¿Por qué Juan Orlando Hernández no puede reelegirse legalmente?

Aunque la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró la inaplicabilidad del artículo constitucional que prohíbe la reelección presidencial, en términos legales las aspiraciones continuistas del presidente Juan Orlando Hernández tienen dos grandes obstáculos.

En primer lugar, la propia Sala de lo Constitucional reconoció en la sentencia que “no tiene la atribución de reformar la Constitución” y por tanto, aunque no tuvo la decencia de plantearlo expresamente, nadie puede ignorar que la prohibición de la reelección está contenida en un artículo pétreo que ni el Congreso ni el Ejecutivo ni la Corte pueden anular.

La razón es simple, tales instituciones son poderes constituidos que emanan de la soberanía popular y no tienen la facultad de reformar las cláusulas pétreas que operan contra ellos para evitar que se conviertan en poder constituyente.

La inclusión de la prohibición de la reelección en una cláusula pétrea refleja que es uno de los principios supremos y sustanciales de nuestra Constitución, y por su importancia fueron sustraídos de la competencia y la facultad reformadora de los poderes constituidos.

Por tanto, es absolutamente ilegal que dos poderes constituidos, es decir, la Sala de lo Constitucional con sus 5 magistrados y magistradas, y el Congreso Nacional con los 55 diputados y diputadas que votaron en contra del plebiscito para consultarle al pueblo hondureño sobre la reelección, puedan reformar la cláusula pétrea que la prohíbe.

De hacerlo, implicaría suplantar la soberanía popular que reside en los más de 4 millones de hondureños y hondureñas habilitados para votar y que son los únicos legitimados como titulares del poder constituyente.

En segundo lugar, la Sala de lo Constitucional en ningún momento modificó la parte del artículo 4 de la Constitución de la República que establece la obligatoriedad de la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia.

Consecuentemente, si el Tribunal Supremo Electoral decide inscribir la candidatura presidencial de Juan Orlando Hernández, violentaría la Constitución nacional e incurriría en un grave delito que el Ministerio Público tiene la obligación de perseguir de oficio.

En este sentido, por  más que los mercaderes de la ley al servicio del actual régimen intenten argumentar la supuesta legalidad de la reelección de Juan Orlando Hernández, es imposible que puedan encontrar justificaciones éticas y jurídicas para negar que la inscripción de su candidatura provocaría una nueva ruptura del orden constitucional.

¿Por qué y quiénes asesinaron a Carlos Escaleras?

Ponencia brindada en el Foro "Situación de Derechos Humanos de quienes defienden la tierra y los recursos naturales en Honduras", en el marco del lanzamiento de la campaña "Defender sin miedo" y la entrega del Premio Nacional "Carlos Escaleras". 18 de octubre de 2016.

2 años antes ya nos habíamos hecho la misma pregunta pero con distinta víctima, ¿por qué y quiénes asesinaron a Jeannette Kawas? 1 año después tuvimos que hacernos otra vez esa pregunta, ¿por qué y quiénes asesinaron a Carlos Luna? 16 años después nos volvimos a preguntar ¿por qué y quiénes asesinaron a los indígenas Tolupanes Armando Fúnez Medina, Ricardo Soto y María Enriqueta Matute? 17 años después tuvimos que preguntarnos otra vez ¿por qué y quiénes asesinaron a Margarita Murillo? 18 años después volvimos a enfrentarnos a esta terrible pregunta, ¿por qué y quiénes asesinaron a Berta Cáceres? Y entre 2002 y 2014 nos hemos repetido 111 veces la misma pregunta, ya que según Global Witness Honduras es el país más peligroso per cápita para los activistas ambientales y de la tierra con 111 asesinatos entre esos años. 

Esta pregunta encierra varios aspectos fundamentales:

1. Un contexto de ataques a la vida e integridad de las personas defensoras de derechos humanos. Los asesinatos solo reflejan la manifestación más extrema de estos ataques. Previamente, estas personas son sometidas a actos violentos, estigmatización, intimidación, amenazas a muerte, detenciones ilegales y criminalización que, de acuerdo con datos del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, desde el 2010 se registraron más de 3 mil casos de uso indebido del derecho penal contra las personas defensoras.

2. Una diversidad de presuntos autores de esta violencia que van desde: guardias privados de seguridad contratados por empresarios y políticos, y que según el Grupo de Trabajo de la ONU sobre el Uso de Mercenarios, están implicados en graves violaciones a derechos humanos, incluidos los asesinatos, desapariciones, desalojos forzados y violencia sexual; la Policía Nacional, la Policía Militar y el Ejército a través del uso ilegítimo de la fuerza y en algunos casos en complicidad con el crimen organizado, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; y el crimen organizado que usa proyectos mineros, turísticos, agroindustriales o de energía “limpia” para blanquear sus ganancias ilícitas, y que realiza incursiones y ocupaciones de tierras para garantizar rutas para el narcotráfico. Como lo señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, muchos de estos ataques “tienen la intencionalidad de reducir las actividades de defensa y protección de territorios y recursos naturales, así como la defensa del derecho a la autonomía e identidad cultural”. Como lo señala esta Relatoría, los responsables disfrutan de “una inmunidad prácticamente de hecho debido a su condición social y sus contactos políticos”, ya que están “vinculados con las autoridades locales, empresarios o militares”.

3. Un modelo de desarrollo promovido desde el Estado que se realiza a espaldas de las comunidades y que garantiza seguridad jurídica a las inversiones aunque entre en conflicto directo con varios derechos humanos que las autoridades están obligadas a proteger, respetar y garantizar. En este sentido, la consulta y participación de las comunidades constituye un pilar fundamental y una barrera que puede impedir los abusos a los derechos humanos que los “proyectos de desarrollo” están contribuyendo a provocar en las comunidades donde se ejecutan. Cuando estas consideran que no han sido debidamente consultadas e informadas sobre la aprobación de un proyecto y de su posible impacto en la salud, el medio ambiente y otros derechos, las relaciones con las autoridades y las empresas se deterioran rápidamente y se transforman en conflictos que tienen un alto costo para los derechos humanos de quienes no tienen poder político y económico.

Estos tres aspectos no pueden entenderse sin la percepción de una falsa normalidad en donde gran parte de la sociedad termina asumiendo como normal e incluso como justificado el uso de la violencia o de la fuerza en contra de los sectores a quienes los medios corporativos y el gobierno presentan como antisociales, enemigos de la patria, malos hondureños y hondureñas, y en general en contra de todo aquel o aquella que tenga posiciones críticas frente a la situación actual.

Como lo señala Julio Scherer Ibarrra, “esta estigmatización produce una especie de legitimación social al abuso y a la impunidad, y la aplicación de la ley se bifurca ante la existencia fáctica de dos tipos de ciudadanos: Los impunes y los no impunes. Los primeros son aquellos que tienen el poder sin contrapeso, sin ambages, los que muestran la arbitrariedad en toda su crudeza y eliminan a cualquier autoridad que busque consenso”, ya que saben que el “que tiene el poder manda. El que manda predomina. El que predomina impone sus normas a la sociedad”. Para ellos, la ley no existe, y si existe, ellos son la ley y la ley no castiga a los de arriba, así que a pesar de sus delitos, “por naturaleza propia, terminan conduciéndose como si fueran inocentes, ajenos a toda perversión política”.

“Los segundos, los no impunes, aquella mayoría de ciudadanos y ciudadanas para los que las leyes sí existen, los que comparecen ante la ley y sus jueces, si así lo determinan los detentadores del poder, les toca afrontar la actuación efectiva de las normas y las manifestaciones de la fuerza pública, siempre al acecho para evitar cualquier tropiezo que pudiera dar al traste con los sueños de grandeza que asegura la impunidad a los de arriba”.

El escenario del golpe de Estado lo refleja claramente ya que las actuaciones de la Corte Suprema de Justicia presentan un claro contraste entre la celeridad y diligencia con la que ampararon, por ejemplo, al general golpista Romeo Vásquez Velásquez “y las múltiples dificultades y dilaciones que impusieron sobre los recursos de amparo de otros ciudadanos hondureños”, cuyos derechos fundamentales se encontraban en riesgo. O el escenario actual en el que quienes se oponen al modelo, son capturados y esposados de pies y manos, y acusados de delitos con un alto grado de indeterminación semántica -usurpación y sedición- y enfrentados a una temible discrecionalidad punitiva de fiscales y jueces que, cuando se trata de perseguir los graves casos de corrupción y violaciones a derechos humanos, invocan el principio de inocencia y observan el principio de estricta legalidad penal pero cuando se trata de sancionar a “los no impunes” aplican a toda costa lo que Ferrajoli llama la legalidad violenta, ignorando su obligación de interpretar y aplicar la ley de la manera que más proteja y garantice los derechos humanos, los cuales constituyen la razón de ser de un Estado que se precie democrático y de derecho.

Evidentemente, lo aquí señalado genera graves consecuencias para la convivencia social, la legitimidad de las instituciones y el Estado de derecho, ya que cuando la ley sólo se aplica a los “ciudadanos y ciudadanas no impunes”, en palabras de Kaplan el Estado se vuelve represivo y regresivo, se desautoriza y deslegitima, evade el sometimiento universal al derecho y a los controles de legalidad y responsabilidad, y con ello, se crea un escenario propicio para la regresión y la profundización del empobrecimiento y la frustración de las grandes mayorías, con su consecuente multiplicación y agravamiento de los conflictos sociales y las crisis políticas, y el estancamiento del proceso de democratización, lo cual revierte sobre el propio Estado, y reduce su autoridad, su legitimidad y su consenso.

En palabras de Scherer Ibarra, "se derrumba el Estado de derecho frente al binomio funesto de la impunidad y la corrupción que hiere al país en su mero corazón" y convierte al Estado en esquizofrénico o cínico, cuyas prácticas no coinciden con el marco teórico sancionado constitucionalmente; es decir, que lo que dice constitucionalmente no guarda relación con lo que hace institucionalmente, o lo que hace contrasta con lo que dice.

Del mismo modo que una persona que padece de esquizofrenia recibe información que no viene del exterior y pierde el contacto con la realidad, pareciera que el Estado ignora la única información y realidad que están en la obligación de percibir, es decir, la que proviene de la Constitución de la República y de los tratados internacionales de derechos humanos, y se decantan por “percibir” la información que viene dada por lo que Marvin Barahona denomina “los clanes, camarillas, cacicazgos e intereses corporativos particularistas” y los poderes salvajes.

Como lo señala Bartolomé Ruíz, esta esquizofrenia o cinismo estatal permite al Estado hablar de una igualdad abstracta y en la práctica generar una desigualdad real mediante la concentración de la propiedad y la riqueza social en beneficio de unos pocos. Esta esquizofrenia o cinismo permite al Estado mantener la afirmación formal de los derechos humanos pero sólo se garantizan cuando (a) no perjudican los intereses económicos o políticos de grandes multinacionales u otros sectores de las clases do­minantes, o cuando (b) la presión social hace inevitable que se concedan.

En este contexto, “se afirma de forma reiterada la defensa de los derechos humanos y al mismo tiempo se construye un modelo de injusticia estructural. Se insiste de forma exhaustiva en la defensa formal de los derechos humanos y se producen estructuras e instituciones de negación real de los mismos”. Se estimulan “un discurso pulcro y escrupuloso de democracia y respeto a los derechos humanos y al mismo tiempo se programan políticas de negación masiva y sistemática de los mismos”.

No obstante, cuando personas como Jeannette Kawas, Carlos Luna, Carlos Escaleras, Margarita Murillo o Berta Cáceres denuncian el cinismo de ese discurso y luchan para que el Estado cumpla con su deber constitucional e internacional de garantizar el ejercicio de todos los derechos humanos, se encuentran con el “miedo” manifestado en violencia que tienen ciertos sectores políticos y económicos del país a que los mismos se implementen efectivamente, ya que comprenden que los derechos humanos sólo podrán realizarse si se producen profundas transformaciones estructurales, institucionales y culturales, y ello implica desmantelar las actuales estructuras de poder basadas en privilegios casi estamentales, el clientelismo, la corrupción, los favoritismos, el uso de lo público como patrimonio privado, y el desprecio por los intereses generales.

En palabras de Bartolomé Ruíz, la grieta que existe entre el discurso y la práctica de los derechos humanos genera un vacío que también se ha convertido en “un espacio social privilegiado para reconstituir nuevas luchas sociales, posibilitando la emergencia de nuevos movimientos y sujetos alternativos al sistema pues su esquizofrenia deja al descubierto las contradicciones que alimentan su modelo estructural”. Esa esquizofrenia es “un nuevo espacio de poder en el que se construyen nuevos discursos, nuevas identidades sociales y nuevas prácticas de transformación del sistema”.

Kawas, Luna, Murillo, Cáceres y Escaleras percibieron ese espacio vacío y lo llenaron con su lucha por la vida y el medio ambiente, y a su vez se convirtieron en referentes de denuncia y compromiso por la consolidación de un Estado para todos y todas.

Jeannette Kawas, Carlos Luna, Margarita Murillo, Berta Cáceres y Carlos Escaleras son el mejor ejemplo de personas que no cayeron en el error de permanecer pasivos ante las miserias actuales y jugaron un papel protagonista en la denuncia y transformación de las situaciones que producen muerte y destrucción.

A su vez, la voluntad y el valor de sus familiares para denunciar al Estado hondureño por la falta de una investigación efectiva ha permitido poner en evidencia el cinismo del discurso estatal que proclama en la teoría el respeto de los derechos humanos pero que implementa su negación en la práctica, y además, la lucha de los familiares ha permitido que la memoria de estas personas no sea condenada al olvido y más bien se constituya en ejemplo de lucha por la dignidad humana.

Los jueces, juezas, magistrados y magistradas, policías y fiscales que por acción u omisión son parte de esta esquizofrenia o cinismo estructural deben recordar que son corresponsables de tales crímenes, ya que, como lo señala Scherer Ibarra, “dejar pasar el delito es tanto como extenderlo en la práctica”.

Parafraseando a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, el día que la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial amparen a todos los ciudadanos y ciudadanas con la misma eficacia que lo hicieron con el general golpista Vásquez Velásquez, se alcanzará a ver el fin de la impunidad en Honduras.

Discurso de José Guadalupe Ruelas, director de Casa Alianza Honduras, con motivo del recibimiento del “Premio WOLA de Derechos Humanos 2016”

“Muy buenas noches, me siento muy feliz y agradecido de estar aquí con ustedes, con quienes compartimos la preocupación por la difícil situación en mi país.

 

Quiero agradecer y dedicar este honroso reconocimiento a todos los niños y las niñas de Honduras que día a día sueñan y luchan, contra toda adversidad, por una vida digna, a la que tienen total derecho.

 

Gracias a Joy Olson y a todo el equipo de WOLA por honrar a Casa Alianza de Honduras con este prestigioso reconocimiento. Gracias a Covenant House International, a Kevin Ryan, a Peggy Healy y todo su equipo por apoyarnos a cumplir nuestra misión. Gracias también al comprometido equipo de trabajo de Casa Alianza de Honduras, que junto a las niñas y niños realizan una labor tan maravillosa.

 

En Honduras, este trabajo es absolutamente necesario. Las niñas y niños en Honduras atraviesan por una situación dramática,  la pobreza, la falta de oportunidades, la violencia y la corrupción, están haciendo mella en sus vidas.

 

Debido a la falta de políticas sociales y económicas adecuadas, Honduras se ha convertido en una máquina de sufrimiento, miedo, muerte y migración irregular para los niños y las niñas. Honduras es hoy, un país peligroso para ser niño o joven.

 

Donde hay miedo no puede haber confianza, y donde no hay confianza no se puede construir comunidad, ni sociedad, ni paz, ni desarrollo. Ante este miedo los niños huyen;  ¡no buscan un sueño americano...huyen de la pesadilla Hondureña!

 

Nosotros en Casa Alianza nos sentimos llamados a proteger y salvaguardar a todos estos niños y niñas de esta situación, especialmente los niños desamparados que sufren en la calle. Pero en Casa Alianza también sabemos que si queremos que las cosas cambien en Honduras, debemos cambiar también nosotros. Sabemos que si queremos prevenir la violencia, debemos invertir en la prevención, y en la construcción de una sociedad nueva.

 

Debemos invertir en fortalecer capacidades comunitarias, en restablecer el tejido social, en recuperar de forma pacífica los barrios y territorios. Hablamos de la participación de todos los actores comunitarios y estatales incluyendo arte, cultura, salud, educación, deporte y seguridad.

 

Por el contrario, cuando el Estado habla de prevención habla eminentemente de militarizar los barrios, las calles, los colegios, los autobuses y los hospitales. Estos militares llegan a los barrios y ven al otro como su enemigo,  ven a las y los jóvenes pobres como sospechosos; los empujan, los maltratan, los interrogan, los intimidan y en varias ocasiones, además de reprimir, ya han asesinado a jóvenes.

 

Por ello estoy convencido de que la ayuda militar a Honduras ha sido y es, directamente proporcional a la violación de derechos humanos de jóvenes, mujeres, indígenas y campesinos e inversamente proporcional a  los intentos y programas de prevención.

 

Como dijo mi compatriota Berta Cáceres, asesinada con la participación directa de militares ¡es hora de que despertemos!

 

Hay casos que nos dan mucha esperanza. Hay gente comprometida en Honduras que está contribuyendo a una sociedad más justa. Vemos el impacto de su trabajo todos los días. Jóvenes que hace seis meses consumían alguna sustancia, hoy están sanando y obtienen calificaciones de excelencia académica; jóvenes víctimas de trata, de desamparo y de violencia, tienen hoy un proyecto positivo de vida y son excelentes deportistas, artistas, emprendedores y han logrado reintegrase a sus familias o emprender una vida autónoma. Todo esto, con tan solo brindarles una pequeña oportunidad.

 

Estos niños necesitan que el gobierno haga cambios, y tenemos la esperanza de que los haga. Y aquí es donde nos encontramos con WOLA, quien conoce los resultados de programas como los de Casa Alianza, pero también el resultado de la aplicación de políticas inadecuadas a nuestra situación y por ello hacemos incidencia para mejorarlas o cambiarlas.

 

¡Que vivan los niños!, que estudien, que crezcan que sean saludables, que sean felices y que encuentren en mi país su patria, ese es nuestro sueño. Para cumplirlo todos tenemos que hacer nuestra parte”.

 

Dado en Washington DC, Estados Unidos, a los trece días del mes de octubre de 2016.

10 años de lucha por la independencia judicial

Cuenta una vieja leyenda que el rey de Prusia, Federico El Grande, construyó un palacio de verano con unos magníficos jardines, los cuales colindaban con un viejo molino de madera, ruidoso y sucio.

Al rey le pareció que este molino afeaba su nueva residencia y ordenó su derribo. El dueño del molino, un hombre humilde y sencillo, se opuso a la decisión del rey y llevó el caso ante la justicia, al tiempo que le decía al rey: “Señor, todavía hay jueces en Berlín”.

Y cuando los jueces fallaron a favor del molinero, el mismo monarca, respetuoso de la justicia, celebró que hasta él mismo tuviera que acatar la decisión de los jueces de la capital de Prusia.

En Honduras muchos jueces y juezas han abandonado su papel de garantes de la dignidad humana, generando que nunca hayamos contado con un verdadero poder judicial independiente, sino con un servicio judicial a la orden de los poderes fácticos.

Sin embargo, ha habido excepciones a la regla y aunque han sido una minoría, hemos tenido jueces y juezas cuyas decisiones son apegadas a la legalidad aunque entren en conflicto con las orientaciones jurídicas y políticas dominantes.

Desde hace 10 años, muchos de estos jueces y juezas se organizan en la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD), y en el marco de ese espacio han contribuido decididamente a la defensa de los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho.

En su lucha democrática han sufrido persecuciones, marginaciones y hasta despidos ilegales, pero su fuerte compromiso con la dignidad humana y la independencia judicial les ha hecho merecedores de respeto y reconocimiento a nivel nacional e internacional.

Desde el ERIC-SJ y Radio Progreso celebramos los 10 años de existencia de la AJD, y nos sentimos orgullosos de caminar y trabajar junto a ellos y ellas en la construcción de una Honduras justa, solidaria y compartida.

Gracias a la AJD podemos decir en Honduras que “Todavía hay jueces en Berlín”.

La urgente necesidad de una política de seguridad integral

La militarización de la seguridad ciudadana ha generado una tensión entre la normalidad y la excepcionalidad, que no es otra cosa que la tensión entre el Estado de derecho y el Estado a secas, ya que no todo Estado es un Estado de derecho, pues este es una forma de organización jurídico-política caracterizada, entre otras cosas, por la incorporación al ordenamiento jurídico constitucional de unos valores considerados fundamentales para la comunidad.

Dentro de esos valores superiores se encuentra la seguridad, que es indispensable para que se realicen las condiciones de una vida social inseparable de la dignidad humana, de sus libertades y derechos. En palabras de Gerardo Ballesteros de León, la seguridad como valor superior “impone principios de organización que se forjan desde la familia, el barrio, la comunidad y el Estado a través de las normas, las instituciones y las políticas públicas”.

Y como lo señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todo el aparato gubernamental y todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público deben ordenarse de manera que las autoridades puedan ser capaces de prevenir, investigar y sancionar cualquier violación a tales derechos y libertades, y procurar, además, la restitución, si es posible, del derecho vulnerado y, en su defecto, la reparación de los daños producidos por dicha violación.

Dado que un Estado sólo se justifica y legitima en la medida que reconoce, protege y promueve tales derechos y libertades, y asegura el buen funcionamiento de las instituciones y el cumplimiento efectivo y equitativo de sus responsabilidades en materia de justicia, seguridad, educación o salud, la vigencia del Estado de derecho se constituye en una conditio sine qua non para la efectiva garantía de la seguridad de la ciudadanía.

De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los derechos humanos permiten abordar la criminalidad y la violencia, y su impacto en la seguridad ciudadana mediante (a) el fortalecimiento de la participación democrática, (b) la implementación de políticas centradas en la protección de la persona humana, (c) la garantía de los derechos particularmente afectados por las conductas delictivas como los derechos a la vida, a la integridad, a la libertad personal, a las garantías procesales y al uso pacífico de los bienes; y (d) la garantía de los derechos a la educación, a la salud, a la seguridad social y al trabajo, entre otros.

La perspectiva de los derechos humanos es lo que caracteriza a las políticas de seguridad ciudadana propias de un Estado de derecho, pues no se basa en la lógica de aprovechar el sentimiento de inseguridad y vulnerabilidad que provoca la criminalidad para instalar en la opinión pública la necesidad de convertir a los militares en los agentes redentores de una sociedad sometida al miedo, y que a cambio está dispuesta a renunciar a sus propias libertades y derechos para concederle a ellos facultades excepcionales y abrir el camino a lo que Andrés Domínguez Vial llama, las “dictaduras dulces”, nacidas de la renuncia de los valores democráticos y de la libertad en favor de la militarización de la seguridad ciudadana.

La gobernanza democrática y el Estado de derecho exigen una separación clara y rigurosa entre la seguridad interior que es facultad exclusiva de la fuerza policial y la seguridad nacional como función de las Fuerzas Armadas, que en casos excepcionales podrían apoyar temporalmente y con límites muy precisos a la primera. Garantizar la seguridad ciudadana implica la organización de instituciones policiales de carácter civil y claramente diferenciadas de las Fuerzas Armadas, que con un cursito de unos cuantos meses no van a cambiar la lógica militar del combatiente que tiene la misión de acabar con el enemigo, por la lógica de proteger y garantizar los derechos y libertades de la ciudadanía.

Recurrir a los militares para tareas policiales entraña un riesgo muy alto para la gobernanza democrática y solo retrasa y complica las profundas reformas normativas e institucionales necesarias para acabar con tantas décadas de corrupción, impunidad, desconfianza en las instituciones y acentuación de una cultura cívica que tolera la ilegalidad.

Estas reformas deben garantizar (a) una verdadera separación de poderes que permita un efectivo mecanismo de pesos y contrapesos del poder público, (b) una administración de justicia sólida y eficaz, (c) una política criminal congruente con los derechos humanos, (d) un replanteamiento de las políticas sociales que promuevan y aseguren el pleno desarrollo de la dignidad humana, y (e) una política pública de reparaciones que subsane la cohesión y el tejido social fracturados por la violencia y la impunidad.

La mejor estrategia en la lucha contra el crimen y la violencia es la construcción de una política pública que se caracterice por los siguientes elementos: En primer lugar, que surja de amplios consensos políticos y acuerdos sociales que permitan reflexionar sobre las diferentes dimensiones de los problemas que originan la criminalidad, y conduzcan a su abordaje integral.

En segundo lugar, que asegure unos estándares especiales de protección que requieren aquellas personas o grupos de personas en especial situación de vulnerabilidad frente a la violencia y el delito; y en tercer lugar, que garantice la participación permanente de una ciudadanía activa que acredite el carácter democrático e incluyente del debate público alrededor del fenómeno de la violencia.

Es imprescindible que la política pública no solo tenga una naturaleza represiva enfocada en acciones eminentemente de “mano dura” o de “cero tolerancia”, sino también que tenga un carácter preventivo que incluya programas orientados a intervenir en las condiciones de extrema pobreza, exclusión social y negación de derechos fundamentales como la educación, la salud, la vivienda, el empleo, entre otros.

La reducción de la violencia y la criminalidad solo podrá ser posible si se diseña e implementa una política pública en seguridad ciudadana con enfoque de derechos humanos que tenga garantía de continuidad, es decir, que sea asumida como un asunto de Estado y que su ejecución no se vea afectada continuamente por los cambios de gobierno.

A su vez, que esté respaldada por un marco jurídico adecuado, congruente con los estándares internacionales en la materia y provisto de una reglamentación que lo instrumentalice; que tenga un presupuesto suficiente para potenciar la implementación de la política pública y garantizar su efectividad; y finalmente, que garantice una integración institucional que refleje la visión integral y el compromiso de todas las ramas del poder público.