¿En qué coinciden el Departamento de Estado, Trump y el Sondeo de Opinión
Pública del ERIC-SJ? En que desde diferentes enfoques los tres ven a Honduras
como un país en donde el narcotráfico es un grave problema.
En primer lugar, Donald Trump amenazó nuevamente en cortar la ayuda a El
Salvador, Guatemala y Honduras porque son incapaces de detener los flujos
migratorios que huyen de la pobreza y la violencia, a pesar que el gobierno
estadunidense ha destinado millones de dólares para erradicarlas.
En otras palabras, pareciera que esas grandes cantidades de dinero se
pierden en los bolsillos de las personas corruptas que manejan las
instituciones policiales y militares, y que han demostrado su incapacidad de
evitar que la droga pase por las fronteras que históricamente han estado bajo
su control.
En segundo lugar, el Departamento de Estado recientemente publicó su
informe “Estrategia Internacional de Control de Narcóticos 2019” donde incluyó
a Honduras en la lista siniestra de la droga, ya que es considero uno de los
principales países productores de droga y de lavado de dinero.
Según dicho informe, aunque se ha producido mayor incautación de drogas, la
mayoría la realizaron autoridades no hondureñas en territorios fuera de
Honduras; a su vez, no hay información concreta ni creíble de cuánta droga se
trafica por el país.
En tercer lugar, el Sondeo de Opinión Pública del ERIC-SJ reveló que para el 70.3% de la población el narcotráfico controla
las instituciones del Estado, lo cual se conecta con otro dato importante, que
el 88% cree que las personas juezas, fiscales y magistradas protegen los
intereses de las corruptas y poderosas.
Obviamente, dentro de las personas corruptas y poderosas se encuentran
las personas narcotraficantes. Leídos en su conjunto, estos tres elementos nos
confirman que vivimos en un narco Estado en donde las autoridades supuestamente
no ven ni escuchan el ruido que provoca el tráfico de drogas.
El caso del hermano del presidente de facto es un claro ejemplo de
esto.
