Secuestran y amenazan con “ejecutar” a defensora de derechos laborales de la ASJ

El episodio vivido por la abogada de la ASJ preocupa a la organización no gubernamental en un contexto en el cual se persigue a los/las defensoras de derechos humanos y en donde reina la impunidad.

La organización cristiana determinó por adoptar las medidas del caso y denunciar públicamente, en una conferencia de prensa, el hostigamiento que la abogada venía sufriendo desde semanas atrás y que culminó con su secuestro, a borde de un taxi, por dos individuos que la amenazaron con matarla.
Ante la gravedad del caso, la ASJ emitió un comunicado público y dio a conocer los hechos a los diversos organismos internacionales. El comunicado a continuación:

COMUNICADO PÚBLICO

Preguntándole si estaba investigando a la empresa Seguridad Técnica de Honduras –SETECH, el pasado martes 19 de octubre, dos individuos secuestraron durante unos 40 minutos y amenazaron con “ejecutar”, a una abogada que labora para la Asociación para una Sociedad más Justa – ASJ.

En semanas anteriores la afectada también había sido abordada por tres empleados de la Secretaría de Trabajo, quienes le increparon sobre el riesgo del trabajo que hacía, al recabar información concerniente la aplicación, por parte de los funcionarios competentes, de la ley laboral que protege a las trabajadoras de limpieza y guardias de seguridad.

El 19 de Octubre a las 2:15 p.m. la abogada, cuyo nombre por razones de seguridad omitimos, esperaba un taxi en las cercanías de las instalaciones de la ASJ. Dos hombres se le acercaron mientras negociaba con el conductor de taxi; la tomaron de un brazo y la obligaron a subirse al automotor en el cual ellos también se desplazaron.

De acuerdo con el testimonio de la afectada, los sujetos dieron la orden al taxista de tomar la ruta que conduce al anillo periférico para salir a la zona del Carrizal. Una vez en marcha el taxi, los sujetos intercambiaron pistolas y entre ellos comentaron: “Sabés que nos pagaron para ejecutarla, tenemos que hacerlo”.

Luego le preguntaron a la víctima, “¿trabajás para ASJ? ¿quién te paga? ¿cuánto te paga? ¿estás investigando a SETECH?” Ante la negativa de la abogada de contestarles, uno le dijo “hija de la gran p…a, te estamos haciendo una pregunta, contestá”. Mientras el otro dijo “Sí, ella es quien anda investigando a la SETECH”.

Después de 40 minutos en el vehículo, la afectada narra que sorprendentemente, los facinerosos comenzaron a sentir temor. Sin razón alguna, entre ellos se vociferaban que no podían mover sus manos, por lo cual le ordenaron al taxista cambiar de ruta. Frente a la ferretería “Mega Larach” le dijeron, “bájate ya, y que Dios te proteja”. El taxi siguió su curso con los hombres adentro.

Personal de la Secretaría de Trabajo también intimidó a abogada

Desde principios del mes de septiembre del presente año, la abogada realizaba una investigación, en condición de consultora para la ASJ, relacionada con la responsabilidad de algunas entidades gubernamentales en la sistemática violación de los derechos laborales de las trabajadoras de limpieza y de las/los guardias de seguridad, entre estos, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, El Instituto Hondureño del Seguro Social, la Fiscalía de la Mujer, el Instituto Nacional de la Mujer –INAM- y la Procuraduría General de la República. La investigación NO apuntaba a ninguna empresa de aseo o seguridad, en particular.
El día martes 21 de Septiembre, mientras la consultora de la ASJ realizaba inspecciones de varios libros en diferentes oficinas de la Secretaría de Trabajo, recibió advertencias y amenazas de tres diferentes empleados de esa entidad:

En horas de la mañana, la jefa de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Aura Teresa Malta, llamó a la abogada para entregarle una información que había solicitada. Afirma que le dijo además que todos los días el Sub-Secretario, Carlos Montes, le preguntaba si la abogada había venido a traer la información. Además el Sr. Montes le decía que quería conocerla y saber para quien estaba trabajando.

A las 12:10 p.m., mientras la abogada hacía un trabajo en la Procuraduría General de Trabajo, una señora de nombre “Norma” se le acercó y le aconsejó dejar su investigación o hacerlo de manera muy superficial, ya que con las empresas de seguridad había que tener cuidado. Hizo mención al caso del abogado de la ASJ, Dionisio Díaz García (QDDG) y del asesinato del mismo. “Mire que Dionisio andaba haciendo lo mismo que usted, investigando empresas”, dijo.

También le increpó que, “aquí hay un funcionario que representa intereses y sobre todo las Empresas de Seguridad, y tenga mucho cuidado ya que estas empresas tienen hasta Sicarios. Creo que usted está investigando a SETECH, si es así no lo haga”.

Quince minutos después de esta conversación, se le acercó otro empleado de la Secretaría de Trabajo de nombre “Harol”, quien le preguntó si estaba investigando a la SETECH. A pesar de que la abogada le explicó que su investigación no iba dirigida a empresa alguna en particular, el empleado de la Secretaría le dijo: “Párese y mire por esta ventana. Ahí abajo en la calle es donde usted agarra taxi cuando se va, y que fácil sería con unas cuantas ráfagas terminarla, no es conveniente que usted vaya a quedar tirada en un matorral”.

Secuestradores mencionan a la SETECH y a la ASJ

Los facinerosos nombran las siglas de nuestra institución y el de la Seguridad Técnica de Honduras (SETECH), empresa que ha gozado de millonarios contratos con el gobierno, a pesar de que mediante denuncias de sus propios empleados, abusa y violenta derechos laborales.

La situación preocupa por la vinculación que la SETECH ha tenido con la ASJ. En el 2006 la empresa realizó una serie de acciones intimidatorias para frenar el trabajo de investigación que se realizaba en el marco del proyecto de defensa de derechos laborales de la ASJ, que protege los derechos en esa materia, de empleados/as de las empresas de comidas rápidas, las mujeres de las compañías de limpieza y a las/os guardias de seguridad.

En fecha 19 de Septiembre del 2006, llegaron sin preaviso a las instalaciones de la ASJ Selvin Richard Swasey, propietario de la empresa SETECH, acompañado por varios asesores, entre ellos Carlos Montes, actual Subsecretario de Trabajo y ex-gerente de la SETECH, y la abogada Olga Suyapa Irías. Evidencias fotográficas demuestran la presencia de estos individuos, tanto como la manera amenazante en que hablaron al personal de la ASJ y a Dionisio Díaz García, abogado que representaba a decenas de guardias ante los juzgados del ramo, por la conculcación de sus derechos laborales. Entre estos, de la SETECH.

En el mes de octubre del mismo año, la SETECH interpuso ante los juzgados correspondientes, una querella por difamación contra varios de los periodistas que laboraban en ese entonces, en la ASJ. La acción judicial fue declarada sin lugar.

El 4 de diciembre del año 2006, dos sicarios desde una motocicleta, asesinan al abogado Dionisio Díaz García, cuando se trasladaba a la Corte Suprema de Justicia a conocer el avance de los casos. Una investigación que comienza y culmina con un juicio oral y público, a través del cual se sentencia a prisión a un ex guardia de seguridad de la SETECH y a un agente de la Dirección Nacional de Investigación –DNI- se llevó a cabo entre los años 2007 y 2009.

Los abogados Marcelino Vargas y Olga Suyapa Irías, fueron los apoderados legales de los dos sujetos sentenciados como culpables del asesinato de Dionisio Díaz García.

La ASJ ha denunciado en reiteradas ocasiones, la vinculación que ha mantenido el actual Subsecretario de Trabajo, Carlos Montes con la SETECH, empresa de la cual ha sido gerente general, tal como lo confirma la publicación del diario oficial La Gaceta en su edición número 31, 661, de fecha 17 de julio del año 2008, bajo decreto número 66-2008, relacionado a la ampliación del contrato de seguridad y vigilancia suscrito entre HONDUTEL y la empresa Seguridad Técnica de Honduras –SETECH. En ese documento se establece que Montes Rodríguez, fue Gerente General y Representante Legal de la Sociedad de la empresa en mención.

En el sitio Web de la Embajada de Estados Unidos en Honduras, se establece que Montes es socio de un bufete legal cuyos otros socios principales incluyen Olga Suyapa Irías y José Marcelino Vargas (honduras.usembassy.gov/root/pdfs/attnylist_020910.pdf, página 43).

La ASJ exige al gobierno de Porfirio Lobo Sosa:

- Una investigación exhaustiva del caso descrito
- Que la Secretaría de Seguridad cumpla con lo que les ordena la ley, respecto a la regulación de las empresas de seguridad
- La destitución del cargo del Subsecretario de Trabajo, al señor Carlos Montes.

Asociación para una Sociedad más Justa –ASJ-
Tegucigalpa, M.D.C. 27 de octubre 2010.

Fuente: http://www.revistazo.biz/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1513%3Asecuestran-y-amenazan-con-ejecutar-a-defensora-de-derechos-laborales-de-la-asj&catid=19%3Aproyectos&Itemid=19

El Estado de Honduras irrespeta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Audiencias ante la CIDH
26-10-10

Washington, D.C., 25 de octubre de 2010

En una audiencia, representantes del Comité de Familiares de Detenidos – Desaparecidos de Honduras (COFADEH), del Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (CIPRODEH), del Equipo de Investigación, Reflexión y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC) y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), explicaron a la CIDH los múltiples obstáculos que enfrentan diariamente para proteger a las personas en Honduras, pese a la obligación que tiene el Estado de hacerlo.

Las organizaciones representaron a 197 beneficiarios de medidas cautelares cuyo común denominador es haber expresado su oposición al golpe de Estado ocurrido en Honduras el 28 de junio del año 2009. Este grupo de personas en riesgo está conformado principalmente por funcionarios del gobierno del Presidente Manuel Zelaya Rosales, sindicalistas, maestros, defensores de derechos humanos, campesinos, indígenas, mujeres, periodistas y comunicadores sociales, medios de comunicación, incluyendo radios comunitarias, líderes del Frente Nacional de Resistencia Popular, familiares de defensores u otras personas en riesgo y ciudadanos opuestos al golpe.

Se denunció que en lo que va del año 2010, dos personas con medidas ordenadas por la CIDH fueron asesinados, tres han sufrido atentados, 35 personas beneficiarias han continuado recibiendo amenazas a muerte, y nueve personas con sus respectivas familias han tenido que exiliarse por temor a perder sus vidas.

Pese al riesgo, las autoridades estatales responden tardíamente, ofrecen seguridad personal pero los beneficiarios deben asumir los costos de la seguridad, y no cumplen con las limitadas medidas que ofrecen. Además, las organizaciones denunciaron la existencia de un nuevo patrón de comportamiento: se amenaza a personas de alto perfil político o social pero sufren la agresión otras personas relacionadas con el beneficiario. Esto tiene un efecto intimidatorio para los beneficiarios en el ejercicio de legítima labor de denuncia y defensa.

Por otra parte, ninguna de las muertes, atentados, amenazas y actos de hostigamiento han sido efectivamente investigados. Según se señaló en la audiencia, hasta la fecha ninguna persona ha sido sancionada por estos delitos.

Representantes del Estado de Honduras participaron en la audiencia e intentaron señalar como responsables de las múltiples fallas evidenciadas, a los propios beneficiarios o a las organizaciones de derechos humanos. Esta actitud demuestra que en Honduras no existe voluntad, en la práctica, de cumplir con las disposiciones de la CIDH.

Por su parte, la Comisión Interamericana mostró su disconformidad y preocupación ante respuestas incompletas, evasivas e insuficientes, y recordó al Estado hondureño sus obligaciones internacionales de garantizar y respetar la vida de las personas, en especial de los defensores y defensoras de derechos humanos. Felipe González, Presidente de la CIDH manifestó que subsisten la mayoría de preocupaciones que la Comisión señaló al Estado en su última visita a Honduras durante el mes de mayo anterior.

Las peticionarias también presentaron a la Comisión una propuesta de criterios mínimos para la creación de un mecanismo de protección efectivo para personas en riesgo en Honduras.

El Comité de Familiares de Detenidos – Desaparecidos de Honduras (COFADEH), el Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (CIPRODEH), el Equipo de Investigación, Reflexión y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) hacen un llamado a la comunidad internacional para que se exija al Estado de Honduras pasar del discurso a la acción y garantizar la vida de las personas en riesgo.

Adicionalmente se solicita a la Comisión Interamericana continuar monitoreando estrictamente la situación de derechos humanos en Honduras, y en particular la implementación de medidas cautelares.

El día de hoy, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió información que demuestra que las autoridades del Estado hondureño no están protegiendo efectivamente a los beneficiarios de medidas de protección (cautelares) ordenadas por éste órgano regional.

Contato de prensa:

Milli Legrain. Coordinadora de Comunicación Tel: +1.202.319.3000 Fax: + 1.202.319.3019.
mlegrain@cejil.org

Fuente: https://cejil.org/comunicados/el-estado-de-honduras-irrespeta-a-la-comision-interamericana-de-derechos-humanos

La ridícula defensa del Estado hondureño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

El día lunes 25 de octubre se celebraron en Washington, Estados Unidos, dos audiencias públicas sobre la situación de los derechos humanos en Honduras, que se desarrollaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La primera audiencia trató sobre la aplicación de las medidas cautelares por parte del Estado hondureño para proteger la vida e integridad de más de 200 personas que corren un serio peligro por su trabajo en defensa de los derechos humanos y la democracia en el marco de la situación de impunidad generada por el golpe de Estado.

La segunda audiencia versó sobre la libertad de expresión en Honduras, cuyo ejercicio desde el rompimiento del orden constitucional le ha costado la vida a más de una decena de periodistas y comunicadores sociales, convirtiendo a nuestro país en uno de los lugares más peligrosos del mundo para ejercer este derecho.

Las audiencias públicas fueron transmitidas en vivo desde la página electrónica de la OEA y para quienes tuvimos la ocasión de seguirlas, pudimos observar con entusiasmo y esperanza cómo los representantes de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos fueron contundentes y asertivos al aportar pruebas irrebatibles acerca de la profundización de la crisis política y de la continuidad de las graves violaciones a los derechos humanos.

Al mismo tiempo, pudimos observar con vergüenza ajena cómo los representantes del Estado demostraron su falta de formación, información y sobre todo, falta de ética y compromiso con la verdad y la justicia dado que intentaron infructuosamente defender lo indefendible y ante la solidez de los argumentos de los representantes de la sociedad civil, hicieron uso de descalificativos y cayeron en graves contradicciones.

Ante tal situación, Felipe González, presidente de la Comisión Interamericana manifestó en nombre de ésta su preocupación por la violencia política en Honduras y por la persistente impunidad de los violadores a los derechos humanos desde el golpe de Estado.

Una vez más, el Estado de Honduras quedó en evidencia ante la comunidad internacional y demostró que su discurso sobre el respeto de los derechos humanos son sólo palabras pues en los hechos, los derechos del pueblo hondureño siguen siendo pisoteados por las instituciones que deberían promoverlos y defenderlos.

Audiencias sobre Honduras ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

El lunes 25 de octubre la CIDH celebrará las siguientes audiencias públicas sobre la situación de los derechos humanos en Honduras:

1. Mecanismo para la implementación de medidas cautelares (3:15-4:15 de la tarde).

2. Situación del derecho a la libertad de expresión (4:30-5:30 de la tarde).

Las audiencias pueden seguirse en vivo en http://www.oas.org/en/media_center/webcast.asp

Asesinan a hermana del coordinador de la Resistencia en Catacamas

Red Morazánica de Información

Tegucigalpa 19 de octubre de 2010. Una hermana del Coordinador del Frente Nacional de Resistencia Popular FRNP, de la ciudad de Catacamas en el departamento de Olancho, fue asesinada hoy en horas de la mañana mientras se desarrollaba la Asamblea General en Tegucigalpa.

Se trata de Suyapa Mejía, hermana de Jorge Yanes coordinador junto con el doctor Marlon Escoto y el profesor Jeremías López, del Frente de Resistencia en la ciudad olanchana.

Mejía, administraba un pequeño negocio en la ciudad, en el que recibió la visita de dos supuestos clientes, quienes le pidieron dos refrescos y cuando se aprestaba a servírselos le dispararon provocándole la muerte de inmediato.

En declaraciones a la Red Morazánica de Información, Jorge Yanes quién se encontraba en la Asamblea del FNRP, lamentó la muerte de su hermana al tiempo que expresó que no se explicaba de donde podría provenirle la muerte.

Yanes explicó que ni su hermana ni su familia tienen enemigos y que tampoco había recibido amenazas de ningún tipo.

Yanes es un reconocido miembro del FNRP en la ciudad de Catacamas, miembro del Sindicato de Trabajadores del Instituto Hondureño de Antropología e Historia.