Una hoja de ruta mínima

El reciente informe anual presentado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos revela una grave crisis de derechos humanos en Honduras debido a la impunidad generalizada, la pobreza y desigualdad, la violencia común e institucional, la militarización y la falta de rendición de cuentas.

Obviamente el panorama descrito por la Oficina del Alto Comisionado es desolador y refleja el estado de anormalidad democrática y la crisis continuada que arrastramos como país desde el golpe de Estado de 2009, la cual afecta con mayor ímpetu a las poblaciones más vulnerabilizadas y marginalizadas de la sociedad.

Sin embargo, este informe también nos ofrece, a través de una serie de recomendaciones, una hoja de ruta mínima para revertir la grave situación de los derechos humanos. Por ejemplo, se recomienda garantizar un acceso justo a la tierra y a los bienes naturales, y cambiar “el enfoque de criminalización de la usurpación de la tierra hacia un enfoque orientado hacia las condiciones socioeconómicas que subyacen al problema”.

También se recomienda desmilitarizar las funciones de orden público, fortalecer la transparencia en materia de defensa y seguridad, “garantizar el desarrollo de una fuerza de policía civil profesional y responsable que esté debidamente depurada y capacitada” y “tomar las medidas necesarias para que las condiciones y políticas de los centros penitenciarios funcionen de acuerdo con los estándares internacionales”.

Se recomienda la legislación que obstaculiza el acceso a la información pública, despenalizar la difamación y la calumnia, consultar a los pueblos indígenas sobre cualquier ley o reglamento para que se implementen consultas libres, previas e informadas, y redoblar los esfuerzos para delimitar, demarcar, registrar y proteger la integridad de sus tierras.

También recomienda adoptar medidas especiales de carácter temporal para promover la participación de las mujeres en la vida pública, revisar los protocolos para investigar y procesar la violencia de género y el feminicidio, eliminar la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género, y proteger a las personas migrantes y a las víctimas de violencia con riesgo de desplazamiento forzoso.

Desde un gobierno autoritario jamás podemos esperar pasos en esa dirección, por eso, la ciudadanía organizada tenemos la responsabilidad de apropiarnos de estas recomendaciones y redoblar nuestros esfuerzos y exigencias para su cumplimiento en coordinación con la comunidad internacional.

Fuente: https://wp.radioprogresohn.net/una-hoja-de-ruta-minima/

Guapinol: se ganó una batalla, pero la lucha continúa

Edy Tábora, director del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), señala que quienes promovemos y defendemos el Estado de derecho, la democracia y los derechos humanos, tenemos dos enormes desafíos en estos tiempos de dictadura, de militarización y de violencia institucional.

El primer desafío lo representa la violencia inmediata y directa que sufren las personas que se atreven a oponerse a un modelo extractivo de muerte que, queriendo aprovechar la pobreza de las comunidades que el propio sistema ha profundizado, lo imponen por la fuerza militar, policial y judicial.

El caso de Guapinol es un ejemplo de ello, pues las personas han sufrido la estrategia del régimen de presentarlos como enemigas del desarrollo, de amenazarlas y hostigarlas, de reprimirlas con la fuerza militar y policial, de criminalizarlas con el uso indebido del derecho penal y, si es necesario, de asesinarlas.

El segundo desafío lo representa la estructura legal e institucional que el régimen hondureño ha construido desde el golpe de Estado y que se sustenta en la aplicación de normas penales para encarcelar a las personas opositoras y en el uso de policías, soldados, fiscales, juezas y jueces para garantizar cierta estabilidad.

El caso Guapinol representa una batalla ganada porque se logró superar el primer desafío en el sentido de detener en ese momento la violencia inmediata y directa contra la gente; sin embargo, la estructura legal e institucional que provoca esa violencia y que se refleja en el segundo desafío, se mantiene intacta.

Por ello, debemos de articular las diversas luchas en todo el país para lograr detener la violencia institucional contra las comunidades y personas que defienden los bienes comunes, pero sin ignorar que esa violencia no acabará si no cambiamos de raíz la estructura legal e institucional que la promueve.

 

Fuente:  https://wp.radioprogresohn.net/guapinol-se-gano-una-batalla-pero-la-lucha-continua/

Posicionamiento personal

Por razones vinculadas a proyectos personales he estado muy poco activo en las redes sociales las últimas semanas, pero este día he recibido por otros medios una carta en la que Wilfredo Méndez, director de CIPRODEH, denuncia a Reina Rivera Joya, directora de Diakonía, supuestamente por “impulsar una campaña de desprestigio” en su contra. El fondo del asunto es el acompañamiento que la segunda le ha dado a varias víctimas que han denunciado diversas violencias por parte del primero en un contexto de relaciones desiguales de poder.

Ante ello, a título personal quiero expresar lo siguiente:

Primero, ambas personas son reconocidas defensoras de derechos humanos a quienes siempre he admirado por su compromiso con los valores democráticos y la dignidad humana. Con las dos he tenido una relación cercana y cordial durante muchos años, pero reconozco que con Reina Rivera Joya me une además una amistad de varias décadas.

Segundo, en los últimos años he sido miembro de la asamblea general de CIPRODEH, pero debo admitir que, debido a cuestiones de distancia y agenda, no he podido involucrarme activamente en las actividades propias de dicho espacio. Por tanto, asumo mi cuota de responsabilidad por omisión en lo que atañe a las posiciones institucionales que puedan considerarse cuestionables frente a las denuncias señaladas.

Tercero, reconozco que vivimos en un contexto de violencias contra las mujeres generadas por un sistema patriarcal en el que los hombres naturalizamos y normalizamos unas relaciones desiguales de poder que se manifiestan en una masculinidad frágil, que percibe los cuerpos de las mujeres como trofeos de caza, lo que en no muy pocas ocasiones nos lleva a convertirnos en acosadores y depredadores sexuales, y a nuestras organizaciones en espacios inseguros para nuestras compañeras.

Cuarto, en virtud de lo anterior, ante la más mínima sospecha o denuncia de algún tipo de violencia contra nuestras compañeras, nuestra obligación es tomar muy en serio la palabra de las víctimas, acompañarlas y exigir una investigación adecuada por parte de nuestras propias organizaciones y de las correspondientes instituciones de investigación del Estado, velando que se garantice en todo momento el debido proceso.

Quinto, en un Estado con una institucionalidad que administra justicia de forma selectiva debemos mantenernos en alerta y en vigilancia permanente para que en este caso se realice una investigación seria, imparcial y efectiva, observando de manera estricta las garantías judiciales y evitando que las mujeres puedan ser revictimizadas.

Sexto, los hombres comprometidos con la dignidad humana no podemos ser cómplices, no podemos llamarnos al silencio, no podemos atacar al mensajero o mensajera, mucho menos a quien en calidad de persona defensora de derechos humanos, solamente cumple con su deber de acompañar a las víctimas.

Séptimo, animo a los hombres de las organizaciones de derechos humanos a aceptar que no crecimos aislados de un machismo estructural que nos rodea y nos define, a enfrentar los sesgos que influyen inevitablemente en nuestra percepción de la realidad y a dejar las resistencias definidas por el machismo del que nos creemos inmunes. Esto debe llevarnos a abrir solidariamente nuestros oídos a las voces de las víctimas y acompañarlas. No podemos ignorar que parte de nuestros privilegios es que nuestra voz se impone en los espacios públicos y privados solo por el hecho de ser hombres.
 
Octavo, las organizaciones de derechos humanos con personal mixto debemos realizar una reflexión honesta y revisarnos a lo interno para avanzar decididamente más allá de políticas institucionales de género, capacitaciones sobre nuevas masculinidades y discursos progresistas en materia de igualdad, ya que muchas veces detrás de estos “avances formales” se esconden unas prácticas machistas que son el resultado de una violencia estructural de género y de patrones socio-culturales que en la mayoría de los casos percibimos como normales. Tenemos la obligación de revisar y cuestionar estos modelos masculinos patriarcales y los medios de reproducción de estos.

Noveno, no podemos denunciar el autoritarismo del Estado y exigir la democratización de la vida pública si en los espacios donde los hombres tenemos cuotas de poder, sea en el trabajo o en el hogar, nos comportamos como pequeños dictadores tomando ventaja de las relaciones desiguales de poder que despojan de sentido y contenido la dignidad de nuestras compañeras.

Décimo, los defensores de derechos humanos debemos entender que cualquier proceso de democratización del país por el cual luchamos, es imposible sin una despatriarcalización de las relaciones interpersonales, pues como lo señalan nuestras compañeras feministas “sin cambios, tanto en el espacio personal/privado como en el político/público, no puede haber emancipación para las mujeres […] debe haber coherencia entre uno y otro espacio”.

En mi condición de defensor de derechos humanos hago un llamado urgente a nuestras organizaciones para que en los espacios de articulación coloquemos en la agenda colectiva un profundo proceso de reflexión sobre nuestras omisiones frente a las violencias contra las mujeres que en Honduras constituyen violaciones sistemáticas a sus derechos y libertades fundamentales. No podemos continuar tratando estos hechos con indiferencia, la cual, en muchas ocasiones, puede significar la muerte física o moral de más de una mujer.

Un informe que desnuda la grave situación de derechos humanos en el país

Esta semana, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó su informe anual sobre la situación de derechos humanos en Honduras, en el cual se refleja un país profundamente polarizado y fracturado.

A su vez, el informe destaca la existencia de una impunidad generalizada, pobreza y desigualdad profundamente arraigadas, y una corrupción apremiante que desvía recursos esenciales del Estado, cuyo costo puede alcanzar el 10% del producto interno bruto.

Uno de los aspectos de mucha preocupación para la Oficina del Alto Comisionado es la persistencia de conflictos por la tierra y el frecuente uso indebido del sistema de justicia penal contra las personas que participan en actividades de incidencia contra los proyectos a gran escala que afectan los territorios.

A la luz del caso de Guapinol, el informe “insta a las autoridades a cambiar su enfoque de criminalización de la ocupación de la tierra por otro que privilegie abordar las condiciones socioeconómicas subyacentes en el fenómeno y que proteja efectivamente los derechos de los pueblos indígenas sobre el territorio ancestral”.

En ese sentido, la Oficina del Alto reitera su preocupación por la sordera estatal ante las recomendaciones que de manera sistemática diferentes mecanismos internacionales de derechos humanos le han recomendado a Honduras la desmilitarización de la vida pública.

Obviamente, los militares representan un alto riesgo para los derechos humanos, como lo demuestra su participación en graves violaciones a los mismos en el contexto de las protestas ciudadanas relacionadas con las elecciones fraudulentas de noviembre de 2017.

Por ello, la Oficina del Alto manifiesta su preocupación por el poco avance en las investigaciones contra los miembros de las fuerzas de seguridad pública que asesinaron a 22 personas en el marco de la crisis post-electoral, lo cual solo genera la idea de que pueden seguir cometiendo este tipo de crímenes impunemente.

Sin duda alguna, el informe ratifica lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos encontró en su más reciente visita a Honduras en agosto de 2018: la existencia de una impunidad estructural y de una justicia selectiva que aumenta la desconfianza ciudadana en las instituciones públicas.

Este informe sirve para desnudar la falsedad del discurso oficial de que Honduras va bien y esperamos que también sirva para que la comunidad internacional también ponga sus ojos en el pueblo hondureño que también sufre las consecuencias de vivir bajo un régimen autoritario. 

 

Fuente: https://wp.radioprogresohn.net/un-informe-que-desnuda-la-grave-situacion-de-derechos-humanos-en-el-pais/

Guapinol: entre la justicia selectiva y la desconfianza ciudadana

Desde hace 8 años, el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras realiza un sondeo de opinión pública para conocer la opinión de la población sobre diferentes temas que afectan sus vidas y al país.

Una de las preguntas que siempre está presente en los sondeos es lo que piensan sobre el papel que juegan el Ministerio Público y el Poder Judicial. Cada año el porcentaje de la gente que brinda una respuesta similar es prácticamente el mismo.

8 de cada 10 hondureños y hondureñas considera que las y los fiscales, jueces, juezas, magistrados y magistradas protegen los intereses de las personas corruptas, ricas y poderosas del país, y apenas 2 creen que protegen los intereses generales de la sociedad.

Dicha percepción coincide con dos cuestiones señaladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus observaciones preliminares sobre su visita a Honduras en agosto del año pasado para conocer en el terreno la situación de los derechos y libertades.

Primero, los elevados niveles de impunidad y corrupción que han erosionado la confianza ciudadana en las instituciones públicas, y la desigualdad que está enraizada en un sistema que beneficia a unos cuantos que tienen relaciones con altas esferas del poder político y privado.

Segundo, que existe una justicia selectiva que actúa de manera tardía en unos casos y favorece ciertos intereses en otros. Así, se criminaliza a estudiantes, indígenas, personas defensoras de derechos humanos y del ambiente, y trata con guante blanco a personas corruptas y violadoras a derechos humanos.

Ejemplos claros de la justicia selectiva son los siguientes: El Ministerio Público no quiso acusar de asociación ilícita a quienes se asociaron para planificar y ejecutar el asesinato de Berta Cáceres, pero sí acusó de ese grave delito a 12 personas que defienden los ríos San Pedro y Guapinol.

La Corte Suprema de Justicia ordenó admitir un recurso a favor de Mauricio Oliva para detener las investigaciones en su contra realizadas por la UFECIC/MACCIH, mientras un juzgado de jurisdicción nacional, creado para perseguir criminalidad organizada, se declaró competente para acusar a la gente de Guapinol.

Indudablemente, debemos juntarnos y articularnos con valentía, reflexión, alegría y resistencia para rescatar nuestras instituciones públicas de quienes las usan para perseguir a quienes queremos un país justo y compartido, y proteger a los verdaderos criminales de este país.