fondo consideró que Honduras incumplió con las recomendaciones realizadas, entre las que destaca la reparación adecuada de las violaciones y la realización de una investigación judicial “completa, imparcial y efectiva” para conocer en su totalidad las personas que actuaron en contra de la vida de Carlos Luna.

CEJIL y el ERIC consideran que es urgente además, crear y poner en funcionamiento una unidad de investigación de delitos contra activistas y adecuar a los estándares internacionales los protocolos sobre la debida diligencia en la investigación; así como diseñar e implementar una política pública integral dirigida a la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras.

Puede seguir la trasmisión de la audiencia vía streaming en www.livestream.com/corteidh

Notas al editor
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional.

Contacto en San José
Sergio Pacheco S. / CEJIL/  spacheco@cejil.org / 506 2280- 7473

sábado, 2 de febrero de 2013

Secuestrados por el miedo



De acuerdo con el más reciente sondeo de opinión pública realizado por el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, los hondureños y hondureñas vivimos secuestrados por la violencia y la inseguridad.

Un 90.8 por ciento de la población considera que la delincuencia aumentó o siguió igual en comparación con el año anterior y lo peor de todo es que la institucionalidad encargada de garantizar la seguridad es percibida como una amenaza, ya que para el 60.3 por ciento la Policía está involucrada en la delincuencia y para el 67.4 por ciento está vinculada con el crimen organizado.

Al mismo tiempo, el 84.8 por ciento considera que las violaciones a derechos humanos han seguido igual o han empeorado, lo cual es producto de un clima absoluto de impunidad que cruza y rompe el tejido social de nuestra sociedad, alimentando la desconfianza en el otro, obligándonos a encerrarnos detrás de los muros de nuestras casas y limitando drásticamente el ejercicio de una ciudadanía activa. 

El círculo de la impunidad es fomentado por un sistema de justicia cuyas instituciones han fracasado estrepitosamente en realizar el papel para las que fueron creadas, es decir, garantizar la dignidad de las personas, por lo que no es extraño que la población desconfíe totalmente de instituciones como la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público.

De esta manera, un 81.8 por ciento tiene poca o ninguna confianza en el Ministerio Público y un 83.1 por ciento en la Corte Suprema de Justicia, ya que ambas instituciones han ratificado que han abandonado su papel de garantes de la legalidad y el respeto de los derechos humanos, y se han vuelto cómplices y autores directos de haber convertido a Honduras en un paraíso de la impunidad.

Sin duda alguna, estos datos reflejan la deslegitimidad en la que han caído las instituciones del Estado, frente a lo cual es urgente una nueva institucionalidad que se ponga al servicio de la sociedad en su conjunto y de los más vulnerables en particular.

Pero también es imperiosa la articulación de una ciudadanía crítica y activa que blinde a las nuevas instituciones para evitar que vuelvan a ser secuestradas por una clase política que, contrario al rey Midas que convertía todo lo que tocaba en oro, las convierta en instituciones corruptas, sin legitimidad y al servicio de los intereses más oscuros del país.

miércoles, 23 de enero de 2013

Candidatura de los peores



El general Romeo Vásquez Velásquez, quien encabezó el golpe de Estado de 2009, oficializó el domingo pasado su candidatura a la presidencia de Honduras a través de su partido Alianza Patriótica.

Su carrera militar no sólo está manchada por su antecedente golpista, sino también por su vinculación a bandas de roba carros y otros delitos graves que lo mantuvieron un tiempo en la cárcel.

A ello se suma que durante su administración como gerente de HONDUTEL logró agravar la crisis de esta empresa pública, produciendo pérdidas por 139.2 millones de lempiras y reduciendo sus activos en 778.8 millones.

Y lo más grave es su comprobado desprecio por la dignidad humana, al ser el máximo responsable de la represión militar y policial que produjo graves violaciones a derechos humanos, tales como, agresiones sexuales, asesinatos, torturas, desapariciones forzadas, detenciones ilegales, desplazamientos forzados, entre otras, consideradas crímenes de lesa humanidad por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.

Por todo ello, insistimos que el precedente golpista y criminal es suficiente para restringir el derecho a ser votado, ya que la democracia no sólo implica un principio incluyente que permite que cualquiera pueda gobernar, sino también un principio excluyente que hace que se defienda de sus enemigos excluyéndolos del proceso de selección.

Como lo hemos señalado en otra ocasión, así como la democracia exige una serie de virtudes republicanas para ser electo a un cargo público para asegurar el “gobierno de los mejores”, censura los desméritos y aptitudes ciudadanas negativas para evitar el “gobierno de los peores”.

El general Vásquez Velásquez demostró que es enemigo de los valores democráticos al ejecutar un golpe de Estado y ordenar la comisión de graves violaciones a derechos humanos, por lo que es justo y necesario que la  propia democracia se defienda ante su candidatura y lo excluya, y prohíba su participación electoral.

viernes, 18 de enero de 2013

COMUNICADO No. 1



La Comisión Multinacional, integrada por la Alianza por la Paz y la Justicia,
 en apoyo a la Reforma de la Seguridad Pública en Honduras


A LA OPINIÓN PUBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL:

1.   Honduras sufre una emergencia de seguridad publica con riesgos de disgregación social. Esto constituye una grave anormalidad que perturba dolorosamente la vida diaria de los habitantes y sus formas de convivencia, a la vez que representa un desafío histórico para un pueblo de vocación pacifica.

2.  Están en marcha una serie de reformas encaminadas a que el Estado democratico enfrente de manera eficaz la amenaza criminal, pero los diferentes sectores que entrevistamos (oficiales, incluyendo operadores de justicia, empresariales, académicos, periodistas, sociedad civil y comunidad internacional) coinciden en que esos esfuerzos  no están vertebrados y tampoco tocan el nervio del problema, y, lo mas preocupante, es que a veces no son sinceros. Por esas razones la poblacion ha ido perdiendo la confianza en el proceso de reforma.

3.  En particular, nos han indicado que se carece de una politica y una estrategia de seguridad integral, que atienda la emergencia y siente las bases de una institucionalidad renovada. Nos han hecho saber, ademas, que la depuracion de la Policia adolece de peritajes sobre el patrimonio y puede manipularse como lucha de poder entre bandos, con la consecuente de perdida institucional de ciertos policias profesionales y honestos, y, en contrapartida, la impunidad de corruptos, criminales y abusadores que permanecen en cargos de responsabilidad.

4.  Nuestra apreciación es que la reforma de la seguridad es un camino que no puede extraviarse, pero demanda acciones contundentes y a corto plazo para recuperar la credibilidad social; el proceso reclama, en primer lugar, el compromiso sostenido, el apego a la legalidad y la asignacion oportuna y suficiente  de recursos por parte de las autoridades de Gobierno, y ademas el indispensable acompañamiento pro activo y con objetividad de las fuerzas vivas del pais. Como Comisión Multinacional aportaremos nuestro grano de arena durante los proximos dos años, empezando por sugerir una prioriza ion de líneas estratégicas de reforma y metodologías de articulación de programas y políticas de seguridad.

5.  Nos dirigimos a los hondureños/as de bien que se resisten a entregar su país a la corrupción y el crimen organizado; aquellos que no renuncian a su derecho a vivir en su tierra libremente y en paz, y anhelan que sus hijos y nietos crezcan en un entorno seguro con un futuro de realización plena. A Uds. les decimos que SI SE PUEDE cambiar este clima de inseguridad que los asola. Otros países lo han hecho con resultados sorprendentes. Y abrigamos la firme convicción de que el pueblo hondureño unido contra la delincuencia y contra la impunidad, también podrá.

                                                                       Tegucigalpa, 18 de enero del 2013