Libertad de expresión, lavado de activos y autoritarismo

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), al más puro estilo gansteril, publicó un comunicado en el que literalmente amenaza con sanciones administrativas y penales a cualquier medio de comunicación que difunda “rumores o información especulativa que pueda provocar daño a la economía así como al Sistema Financiero Nacional”.

CONATEL debería de saber que la libertad de expresión es una garantía fundamental para asegurar la autonomía de las personas, el Estado de derecho y las instituciones democráticas, y que ha sido catalogada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como “una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática”.

En este sentido, la libertad de expresión es indispensable para la formación de la opinión pública y para ejercer el control ciudadano de las instituciones y de los actos de gobierno, lo cual es esencial en el Estado de derecho y es una de las claves del fortalecimiento de la democracia. Por ello es que se afirma que “una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre”.

Los miembros de CONATEL están demostrando desprecio o ignorancia total en relación con los alcances del derecho a la libertad de expresión, que abarca toda la información, inclusive aquella que pueda ser errónea, no oportuna o incompleta.

A la luz del derecho internacional, es importante hacer una distinción entre aquella información que responde a hechos concretos y de posible comprobación fáctica, de la que corresponde a juicios de valor. En este último caso es imposible hablar de veracidad o no de la información.

Como lo establece la jurisprudencia interamericana, la “exigencia de veracidad puede implicar la censura casi automática de toda aquella información que es imposible de someter a prueba, lo que anularía, por ejemplo, prácticamente todo el debate político sustentado principalmente en ideas y opiniones de carácter netamente subjetivo”.

Cuando CONATEL califica cierta información como rumor o especulación y amenaza con proceder administrativa y penalmente contra quienes la difundan, está cometiendo una de las violaciones más graves a la libertad de expresión: la censura previa.

Exigir la verdad, la oportunidad o la imparcialidad en la información parte de la premisa de que existe una verdad única e incuestionable. Por tanto, cualquier calificativo previo que se le imponga a la información limita la cantidad de información protegida por el derecho a la libertad de expresión.

Lo que hace CONATEL al calificar de rumores o especulaciones el posible debate sobre el lavado de activos en el sistema financiero nacional, es digno de sociedades gobernadas por dictaduras y regímenes autoritarios.

La apuesta del gobierno a la luz del presupuesto en seguridad y justicia

Recientemente, el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras realizó, a través del abogado Celso Alvarado, un diagnóstico sobre la efectividad de las instituciones del sector justicia y seguridad, es decir, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público y el Poder Judicial.

En su análisis del presupuesto nacional del año 2013, el diagnóstico revela que cada hondureño y hondureña aportó al Estado con sus impuestos alrededor de 15 mil lempiras, que implica un aumento de más de 5 mil lempiras en relación con el año 2012.

De esos 15 mil lempiras, 1367 se destinaron para seguridad y justicia, que quedan distribuidos de la siguiente manera: 909 lempiras para la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, 213 lempiras para el Poder Judicial y 116 lempiras para el Ministerio Público.

En otras palabras, las Secretarías de Defensa y Seguridad reciben el 66% de ese presupuesto mientras que el Poder Judicial y el Ministerio Público apenas reciben el 16 y el 9 por ciento, respectivamente.

Como lo señala el diagnóstico, resulta preocupante la evidente desigualdad en la distribución de este presupuesto, ya que es absorbido en su mayoría por las Secretarías de Defensa y Seguridad, con cuyos recursos podría contratarse un 200% más del personal que actualmente tiene el Poder Judicial y un 600% más de lo que tiene el Ministerio Público.

Este patrón de desigualdad todavía es más profundo en la distribución de los recursos provenientes de la llamada “Tasa de Seguridad”, en donde el 87% va destinado para Defensa y Seguridad, y apenas el 5% para el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Si la falta de una investigación imparcial y efectiva es una de las razones fundamentales que causan los altos índices de impunidad en el país, la distribución del presupuesto nos muestra que la prioridad del gobierno no es fortalecer suficientemente las instituciones investigativas del Estado, sino apostar a la represión y al fortalecimiento militar.

Para muestra, un botón. El peligro de la militarización

Militares en estado de ebriedad hirieron de bala a 3 habitantes del municipio de Wampusirpe en la Mosquitia. Ocho militares violan a una mujer en Cofradía, Cortés.

Miembros de la Policía Militar torturaron a dos trabajadores de la mina artesanal de la aldea San Juan de Arriba, ubicada en el municipio del Corpus en Choluteca.

El director de Casa Alianza, José Guadalupe Ruelas, fue golpeado salvajemente por elementos del Ejército asignados a casa presidencial, acción que se suma a la golpiza que recibió un miembro de la comunidad LGTB en San Pedro Sula por parte de militares.

Militares secuestraron a un comerciante de los mercados capitalinos a quien le exigieron una cantidad determinada de dinero para no asesinarlo. El ex Comisionado Adjunto del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Nery Velásquez, fue detenido ilegalmente por miembros de la Policía Militar.

Miembros de la Policía Militar atacaron a tiros a una unidad de transporte público en Tegucigalpa que no se detuvo ante un retén, provocando que 4 personas resultaran heridas. Policías Militares agredieron a personal periodístico de Televicentro en las afueras del Hospital Mario Catarino Rivas en San Pedro Sula.

Todos estos titulares son solo algunos de los ejemplos que nos alertan una vez más que el involucramiento de las Fuerzas Armadas en la gestión pública y la vida civil, crea más problemas de los que resuelve, tiene un alto costo humano y profundiza los niveles de victimización.

Hoy más que nunca es fundamental exigir la implementación de una de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, en el sentido de “revisar la función de las Fuerzas Armadas, incluyendo la supresión de cualquier misión de carácter político para las mismas, así como establecer claramente la prohibición de utilizarse para funciones policiales, a no ser en caso de estado de excepción, de conformidad con las prescripciones que al efecto establece el sistema interamericano de protección de derechos humanos y bajo un control judicial independiente”.

Los años 80 y las exigencias de la justicia

Los dos eventos políticos más trágicos para la débil democracia y el Estado de derecho en Honduras, es decir, la aplicación de la doctrina de seguridad nacional en los años 80 y el golpe de Estado de 2009, tienen un elemento común: la impunidad de los victimarios.

En el caso de los crímenes de los 80, ninguno de los 184 casos analizados en el informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, “Los hechos hablan por sí mismos. Informe preliminar sobre los desaparecidos en Honduras 1980-1993”, ha sido seriamente investigado y no se ha producido ninguna sentencia condenatoria.

Recientemente, la Fiscalía Especial de Derechos Humanos anunció que había creado una unidad especial para dar respuesta a esos 184 expedientes sobre torturas y desapariciones, lo cual es una buena noticia para las familias de tantas personas desaparecidas y torturadas, y también para la justicia que tanto hace falta en Honduras.

¿Pero es posible que pese a que hayan pasado más de 30 años estos crímenes todavía se puedan investigar y juzgar? Las torturas y las desapariciones forzadas son delitos tan graves contra la humanidad que el Estado tiene la obligación de buscar, detener, enjuiciar y castigar a los responsables dondequiera y cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido.

Y los criminales no pueden ser beneficiados por indultos, amnistías, irrectroactividad de la ley, prescripción de la pena ni prohibición de doble juzgamiento, incluso si existiera una sentencia absolutoria, a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional, las exigencias de la justicia y los derechos de las víctimas están por encima de ello.

Las próximas acciones de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos nos dirán si se trata de un anuncio distractor o si realmente existe voluntad política para perseguir tales crímenes y otros más como los ocurridos a partir del golpe de Estado.

La absolución de Magna y la condena del sistema

Hoy la justicia hondureña absolvió a Magna Marbella Rodríguez, quien había sido acusada por el Ministerio Público de intento de parricidio, es decir, de querer envenenar a sus hijos e hijas.

A simple vista, cualquiera puede cuestionarse cómo es posible que una madre sea capaz de mezclar agua con insecticida y dársela a sus pequeños niños y niñas. Pero detrás de esta decisión tan dura, hay una realidad de miseria, pobreza, hambre, abandono, violencia y desesperación que empujó a Magna a tomar tan trágica medida.

Ser madre o padre y vivir en la impotencia de no tener nada que darles de comer durante 3 días a sus hijos e hijas puede llevar a la decisión de suicidarse y llevárselos con ella o él a la muerte.

Como sociedad debemos aceptar el hecho que la historia de Magna es el resultado de una violencia estructural de género, de patrones socioculturales que discriminan a las mujeres y de un sistema que justifica la dominación masculina sobre la base de una supuesta inferioridad biológica femenina.

Este sistema tiene su origen en la familia y se proyecta en todo el orden social, económico, cultural, religioso y político. El Estado ha fomentado esta situación a través de su incapacidad de garantizar el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres en general, particularmente los de las más vulnerabilizadas como Magna.

Por eso, como ERIC y Radio Progreso nos preguntamos, “¿dónde estaba el Estado de Honduras cuando Magna buscó trabajo, acceso a la salud y a la educación pública, y alimentación para sus hijos e hijas? ¿Por qué el Estado de Honduras sólo se apareció para juzgar y condenar a Magna por un acto realizado debido a una situación de desesperación al ver a sus hijos e hijas muriendo de hambre?”

Hoy la justicia hondureña absolvió a Magna después de 2 años de estigmatización, cárcel, señalamientos y condenas morales. La historia de Magna es una muestra de un sistema que naturaliza la violencia y la discriminación contra las mujeres, el cual se manifiesta y reproduce en todos los ámbitos de la vida.

Hombres y mujeres debemos condenar y darle vuelta a este sistema que como lo señala la Comisión Interamericana de derechos Humanos, actúa a través de la familia, el lenguaje, la publicidad, la educación y los medios de comunicación masiva para canalizar "un discurso y mensaje ideológico que condiciona el comportamiento de hombres y mujeres conforme a los patrones culturales establecidos que promueven las desigualdades" y refuerzan "los roles y estereotipos que actúan en detrimento de las mujeres".