El 2 y 3 de febrero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos celebró una audiencia pública sobre el caso relacionado con la destitución de los jueces Adán Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez de la Rocha y Ramón Enrique Barrios Maldonado, y de la magistrada Tirza del Carmen Flores Lanza.
Las 4 víctimas eran parte de la Asociación de Jueces por la Democracia, la cual emitió diversos comunicados públicos calificando los hechos de 2009 como un golpe de Estado en contradicción con la versión oficial de la Corte Suprema de Justicia, que sustentaba la descabellada teoría de la sucesión constitucional.
Además, como señala el juez español José Luis Ramírez Ortíz, nos hallamos ante unos jueces y magistrada que se limitaron a defender el orden constitucional tanto desde sus jurisdicciones como desde el ejercicio legítimo de sus derechos políticos.
En ese sentido, la Corte Interamericana tiene ante sí un caso que representa un reto histórico para reafirmar el valor central de la independencia judicial, por lo que la única reparación válida es la reincorporación a sus cargos de los jueces y la magistrada despedidos.
Siguiendo con lo señalado por el juez Ramírez Ortíz, una decisión así, en primer lugar enviaría el mensaje a la judicatura hondureña de que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos protege eficazmente el ejercicio independiente de la justicia. En segundo lugar, pondría fin a la vulneración de los derechos de los 3 jueces y la magistrada.
Y en tercer lugar, en un país dominado por poderes privados salvajes, la ciudadanía volvería a contar con tres jueces y una magistrada independientes en el caminar hacia el fortalecimiento de la democracia y el Estado de derecho.
