Terrorismo económico contra los más empobrecidos

En palabras del economista Hugo Noé Pino, el llamado paquetazo navideño aprobado por el gobierno Lobo-Hernández “constituye uno de los ajustes fiscales más inequitativos y groseros que se hayan aprobado desde la década de los noventa”, pues encarecerá el nivel de vida ya de por sí precario de millones de hondureños y hondureñas.

Con este paquetazo se eleva del 12 al 15 por ciento el impuesto sobre ventas, impone más impuestos a las llamadas de celulares, aumenta en 5 lempiras el precio de los combustibles con su consecuente impacto en los precios del transporte público, entre otras cosas, con lo cual se pretende recaudar alrededor de 16 mil millones de lempiras.

Evidentemente, la clase política hondureña sabe que existen otras formas de recaudar ingresos para el Estado y una de ellas tiene que ver con dos factores fundamentales que colocan a Honduras como uno de los países más pobres, violentos y corruptos del mundo.

El primero tiene que ver con la evasión fiscal, particularmente grandes empresas privadas que evaden el pago de impuestos y que si el gobierno tuviera voluntad política para combatir la evasión tributaria podría recuperar al menos 45 mil millones de lempiras, es decir, 29 mil millones más que los recauda con el paquetazo.

El segundo tiene que ver con la corrupción pues de acuerdo con el coordinador de Transformemos Honduras, Carlos Hernández, Honduras pierde anualmente 18 mil millones de lempiras sólo en las cuentas de las secretarías de Estado que manejan mayores presupuestos.

Por tanto, si el gobierno saliente de Pepe Lobo y el entrante de Juan Orlando Hernández tuvieran un compromiso serio con la ciudadanía, lo primero que hubieran hecho es adoptar medidas efectivas para combatir la corrupción y la evasión tributaria. No obstante, prefirieron proteger a los corruptos y evasores, y aplicarle a la población una pesada carga que provocará mayor pobreza y migración forzada.

Inseguridad y ciudadanía de baja intensidad

Frente a la violencia que azota al país, la clase política nos ofreció depuración policial, militares en las calles, mano dura, policía militar e incluso, sin que lo comprendiéramos totalmente, reducir nuestros derechos en nombre de una seguridad ciudadana que llegaría.

No obstante, tanto las estadísticas como la experiencia cotidiana de la gente demuestran que ninguna de esas medidas ha dado resultados. Los militares están en las calles desde el gobierno de Maduro, es decir, desde hace 10 años y los índices de violencia se han duplicado.

La creación de la policía militar representa un retroceso grave con respecto al proceso de desmilitarización de la sociedad que inició a partir de los años 90 y coloca al Estado de Honduras en franca violación de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que le exige que los asuntos de seguridad ciudadana sean de competencia exclusiva de cuerpos policiales civiles, debidamente organizados y capacitados.

La depuración policial y la reforma del sistema de seguridad es un total fracaso puesto que las redes criminales siguen actuando con impunidad, lo cual refleja el poco o nulo  compromiso de las autoridades y la falta de liderazgo de los dirigentes políticos en la definición de una política de seguridad integral que priorice la prevención y el fortalecimiento de las instituciones.

Por todo ello, no es extraño corroborar, como lo señala el Observatorio de la Violencia que ha habido un súbito aumento en el número de asesinatos, temiendo que este año se supere incluso la tasa de 83 homicidios por cada 100 mil habitantes y se consolide una situación de por sí alarmante que ha convertido al país en una enorme cárcel y a los hondureñas y hondureños en titulares de una ciudadanía de baja intensidad.

“Caminando hacia un mundo justo y hospitalario”

18 de diciembre  de 2013

Con motivo de la Conmemoración del día del Migrante, la Red Jesuita con Migrantes en Latinoamérica y el Caribe invita a las sociedades latinoamericanas, sus individuos, instituciones y Estados a desarrollar la virtud de la hospitalidad y la justicia con los migrantes.

La migración contemporánea es un fenómeno inevitable que exige ser integrado como parte de una realidad compleja y dinámica que involucra a migrantes y ciudadanos locales; de allí que la hospitalidad es una virtud que permite lograr una mejor convivencia entre nuestros pueblos. Muchos migrantes sobreviven gracias a prácticas hospitalarias de familias e individuos en los lugares donde estos pasany llegan, estos gestos deberían trascender a una hospitalidad comunitaria y activa que se evidencie en la esfera pública.

Este es el clamor sentido de cerca de 26 millones de latinoamericanos y caribeños que son migrantes internacionales.  Como consecuencia de la creciente crisis económica, los migrantes viven cada vez más atrapados en una encrucijada donde, por un lado,son impulsados por factores de atracción económica que alientan la migración hacia los países desarrollados; y por otro lado, en esos mismos países, se aplican políticas cada vez más restrictivas, vinculadas a concepciones de seguridad nacional que los termina criminalizando.

Si echamos la mirada al flujo centroamericano y mexicano hacia el “norte”, actualmente se estima que de los doce millones de indocumentados en Estados Unidos, el 55% son mexicanos-as. Por su parte, cerca del 12% de las y los centroamericanos-as han emigrado fuera de las fronteras de su país de nacimiento, la mayoría de manera indocumentada, siendo esta la región que más personas expulsa hacia Estados Unidos.  En este flujo migratorio cada vez se mezclan más factores de riesgo,  como la violencia que persigue a las personas migrantes desde el origen, siendo causa de su salida, y durante  todo el  tránsito por México,  al ser esta una de las rutas más peligrosas del mundo, con los dramáticos casos de las masacres de migrantes y los más de 20,000 secuestros en 6 años.

A nivel regional Colombia sigue siendo el principal generador de desplazamiento forzado y expulsión de personas hacia otros países, alrededor de cinco millones de personas han sido internamente desplazadas. Si bien el desplazamiento interno colombiano ha disminuido en números absolutos, los flujos de personas colombianas hacia los países vecinos se mantienen e inclusive en algunas regiones fronterizas han aumentado, lo que da un saldo de más de cuatrocientas mil personas con necesidad de protección en países como Venezuela, Panamá y Ecuador.

Aunque las negociaciones entre el Gobierno colombiano y las FARC han levantado expectativas muy positivas sobre el fin del conflicto armado; en Colombia persisten acciones armadas debido a variables como los intereses en las tierras y territorios, los poderes locales-regionales y el ímpetu guerrerista de algunos sectores extremos de la sociedad. El conflicto se nutre también de factores tales como el negocio del narcotráfico, las tensiones políticas continentales entre las potencias tradicionales y otras emergentes, y definitivamente las nuevas perspectivas del comercio internacional donde el control de los territorios dentro de Colombia y sobre todo en las regiones fronterizas determinará ventajas para ciertos sectores legales e ilegales.

En otros países de América Latina, el fenómeno de la migración crece y se expande mezclándose con nuevas realidades, donde se rompen las fronteras geográficas y nos enfrentamos a una compleja situación en la que interactúan historias, nacionalidades y culturas.Por ejemplo, en la región sur existen tres grandes países expulsores de migrantes: Bolivia, Paraguay y Perú. Gran parte de los flujos se producen dentro de la región ya que de estos países expulsores migran de forma masiva a Brasil, Argentina y Chile. En los últimos años, Perú se ha convertido en el corredor de nuevos movimientos migratorios desde países del norte hacia el Sur. Así existe un fuerte flujo de colombianos hacia Chile y de haitianos que entran en Perú con diversos rumbos, pero principalmente tratando de pasar a Brasil. De los países receptores, solo en Chile hay leyes migratorias restrictivas, es el único país en cuyas fronteras hay incidencia permanente de tráfico de personas.

Por otra parte, Haití continúa siendo el país de mayor expulsión de migrantes en el Caribe; luego de la agudización de la crisis humanitaria causada por el terremoto del 2010, se sigue manteniendo el desafío de superar los niveles de pobreza y fragilidad institucional que impide un goce efectivo de derechos a gran parte de la población haitiana; como consecuencia de estas vulnerabilidades los destinos de la migración haitiana se han diversificado hacía países como Brasil, Ecuador, Venezuela, entre otros.

República Dominicana ha sido tradicionalmente el país de mayor acogida de migrantes haitianos-as, de hecho este grupo se constituye en una importante fuerza de trabajo que ha aportado al desarrollo de la economía dominicana. Sin embargo, hoy es alarmante e incierto el destino que tendrán más de 4 generaciones de ciudadanos-as dominicanos-as, para quienes se ha ordenado una desnacionalización retroactiva por ser hijos- as de migrantesen situación irregular. La sentencia adoptada por el Tribunal Constitucional de Republica Dominicana deja al descubierto la necesidad de reorientar la reflexión sobre el pacto social entre el Estado y sus ciudadanos, pero sobre todo la necesidad de sincerar las políticas para la protección de derechos de los migrantes y sus garantías.

América Latina, continente de gran riqueza y diversidad, tiene en común los fuertes movimientos migratorios que hemos reflejado en el breve recorrido de este documento. La situación descrita constituye un desafío respecto a la promoción de políticas públicas contra la violación de los derechos civiles, económicos y culturales de los migrantes. Así mismo  refleja la imperante necesidad de promover valores que ayuden a la sociedad, en el paso de ser receptora a ser una sociedad de acogida. Este tránsito para convertirse en sociedades de acogida  implica la cultura de la hospitalidad en la cual se destierre cualquier tipo de discriminación y se garantiza el buen trato a las personas que vienen de fuera.

Reiteramos el llamado que la Red Jesuita con Migrantes hace a los Estados y las sociedades latinoamericanas y caribeñas para, por un lado, valoren el aporte de las personas migrantes a las sociedades que los acogen y, por otro,  a luchar por una región más justa y hospitalaria donde todos tengan su lugar.

Información de contacto:

P. Rafael Moreno Villa sj

Director general de la RJM-LAC

Correo electrónico: rjmlac.direccion@gmail.com

Sra. Yolanda González Cerdeira

Coordinadora de la subregión Centroamérica y Norteamérica (CANA): Belice, Guatemala, El

Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, México, Estados Unidos de América, Canadá.

Correo electrónico: ygcerdeira@radioprogreso.net

P. Mario Serrano Marte sj

Coordinador de la Subregión Caribe: República Dominicana, Haití, Jamaica, Canadá Francés,

Venezuela, Estados Unidos de América (Miami, Florida).

Correo electrónico: dirsocialrd@antsj.org

Sra. Merlys Mosquera Chamat

Directora regional del SJR y Coordinadora de la subregión Colombia y países fronterizos:

Ecuador, Panamá, Venezuela.

Correo electrónico: direccion.regional@sjrlac.org

P. Emilio Martínez Díaz sj

Coordinador de la subregión Cono Sur: Perú, Bolivia, Argentina, Chile, Brasil.

Correo electrónico: sj.emilio@gmail.com

Periodista y defensora de derechos humanos denuncia amenazas a muerte

Alerta 00080-2013 16 de diciembre del 2013 Tegucigalpa, Honduras, (C-Libre).  La  periodista Yanina Romero del Centro de Derechos de la Mujer  (CDM) de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, denunció a C-Libre ser víctima de amenazas vía mensajes de texto a su celular, enviados a través de la plataforma Web de la compañía TIGO-Honduras. La o el agresor que se autodenomina "antifem", envío mensajes alusivos al trabajo de promoción y defensa de los derechos de la mujer que realiza la periodista Romero desde el CDM. En uno de los mensajes se lee: "Por dentro eres frágil y vulnerable... tu sobervia no detendrá las fuertes tormentas ke te esperan". Según Romero los mensajes fueron enviados el día jueves 12 de diciembre, justamente después de haber realizado el programa radial institucional del CDM que se transmite de 6 a 7 de la noche a través de Radio El Mundo. "Yo me di cuenta de los mensajes a eso de las 10 de la noche cuando mi hija reviso mi teléfono celular y me dijo que tenía estos mensajes sin leer y que los había recibido desde las 8:49 de la noche", relató Romero. La periodista también confesó que ese mismo día había participado en el programa televisivo de su colega Alfredo Bográn, en donde se abordó la problemática de inseguridad y vulnerabilidad del ejercicio del periodismo. Romero solicita a Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público que actué de oficio e investigue la ubicación del servidor desde donde se enviaron los mensajes e identificar al responsable.

Fuente: Comité por la Libre Expresión (C-Libre).  C-Libre es una coalición de periodistas y miembros de la sociedad civil constituida para promover y defender la libertad de expresión y el derecho a la información en Honduras. Quienes integramos C-Libre, estamos convencidos que en la construcción de un Estado de Derecho es imprescindible la existencia de un periodismo ético, de investigación, fiscalizador de la gestión pública, que se desempeñe en un ambiente de seguridad y acceso libre a la información y que promueva un régimen de opinión pública que haga valer su Derecho a la Información.

Una pesadilla que no termina

En las últimas semanas, han salido a la luz pública sendas denuncias contras las fuerzas de seguridad del Estado de Honduras que nos confirman el retroceso democrático que implicó el golpe de Estado y el alarmante nivel de control que ejercer los militares en la vida pública del país.

El 25 de noviembre, una delegación de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), encabezada por su secretario general Luis Guillermo Pérez y por el juez español Baltazar Garzón, denunciaron la existencia de una lista de 36 personas consideradas opositoras, a quienes se les ha dado seguimiento por parte de la Dirección de Inteligencia Militar.

Por su parte, esta semana el Comité por la Libertad de Expresión (C-Libre) ratificó dicha denuncia y publicó la lista que contiene los nombres de periodistas, abogados, defensores de derechos humanos, artistas, líderes gremiales y comunitarios, y dirigentes políticos de la oposición, cuyo perfil supuestamente ha sido elaborado por la inteligencia militar con el objetivo de atentar contra sus vidas.

Ya en agosto de este año, Jhony Lagos, periodista de El Libertador, había denunciado que el personal y el edificio donde funciona el periódico son objeto de vigilancia encubierta por parte de un sospechoso vinculado a las Fuerzas Armadas.

Y si a ello se suma la creación de la Dirección Nacional de Investigación y Defensa, bajo el mando del general Julián Pacheco Tinoco, la cual es una estructura que interviene las comunicaciones, da seguimiento y utiliza información de cualquier ciudadano sin que existan verdaderos y efectivos controles judiciales, resultan extremadamente preocupantes las denuncias señaladas.

Sin duda alguna, la herencia del golpe de Estado se está manifestando cada vez con mayor fuerza y el retorno de los militares a la vida política condicionando y decidiendo las cuestiones públicas del país, nos regresan a las terribles pesadillas vividas en los años 80’s.