Por un presente y futuro seguro

El pasado jueves 7 de febrero, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, presentó un informe en el que reveló el ranking de las ciudades más violentas del mundo, tomando en cuenta 189 países.

Honduras aparece con dos ciudades en los primeros 5 lugares de las más violentas a nivel mundial y nuevamente San Pedro Sula ocupa el triste título de ser la ciudad más violenta del planeta por encima de Acapulco, Caracas, Cali, Ciudad Guatemala, Ciudad Juárez, Puerto Príncipe y San Salvador, entre otras.

En este ranking de la violencia, Tegucigalpa y Comayagüela ocupan el vergonzoso cuarto lugar. El hecho que San Pedro Sula y el Distrito Central aparezcan a la cabeza, refleja el fracaso total del Estado en garantizar las condiciones de seguridad a la integridad y vida de los hondureños y hondureñas.

A su vez, reflejan un rotundo fracaso de la política de seguridad implementada desde inicios de la década del 2000, centrada sobre todo en la militarización de la sociedad y la apuesta por la represión sin atacar otras fuentes de conflictos que generan violencia y que están relacionadas con la falta de oportunidades para llevar una vida digna.

Pero también este ranking nos confirma el camino infructuoso en el que ha caído el proceso de reforma al sector justicia y seguridad iniciado por el gobierno de Lobo Sosa, caracterizado por carecer de una política y una estrategia de seguridad integral, y por dejar intactas las bases de impunidad que sostienen a los corruptos y criminales que permanecen en cargos de responsabilidad.

Frente a esta emergencia de seguridad, hacemos nuestras las palabras de la Comisión Multinacional de Seguimiento a la Reforma de la Seguridad Pública en el sentido de hacer un llamado a los hondureños y hondureñas de bien que se resisten a entregar el país a la corrupción y a la impunidad, a aquellos y aquellas que no renunciamos a nuestro derecho a vivir libremente y en paz, y que anhelamos que nuestros hijos e hijas crezcan en un entorno seguro con un futuro de realización plena, a articularnos para emprender de frente una lucha comunitaria, regional y nacional contra los corruptos y criminales.

Miembros de la Policía Nacional amenazan a corresponsal de Radio Progreso

 

Alertas C-Libre 0008-2013

19 de febrero de 2013

Tela, Atlántida.- El corresponsal de Radio Progreso en el municipio de Tela, Atlántida, Leonardo Guevara, denunció al Comité por la Libre Expresión (C-Libre) las amenazas verbales por parte de elementos de la Policía Nacional.

Según Guevara, quien labora desde hace dos años para Radio Progreso, el lunes 18 de febrero a eso de las 4:30 de la tarde se disponía a retornar a la ciudad, cuando varios policías instalados en un retén detuvieron el vehículo en el que se conducía junto al candidato a alcalde Julio Maldonado, la candidata a vicealcaldesa Julia García, ambos por el Partido Libertad y Refundación (Libre) y dos personas más.

"Pidieron que dejaran de tomar fotografías, porque teníamos que pedir permiso a la autoridad, porque yo venía tomando fotos, ahí los policías se instalaron en una casa particular, como que fuera una posta policial", relató.

Al ser interceptados, audazmente, Guevara logró sacar su cámara de video y comenzó a grabar lo ocurrido, "de la radio venimos a cubrir esto acá... pero esto es coartar la libertad de expresión... -dice el comunicador- a ver tenés que aprender .. Ustedes son del cuarto poder, se creen el cuarto poder, y son pero el poder en el cuarto, tené mucho cuidado, por eso están fracasando muchos comunicadores -advierte el policía-".   

"Estas amenazas vienen por el acompañamiento que le hemos estado dando a la comunidad de Nueva Esperanza, que está siendo amenazada por empresarios de la minería en la zona", explicó.

El comunicador tiene dos años como corresponsal de Radio Progreso, unos tres meses trabajando para Radio Globo y es fundador de la radio comunitaria Exclusiva, además ha trabajado para la radio Subirana.

Dentro de su labor periodística ha cubierto constantemente los acontecimientos alrededor de las comunidades afectadas por la minería, entre otros hechos que se producen y cubren en la zona del Litoral Atlántico.

Según la denuncia del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, en la zona se observan "acciones violentas efectuadas por elementos de la Policía Nacional, en conjunto con empresarios mineros, en contra de ambientalistas comunitarios pertenecientes a comunidades de Tela, Atlántida.

En la comunidad de Nueva Esperanza, sector de Buena Vista, se pretende instalar una empresa minera, lo cual es rechazado rotundamente por las y los ciudadanos del sector, y ante esto decidieron tomar acciones instalando una cadena para vigilar el paso de vehículos pues en otras ocasiones los empresarios han ingresado a la zona en automóviles sin placas.

Otro corresponsal de Radio Progreso fue ultimado a balazos el 14 de julio del 2011, Nery Jeremías Orellana de 26 años, director de la radio Joconguera del municipio de Candelaria departamento de Lempira (Oeste).   

También en la misma zona, el 27 de julio de 2011, Roberto García Fúnez, corresponsal de Radio Progreso, en el municipio de Arizona, departamento de Atlántida (norte), denunció ser objeto de amenazas a muerte por parte de desconocidos.

"He recibido llamadas de números que no puedo identificar, donde me amenazan a muerte a mí, a mi esposa y a mis hijos". "Tengo miedo, temo por mi vida y la de mi familia, mi esposa está embarazada", dijo muy nervioso y preocupado en su momento el comunicador en declaraciones a C-Libre.

A continuación el video donde se demuestra la amenaza en contra del comunicador social.

http://www.youtube.com/watch?v=jKL-kHgXqKs&list=HL1361293849&feature=mh_lolz

Fuente: Comité por la Libre Expresión (C-Libre). 

C-Libre es una coalición de periodistas y miembros de la sociedad civil constituida para promover y defender la libertad de expresión y el derecho a la información en Honduras. Quienes integramos C-Libre, estamos convencidos que en la construcción de un Estado de Derecho es imprescindible la existencia de un periodismo ético, de investigación, fiscalizador de la gestión pública, que se desempeñe en un ambiente de seguridad y acceso libre a la información y que promueva un régimen de opinión pública que haga valer su Derecho a la Información.

La defensa del Estado de Honduras ante la Corte Interamericana en el caso Luna

El pasado jueves 07 de febrero se celebró durante todo el día la audiencia sobre el caso del asesinato del ambientalista Carlos Luna López que puso nuevamente al Estado de Honduras ante la justicia internacional.

En dicha audiencia, la Corte Interamericana recibió la declaración de César Luna, hijo de la víctima, del abogado Omar Menjívar quien fue fiscal ad hoc del caso en Honduras y testigo ante el tribunal interamericano, y del perito experto Juan Mejía, todos propuestos por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, y el ERIC. Por parte del Estado, la Corte recibió la declaración del abogado Adrián Rosales, quien fue el primer fiscal que conoció del asesinato Luna y cuya gestión inicial permitió sentar las bases de la impunidad. 

La audiencia fue pública y además se trasmitió en vivo desde la página electrónica de la Corte Interamericana y para quienes tuvieron la ocasión de presenciarla, pudieron observar que los representantes de la familia Luna lograron demostrar el incumplimiento del Estado de prevenir el asesinato de Carlos Luna, como parte de su obligación de garantizar el derecho a la vida.

También demostraron las graves deficiencias ocurridas en las primeras etapas de la investigación de su muerte, así como a las acciones y omisiones estatales que impidieron la captura, procesamiento y sanción de todos los responsables intelectuales y materiales de la misma. Y finalmente, también lograron mostrar a la Corte Interamericana el sufrimiento causado a los familiares y la necesidad de ordenar al Estado una serie de reparaciones que son indispensables para que hechos como los del presente caso no vuelvan a repetirse.

El Estado, representado “casualmente” por un bufete privado del cual es socia la esposa del Ministro de Recursos Naturales y Ambiente, hizo gala, una vez más como ya es costumbre que ocurra en las audiencias de la Comisión y Corte Interamericanas, de su falta de formación en derecho internacional, información y sobre todo, falta de ética y compromiso con la verdad y la justicia, dado que intentaron infructuosamente defender lo indefendible y ante la solidez de los argumentos de los representantes de la familia Luna, terminaron cayendo hasta en el absurdo de culpar a Carlos Luna de su propio asesinato.

A lo largo de Este año el tribunal interamericano dictará sentencia y esperamos que la misma constituya un mensaje claro y contundente respecto de las obligaciones internacionales del Estado de Honduras para prevenir la violencia contra defensores de derechos humanos en general y de ambientalistas en particular, pues sólo así será posible evitar seguir siendo testigos de la muerte de personas que como Carlos Luna sacrifican su vida por una Honduras más justa.

Honduras: Juez falla a favor de ambientalistas del Valle de Siria

Pulmón verde protegido por un justo Juez.

12.02.2013 / Dolores Valenzuela.

Estaban acusados de “obstaculizar “ plan de manejo para cortar 1800 hectáreas de bosque.

Tegucigalpa, Honduras. El Juez de la Sala de Sentencia , Mario Díaz dejó libres de toda culpa a 17 ambientalistas del Valle de Siria quienes habían sido acusados por la Fiscalía Especial del Medio Ambiente y la familia Urrutia Raudales de “obstaculizar” el desarrollo de un plan de manejo para cortar durante 40 años unas 1,800 hectáreas de bosque en la zona.

El caso se manejó en el Juzgado de Talanga hace dos años, tiempo durante el cual los ecologistas fueron acusados y sentenciados a medidas cautelares como no salir del país, presentarse todos los viernes a firmar el libro de registros, entre otras.

Luego de cuatro audiencias en la capital, este lunes once de febrero, después de unas ocho horas de participación de dos acusadores privados, el fiscal Ismael Ordóñez quien también pareció acusador privado, las abogadas defensoras y los acusados, el togado resolvió dejar en plena libertad y sin valor todas las acusaciones a ellos formuladas.

Díaz basó su resolución en aspectos como que en el plan de manejo no se contemplaba la apertura de una carretera, trabajos que ya habían hecho en unos 400 metros. También que ocultaron la existencia de por lo menos cuatro fuentes de agua en la región por lo que él consideró que los protestantes actuaron en legítima defensa del vital líquido.

Hechos.

En junio del año 2009, el Instituto de Conservación Forestal (ICF) aprobó a la familia Urrutia-Raudales un plan de manejo para el corte de bosque en los sitios conocidos como El Terrero y Tapalito. En el año 2010, vecinos del sector observaron la presencia de maquinaria pesada para el inicio de la tala de la flora. Inmediatamente en número de unos 60 hombres se trasladaron al lugar e impidieron que los tractores avanzaran en su objetivo y obligaron al personal que trabajaba a que se retiraran. Días después fueron querellados.

Otra situación que aún no está clara, es la posesión del terreno, ya que los habitantes del Valle de Siria argumentan que les pertenece desde el año 1836 y la familia Urrutia-Raudales alega ser los legítimos dueños.

La defensa de los amantes de la naturaleza estuvo a cargo de las profesionales del derecho, Kenia Oliva y Carol Cárdenas, miembros del Comité de Familiares Detenidos y Desaparecidos en Honduras (COFADEH ).

La impunidad en el asesinato de Carlos Luna llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos

El 31 de enero de este año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos anunció la apertura de su 98 período ordinario de sesiones durante el cual se celebrarán seis audiencias públicas sobre casos contenciosos y tres audiencias privadas sobre supervisión de cumplimiento de sentencias. Asimismo, se estudiará la posibilidad de emitir una sentencia y diversas resoluciones.

El día 07 de febrero a las 9 de la mañana se celebrará la audiencia sobre el caso Luna López Vs. Honduras, en la cual la Corte Interamericana escuchará la declaración de  una  de las presuntas víctimas, de un testigo propuesto por el Estado, y de  un testigo y un perito  propuestos por  los representantes  de las presuntas víctimas. Asimismo, el máximo tribunal regional escuchará los alegatos finales orales de las partes, así como las observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Este caso se refiere al asesinato del defensor ambientalista Carlos Luna López ocurrido el 18 de mayo de 1998, quien fue herido de muerte a causa de los disparos que le infirieron dos sujetos desconocidos cuando salía de una reunión de la corporación municipal. Carlos Luna se desempeñaba como Regidor en la municipalidad de Catacamas, cargo desde el cual denunció la tala ilegal del bosque por parte de sectores que eran política y económicamente poderosos en Honduras.  

Antes de su asesinato, Carlos Luna había recibido y denunciado amenazas a muerte, las cuales eran de conocimiento del Estado de Honduras; sin embargo, las autoridades no tomaron ninguna medida de prevención y protección para evitar su muerte. Hasta la fecha, sólo ha sido condenado uno de los autores materiales del asesinato y a pesar de existir indicios sobre otros autores materiales y los autores intelectuales, nadie más ha sido sancionado.

Al igual que el asesinato de Jeannette Kawas, Carlos Escaleras y otros ambientalistas, el asesinato de Carlos Luna ocurrió en un contexto de riesgo e impunidad para los defensores del ambiente en Honduras, el cual se ha profundizado en la actualidad con la entrega de los bienes naturales por parte de una clase política corrupta que sigue dándole la espalda a los intereses generales de la sociedad.

Esta audiencia es fundamental como memoria histórica para que, en primer lugar, las actuales y nuevas generaciones encuentren en la figura de Carlos Luna los valores de la honestidad, compromiso y valentía de cara a la defensa del medio ambiente; y en segundo lugar, para no olvidar que su asesinato es producto de unas estructuras estatales que promueven la impunidad y que deben ser depuradas o recreadas para hacer de Honduras un lugar donde la vida digna sea el fin más importante de la sociedad y el Estado.