Extradiciones, poder judicial y vida democrática

El Diccionario Jurídico Elemental de Cabanelas de Torres define la extradición como la “[e]ntrega que un país hace a otro, cuando éste así lo reclama, del acusado de ciertos delitos para ser juzgado donde se suponen cometi­dos”.

Para septiembre de este año había 26 solicitudes de extradición en manos de la Corte Suprema de Justicia, sobre las cuales había emitido 15 órdenes de captura de extraditables y 11 se encontraban entrampadas, algunas de ellas porque los magistrados que actúan como jueces de extradición no habían emitido la resolución y en otros porque las órdenes de captura no habían sido enviadas a la Secretaría de Seguridad.

Las extradiciones en sí mismas y la lentitud con la que la Corte Suprema de Justicia las está procesando refleja dos cosas: En primer lugar, como lo señala Omar Rivera, coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia, que el Poder Judicial es una institución “que ha sido opaca, poco transparente, sin rendición de cuentas, que permite que este tipo de omisiones pueda estar tras bambalinas o de forma subterránea en total oscuridad”.

En segundo lugar, que las extradiciones es el reflejo trágico de la situación de la justicia hondureña que no es capaz de juzgar y sancionar a los grandes criminales que tienen al país hundido en la violencia y la corrupción, y que al verse seguros de su impunidad, siguen cometiendo sus crímenes, alimentando de este modo el miedo en la sociedad e impidiendo la plena realización del Estado de derecho y la democracia.

El Poder Judicial hondureño a lo largo de su historia ha jugado un papel crucial para que la ley se aplique diferenciadamente si se trata de personajes con poder político o económico como Callejas, Michelleti o Vásquez Velásquez, o si se trata de la mayoría de ciudadanos y ciudadanas quienes debemos afrontar la actuación efectiva de las normas y de la fuerza pública.

La ciudadanía debemos estar conscientes que la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia no es un simple reparto político de puestos públicos sin ningún impacto para nuestras vidas. Lo que está en juego es la existencia misma de la sociedad y el Estado democrático de derecho, pues la presencia de un poder judicial independiente e imparcial es fundamental para acabar con la impunidad y la corrupción, y para la vigencia efectiva de los derechos humanos.

Los nombres siniestros de la lista de la Junta Nominadora

En la historia de Honduras nunca ha existido un sistema judicial que se entienda y que actúe como tal, sino que hemos tenido —con algunas excepciones de funcionarios y funcionarias judiciales honestas— un “servicio judicial” que se obtiene en el mercado de las influencias en donde los grupos económicos, políticos y religiosos tienen el poder para comprarlo.

Por eso es que a estos grupos les importa tanto controlar la Corte Suprema de Justicia, pues con la existencia de un poder judicial sin independencia e imparcialidad, logran proteger sus intereses con celeridad y diligencia, y garantizar la impunidad de sus delitos y perversiones políticas.

Al leer la lista de 97 candidatos y candidatas que continuarán participando en el proceso de elección de la nueva Corte Suprema de Justicia, se reafirma que la Junta Nominadora es cómplice de continuar con la lógica del reparto político en materia de justicia. Para muestra un botón.

En esta lista aparecen 4 de los actuales magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia -Rosa de Lourdes Paz Haslam, Jacobo Antonio Cálix, Raúl Antonio Henríquez Interiano y Víctor Manuel Martínez Silva-, y 1 ex magistrado que fue destituido de la Sala de lo Constitucional -Gustavo Enrique Bustillo Palma-.

Durante la ruptura del orden constitucional estas personas se pusieron al servicio del gobierno de facto, profundizaron el estado general de impunidad, propiciaron la abstención y desidia judicial, y dejaron a las víctimas en una situación de absoluta indefensión y vulnerabilidad. En palabras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estas personas participaron en pleno en el golpe de Estado defendiendo la ilegalidad. 

También en esta lista aparecen 3 concejales del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial -Celino Aguilera, Liliam Maldonado y José Francisco Quiroz-, quienes desde su nombramiento iniciaron un cuestionable proceso de “depuración judicial” que viola el principio de legalidad y representa un efectivo obstáculo a la independencia de jueces y juezas.

Que estas 8 personas hayan pasado el primer filtro del proceso de elección para magistrados y magistradas, pone en tela de juicio los criterios y controles ejercidos por la Junta Nominadora pues la sola participación directa en un golpe de Estado y el irrespeto a la legalidad, los deslegitima y descalifica súbitamente.

Sin negar que haya candidatos y candidatas idóneas en dicha lista, pareciera que solo servirán como un caballo de Troya que una vez más asaltará la “Casa de la Justicia” y la llenará de “jueces y juezas sombrías” para que continúe siendo, como decía el poeta Sosa, “un templo de encantadores de serpientes” que garantice que “todo se consuma bajo esa sensación de ternura que produce el dinero”.

Militares, masacres e impunidad

Pese a la campaña mediática gubernamental de que “ahora se puede caminar tranquilamente por las calles”, la realidad de criminalidad a la que se enfrenta la gente de a pie es tan macabra que es imposible convencer a la población de que “Honduras está cambiando”.

En este sentido, la teoría del político alemán nazi, Joseph Goebbles, de que “una mentira repetida adecuadamente mil veces se convierte en una verdad”, fracasa estrepitosamente en Honduras.

Las 4 masacres en solo cuatro días que dejaron 27 personas asesinadas refleja la tragedia diaria de la población y el rotundo fracaso de la política de seguridad del gobierno de Juan Orlando Hernández empecinado en militarizar hasta el espacio más pequeño de la vida nacional.

Es un fracaso y un error monumental seguir creyendo que los militares son los guardianes de la democracia y de la seguridad cuando se atribuye al narcotráfico y al crimen organizado el incremento de la violencia.

Debemos recordar que los militares siempre han tenido el deber constitucional de proteger las fronteras marítimas, aéreas y terrestres. Por eso hay que cuestionarse que si el narcotráfico ha aumentado su poder, es lógico que hayan usado el espacio aéreo, marítimo y terrestre para transportar la droga. ¿Y dónde han estado los militares que no se dieron cuenta que ha habido un aumento del tráfico de drogas por las fronteras que ellos tienen el deber de custodiar?

Argumentar que los militares son la salvación para la lucha contra el narcotráfico ya que la Policía Nacional ha sido penetrada por el crimen organizado, es darle más poder a quienes no pudieron o quisieron combatir seriamente el tráfico de drogas por las fronteras que permanentemente han estado bajo su control.

Militarizar la vida pública, debilitar a la Policía Nacional con un supuesto proceso de depuración que mantiene a los criminales en sus filas y provocar la falta de independencia, competencia e imparcialidad de los entes de investigación y judiciales, son los ingredientes perfectos para que germine con fuerza la impunidad, que no solo constituye una denegación de justicia para las víctimas, sino que también envía un mensaje social de que la violencia es tolerada por las autoridades.

Insistimos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que las Fuerzas Armadas carecen del entrenamiento adecuado para el control de la seguridad ciudadana, la cual debe corresponder exclusivamente a una fuerza policial civil, eficiente, capacitada y respetuosa de los derechos humanos.

Responsabilidad internacional y el papel de la Procuraduría General de la República

Los altos responsables del Poder Judicial que destituyeron ilegalmente a los jueces López Lone, Chévez de la Rocha y Barrios Maldonado, y a la magistrada Flores Lanza, son los responsables directos de la sentencia recaída contra el Estado de Honduras por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

De acuerdo con la resolución de este tribunal internacional, la Corte Suprema de Justicia inició procesos disciplinarios contra los jueces y la magistrada debido a que realizaron actuaciones en contra del golpe de Estado y a favor de la democracia, las cuales no solamente correspondieron al ejercicio de un derecho sino también al cumplimiento del deber de defender la democracia.

Para la Corte Interamericana los procesos disciplinarios que concluyeron con la destitución de los jueces y la magistrada constituyeron una violación de su libertad de expresión, derecho de reunión, libertad de asociación y derechos políticos.

También constituyeron una violación a las garantías judiciales y el derecho a permanecer en sus cargos en condiciones de igualdad, ya que los procedimientos disciplinarios no estaban establecidos en la ley; el Consejo de la Carrera Judicial era incompetente y sin independencia para resolver recursos contra las destituciones; y la Corte Suprema de Justicia no era imparcial para pronunciarse sobre las supuestas faltas de las víctimas.

De esta sentencia se deriva claramente que los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia son los principales responsables de provocar la responsabilidad internacional del Estado.

Por tanto, la Procuraduría General de la República, a través del abogado Abraham Alvarenga, tiene la obligación constitucional de demandarlos, vía acción de repetición, para que paguen con sus patrimonios las implicaciones económicas que tienen para el Estado las ilegalidades cometidas en este y otros casos.

Como lo señala el doctor Edmundo Orellana, “no cumplir con este mandato constitucional, convierte a la Procuraduría General de la República, que es la responsable de actuar en este caso, en cómplice de estas ilegalidades”.

La pelota está en el campo del procurador Alvarenga, a quien se le presenta la oportunidad para demostrar si está en su cargo para cumplir o no con la Constitución y las leyes.

La nombres de la vergüenza y los nombres de la dignidad

Jamás olvidemos sus nombres: Jorge Alberto Rivera Avilés, José Tomás Arita Valle, Raúl Antonio Henríquez Interiano, Víctor Manuel Martínez Silva, Jorge Reyes Díaz, Rosa de Lourdes Paz Haslam, Jacobo Antonio Cálix Hernández, Edith María López Rivera, Carlos David Cálix Vallecillo, Marco Vinicio Zúniga Medrano, Gustavo Enrique Bustillo Palma, Rosalinda Cruz Sequeira, José Francisco Ruiz Gaekel, José Antonio Gutiérrez Navas y Oscar Fernando Chinchilla Banegas.

Todas estas personas formaron y forman parte de la actual Corte Suprema de Justicia que se convirtió en actor protagónico del golpe de Estado de 2009. Los últimos cinco conformaban la Sala de lo Constitucional que actuó con celeridad y diligencia para proteger al general golpista Romeo Vásquez Velásquez pero impuso múltiples dificultades y dilaciones a otras ciudadanas y ciudadanos hondureños cuyos derechos fundamentales se encontraban en riesgo.

Posteriormente, cuatro de ellos fueron destituidos ilegalmente por el Congreso Nacional bajo la presidencia de Juan Orlando Hernández, confirmándose el dicho popular que dice que “mal paga el diablo a quien bien le sirve”, y el último, Óscar Fernando Chinchilla Banegas, fue premiado por el régimen nombrándolo de forma ilegítima e ilegal Fiscal General del Estado para garantizar la impunidad. 

Todos los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia defendieron y participaron en la disolución del orden constitucional; demostraron su falta de compromiso con el Estado de derecho; y destituyeron ilegalmente a los jueces Adán Guillermo López Lone, Ramón Barrios Maldonado y Luis Chévez de la Rocha, y a la magistrada Tirza Flores Lanza, quienes tuvieron una posición digna e independiente frente a lo que constituyó un golpe mortal a la frágil democracia hondureña.

No olvidemos nunca los nombres de los 15 magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia que traicionaron su papel de garantes de la legalidad, de los valores democráticos y de la justicia, que con sus actos y omisiones demostraron su desprecio por la dignidad humana, y que toleraron y avalaron los crímenes del gobierno de facto, convirtiéndose en corresponsables de los mismos, ya que “dejar pasar el delito es tanto como extenderlo en la práctica”.

La sentencia López Lone y otros vs. Honduras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos constituye un hito histórico para el continente y el mundo pues por primera vez un tribunal internacional declara que lo que sucedió en Honduras fue un golpe de Estado y que la Corte Suprema de Justicia fue partícipe plena del mismo. Seguramente, esta será una de las sentencias más estudiadas por académicos, estudiantes y litigantes por su importancia para la democracia, el Estado de derecho y la independencia judicial.

A su vez, esta sentencia internacional también representa un señalamiento histórico para los 15 magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia hondureña que sacrificaron la dignidad de las víctimas en el altar de la infamia. Algún día el sistema de justicia en Honduras responderá únicamente a los mandatos constitucionales, y los crímenes cometidos, por ser imprescriptibles, serán perseguidos.

Mientras ese día llega, que esta sentencia sirva como una marca de vergüenza para tales magistrados y magistradas, y como una muestra de dignidad y de compromiso con la democracia de todas aquellas operadoras y operadores de justicia que hoy se ven reflejados en los jueces López Lone, Chévez de la Rocha, Barrios Maldonado y la magistrada Flores Lanza.