Cuando el ataud con los restos del dirigente de base de la Resistencia Roger Antonio Funes Flores asesinado en El Progreso era colocado en la fosa, se cumplía el aniversario de que en Tegucigalpa fuera asesinado el joven Isy Obed Murillo cuando los militares dispararon contra manifestantes en las afueras del aeropuerto internacional Toncontín.
Durante la misa de cuerpo presente el padre Isamael Moreno, Melo, dijo que Roger Antonio ya se había encontrado con Isy Obed y los demás Mártires y se les pedía que desde allá vinieran a acompañarnos en la lucha por conquistar una Honduras de Paz y Justicia.
El Padre Melo hizo el llamado para que jamás nos sintamos desfallecidos por este tipo de muertes, al contrario, que nos dé cada vez más fuerza para que la lucha sea firme, más hermosa, más pacífica y más solidaria. Clamó porque se acabe la impunidad y que no sea la violencia la que se presente como solución a los conflictos.
“Así como Jesucristo entregó su vida por amor a la humanidad, asi tambien se ha derramado la sangre de Antonio por amor a este pueblo permanentemente en resistencia. Que la vida de Antonio pueda renacer, ramificarse a través de las personas que hemos de continuar esta lucha para que broten la paz y el amor en nuestro país”, dijo el sacerdote.
Roger Antonio Funes fue asesinado el 4 de julio en una calle de El Progreso, antes de las seis de la mañana, cuando se dirigía en una bicicleta hacia la feria del agricultor. Dos tipos en motocicleta le dispararon en su pierna y luego lo remataron con cuatro balazos en la cabeza. Su bicicleta estaba tirada al lado y en sus pertenencias tenía más de siete mil lempiras, por lo cual se descarta totalmente el robo como causa del ataque.
Roger era el presidente del patronato de la Colonia 18 de Septiembre, más conocida como EL INVA. Se incorporó de lleno a la Resistencia y en su colonia se realizaron varias actividades, la última de ellas fue la presentación de la obra de teatro “El Generalito” por parte del Colectivo Teatral Memorias de Tegucigalpa.
Como presidente del patronato en varias ocasiones tuvo choque con los golpistas. No permitió que le cambiaran el nombre al centro comunal de la 18 de Septiembre para colocarle el del Diputado micheletista Arnulfo López quien es vecino del lugar; tampoco permitió que el capitán retirado Carlos Aguilar se apropiara de una área verde de la comunidad y con frecuencia discutía con funcionarios de la Municipalidad de El Progreso a quienes acusaba de corruptos.
Carlos Aguilar hace cuarenta y cinco años, 1965, fue quien dirigía la tropa que cometió la masacre de la montaña de El Jute en El Progreso, donde fueron asesinados 7 hombres de la resistencia contra la dictadura de Oswaldo Lopez Arellano instaurada con el golpe de Estado de 1963.
Toño, como lo conocían los vecinos, tenía dos hijas, pero era padre soltero desde hace muchos años.
Se dedicaba a trabajos independientes como electricista y en esas mismas tareas apoyaba a la Resistencia haciendo las instalaciones eléctricas para las actividades en el parque Las Mercedes, ahora conocida como Plaza Libertad.
Unas quinientas personas se sumaron al sepelio, entre los cuales estaba un grupo de la Resistencia quienes leyeron un acuerdo de duelo.
Comun-Noticias
5 de Julio 2010
Bartolo Fuentes
martes, 6 de julio de 2010
Cristiani sabía que iban a matar a los jesuitas de UCA
Madrid. Por Antonio Rubio, diario El Mundo | 5 julio de 2010
Han pasado más de 20 años del asesinato del padre Ignacio Ellacuría, ideólogo de la teología de la liberación, y de otros cuatro jesuitas a manos del Ejército de El Salvador y el cerco sobre los autores intelectuales de aquella matanza comienza a cerrarse.
Nuevas pruebas aportadas recientemente al magistrado Eloy Velasco de la Audiencia Nacional por dos relevantes testigos señalan directamente a Alfredo Cristiani, que en noviembre de 1989 era presidente y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de aquel país.
Esos nuevos testigos, que los días 23 y 28 de junio comparecieron ante el instructor de la matanza de los jesuitas en la Universidad Centroamericana (UCA) de El Salvador, son Benjamín Cuéllar, director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Idhuca), y José Luis García, coronel argentino y perito militar.
Los dos relevantes y prestigiosos testigos señalaron que Alfredo Cristiani, ex presidente de El Salvador y jefe de las Fuerzas Armadas durante la matanza de los jesuitas (madrugada del 16 de noviembre de 1989), se dedicó a encubrir a los jefes y oficiales del Estado Mayor de El Salvador que dieron la orden de eliminar al padre Ellacuría y a los otros jesuitas (Ignacio Martín, Segundo Montes, Armando López y Juan Ramón Moreno). En esa masacre también perdieron la vida Elba Julia Ramos, que prestaba sus servicios en la residencia de la Universidad, y su hija Celia.
Hay que recordar que los jesuitas Ellacuría, Martín, Montes, López y Moreno eran españoles y que el proceso contra la cúpula del Estado Mayor de El Salvador se abrió en la Audiencia Nacional después de que la Asociación Pro Derechos Humanos de España (Apdhe) y el Center For Justice and Accountability (CJA) norteamericano presentaran en noviembre de 2008 una querella contra todos los responsables intelectuales de aquella matanza por 'delitos de crímenes de lesa humanidad, terrorismo de Estado, asesinato y torturas'. La Justicia salvadoreña ha ido frenando todos los procesos abiertos contra los responsables intelectuales de aquella matanza.
Benjamín Cuéllar señaló ante el magistrado Velasco que el ex presidente Cristiani dio instrucciones claras y directas a la Justicia salvadoreña de encubrir a los militares que formaban parte del Estado Mayor de El Salvador. EL MUNDO ha conseguido una serie de documentos, manuscritos, de una reunión que mantuvo el Estado Mayor el día 15 de noviembre de 1989 a las 20,00 horas donde se recogen las acciones que se van a llevar a cabo.
En esos documentos se refleja como el general Larios indica, entre otras cuestiones, que "deberíamos tomar acciones definitivas contra el FMLN (la guerrilla salvadoreña)". Más adelante, Larios informa a sus compañeros del Estado Mayor que "he manifestado al Sr. Pdte [presidente]: Cerramos un día el país al mundo, salvamos militarmente el problema y al día siguiente abrimos el país nuevamente al mundo".
Otro de los generales, Bustillo, recuerda que no pueden "permitir que las organizaciones humanitarias interfieran nuestras acciones". El coronel Ponce también aporta su opinión en esa reunión: "Hay autorización para proceder con la eliminación de cabecillas, sindicalistas y reconocidos miembros líderes del FMLN...". El coronel Zepeda, antes de actuar, pide que "Dios nos ilumine en esta acción".
Lo más significativo e interesante de aquella reunión y de los documentos que obran en poder de este periódico es que en esa especie de actas manuscritas se refleja, por parte del general Larios, que el presidente estaba al tanto de todas las acciones que se llevaron a cabo tanto el 15 como el 16 de noviembre de 1989. Larios indica: "Esta decisión se le va a consultar al Sr. Pdte de la Rep, lo vamos a invitar a que venga".
El general Larios explica a sus compañeros del Estado Mayor de El Salvador que "si hay una contraorden después de consultar con el Sr. Pdte se os comunicará". Y el mismo jefe militar que levantó acta de aquella reunión reflejó que "no hubo contra orden" por parte del presidente.
El coronel argentino José Luis García, que actúa como perito militar, también ha declarado ante el magistrado Eloy Velasco que está convencido de que el presidente Alfredo Cristiani estaba al corriente de las órdenes y acciones que iba a llevar a cabo el Estado Mayor de El Salvador antes, durante y después de la matanza de los jesuitas el 16 de noviembre de 1989.
Por todas esas circunstancias y las nuevas pruebas aportadas a la instrucción del caso es muy probable que en las próximas fechas el magistrado Velasco, titular del Central 6 de la Audiencia Nacional, amplíe las imputaciones y que estas puedan llegar hasta el mismísimo Cristiani.
Han pasado más de 20 años del asesinato del padre Ignacio Ellacuría, ideólogo de la teología de la liberación, y de otros cuatro jesuitas a manos del Ejército de El Salvador y el cerco sobre los autores intelectuales de aquella matanza comienza a cerrarse.
Nuevas pruebas aportadas recientemente al magistrado Eloy Velasco de la Audiencia Nacional por dos relevantes testigos señalan directamente a Alfredo Cristiani, que en noviembre de 1989 era presidente y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de aquel país.
Esos nuevos testigos, que los días 23 y 28 de junio comparecieron ante el instructor de la matanza de los jesuitas en la Universidad Centroamericana (UCA) de El Salvador, son Benjamín Cuéllar, director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Idhuca), y José Luis García, coronel argentino y perito militar.
Los dos relevantes y prestigiosos testigos señalaron que Alfredo Cristiani, ex presidente de El Salvador y jefe de las Fuerzas Armadas durante la matanza de los jesuitas (madrugada del 16 de noviembre de 1989), se dedicó a encubrir a los jefes y oficiales del Estado Mayor de El Salvador que dieron la orden de eliminar al padre Ellacuría y a los otros jesuitas (Ignacio Martín, Segundo Montes, Armando López y Juan Ramón Moreno). En esa masacre también perdieron la vida Elba Julia Ramos, que prestaba sus servicios en la residencia de la Universidad, y su hija Celia.
Hay que recordar que los jesuitas Ellacuría, Martín, Montes, López y Moreno eran españoles y que el proceso contra la cúpula del Estado Mayor de El Salvador se abrió en la Audiencia Nacional después de que la Asociación Pro Derechos Humanos de España (Apdhe) y el Center For Justice and Accountability (CJA) norteamericano presentaran en noviembre de 2008 una querella contra todos los responsables intelectuales de aquella matanza por 'delitos de crímenes de lesa humanidad, terrorismo de Estado, asesinato y torturas'. La Justicia salvadoreña ha ido frenando todos los procesos abiertos contra los responsables intelectuales de aquella matanza.
Benjamín Cuéllar señaló ante el magistrado Velasco que el ex presidente Cristiani dio instrucciones claras y directas a la Justicia salvadoreña de encubrir a los militares que formaban parte del Estado Mayor de El Salvador. EL MUNDO ha conseguido una serie de documentos, manuscritos, de una reunión que mantuvo el Estado Mayor el día 15 de noviembre de 1989 a las 20,00 horas donde se recogen las acciones que se van a llevar a cabo.
En esos documentos se refleja como el general Larios indica, entre otras cuestiones, que "deberíamos tomar acciones definitivas contra el FMLN (la guerrilla salvadoreña)". Más adelante, Larios informa a sus compañeros del Estado Mayor que "he manifestado al Sr. Pdte [presidente]: Cerramos un día el país al mundo, salvamos militarmente el problema y al día siguiente abrimos el país nuevamente al mundo".
Otro de los generales, Bustillo, recuerda que no pueden "permitir que las organizaciones humanitarias interfieran nuestras acciones". El coronel Ponce también aporta su opinión en esa reunión: "Hay autorización para proceder con la eliminación de cabecillas, sindicalistas y reconocidos miembros líderes del FMLN...". El coronel Zepeda, antes de actuar, pide que "Dios nos ilumine en esta acción".
Lo más significativo e interesante de aquella reunión y de los documentos que obran en poder de este periódico es que en esa especie de actas manuscritas se refleja, por parte del general Larios, que el presidente estaba al tanto de todas las acciones que se llevaron a cabo tanto el 15 como el 16 de noviembre de 1989. Larios indica: "Esta decisión se le va a consultar al Sr. Pdte de la Rep, lo vamos a invitar a que venga".
El general Larios explica a sus compañeros del Estado Mayor de El Salvador que "si hay una contraorden después de consultar con el Sr. Pdte se os comunicará". Y el mismo jefe militar que levantó acta de aquella reunión reflejó que "no hubo contra orden" por parte del presidente.
El coronel argentino José Luis García, que actúa como perito militar, también ha declarado ante el magistrado Eloy Velasco que está convencido de que el presidente Alfredo Cristiani estaba al corriente de las órdenes y acciones que iba a llevar a cabo el Estado Mayor de El Salvador antes, durante y después de la matanza de los jesuitas el 16 de noviembre de 1989.
Por todas esas circunstancias y las nuevas pruebas aportadas a la instrucción del caso es muy probable que en las próximas fechas el magistrado Velasco, titular del Central 6 de la Audiencia Nacional, amplíe las imputaciones y que estas puedan llegar hasta el mismísimo Cristiani.
Nuevas voces denuncian violaciones a los derechos humanos en Honduras
Hablar de Afganistán, Irak, Ruanda, Somalia o Colombia es hablar de guerras, conflictos internos, muerte, tragedia, dolor y situaciones extremas de violencia en donde el ejercicio de cualquier actividad o profesión implica un gran riesgo, sobre todo si se trata de informar acerca de estos hechos y de la situación en que viven las poblaciones de tales países.
Cualquiera podría suponer que los países mencionados son los más peligrosos para ejercer el periodismo, no obstante, de acuerdo con el reciente informe de la ONG Campaña Emblema de Prensa, en los primeros seis meses de este año México y Honduras encabezan la deshonrosa lista de países más peligrosos para los periodistas con 9 y 8 asesinatos, respectivamente, por delante de Afganistán o Irak, dos países en guerra.
En América Latina, que detenta el récord de 24 periodistas asesinados, se podría pensar que Colombia, con un conflicto armado interno que lleva más de medio siglo, es el país con mayor riesgo para el ejercicio del periodismo, sin embargo, nuestro país casi triplica el número de periodistas asesinados, es decir, 8 asesinatos en Honduras frente a 3 en Colombia.
Curiosamente, estos asesinatos se han cometido en los primeros meses del gobierno de Lobo Sosa, quien maneja un discurso de respeto a los derechos humanos y de reconciliación nacional, pero la realidad demuestra que no es más que un gobierno continuador de las dinámicas y estructuras del golpe de Estado, que no permiten el disenso ni la oposición.
Este nuevo informe sobre la situación de la libertad de expresión en Honduras debe servir para que el retorno del país al concierto internacional esté condicionado al irrestricto respeto a los derechos humanos, lo cual pasa obligatoriamente por la depuración de las instituciones del Estado que aún están en manos de los golpistas y por la investigación y sanción de los responsables intelectuales y materiales de estos crímenes.
Cualquiera podría suponer que los países mencionados son los más peligrosos para ejercer el periodismo, no obstante, de acuerdo con el reciente informe de la ONG Campaña Emblema de Prensa, en los primeros seis meses de este año México y Honduras encabezan la deshonrosa lista de países más peligrosos para los periodistas con 9 y 8 asesinatos, respectivamente, por delante de Afganistán o Irak, dos países en guerra.
En América Latina, que detenta el récord de 24 periodistas asesinados, se podría pensar que Colombia, con un conflicto armado interno que lleva más de medio siglo, es el país con mayor riesgo para el ejercicio del periodismo, sin embargo, nuestro país casi triplica el número de periodistas asesinados, es decir, 8 asesinatos en Honduras frente a 3 en Colombia.
Curiosamente, estos asesinatos se han cometido en los primeros meses del gobierno de Lobo Sosa, quien maneja un discurso de respeto a los derechos humanos y de reconciliación nacional, pero la realidad demuestra que no es más que un gobierno continuador de las dinámicas y estructuras del golpe de Estado, que no permiten el disenso ni la oposición.
Este nuevo informe sobre la situación de la libertad de expresión en Honduras debe servir para que el retorno del país al concierto internacional esté condicionado al irrestricto respeto a los derechos humanos, lo cual pasa obligatoriamente por la depuración de las instituciones del Estado que aún están en manos de los golpistas y por la investigación y sanción de los responsables intelectuales y materiales de estos crímenes.
El ex dictador argentino Videla asume sus crímenes
Lunes 5 de julio de 2010 22:38 CEST
BUENOS AIRES (Reuters) - El ex dictador argentino Rafael Videla, que afronta un nuevo juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la cruenta dictadura del 1976 al 1983, asumió el lunes su total responsabilidad por los hechos ocurridos en esos años.
Videla, ex presidente de facto entre 1976 y 1981, está siendo juzgado junto a otros 30 acusados por ese tipo de delitos, entre ellos Luciano Benjamín Menéndez, ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, con asiento en la central provincia de Córdoba.
"Asumo en plenitud mis responsabilidades castrenses por todo lo actuado por el Ejército en la guerra interna a la que he hecho referencia. Y esa responsabilidad la asumo con total prescindencia de quienes fueron mis subordinados y se limitaron a cumplir mis órdenes", dijo Videla ante la corte.
Sin embargo, declaró también que "los hechos que se juzgan en esta causa constituyen cosa juzgada y les corresponde la aplicación del principio por el cual nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa".
El Poder Judicial de Argentina informó que de Videla se encuentra detenido en la provincia de Córdoba.
De acuerdo con organismos de derechos humanos, unas 30.000 personas fueron secuestradas, torturadas y asesinadas durante la última dictadura, aunque una comisión independiente confirmó alrededor de 11.000 casos.
El Tribunal Supremo argentino derogó años atrás dos leyes de amnistía que protegían a cientos de antiguos oficiales de ser llevados ante la justicia por violaciones a los derechos humanos.
Esa decisión permitió a tribunales argentinos dictar duras sentencias contra miembros de las fuerzas armadas y policías por secuestros, torturas y asesinatos.
Fuente: Reuters
Suscribirse a:
Entradas (Atom)