De cumplimientos a medias

El 27 de abril del año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró por unanimidad en su sentencia “Pacheco Teruel y otros vs. Honduras, que el Estado hondureño es responsable de la violación de la obligación de garantizar los derechos a la vida y a la integridad personal, en perjuicio de las 107 personas privadas de libertad que perdieron la vida en el incendio del centro penal de San Pedro Sula en el año 2004.

A su vez, el tribunal regional señaló que el Estado de Honduras también es responsable por la violación a los derechos a la integridad personal, a la libertad personal y al principio de legalidad y de retroactividad, en perjuicio de los 22 internos fallecidos que se encontraban en prisión preventiva en la celda Nº 19 junto con personas condenadas; y responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales, a la protección judicial y a la integridad personal en perjuicio de los familiares de los internos fallecidos.

Una de las primeras medidas que el Estado debía de adoptar como parte de la sentencia es la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional el 17 de mayo de este año. Este acto público oficial debía ser “llevado a cabo por el Presidente de la República con invitación a todo el gabinete de gobierno, titulares de la Procuraduría General de la República, de la Fiscalía General de la República y de la Corte Suprema de Justicia. Además, la organización del acto deberá consensuarse con los representantes”.

No obstante, el Estado hondureño no cumplió este primer punto puesto que el acto no lo realizó el 17 de mayo sino hasta el viernes 31 y tampoco asistió el Presidente Lobo como máximo representante del Estado, con lo cual se envió un mensaje simbólico de la falta de voluntad política de este gobierno y de su falta de respeto para con las víctimas. 

Aunque no se puede ignorar que se han dado algunos pasos para cumplir otros puntos de la sentencia, particularmente en materia Legislativa y en el nombramiento del Fiscal Ad Hoc para la investigación de los hechos, constatamos con preocupación que se está a punto de vencerse el plazo para que el Estado presente ante la Corte Interamericana su primer informe de cumplimiento y aún no se han concretado temas tan importantes como la asignación presupuestaria para la construcción de una nueva penitenciaria nacional en San Pedro Sula.

Los representantes de las víctimas estaremos atentos al cumplimiento íntegro de la sentencia y mantendremos informado al respecto al tribunal interamericano pues dicho cumplimiento implica la implementación de una política pública que acabe con el infierno en el que se ha convertido el sistema penitenciario hondureño.

COALICION CONTRA LA IMPUNIDAD – HONDURAS

La Coalición contra la Impunidad, dándole seguimiento a las medidas gubernamentales para  depurar y reorganizar el Ministerio Público, ante la opinión pública nacional e internacional, nos pronunciamos de la siguiente manera:

1.       Como instancia de seguimiento e incidencia respecto a  las reformas en el sistema judicial de Honduras, la Coalición contra la Impunidad, manifestó de forma directa a la Comisión  Interventora  del Ministerio Público, en la reunión sostenida el día 14 de mayo que las organizaciones que forman parte de esta articulación están dispuesta a apoyar las acciones de la Comisión Interventora, siempre que las mismas contribuyan efectivamente al fortalecimiento de esta institución, quedando delimitado que nuestro acompañamiento será de carácter crítico,  y dependerá de los resultados satisfactorios de su trabajo.

2.       Por ello, nos preocupa que una de las primeras acciones realizadas por la Comisión Interventora, como lo ha sido el nombramiento del Director de Fiscales y la sub-directora de esta dependencia, se haya realizado al margen de la convocatoria de un concurso u oposición. Decisiones como está muy poco aportan a la institucionalidad del Ministerio Público, por el contrario, reproducen la dinámica del cabildeo político y de la designación de personas vinculadas a los círculos cercanos a las autoridades en esa institución.  

3. Ante este desacierto en el nombramiento del director de Fiscales, que recayó en Roberto Ramírez Aldana, y el de sub-directora  en Loany Alvarado, el primero ex - asesor del Fiscal Adjunto, y Coordinadora de la Fiscalía de la Mujer la segunda, queremos pedirle a la Comisión Interventora que informen a la opinión pública quienes fueron los candidatos(as) que se tomaron en cuenta para esta selección, y ante todo  que den a conocer el procedimiento para esta selección y nombramiento.

4. De cualquier forma, no puede pasar desapercibido que estos nombramiento han recaído en fiscales que a lo largo de los últimos años han sido corresponsables junto al Fiscal General y su Adjunto de la crisis institucional en que actualmente se debate el Ministerio Público. Desafortunadamente, una vez más no han sido tomados en cuenta para estos cargos los y las fiscales que se han destacado en el ejercicio independiente y objetivo de sus responsabilidades.

5. En el cumplimiento de las atribuciones de la Comisión Interventora, nos llama la atención que habiendo pasado un mes desde su inicio de funciones, no hayan presentado el informe preliminar de su trabajo, de conformidad a lo que  establece el decreto de su nombramiento. Eludir el cumplimiento en el tiempo de esta responsabilidad, es de cierto modo, falta de transparencia y de cumplimiento a la ciudadanía como servidores públicos. Por ello, no está de más, recordarles que los hallazgos o conclusiones de su  trabajo deben ser difundidos ampliamente ante la opinión pública y sin ningún sesgo político.

  6. En el orden de sus altas responsabilidades, entendemos que la Comisión Nominadora no debe limitarse a la evaluación, diagnóstico y depuración del Ministerio Público. Es de suma importancia o de primer orden, el impulso de los casos que aun no resuelve el Ministerio  Público, tanto aquellos emblemáticos o notorios, como los numerosos casos que a diario reclaman  las víctimas. Paralizar estas investigaciones o permitir que continúen en ese estado, es algo que no puede permitirse la Comisión Interventora, pues al asumir sus funciones prácticamente asumen las que corresponden al Fiscal General y su Adjunto. Por ello, la investigación, el litigio o manejo de los casos, es sin lugar a dudas, una de las expectativas por las cuales se calificará su desempeño.

7. En cuanto a la posibilidad de que se le conceda a la Comisión Interventora una nueva prórroga  de tiempo, al cumplir los dos meses para los cuales fue designada por el Congreso Nacional, desde la Coalición contra la Impunidad, no nos oponemos  a la misma, pero aclarando que esa prórroga no puede ni debe prolongarse en el tiempo y, concretamente, la misma no puede ser superior a dos meses. Concluido su  tiempo de funciones –con o sin prórroga- la Comisión Interventora debe presentar su informe final, y las autoridades del Congreso y del Ejecutivo deben tomar las decisiones correspondientes de conformidad con la Constitución y la normativa legal aplicable.

San Pedro Sula - Tegucigalpa 27 de mayo de 2013.

COALICION CONTRA LA IMPUNIDAD – HONDURAS.

Integrada por las siguientes organizaciones:

Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) -  Asociación Intermunicipal de Desarrollo y Vigilancia Social de Honduras (AIDEVISH) - Asociación por una Ciudadanía Participativa (ACI-PARTICIPA) - Centro de Derechos de Mujeres (CDM) - Centro de Estudios de la Mujer Honduras (CEM-H) - Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (CIPRODEH) - Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH) - Comité por la Libre Expresión C-Libre - Comunidad Gay Sampedrana - Convergencia por los Derechos Humanos de la Zona Nor Occidental - Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación / Radio Progreso - Feministas Universitarias - Foro de Mujeres por la Vida -  Foro Social de la Deuda Externa (FOSDEH)  - Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia - Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla” - Red de Mujeres Jóvenes de Cortés - Red Nacional de Defensoras - Tribuna de Mujeres contra los Femicidios

Dos lecciones positivas que nos deja la segunda visita de la Comisión Multinacional

Después de finalizada su segunda visita al país durante la semana del 19 al 24 de mayo, la Comisión Multinacional que le da seguimiento al proceso de reforma al sector justicia y seguridad, dio a conocer sus impresiones preliminares a través de un comunicado en el cual reconoce que en los últimos 4 meses se han emprendido una serie de cambios positivos que deberían traducirse en el corto plazo en un alivio de la inseguridad ciudadana.

De dicho documento se pueden extraer dos lecciones que como sociedad debemos asumir de cara al futuro inmediato del país. En primer lugar, la Comisión valora los esfuerzos de una ciudadanía activa para mantener en el debate público la exigencia de una reforma integral de todas las instituciones del sector justicia y seguridad. Evidentemente, la Alianza por la Paz y la Justicia es el referente al respecto, pero también es alentadora la creación de otro espacio denominado Coalición contra la Impunidad que empuje complementariamente en la misma dirección.

En este sentido, es fundamental la construcción de redes y alianzas que, dejando a un lado los protagonismos y las posiciones políticas o ideológicas que nos separan, nos hagan confluir en objetivos comunes basados en acuerdos básicos sobre problemas que a todos y todas nos afectan, tales como la impunidad, la violencia y la corrupción.

En segundo lugar, la Comisión Multinacional señala la necesidad que la Comisión Interventora del Ministerio Público presente lo más pronto posible su informe que sirva de base para impulsar la adopción de las medidas legales correspondientes en relación con el Fiscal General y su adjunto.

De esta manera, es imperativo dotar a la Comisión Interventora de la información necesaria para que su informe sea contundente y deje claramente establecido la separación definitiva de Luis Rubí y Roy Urtecho por su evidente incapacidad y falta de voluntad para representar eficientemente los intereses generales de la sociedad como máximas autoridades del Ministerio Público.

Pero además, es esencial para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, que la sociedad civil comience a preparar el terreno para lograr que la elección del nuevo Fiscal General y su adjunto en marzo de 2014 se realice en el marco de la transparencia y orientada a la búsqueda de un fiscal caracterizado por su liderazgo ético, capacidad profesional, independencia política y valentía para perseguir el delito, particularmente aquellos relacionados con la corrupción y las violaciones a derechos humanos.

Segunda visita de la Comisión Multinacional

Esta semana, la Comisión Multinacional que le da seguimiento al proceso de reforma al sector justicia y seguridad, está realizando su segunda visita al país para conocer de los avances y retrocesos de dicho proceso.

Recordemos que esta comisión es una instancia independiente creada desde la Alianza por la Paz y la Justicia con el apoyo de Transparencia Internacional, y está integrada por expertos extranjeros y un nacional que cada 4 meses visita al país para entrevistarse con las máximas autoridades del sector de la seguridad pública y de justicia, políticos, periodistas y representantes de la sociedad civil.

Durante su primera visita en enero de este año, la Comisión Multinacional concluyó que el proceso de depuración policial no había producido resultados, por lo que era necesario tomar acciones urgentes para recuperar la credibilidad del mismo, tales como, la depuración exprés, en el sentido de identificar los nombres de por lo menos 20 oficiales completamente corruptos y llevar a cabo su destitución inmediata, o la escogencia de 3 o 4 crímenes emblemáticos a ser investigados de forma imparcial y efectiva para sancionar a todos los responsables.

No obstante, 4 meses, la Comisión Multinacional se encontrará con un proceso de depuración totalmente fracasado y sin que exista evidencia de voluntad política para resolver la situación de corrupción e impunidad dentro de la Policía Nacional y de las demás instituciones del sector justicia y seguridad como el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Por ello, resulta aún más necesario este tipo de acciones de vigilancia social que realiza la Comisión Multinacional, no sólo para evaluar el desarrollo del proceso de depuración de las instituciones del sector justicia y seguridad, sino también para cooperar y proponer medidas tendientes a su fortalecimiento.

Esperemos que pese a todo, en su segunda visita puedan encontrar luces que den esperanza a un pueblo sometido al miedo de la violencia y a la impunidad.

CPTRT demanda la libertad de feligreses detenidos en la Campa Lempira

El Centro de Prevención Tratamiento y Rehabilitación de Victimas de la Tortura y sus Familiares CPTRT, demanda la liberación de los 22 feligreses católicos detenidos en el Municipio de la Campa departamento de Lempira.

Es intolerable que la Iglesia Católica eche mano de la represión policial, para imponer la voluntad de las cúpulas ante el pueblo humilde que defiende su derecho a la autodeterminación.

No es extraño que el Obispo Darwuin Andino que justificó la violencia policial militar durante el golpe de Estado de 2009 recurra a la represión policial para lograr sus objetivos, pero es un derecho de los pueblos defenderse cuando se sienten agredidos.

Entendemos que el objetivo de cambiar curas párrocos, es para desarticular el movimiento de defensa de los recursos naturales y los derechos de la madre tierra de las comunidades indígenas de toda la Diócesis de Occidente.

Expresamos nuestra solidaridad con las personas detenidas, con sus familiares y con todos los pueblos de occidente, que como en la comunidad de Rio Blanco Intibucá están defendiendo su territorio de las transnacionales.

Tegucigalpa 17 de mayo de 2013