Desapariciones forzadas e impunidad

El 9 de junio se cumplieron 20 años de la adopción de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la cual reconoce que la desaparición forzada “constituye una afrenta a la conciencia del Hemisferio y una grave ofensa de naturaleza odiosa a la dignidad intrínseca de la persona humana”.

Para la Comisión y Corte Interamericanas de Derechos Humanos, la desaparición forzada es un delito continuado y permanente que persiste mientras no se dé con el paradero de las personas desparecidas, y constituye una violación múltiple de varios derechos humanos que coloca a la víctima en un estado de completa indefensión.

Aunque el Estado de Honduras es uno de los 15 países que han ratificado este instrumento interamericano, los familiares de las 184 víctimas de desapariciones forzadas durante la década de los años 80 siguen esperando justicia.

De acuerdo con el informe “Los hechos hablan por sí mismos. Informe preliminar sobre los desaparecidos en Honduras 1980-1993” del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, hasta la fecha ni el Poder Judicial ni otras autoridades han avanzado en una investigación seria y efectiva que permita conocer la verdad de lo sucedido y la sanción de todos los responsables.

Evidentemente, la falta de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables genera impunidad, lo cual se traduce en la repetición crónica de los hechos.

Por ello, no es de extrañar que a partir del golpe de Estado se denuncie la desaparición forzada de más de 20 personas por motivos políticos y de un número indeterminado debido a la violencia generada alrededor del crimen organizado.

En este sentido, el vigésimo aniversario de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas es una oportunidad para que el Estado de Honduras renueve categóricamente su compromiso de investigar las desapariciones forzadas de los años 80 y sanciones efectivamente a todos los responsables.

A su vez, como sociedad exigimos la erradicación de esta grave violación a derechos humanos que sigue enlutando a miles de familias en Honduras y que continúa demostrando que el Estado hondureño es un lobo artificial que asesina, tortura y desaparece.

Cerrito Lindo, otra tragedia por la tierra

La colonia Cerrito Lindo está ubicada cerca de la colonia Planeta de San Pedro Sula. Sus lotes fueron vendidos por la Lotificadora Cerrito Lindo desde el año 1998. No obstante, los pobladores que los compraron de buena fe se dieron cuenta que esas tierras no pertenecen a dicha lotificadora.

El Estado de Honduras a través de un decreto legislativo ya había concedido estas tierras a diferentes instituciones y organizaciones como el Instituto Oficial COPANTL, a COHDEFOR, al grupo campesino Tacamiche, a la FESITRANH, a FEHCOVIL y a la municipalidad de San Pedro Sula.

Frente a la ilegalidad del proceso de compra-venta, los pobladores decidieron dejar de pagar los lotes y realizar una serie de acciones legales para intentar resolver su situación. A partir de allí, comenzaron los asesinatos, las amenazas, los desalojos forzosos, los cobros ilegales, las intimidaciones y todo tipo de violencias que fueron denunciadas ante las autoridades respectivas.

Sin embargo, el Estado de Honduras en vez de investigar tales actos, se mantuvo pasivo, complicó aún más el proceso de legalización de la tierra y hasta acusó del delito de usurpación a algunos de los pobladores de la colonia.

Ante toda esta arbitrariedad, el 20 de abril de 2005 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado la adopción de medidas de protección a favor de los pobladores con el objeto de proteger su vida e integridad personal, las cuales fueron renovadas el 26 de abril de 2012.

El incumplimiento estatal de las mismas ha permitido que hasta el momento 5 personas beneficiarias hayan sido asesinadas, lo que ha generado que la Comisión Interamericana expresara su alarma por las amenazas y ataques contra los miembros de la colonia y por la falta de implementación efectiva de las medidas cautelares.

Con estos antecedentes, se ve en el horizonte una nueva demanda internacional contra el Estado por su incapacidad y su falta de voluntad de cumplir con el fin por el que fue creado: Respetar y garantizar la dignidad de quienes vivimos en Honduras.

Exigencias para celebrar el día del periodista

El 25 de mayo de 1930, se celebró en Honduras el primer congreso nacional de periodistas, en el marco del cual se incidió para que el entonces presidente del país, Vicente Mejía Colindres, firmara un acuerdo de creación del día del periodista.

En uno de los considerandos de dicho acuerdo, se señaló que “la prensa es factor de positiva importancia para la cultura de los pueblos, el afianzamiento de la paz y el prestigio de las instituciones”.

84 años después, tal declaración se ha manchado de sangre, ya que Honduras tiene el macabro título de ser el país más peligroso del mundo para los periodistas. Particularmente, después del golpe de Estado en junio de 2009, 32 periodistas y comunicadores sociales han sido asesinados impunemente.

Aunque el Estado de Honduras creó una “Unidad de Muertes de Alto Impacto” adscrita a la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida, de los 32 asesinatos apenas en el 10% existen algunos avances en la investigación. Sin embargo, la impunidad es lo que caracteriza no sólo estas muertes, sino también las intimidaciones, las amenazas y otros ataques que sufren quienes ejercen el periodismo.

Sin duda alguna, tal y como lo establece el Principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, este tipo de actos “viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión”.

Esta situación es una de las razones por las cuales Honduras fue incluida por la Comisión Interamericana en la lista siniestra de Estados violadores de derechos humanos y en ese sentido, recordamos las recomendaciones de este órgano regional para que el Estado hondureño adopte mecanismos de prevención adecuados para evitar la violencia contra los y las comunicadoras.

Por tanto, para que algún día podamos celebrar con alegría el día del periodista, exigimos al gobierno que adopte “medidas eficaces de protección para garantizar la seguridad de quienes se encuentran sometidos a un riesgo especial por el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión” y que realice “investigaciones serias, imparciales y efectivas sobre los asesinatos, agresiones, amenazas y actos de intimidación cometidos contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación social”.

Carlos Luna: 16 años de memoria histórica

El 18 de mayo se cumplieron 16 años del asesinato de Carlos Antonio Luna López. Hasta la fecha, el Estado de Honduras ha mostrado incapacidad y falta de voluntad política para realizar una investigación efectiva que permita conocer la verdad de lo sucedido y sancionar adecuadamente a todos los responsables, tanto materiales como intelectuales.

16 años después y la impunidad sigue caracterizando este asesinato, y en consecuencia, no se han reparado totalmente los daños que este tipo de acciones ocasionan a los familiares de la víctima y al propio tejido social de una sociedad que se precie democrática, lo cual exige, entre otras cosas, la garantía de no repetición de este tipo de hechos.

Solo cuando el Estado es capaz de prevenir, investigar y sancionar a los responsables de la violencia contra sus ciudadanos, particularmente de aquellos que como Luna han sido asesinados por defender la vida y luchar contra la corrupción, sólo así el Estado reafirma su legitimidad frente a quienes le otorgaron la potestad de velar por el respeto de todos sus derechos.

Debido a esa incapacidad, el caso de Carlos Luna fue conocido por la Comisión y Corte Interamericanas de Derechos Humanos, quien el 10 de octubre de 2013 emitió una sentencia en la que declaró la responsabilidad internacional del Estado hondureño por no haber cumplido con su deber de prevenir la violación de los derechos de Luna y de haber transgredido la integridad personal de sus familiares.

Esta sentencia además de ser una herramienta importante para minimizar los riesgos de quienes defienden la vida, ya que el tribunal interamericano ordenó la adopción de una política pública integral para su efectiva protección, también es una especie de memoria histórica sobre la lucha de Carlos Luna.

Una lucha que nos invita a no quedarnos pasivos ante las miserias so­ciales y políticas de nuestro tiempo, y a jugar un papel protagonista en la denuncia y transformación de las situaciones que producen la destrucción del medio ambiente, y en consecuencia, la degradación de los derechos humanos.

Tres años de impunidad

La noche del 10 de mayo, Héctor Medina Polanco salió del canal de televisión Omega Visión en Morazán, Yoro, en el que trabajaba como administrador, productor y presentador del noticiero TV9. Dos sicarios lo siguieron hasta la cercanía de su domicilio y le dispararon a sangre fría.

Aún con vida fue trasladado a un hospital en San Pedro Sula, donde falleció en la madrugada del 11 de mayo. Medina Polanco había informado a través de su noticiero acerca de presuntos actos de corrupción de autoridades locales, supuestas irregularidades cometidas por agentes de la Policía y graves conflictos por la propiedad de tierras. 

Tres años después, únicamente una persona ha sido detenida y condenada por este hecho, a pesar que es evidente que otras personas tuvieron distintos grados de participación sin que hasta la fecha hayan sido investigadas, ni mucho menos juzgadas o sancionadas.

Particularmente, en relación con los posibles autores intelectuales las autoridades prácticamente no han hecho nada. El Estado de Honduras debe recordar que la condena de uno de los autores materiales no es suficiente para afirmar que se ha hecho justicia.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido claramente que “aun cuando existan condenas en contra de una o varias personas por un crimen, si existen indicios de la posible participación de otras personas en los hechos que constituyeron la violación de derechos, existe una falta de debida diligencia cuando no se ha actuado de oficio en la identificación de todos los partícipes, sea en calidad de autores materiales, intelectuales, o encubridores”.

Por ello, a tres años del asesinato de Héctor Medina Polanco las exigencias de justicia siguen vigentes, por lo que es imperativo que el Estado de Honduras continúe investigando de manera oportuna, diligente y exhaustiva hasta sancionar efectivamente a todos los responsables.