SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LA REFORMA DE SEGURIDAD Y
JUSTICIA EN HONDURAS
1. La Comisión Multinacional ha realizado durante esta semana su tercera
visita a Honduras en lo que va del año. Nos hemos reunido con altas autoridades
del Estado, operadores de justicia, integrantes de la sociedad civil y de la
comunidad internacional. Constatamos que el estado de inseguridad en Honduras
sigue siendo agobiante, sobre todo en los municipios más poblados y limítrofes,
donde se concentra el 66% de los homicidios. Aunque hay algunos progresos, la
reforma del sistema de seguridad sigue siendo errática, lenta y contradictoria,
sin acciones que pongan un alto a las redes criminales que mantienen a la
población en zozobra y actúan con impunidad. Esa falta de avances refleja, a
nuestra manera de ver, que las elites políticas han supeditado las reformas a
sus intereses electorales inmediatos.
2. Lamentamos que los líderes del Congreso Nacional y sus aliados
desaprovecharan la oportunidad de elegir al nuevo fiscal general mediante un
procedimiento competitivo, transparente y de reconocimiento de méritos por
encima de las conexiones partidarias. Esa iniciativa de la APJ con el respaldo
de la UNAH y el CONADEH hubiese contribuido decididamente a recuperar la
confianza de la sociedad en el Ministerio Público y a restaurar las capacidades
del Estado de perseguir el crimen. Del mismo modo, la integración del Consejo
de la Judicatura ha despertado desconfianza en relación con la transparencia
que un órgano como este debería tener para fortalecer la independencia judicial
que es fundamental en una democracia.
La pérdida de legitimidad del proceso por el que fueron electos el nuevo
fiscal general y el fiscal adjunto fue seguido en los últimos días por una
serie de eventos indicativos de que el Ministerio Público sigue estando
capturado por intereses políticos que desnaturalizan su función. En ese
contexto la eventual aprobación en el Congreso Nacional de las reformas a la
Ley de Ministerio Público tampoco despierta confianza. Entre tanto, como lo
constatamos, los fiscales siguen trabajando en condiciones muy precarias,
poniendo incluso en alto riesgo su seguridad personal.
Reconocemos, por otro lado, los avances de gestión de seguridad civil que
transparentan las unidades y funciones policiales, y contribuyen a un mejor
registro de los fenómenos criminales. Estas acciones deben continuarse y
profundizarse en el próximo gobierno. Ahora bien, advertimos que ciertas
operaciones anti-crimen, adoptadas en esta crisis para dar una inmediata
respuesta del Estado bajo un manto legal, deben regularizarse en un tiempo
previsible o los hondureños corren el riesgo de caer bajo el control de
mecanismos discrecionales de seguridad. También manifestamos nuestra
preocupación por la proliferación sin regulación, por lo general, de grupos
privados de seguridad, cuyos elementos multiplican por 15 el número de policías
nacionales. Estamos convencidos que aquella seguridad que hipoteca las
libertades, es una seguridad falsa.
3. Por otro lado, observamos con enorme preocupación la creación de la
Policía Militar de Orden Público pues, como se ha demostrado en los países de
la región azotados por la violencia criminal, el involucramiento de las fuerzas
armadas en tareas de seguridad interna crea más problemas de los que resuelve y
además desvía los limitados fondos públicos que deben fortalecer los organismos
profesionales de la seguridad ciudadana, como la policía nacional, la policía técnica de investigaciones, la inteligencia civil y el Ministerio
Público. Asimismo, mejorar la coordinación entre los operadores de justicia y
mecanismos para facilitar la cooperación ciudadana y la protección de testigos.
Honduras no puede renunciar a construir instituciones de seguridad que
respetan los principios de transparencia, rendición de cuenta, y participación
ciudadana, pues en ellos en descansa una seguridad democrática y confiable.
Apoyamos el plan actual de la policía comunitaria, pero necesita estructuras
específicas para ser efectivo, como reuniones regulares en la comunidad y
proyectos locales contra la inseguridad, como en educación y protección de
sectores vulnerables.
4. A pesar de todas estas dificultades, ratificamos que Honduras posee
invaluables reservas morales en su sociedad y en el Estado, compuestas por
ciudadanos y operadores de seguridad y justicia comprometidos hasta el límite
con su país, el bienestar, la libertad y seguridad de sus habitantes, y que no
claudican ni en las condiciones más adversas. Son ellos quienes mantienen vivas
las esperanzas de recuperar la paz social. Sin embargo, para provocar el vuelco
de las condiciones actuales que Honduras atraviesa, es indispensable un mayor
involucramiento y participación de la sociedad, y una actitud más madura y
responsable de las elites, especialmente de las elites políticas.
5. Honduras vive plenamente un proceso electoral que debe culminar pacífica
y ordenadamente, superando miedos, incertidumbres y amenazas. Este relevo de
autoridades debe abrir el espacio de debatir serenamente y de comprometer a la
clase política a asumir de una vez por todas las reformas profundas que demanda
la grave situación de inseguridad e impunidad. Posponer los cambios o
emprenderlos a medias es prolongar el sufrimiento de la sociedad y tolerar que
los criminales se conviertan en carceleros de un país entero. La seguridad es
un asunto vital para todos los hondureños y no debe banalizarse.
6. Por último, ratificamos que la ruta a seguir en materia de seguridad
interna es la misma que han adoptado otras naciones que lograron revertir
cuadros críticos de criminalidad: primero sanear y fortalecer las instituciones
creadas para velar por la seguridad de la ciudadanía, segundo profesionalizar a
sus operadores, dotarles de recursos, políticas claras y no dejarlos solos,
apoyarles, auditarles y criticarlos, cuando sea el caso, y tercero respeto a
irrestricto a la legalidad. La tarea del Estado democrático es garantizar la
vida, la libertad y la seguridad a sus habitantes, y no restringir sus
derechos, ni provocar miedo ni someterlos a vigilancia y controles indebidos.
7. Independientemente de los resultados electorales, el próximo Gobierno y
el Congreso deberán trabajar unidos en formular y aplicar una política de
seguridad de Estado, que es la única garantía de una convivencia pacífica y
respetuosa.
Tegucigalpa, D.C. 19 de septiembre de 2013.
Comisionados
Mark
Ungar (EEUU)
Rick
Bandstra (EEUU)
Jose Ugaz (Perú)
Edgar
Gutierrez (Guatemala)
Nick Seymour (Reino Unido)
Joaquín A. Mejia R. (Honduras)
