La realidad de quienes defienden los derechos humanos en Honduras

En las últimas semanas, se han hecho públicas dos cuestiones que vienen a confirmar lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló en su informe sobre la situación de los derechos humanos en Honduras en el año 2015: la existencia de una grave situación de riesgo que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos.

En este sentido, el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, órgano que vigila el cumplimiento de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, publicó el pasado viernes 12 de agosto sus observaciones finales en el marco del segundo examen periódico al Estado de Honduras realizado el pasado 27 de julio. 

Las conclusiones de este comité reflejan su profunda preocupación en relación con la situación de quienes defienden los derechos humanos y en ese orden de ideas condenó los numerosos atentados mortales contra defensores y defensoras, periodistas y activistas medioambientales desde 2009, e hizo especial referencia al asesinato de Berta Cáceres y a la implicación de un oficial en activo del ejército.

Asimismo el Comité contra la Tortura manifestó su preocupación por declaraciones públicas realizadas por altos funcionarios del Estado en las que descalifican el trabajo de las personas defensoras de derechos humanos “poniendo en riesgo su integridad física”.

Por otra parte, en un comunicado conjunto de fecha 19 de agosto, el Relator Especial sobre la Situación de los Defensores de los Derechos Humanos de la ONU, Michel Forst, y el Relator Especial sobre los Derechos de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la OEA, José de Jesús Orozco Henríquez, indicaron que Honduras se ha convertido en uno de los países más peligrosos para quienes defienden los derechos humanos.

De acuerdo con datos de la propia Comisión Interamericana, solo en el año 2016 han sido asesinadas 8 personas defensoras de derechos humanos en Honduras. Para estos relatores especiales, estos hechos criminales no sólo afectan las garantías básicas de cada persona, sino que también “socavan el papel fundamental que desempeñan los defensores de los derechos humanos en la construcción de una sociedad más equitativa, justa y democrática”.

Por ello, ambos relatores le han exigido al Estado hondureño adoptar y aplicar inmediatamente medidas efectivas para proteger a quienes defienden los derechos humanos con el fin de que puedan desempeñar su trabajo sin temor o amenaza de violencia o asesinato, y no permitir que los crímenes queden en la impunidad.

Lo señalado por el Comité contra la Tortura y los Relatores Especiales de la ONU y de la OEA son un llamado de atención importante para el gobierno hondureño pues pese a las campañas mediáticas, le demuestra que la situación de violencia e impunidad contra las personas defensoras de derechos humanos no se puede tapar con un dedo.

La detención ilegal de las defensoras Karen Mejía y Gabriela Díaz por parte de la Policía Nacional cuando ambas salían de un foro con el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Michel Forst, son una muestra de la vulnerabilidad que viven quienes defendemos los derechos humanos en un país con graves índices de impunidad, violencia y deterioro de la institucionalidad democrática. 

Relatora Especial de la ONU visita a Rio Blanco, Honduras - UN Special R...

¿Quién denigra realmente al país?

En su reciente viaje a Estados Unidos, el presidente Juan Orlando Hernández “lamentó que haya hondureños empeñados en seguir poniendo en mal el nombre de Honduras ante las autoridades de Estados Unidos”, ya que, según él, “existe información a nivel de ONG y senadores de hondureños que tergiversan la verdad y aun sabiendo que con eso le hacen un enorme daño a Honduras lo siguen haciendo”.

Ante tales declaraciones es importante hacerle dos recordatorios al presidente, a todo su gobierno y a las instituciones públicas. 

En primer lugar, el Estado y sus instituciones son los responsables del respeto y garantía de los derechos humanos, para lo cual, tienen la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para prevenir las violaciones a tales derechos; en caso que no logre evitarlas, tienen el deber de investigar y sancionar a todos los responsables materiales e intelectuales de dichas violaciones; y tienen la obligación de reparar a las víctimas y adoptar medidas para evitar que los hechos violatorios se repitan. 

Por tanto, el gobierno del señor Hernández es el responsable en este momento histórico de garantizar una situación en la que los derechos y los valores democráticos sean respetados, pues es la única manera de enviar una imagen y un mensaje al mundo de que en Honduras las “cosas están cambiando”, y que todas las acciones públicas están siendo destinadas a hacer efectivo el mandato constitucional de asegurar a los hondureños y hondureñas “el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social” (artículo 1), y de respetar y proteger la dignidad de la persona humana como fin supremo de la sociedad y el Estado (artículo 59). 

En segundo lugar, así como el Estado es el principal responsable de respetar y garantizar los derechos, por lo general también es el principal responsable de sus violaciones. Por ello, existen órganos internacionales independientes que vigilan que los Estados cumplan con sus compromisos en esa materia, tal es el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la CIDH), que en su informe especial sobre Honduras publicado en diciembre de 2015, plantea una serie de circunstancias que señalan claramente que el gobierno del señor Hernández, con sus actos y omisiones, es quien denigra al país en el exterior.

De acuerdo con la CIDH, son preocupantes los alarmantes niveles de violencia que hacen de Honduras uno de los países más peligrosos del planeta y que afectan particularmente a la población joven. Es alarmante la existencia de desapariciones forzadas, de altos niveles de violencia de género y de graves conflictos agrarios. Además, preocupa la existencia de una situación de gran impunidad debido a la debilidad institucional, la corrupción y la falta de independencia del Poder Judicial. A su vez, es preocupante que exista una amplia gama de violaciones a los derechos humanos, que van desde la ocupación ilegal de tierras de comunidades indígenas, rurales y afrodescendientes, hasta la violación de los derechos laborales y actos de discriminación.

También hay una falta de investigación seria y efectiva, y persiste una grave impunidad en la que permanece la enorme mayoría de las violaciones a los derechos humanos, particularmente las amenazas y asesinatos contra aquellas personas que denuncian e informan sobre las mismas, y cuyos familiares en ocasiones también son amenazados, secuestrados, golpeados o asesinados. Para la CIDH, aún no se ha restablecido la institucionalidad democrática tras el golpe de Estado de 2009 y la militarización traducida en el involucramiento de las Fuerzas Armadas en una amplia gama de funciones del Estado representa un riesgo para la vigencia del Estado de derecho.

Los altos niveles de violencia tienen un particular impacto en los defensores y defensoras de derechos humanos, indígenas, mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas LGBTI, migrantes, operadores y operadoras de justicia, y periodistas y trabajadores de la comunicación. En el caso de estos últimos, la grave situación de inseguridad en la que laboran por el ejercicio de la libertad de expresión, los convierte en un grupo especialmente vulnerable.

Esta violencia es el resultado de varios factores entre los que destacan el incremento del crimen organizado y el tráfico de drogas, el reclutamiento de niños y adolescentes, una deficiente respuesta judicial que conlleva a la impunidad, la corrupción y a altos niveles de pobreza y desigualdad. Además, parte de esta inseguridad proviene del mismo cuerpo policial, de la policía militar y del ejército a través del uso ilegítimo de la fuerza, en algunos casos en complicidad con el crimen organizado.

En este sentido, es alarmante que esta situación de violencia generalizada en el país durante los últimos años ha conllevado a un incremento significativo de refugiados y en el número de solicitantes de asilo en otros países de la región, incluyendo niños, niñas, adolescentes y jóvenes no acompañados o separados de sus familias.

Es particularmente preocupante que estos índices de violencia e inseguridad se encuentran exasperados por la falta de políticas públicas integrales para dar frente a las desigualdades y exclusión social de grandes sectores de la población, entre los cuales, los grupos en condición de vulnerabilidad, debido a su discriminación histórica, enfrentan en forma persistente obstáculos en el goce pleno de sus derechos y una falta de acceso a la justicia.

Por su parte, las defensoras y los defensores de derechos humanos son blancos de ataques por parte de aquellas personas que han sido señaladas como responsables de violaciones a derechos humanos o de sectores y grupos que tienen intereses opuestos a sus causas. El riesgo a perder la vida o sufrir un daño a la integridad personal, ha ocasionado que un número importante de defensoras y defensores de derechos humanos cuenten con medidas de protección otorgadas por parte de la propia CIDH que urgen de una efectiva implementación por el Estado hondureño, algo que hasta el momento no se ha cumplido.

Los altos niveles de violencia persistente en el país han traído como correlación una elevada demanda de justicia que no ha tenido una respuesta eficaz por parte del Estado, configurándose una situación de impunidad estructural. Debido al fracaso para responder eficazmente a las denuncias de corrupción y vínculos con el crimen organizado de la Policía Nacional, el Estado ha enfocado sus esfuerzos en reformas legales e institucionales por medio de las cuales las Fuerzas Armadas han ido ganando participación en funciones que no necesariamente corresponden con su naturaleza. 

El gobierno de Hernández ignora intencionalmente que la propia CIDH y la Comisión de la Verdad y la Reconciliación han recomendado “revisar la función de las Fuerzas Armadas, incluyendo la supresión de cualquier misión de carácter político para las mismas, así como establecer claramente la prohibición de utilizarse para funciones policiales, a no ser en caso de estado de excepción, de conformidad con las prescripciones que al efecto establece el sistema interamericano de protección de derechos humanos y bajo un control judicial independiente”.

En este sentido, existe un proceso creciente de militarización para abordar la inseguridad que ha provocado, como lo señala el informe más reciente de Human Rights Watch, que a partir del gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, las denuncias de violaciones a derechos humanos cometidas por militares hayan aumentado considerablemente, y que solo entre 2012 y 2014 “policías militares han sido acusados de al menos nueve asesinatos, más de 20 casos de tortura y cerca de 30 detenciones ilegales”.

Para sostener este modelo de militarización se requieren importantes recursos financieros que en muchas ocasiones se asignan en detrimento de las partidas presupuestarias destinadas a garantizar los derechos a la salud y a la educación que, en sociedades tan desiguales como la hondureña, constituyen herramientas fundamentales para reducir las desigualdades y potenciar las capacidades básicas del ser humano, especialmente de los sectores más vulnerabilizados. 

Cuando se comparan las cifras entre los años 2015 y 2016, se evidencia que la partida conjunta consignada a Defensa y Seguridad es la única que ha experimentado un incremento del 6.8% al 8.8% (Lps. 13,736 millones) en el presupuesto nacional y es equivalente a la partida de la Secretaría de Salud (Lps. 14,385 millones). Como lo señala el Centro de Estudio para la Democracia, el gobierno “está destinando similar cantidad de recursos para compra de armas, vehículos o patrullas policiales y militares, uniformes militares, salarios para policías y militares, que lo que orienta a la compra de medicamento, equipamiento de hospitales públicos, mejoramiento de la infraestructura sanitaria, etc.”.

A la luz de estos pequeños ejemplos es necesario preguntarle al señor presidente, ¿quién denigra realmente al país? Los datos son contundentes y demuestran que usted y su gobierno son quienes verdaderamente deshonran al país y lo colocan en el altar del bochorno, de la vergüenza y de la deshonra por su falta de voluntad política para atacar efectivamente las causas estructurales de la violencia, la impunidad, la corrupción y las violaciones a los derechos humanos.

COMUNICADO

Primero: Anunciamos con satisfacción la constitución de la Mesa de Seguimiento al Cumplimiento de las Sentencias y Resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la “Mesa de Seguimiento”), conformada por organizaciones nacionales y familiares de víctimas que hemos acompañado y presentado casos emblemáticos de violaciones a derechos humanos que, por su gravedad e impacto, han terminado en sentencias definitivas e inapelables dictadas por el tribunal interamericano.

Segundo: El objetivo de la Mesa de Seguimiento es monitorear la implementación de las sentencias y resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por parte del Estado, con el fin de señalar sus avances y demoras, e informar a la sociedad hondureña y al tribunal regional sobre la capacidad y voluntad estatal para darle cumplimiento a tales sentencias que de acuerdo con el artículo 15 de la Constitución de la República, son de “ineludible validez” y de “obligatoria ejecución”.

Tercero: Resaltamos la importancia del cumplimiento de estas sentencias y resoluciones como instrumentos imprescindibles para la construcción del Estado de derecho y la democracia que, en términos de derechos humanos, implica lograr su plena implementación y garantía, y poner un alto a la impunidad y a la corrupción que como un cáncer destruyen el tejido social y reducen la posibilidad de construir instituciones democráticamente legitimadas.

Cuarto: A la luz de lo anterior, recordamos que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a través de su jurisprudencia e interpretaciones de las normas interamericanas, ha desarrollado una serie de estándares que deben servir de guía para que los Estados y sus instituciones actúen conforme con el respeto y garantía de la dignidad humana.

Quinto: Teniendo en cuenta que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha desarrollado una serie de estándares sobre protesta social y libertad de expresión, aprovechamos la oportunidad para condenar enérgicamente la criminalización de la protesta estudiantil en el marco del conflicto en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a cuyas autoridades les exigimos observar tales estándares interamericanos que consideran inadmisible la invocación de normas penales que convierten en actos criminales la simple participación en una manifestación. Hacemos nuestro el llamado de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Honduras a promover el respeto y la protección de los derechos humanos en el contexto de la protesta social y a redoblar esfuerzos para avanzar en el diálogo.

Sexto: Finalmente, nos congratulamos por el otorgamiento del “Premio WOLA de Derechos Humanos 2016” a Casa Alianza, organización que forma parte de la Mesa de Seguimiento, en reconocimiento “por su trabajo en la atención bajo un enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes en desamparo y exclusión social, durante más de 28 años en el país”.

Séptimo: Reiteramos nuestra exigencia al Estado hondureño para que dé cumplimiento a las sentencias y resoluciones de la Corte Interamericana y expresamos que daremos seguimiento, vigilancia y denuncia a cualquier situación que menoscabe la vigencia de los derechos humanos.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 13 días del mes de julio de dos mil dieciséis.

Mesa de Seguimiento

Comité de Familiares de Detenidos Desaparecido de Honduras

Casa Alianza

Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura

Caritas. Diócesis de San Pedro Sula

Pastoral Penitenciaria. Diócesis de San Pedro Sula

Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación

Asociación de Jueces por la Democracia
Familia de Carlos Luna López

Falta de legitimidad y el comunicado del Ministerio Público frente a la crisis universitaria

En un reciente comunicado, el Ministerio Público ha querido presentarse como un órgano profesional e independiente frente a la crisis universitaria, y ha insistido en su supuesta libertad “de toda injerencia político-sectaria”. Sin embargo, con excepción de algunos fiscales, esta institución ya ha demostrado en los eventos más importantes del país que no representa los intereses generales de la sociedad sino los intereses de los poderes fácticos. Por ello, es fundamental resaltar dos cuestiones.

En primer lugar, la elección del actual Fiscal General del Estado, Óscar Chinchilla, es un ejemplo del manoseo político de dicha institución. Por ello, es importante recordar que en agosto de 2013 se conformó por ley una Junta Proponente que debía ser la encargada de seleccionar y enviar al Congreso Nacional una nómina de 5 candidatos para ocupar la titularidad del Ministerio Público. 

Esta Junta quedó conformada por el Presidente y un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), un representante de las universidades privadas, un representante del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH) y un representante de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ).

La Junta Proponente dividió el proceso de selección en tres grandes momentos:

1. La preselección: En este momento se verificaría si las 52 candidaturas propuestas cumplían con los requisitos establecidos en el artículo 233 de la Constitución de la República. Se inhabilitaron 3 candidaturas por no cumplir el requisito de edad (Roberto Ramírez), por ser diputado (Olman Maldonado) y por no acreditar la condición de abogada (Sandra Ponce).

2. La selección: Se realizaron entrevistas a los precalificados, es decir, a los 48 candidatos restantes, 10 de los cuales no acudieron a la entrevista y fueron descartados. A 37 de los candidatos se les realizaron las respectivas pruebas psicométricas para evaluar su capacidad intelectual, inteligencia emocional y capacidad de reacción. Con los resultados de esta prueba, la Junta Proponente identificó a 13 candidatos -entre los que no se encontraba el actual Fiscal General- como los más calificados y de forma unánime se decidió que sólo a ellos se les sometería a la prueba del polígrafo.

Ese mismo día por la noche, Luis Eveline, representante de las universidades privadas, con el respaldo de otros 3 miembros de la Junta Proponente (presidente y magistrada de la Corte Suprema, y representante del CAH), violentó el procedimiento establecido al exigir que la prueba del polígrafo se aplicara también a los restantes 24 candidatos. La rectora de la UNAH, el CONADEH y la APJ se opusieron a tal exigencia y finalmente renunciaron a la Junta debido a las irregularidades y a la injerencia política que se dieron en esta etapa.

3. La nominación: La Junta Proponente siguió funcionando de manera irregular y poco transparente sólo con 4 de sus miembros y el 30 de agosto presentó una nómina de 5 candidatos finalistas al Congreso, entre los que se encontraba, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Óscar Chinchilla, quien ni siquiera había quedado entre los 13 finalistas; el secretario de Recursos Naturales y Ambiente, Rigoberto Cuéllar Cruz; el ex magistrado Ivis Discua Barillas; el abogado Rolando Argueta y el abogado Eduardo Jair López, quien no aceptó la nominación por las irregularidades en el proceso y cuyo lugar fue llenado por la presidenta de la Comisión Interventora, María Antonia Navarro. Es importante resaltar que inexplicablemente la candidatura de Rigoberto Cuéllar reapareció a pesar que él había renunciado a su nominación el 29 de agosto denunciando que el proceso estaba viciado.

Para evidenciar aún más lo viciado del proceso, los diputados German Leitzelar, Yuri Sabas y Osman Aguilar se retiraron de la comisión especial del Congreso Nacional que evaluaría a los aspirantes a Fiscal General, argumentando que la selección de los candidatos se hizo en un proceso plagado de irregularidades. 

A su vez, el abogado Ivis Discua Barillas se retiró del proceso denunciando que la elección del Fiscal General buscaba poner en el Ministerio Público a una persona obediente a la clase política nacionalista. En un acto de cinismo y falta de vergüenza, el partido Nacional logró los votos requeridos (90 a favor gracias al apoyo de Unificación Democrática y el Partido Liberal) para elegir a Óscar Chinchilla (nacionalista) como Fiscal General y a Rigoberto Cuéllar (liberal) como Fiscal Adjunto para el período 2013-2018, evidenciándose una vez más las negociaciones y el reparto político.

Es importante señalar que el nuevo Fiscal General, Óscar Fernando Chinchilla, (a) fue parte del pleno de la Corte Suprema de Justicia a quien la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del caso López Lone y otros vs. Honduras, señaló como responsable de haber cometido un hecho ilícito internacional con el golpe de Estado de 2009; y (b) fue el único magistrado de la Sala de lo Constitucional que no fue destituido en diciembre de 2012 porque fue también el único que votó a favor de las ciudades modelos y de otras leyes que beneficiaban electoralmente al entonces presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández.

En segundo lugar, la falta de investigaciones serias y efectivas sobre las graves violaciones a derechos humanos cometidas antes, durante y después del golpe de Estado de 2009, ha profundizado el deterioro generalizado de la legitimación institucional del sector justicia, y como lo ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe del año 2015 sobre Honduras, la falta de independencia institucional del Ministerio Público mina la credibilidad de la autoridad investigadora y socava la confianza pública en la administración de justicia.

En el marco de las protestas estudiantiles, el Ministerio Público demostró una vez más que cuando se trata de perseguir los graves casos de corrupción y de violaciones a derechos humanos que nos han impactado como sociedad, algunos de sus flamantes fiscales invocan el principio de inocencia y observan rigurosamente el principio de estricta legalidad penal, pero cuando se trata de sancionar la protesta social interpretan y aplican las leyes sin considerar las obligaciones internacionales del Estado derivadas de los tratados de derechos humanos, e ignoran su obligación de interpretar y aplicar la ley de la manera que más proteja y garantice los derechos de la población.

De esta manera, aplican indebidamente tipos penales formulados en forma ambigua, amplia o vaga, contrarios al principio de legalidad y con modalidades de participación en el delito poco claras, o bien, sin especificar el dolo o intencionalidad que son requeridos para que la conducta se convierta en ilícita, impidiendo conocer adecuadamente las conductas que son sancionadas.

O este tipo de fiscales son ofuscados obedientes a las órdenes superiores aunque sean ilegales o simplemente todavía ignoran que ciertos tipos penales son contrarios a los compromisos internacionales en materia de protección de los derechos humanos que ha asumido el Estado hondureño. Si es lo segundo, se supera con lectura y estudio, pero si es lo primero, muy poco se puede hacer porque han vendido su dignidad.

En términos generales, algunos fiscales del Ministerio Público ignoran intencionalmente o no saben que el principio de estricta legalidad exige que, como lo señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “los tipos penales estén formulados sin ambigüedades, en términos estrictos, precisos e inequívocos, que definan con claridad las conductas penalizadas como delitos sancionables, estableciendo con precisión cuáles son sus elementos y los factores que les distinguen de otros comportamientos que no constituyen delitos sancionables o son sancionables bajo otras figuras penales”. 

Ante este contexto, no es de extrañar que de acuerdo con el sondeo anual del ERIC-SJ, el 84.2% de la población considera que fiscales, magistrados y jueces protegen los intereses de los ricos, poderosos y corruptos contra apenas un 8.6% por ciento que sí cree que defienden los intereses de la sociedad.

A la luz de todo lo anterior, el reciente comunicado del Ministerio Público en el que plantea que sus actuaciones deben verse “desde la perspectiva del mandato y aplicación a la Constitución y las Leyes”, solo puede ser tomado como una broma de mal gusto. 

Si esta institución realmente actuara de conformidad con la legalidad, no se atrevería a insinuar siquiera que la Fiscalía Contra Delitos Comunes de Tegucigalpa decidió presentar requerimiento fiscal contra los estudiantes, a instancia de las autoridades universitarias, porque sus supuestas investigaciones determinaron la existencia de un delito.

¿Acaso los fiscales del Ministerio Público se dan cuenta que el Código Penal es una ley secundaria que está en una posición jerárquicamente inferior a los tratados internacionales de derechos humanos como lo establece el artículo 18 de la Constitución de la República y que si entra en conflicto con ellos, estos prevalecen?

¿Será posible que son tan incapaces e incompetentes que no comprenden que el derecho a la manifestación pública es esencial para la consolidación de la vida democrática, que reviste un interés social imperativo y por ello es que el propio Ministerio Público tiene un marco más estrecho para justificar su limitación?

Los fiscales que tienen en sus manos la defensa de los intereses generales de la sociedad, ¿realmente estudian y entienden que la utilización de sanciones penales solo encuentra justificación bajo los estándares internacionales cuando satisface un interés público imperativo necesario para el funcionamiento de una sociedad democrática?

¿Se han preguntado alguna vez si la imposición de sanciones penales se constituye como el medio menos lesivo para restringir la libertad de expresión ejercida mediante una demostración en la vía pública o en los espacios públicos?

¿Realmente tienen una mínima noción de que a la luz del derecho constitucional e internacional de los derechos humanos es inadmisible la invocación de normas penales que convierten en actos criminales la simple participación en una protesta, la toma de calles, plazas, predios o espacios universitarios o los actos de desorden que en realidad, en sí mismos, no afectan bienes como la vida o la libertad de las personas?

Las facultades de derecho de donde salieron muchos de estos fiscales, ¿les enseñaron realmente que incluso los actos violentos en el marco de la protesta social deben estar estrictamente definidos por la ley y operar de conformidad con criterios de proporcionalidad y bajo la premisa de que lo que puede ser objeto de reproche penal es el uso de la violencia, no el acto de protestar?

Con un comunicado no van a salvarse del desprestigio, la desconfianza y la falta de legitimidad de una ciudadanía cansada de tanta corrupción e impunidad, las cuales se profundizan cada vez que el Ministerio Público, en nombre de la ley, viola los principios más elementales de un Estado de derecho.