Nos declaramos “malos hondureños y hondureñas”

El ministro de seguridad, Pompeyo Bonilla, ha comenzado esta semana criticando y llamando “malos hondureños” a aquellas personas que están exigiendo al gobierno estadounidense que suspenda su ayuda millonaria destinada a la Policía Nacional debido a sus vínculos con el crimen organizado.

Si es así, nos declaramos “malos hondureños y hondureñas” porque seguiremos denunciando que la Policía Nacional es responsable de graves actos de corrupción, asesinatos, extorsiones, torturas y otra larga lista de delitos y violaciones a derechos humanos contra la ciudadanía a quien debería servir y proteger.

Nos declaramos “malos hondureños y hondureñas” porque seguiremos denunciando que la Policía Nacional es un simple instrumento que utiliza la fuerza excesiva y la represión para preservar el orden que requieren los grandes poderes fácticos del país, a quienes no les gusta que la ciudadanía haga uso legítimo de su derecho constitucional a la manifestación pacífica para exigir el cumplimiento de sus derechos. 

Nos declaramos “malos hondureños y hondureñas” porque seguiremos denunciando el oscuro pasado del jefe de la Policía Nacional, Juan Carlos “El Tigre” Bonilla, a quien se le señala por su supuesta participación en escuadrones de la muerte encargados de ejecutar una política de limpieza social para desaparecer y asesinar a presuntos delincuentes.

Nos declaramos “malos hondureños y hondureñas” porque seguiremos denunciando la total impunidad que ampara a los militares que atentaron contra el orden constitucional y que cometieron crímenes de lesa humanidad, y que hoy se presentan como los salvadores de la seguridad ciudadana, pese a que nuestra historia demuestra que su intervención en cuestiones de seguridad se encuentra acompañada de graves violaciones de derechos humanos. Un ejemplo reciente es el asesinato del adolescente Ebed Haziel Yánez a manos de militares que lo vieron como un enemigo de guerra porque éste no se detuvo ante un retén militar.

Nos declaramos “malos hondureños y hondureñas” porque seguiremos denunciando que toda la institucionalidad del sector justicia y seguridad ha colapsado y que el actual proceso de depuración iniciado hace un año es un total fracaso.

Nos declaramos “malos hondureños y hondureñas” porque seguiremos apostando por la vida digna y asumiendo nuestras posiciones desde las experiencias y expectativas de las miles de víctimas que diariamente recorren un tortuoso camino en su lucha silenciosa y silenciada contra la impunidad y el miedo.

La danza de los dólares y la depuración

La agencia de noticias AP acaba de publicar una nota investigativa de los periodistas Alberto Arce y Katherine Corcoran en el que dejan evidencia tres cosas importantes.

En primer lugar, que el Departamento de Estado de los Estados Unidos gasta cada año millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses en la cuestionada policía hondureña cuyo proceso de depuración hasta el momento es un total fracaso.

En segundo lugar, que el gobierno de Estados Unidos cuestiona que Juan Carlos “El Tigre” Bonilla sea el Jefe de la Policía de Honduras por su supuesta participación en escuadrones de la muerte encargados de ejecutar una política de limpieza social para desaparecer y asesinar a pandilleros, secuestradores y otros presuntos delincuentes.

En un informe del año pasado, el Departamento de Estado señaló haber retirado fondos de las unidades de la policía hondureña bajo supervisión directa del “Tigre” Bonilla, hasta que pueda investigar “las acusaciones de violaciones de los derechos humanos relacionadas con el servicio pasado del director general de la policía".

En tercer lugar, que de acuerdo al gobierno estadounidense, el dinero que aporta a la policía sólo llega a unidades especiales, certificadas y entrenadas que no operan bajo la supervisión directa del Tigre Bonilla.

Estos tres puntos revelan una vez más el doble discurso y la doble moral de los Estados Unidos porque por un lado sigue apoyando a una policía cuestionada por décadas por su vinculación a crímenes de Estado durante los años 80 y a crímenes contra la ciudadanía, y al mismo tiempo señala que su dinero no va a las unidades que están bajo la supervisión de jefe policial.

No obstante, la posición estadounidense es contradictoria porque de acuerdo con la legislación nacional, el “Tigre” Bonilla tiene el control de todas las unidades de la policía y por tanto, no hay ningún policía en Honduras que no dependa jerárquicamente de él o no le deba obediencia.

En este sentido, aunque el gobierno de Estados Unidos diga que sólo da dinero a ciertas unidades de la policía, nadie cree que sea tan ingenuo de no saber que legalmente toda la policía está bajo el control del “Tigre” Bonilla.

En un país serio, el sistema de justicia ya hubiera dado los pasos para investigar todas estas denuncias y el gobierno suspendería al director de la policía; evidentemente de una institucionalidad fallida no puede esperarse nada pero lo más terrible es el silencio casi unánime de la sociedad que parece haberse convertido en un simple espectador de un espectáculo de sangre y muerte en el que la propia sociedad pone a las víctimas.

Dos visiones oficiales de la situación de los derechos humanos

El día viernes 15 de marzo se celebró ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la audiencia sobre “La Situación general de derechos humanos en Honduras” solicitada por varias organizaciones de la sociedad civil. En esta audiencia se presentó una radiografía del país que reflejó una grave situación de impunidad y corrupción.

Esta radiografía se traduce en una realidad con escalofriantes cifras sobre violencia y muerte en la que ocurre un promedio de dos masacres por día, con 20 personas asesinadas diariamente, más de 80 personas muertas en el Aguán, miles de niños y niñas ejecutados arbitrariamente, miles de mujeres y niñas víctimas de femicidio, y decenas de periodistas y abogados asesinados, todo ello bajo el manto de la impunidad.

Los representantes del Estado, como siempre, hicieron uso de los más altos niveles de cinismo para justificar su ineficacia y falta de voluntad política para investigar y sancionar a todos los responsables de esta situación, y adoptar medidas efectivas que pongan un alto a la impunidad y al deterioro alarmante del sistema de justicia.

Mientras los agentes estatales cumplían esa función en Washington, la Ministra de Derechos Humanos presentaba un informe de más de 100 páginas que contradice la defensa del Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues reconoce que después del golpe de Estado “Honduras vive un deterioro en la situación de los Derechos Humanos” y que las medidas adoptadas hasta el momento no han sido suficientes para enfrentar esta situación.

Resulta curioso que desde el propio Estado existan dos visiones de la situación de los derechos humanos. Una presentada ante la Comisión Interamericana en la voz de la Procuradora General de la República para quien el Estado no tiene ninguna responsabilidad en la situación actual; y otra presentada a la sociedad hondureña en la voz de la ministra Ana Pineda en la que reconoce la responsabilidad del Estado en el deterioro de dicha situación.

Evidentemente alguien en el Estado miente descaradamente y la sociedad lo tiene claro pues día a día somos testigos de la falta de justicia y del deterioro constante de nuestros derechos humanos.

Honduras nuevamente a escrutinio internacional

Del 7 al 22 de marzo de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está celebrando su 147º período de sesiones durante el cual realizará en el edificio de la Secretaría General de la OEA una serie de audiencias sobre situaciones específicas de derechos humanos en los países americanos, solicitadas por los Estados y la sociedad civil.

La mayoría de audiencias serán públicas por lo que estarán abiertas al público que desea asistir y se transmitirán en vivo por la página en internet de la Comisión Interamericana. El día viernes 15 de marzo a las 3:15 de la tarde, hora Washington, se celebrará la audiencia sobre “La Situación general de derechos humanos en Honduras” solicitada por la Asociación de Jueces por la Democracia, la Colectiva de Mujeres Hondureñas, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, el Foro de Mujeres por la Vida, la Tribuna de Mujeres contra los Femicidios y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.

En dicha audiencia, las organizaciones solicitantes expondrán ante la Comisión Interamericana la situación de los derechos de las mujeres, particularmente en materia de derechos laborales y el contexto de violencia manifestado en desapariciones y femicidios; la situación de la comunidad de la diversidad sexual; la situación de los movimientos campesinos y la criminalización de la lucha por la tierra; la situación de violencia contra periodistas y comunicadores sociales, y otras afectaciones a la libertad de expresión.

También se denunciará la criminalización de los defensores y defensoras de derechos humanos; la militarización de la seguridad y de las instituciones públicas; las deficiencias estructurales del sistema penitenciario; las afectaciones a la independencia judicial y al Estado de derecho; y los avances y retrocesos en la reforma a la seguridad pública, incluida la depuración policial.

En términos generales, en esta audiencia se presentará una radiografía del país a casi 4 años del golpe de Estado y lastimosamente podemos adelantar que la misma reflejará una situación crítica, grave y crónica debido al cáncer de la impunidad y la corrupción que nos aqueja, y frente al cual no hay voluntad política para adoptar medidas contundentes que frenen esta enfermedad que carcome los restos de una institucionalidad fallida y el tejido social.

Por ello, es fundamental que a través de la audiencia se exija un acompañamiento serio y efectivo de la comunidad internacional para evitar que Honduras se convierta en un Estado fallido en donde los derechos de los más vulnerables sigan siendo los grandes perdedores.

El binomio trágico juventud y muerte

Honduras es un país muy joven. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas, poco más de 2,6 millones de personas, es decir, el 34% de la población tiene entre 5 y 17 años; cerca de 2 millones son niños y niñas de entre 5 y 14 años, y poco más de 600 mil son adolescentes de entre 15 y 17 años. 

A su vez, más de 3 de sus casi 8 millones de habitantes tienen una edad entre los 18 y 30 años, es decir, casi un 40% de la población total. Todas estas cifras confirman que nuestro país es privilegiado al contar con un importante recurso humano joven que, si el Estado y la sociedad le garantizaran los espacios y condiciones dignas para desarrollar sus potencialidades, estaríamos encaminados por la ruta del desarrollo integral y el progreso.

No obstante, este sector de la población vive en un país caracterizado por la pobreza, la desigualdad, la migración como única alternativa de sobrevivencia, la violencia, la vulnerabilidad social, ambiental, económica y cultural. En términos de violencia, nuestra niñez y juventud se desarrolla en un contexto en el que 20 personas son asesinadas diariamente, es decir, un homicidio cada hora con 20 minutos y 598 cada mes.

De acuerdo con el Observatorio de la Violencia, entre enero y diciembre de 2012 se cometieron 7,172 homicidios, de los cuales el 80,9% que equivale a 5,801 personas, corresponde a una población entre 15 y 44 años;  a esto se suman 940 niños, niñas y jóvenes entre 0 y 14 años que murieron de forma violenta. Y más grave aún, el 54% de estas muertes ocurrió contra estudiantes o trabajadores.

Sin duda alguna, tal como lo señala Migdonia Ayestar, coordinadora del Observatorio de la Violencia, “la muerte violenta de jóvenes ha ido aumentando año con año y ser joven en Honduras es un factor de riesgo”. Pero además de esta muerte fulminante, en materia de otros derechos fundamentales como educación, salud y empleo digno el panorama no es nada alentador para la juventud.

Así, observamos que un alto porcentaje de esta población vive en condiciones de vulnerabilidad, marginación y estigmatización social, generadas sobre todo por la falta de acceso a la educación y al empleo digno, lo cual provoca que tengan una participación ciudadana deficitaria con su consecuente impacto negativo en la calidad de la democracia.

Y el Estado, constituido para garantizar el bienestar económico, social, cultural y ambiental de todos los hondureños y hondureñas, continúa siendo un simple botín a dilapidar por parte de la clase política corrupta que hace y deshace a su antojo frente a una sociedad casi paralizada por el miedo al hambre y a la violencia. Es tiempo de gritar al unísono ¡Basta!