La lucha contra la impunidad tiene una base
fundamental para tener éxito y es la investigación efectiva de los hechos que permita conocer la
verdad de lo sucedido, sancionar adecuadamente a
todos los responsables y reparar los daños que las
acciones delictivas ocasionan a las víctimas y sus familiares.
Sólo así es posible
garantizar la no repetición de este tipo de hechos y reafirmar la legitimidad del
Estado, como consecuencia del aumento de la confianza de la ciudadanía en las
instituciones encargadas de investigar y sancionar.
Como ya sabemos, el grave problema de seguridad en
el país sigue dejando una estela de muerte y dolor en Honduras, lo cual nos
sigue etiquetando como el país más violento del mundo. ¿Y qué se ha hecho para
revertir esta situación? Hasta el momento, lo que hemos visto como sociedad es
un fracaso total con altísimos costos humanos.
Ni la depuración ni la militarización han dado los
resultados esperados, lo cual era evidente porque el tratamiento de la violencia
se ha reducido a un problema de seguridad pública, obviando que también está
asociada con múltiples factores de desigualdad social, económica y política.
Esta visión limitada del tratamiento de la violencia
se ve reflejada en la utilización de los recursos disponibles, la mayoría de
los cuales se han destinado fortalecer las áreas de seguridad y defensa, y a
debilitar las áreas de salud, empleo, educación y medio ambiente.
Pero también se le ha dado muy poca importancia a la
investigación. Por ejemplo, desde la creación de la tasa de seguridad se han recaudado más de 1,500 millones de lempiras mediante cobros
adicionales en el sistema bancario, telefonía móvil, comidas rápidas y casinos
y tragamonedas. De ellos, alrededor de 1000 millones de ya habían sido
invertidos sin saberse exactamente en qué pues hay una total en el manejo de
esos fondos.
Pero últimamente se ha conocido
que con la tasa se realizó una compra millonaria de tres radares para hacerle
frente al narcotráfico y se suscribió un contrato con una compañía israelí para
reparar los aviones F-5 de la Fuerza Aérea Hondureña. Pero además, se ha
anunciado que se pretende comprar un nuevo avión presidencial.
Mientras tanto, la policía de
investigación se encuentra en condiciones precarias, sin vehículos ni agentes
suficientes, y sin las herramientas esenciales para desarrollar procesos
investigativos eficientes y diligentes.
