Militarización, democracia, Estado de derecho y Constitución

No se puede negar que Honduras está viviendo una grave crisis de violencia que se agrava con una debilidad crónica de las instituciones del sector justicia y seguridad debido, entre otras cosas, a su involucramiento en corrupción, impunidad y colusión con el crimen.

Y se debe reconocer que existen escenarios en los que los grupos criminales ostentan un poder de fuego y un control territorial que no es posible neutralizar solo con las capacidades policiales, ya de por sí deslegitimadas y vistas con desconfianza por la ciudadanía.

En estos casos muy excepcionales, es posible comprender la intervención de las Fuerzas Armadas pero de forma acotada y transitoria, y bajo el más estricto control civil, judicial y legislativo.

Pero sobre todo, dicha intervención debe ser acompañada de una pronta estrategia de salida que garantice el progresivo reemplazo de las Fuerzas Armadas por el servicio policial y por el resto del aparato público, incluyendo los servicios judiciales, educativos, de vivienda, de recuperación de espacios públicos, de participación ciudadana y de salud.

En consecuencia, la pretensión de normalizar y constitucionalizar el uso de militares en tareas de seguridad pública socava las bases del Estado democrático de derecho que limita y distingue los roles militares en defensa nacional de los policiales en seguridad ciudadana.

Además, permitir que los militares asuman funciones policiales permanentes los distrae y los debilita en su papel constitucional de defender la soberanía nacional, y los coloca en una situación proclive a violentar los derechos humanos de la población, ya que están acostumbrados a tratar con enemigos de guerra y no con la ciudadanía.

Sin duda alguna, detrás de toda esta discusión existe el grave peligro de la existencia permanente de una policía militar con rango constitucional bajo el control y discreción de un presidente con ínfulas de dictador.

La necesidad de una oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El 20 de diciembre de 1993, la Asamblea General de la ONU creó la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos con el objetivo de  liderar los esfuerzos de la organización para la protección y promoción de los derechos humanos en el mundo.

El Alto Comisionado tiene su sede principal en Ginebra y tiene presencia en alrededor de 50 países. La Oficina Regional para América Central se encuentra en Panamá, desarrolla acciones en Belice, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, y tiene una oficina de país en Guatemala y un asesor de derechos humanos en Honduras.

Después del golpe de Estado, ha habido un movimiento de la sociedad civil para que la ONU abra una oficina de país en Honduras, lo cual fue solicitado por el propio gobierno hondureño durante el primer Examen Periódico Preliminar.

Si bien una oficina del Alto Comisionado no va a resolver por sí sola los grandes desafíos que enfrentamos en materia de derechos humanos, al menos contribuirá a monitorear la situación en el país y a desarrollar y fortalecer políticas que permitan una lucha frontal contra la impunidad.

La visita oficial del Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, los días 14 y 15 de enero en los que sostendrá reuniones con las más altas autoridades del Estado para abordar temas relacionados con los programas que la ONU mantiene en Honduras, es una nueva oportunidad para insistir en la necesidad de la apertura de la oficina de país del Alto Comisionado.

La impunidad en Honduras amerita una oficina permanente pues al final de cuentas, la violación de derechos humanos es un asunto esencialmente internacional pero cuya lucha debe ser liderada por los hondureños y hondureñas que queremos una sociedad justa y en paz.

Otras violencias.

La violencia es un virus que se propaga rápidamente como el fuego entre la gasolina y más allá de sus manifestaciones más crueles como las muertes violentas, existen otros niveles de violencia que tienden a ser justificadas y normalizadas.

Y la normalización y justificación de cualquier violencia es una de las peores cosas que le puede suceder a una sociedad.

Pues cuando se normaliza y se justifica, la violencia se convierte en un espectáculo, en el único mecanismo de resolución de conflictos y en una herramienta de transmisión de valores.

Por ello, la familia y la escuela son instancias fundamentales de socialización en donde deben adoptarse medidas para evitar la justificación y normalización de la violencia. Los gritos, los insultos, los malos tratos y los castigos corporales a los niños y niñas son las primeras formas dañinas en que nuestra niñez aprenderá a relacionarse con otros y otras.

La familia y la escuela son las instancias socializadoras de las que dependen que nuestra niñez asuma pautas de comportamientos democráticos, pacíficos, respetuosos y no discriminatorios.

En este sentido, resulta preocupante la más reciente investigación del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en la que alerta sobre un aumento de actitudes violentas entre los escolares, influenciados por el entorno de violencia que les rodea.

Y estos comportamientos van desde un jalón de pelo, un apodo ofensivo o el castigo físico, hasta la extorsión, ataques contra la integridad personal y la vida. De hecho, la investigación señala que un 5.2 por ciento de los educadores ha sido amenazado con cuchillo, un porcentaje igual con pistola y un 5.9 con chimba.

Como señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “ningún tipo de violencia es justificable y todo tipo de violencia es prevenible”. Por ello es urgente que la sociedad y las autoridades en su conjunto pongamos atención en aquellas conductas que aunque parezcan tradicionales, son promotoras de otras manifestaciones de la violencia que no deben ser toleradas en una sociedad democrática. 

El país que queremos.

El bloguero y artista español Pablo Peinado publicó recientemente en el periódico The Huffington Post, un artículo titulado “El país que quiero”, que aunque se refiere a España, nos parece oportuno parafrasear algunas de sus partes para referirnos al país que queremos en Honduras.

La Honduras que queremos debe ser el país en el que toda la ciudadanía tenga acceso a la justicia y a un sistema sanitario que se ocupe de nuestra salud con dignidad. El país que queremos debe garantizar una educación pública y de calidad en la que el alumnado aprenda los valores cívicos de una sociedad democrática y abierta.

Queremos un país en el que paguen más los que más tienen, sobre todo las enormes empresas que ganan cientos de millones, y en el que la defensa de los derechos humanos y la protección de aquellas personas que no pueden valerse por sí mismas, sean unas de sus prioridades.

Queremos un país ecológico y respetuoso con los animales, nuestros iguales, donde se los defienda de los maltratadores. Queremos un país en el que no impere la ley del más fuerte, del más violento, del más macho, sino una sociedad igualitaria sin estereotipos, sin príncipes ni princesas, y donde ser niña, mujer, negra, indígena, pobre, persona LGTBI o tener ciertos apellidos no te predestine a ser o a no ser.

El país que queremos es uno en el que el ejército y la policía estén al servicio de la ciudadanía, no al servicio de los grandes poderes fácticos; queremos un país en el que la religión sea algo privado y espiritual, no una multinacional ni una cuestión de Estado.

Queremos una Honduras en la que el dinero no ocupe el lugar de la ley ni el poder usurpe el lugar de la democracia. Queremos un país en el que todos y todas las ciudadanas sean escuchadas y sean realmente iguales ante la ley.

El país que queremos es aquel en el que la felicidad y el bienestar de todas las personas sea el principal objetivo y en el que quienes nos representan sean como el resto de la ciudadanía, y no unas nuevas personas ricas dispuestas a chuparnos la sangre para enriquecerse lo antes posible a nuestra costa, y a sacrificar los intereses generales ante los intereses de las grandes empresas y capitales.

Queremos un país en el que las personas, como lo señala la intelectual mexicana Denise Dresser, “nunca dejan de exigir, protestar, reclamar, contribuir, proponer, esperar más antes que conformarse con menos. Los que hacen suya la frase de Emily Dickinson: ‘Ignoramos nuestra verdadera estatura hasta que nos ponemos de pie’”.

El país que queremos es aquel en el que la ciudadanía toma consciencia de que ya es hora de ponerse de pie.

La investigación criminal en harapos.

Una de los aspectos fundamentales que legitiman a un Estado es su capacidad de prevenir los delitos como reflejo de su obligación de garantizar el respeto y defensa de derechos fundamentales como la vida, la integridad y la seguridad personales.

Sin embargo, no se puede ignorar que pese a los esfuerzos estatales es casi imposible prevenir todos los delitos que puedan ocurrir, por ello es que el Estado tiene una segunda oportunidad de demostrar su voluntad para cumplir con su obligación de proteger los derechos de las personas a través de la investigación y sanción de los responsables.

En este sentido, la falta de una investigación imparcial, efectiva, diligente y seria que permita el conocimiento de la verdad y la sanción de los autores intelectuales y materiales de un crimen, demuestra que el Estado tolera que los criminales actúen libre o impunemente.

Un estudio reciente del Banco Interamericano de Desarrollo reveló que en Honduras solo el 4% de los homicidios se resuelve, es decir, 4 de cada 100.

De más de 72 mil denuncias recibidas en el Ministerio Público en 2011, 53 mil fueron remitidas a la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) y esta institución devolvió solo 11,400.

En 2012 hubo 85,770 denuncias en el Ministerio Público y 87,556 en la DNIC. De este total, esta fue capaz de investigar y devolver con informe al Ministerio Público solamente 12,000 denuncias, es decir, apenas un 13%.

No hay duda que el Estado de Honduras ha fallado rotundamente en cumplir con su obligación de investigar, y de esta manera se puede concluir que cuando los delitos no son investigados con seriedad como sucede actualmente, resultan, en cierto modo, auxiliados por el poder público, y comprometen directamente la responsabilidad de las autoridades.