Cuestionando un enfoque hegemónico sobre la reducción de la violencia

Para el año 2012, Honduras tenía la tasa de homicidios más alta del mundo. En la actualidad, de acuerdo con las cifras oficiales, esa tasa se ha reducido a la mitad, lo cual, a primera vista representa un logro importante en materia de seguridad ciudadana. 

 

El régimen de Juan Orlando Hernández ha vendido la idea que dicha reducción es gracias a las medidas de emergencia en línea con su política de mano dura en la que la remilitarización de la sociedad y el Estado es la medida estrella, pero sin dar respuestas adecuadas a las causas de fondo que causan la violencia. 

Sin embargo, pese a ello, la percepción ciudadana es que la violencia y la inseguridad sigue siendo el principal problema en el país, lo cual evidencia que establecer la tasa de homicidios como enfoque hegemónico ignora otras variables que son fundamentales para hablar de éxito y para legitimarlo. 

De acuerdo con un estudio realizado por Daniel Langmeier, la legitimidad de este enfoque centrado en la tasa de homicidios presenta lagunas frente a otras variables; así, por ejemplo, según Casa Alianza el número de asesinatos de menores de 30 años es un 15% más alto que el número oficial entre 2010 y 2013 e incluso un 30% más entre 2014 y 2017. 

El número de activistas LGBTI asesinados aumentó en más del 150% en los cuatro años de la presidencia del Congreso de Hernández en comparación con los cuatro años anteriores y se mantuvo en un promedio de más de 30 asesinatos por año durante su primer mandato como presidente. 

El promedio anual de asesinatos de personas defensoras de los derechos humanos aumentó de 2 a 3 por año a más de 20 y hasta 33 por año convirtiendo a Honduras en el país más peligroso para ser persona defensora, con la tasa más alta de homicidios por habitante, según Global Witness. 

En el año 2017 Honduras ocupó la 143° posición en libertad de prensa, el peor resultado desde el golpe de Estado de 2009 y un número récord de periodistas y comunicadores sociales tuvieron que huir del país debido a amenazas, según Reporteros Sin Fronteras. 

De acuerdo con el Índice de Democracia del Economist, Honduras ocupó una posición peor que en años anteriores. Por su parte, en materia de corrupción la percepción ciudadana en 2017 fue de 29 puntos, desmejorando su situación con relación el año 2016 que tenía 30 y con la del 2015 que era de 31 puntos. 

Según el World Justice Project, Honduras bajó una posición en la medición de Estado de derecho, al pasar del lugar 102 en la edición de 2016, al 103, de un total de 113 países incluidos en el reporte 2017-2018. Esto lo ubica en la posición 28 de 30 países en la región de América Latina y el Caribe. 

En conclusión, para lograr que la ciudadanía perciba mejoras notables en materia de seguridad, es fundamental tomar en cuenta todas las variables posibles y abordarlas desde una política pública integral que coloque a la persona humana y su desarrollo en el centro de la misma.

 

Fuente:  http://wp.radioprogresohn.net/cuestionando-un-enfoque-hegemonico-sobre-la-reduccion-de-la-violencia/

Una “democracia” sangrienta

El valor más importante en una democracia es la vida humana, el cual constituye un derecho que es la base esencial para el ejercicio de los demás derechos. Por ello, nuestra Constitución de la República establece que es inviolable. 

No obstante, este derecho no solamente se refiere a no ser privado de la vida arbitrariamente por particulares o por las propias fuerzas de seguridad del Estado, sino también el derecho a que no se impida el acceso a las condiciones que garanticen una existencia digna. 

Una existencia con dignidad implica encontrarnos al amparo de la ley, sin temor a la discriminación ni a las represalias, gozar de libertad de opinión, de culto y de asociación, y sentirnos libres del temor, de manera que la violencia no destruya nuestra existencia y nuestros medios de vida. 

Sin embargo, cualquier persona puede constatar que Honduras sigue caracterizándose por los homicidios, las torturas, el hostigamiento y la criminalización a defensores de derechos humanos, periodistas, líderes y lideresas ambientalistas, comunitarios, indígenas y garífunas, así como por el asesinato de niños, niñas y jóvenes que deberían tener una protección especial del Estado. 

Solo en lo que va del año han sido asesinadas más de 400 personas menores de 22 años y más del 90% de estos crímenes se encuentran en total impunidad. De acuerdo con la organización Casa Alianza, alrededor de 60 personas menores de edad y jóvenes son asesinadas en el país cada mes, y en algunos de los casos, hay fuertes indicios de participación de las fuerzas de seguridad del Estado. 

Contrariamente a lo que debería suceder en un auténtico Estado democrático de derecho, el desprecio a la vida define una situación de criminalidad sin control y de una ciudadanía indefensa por la incapacidad o negligencia de las autoridades que permiten que se actúe con total impunidad. 

Pero dicho desprecio también define claramente que la supuesta democracia de la que habla el gobierno ilegítimo de Juan Orlando Hernández está construida sobre sangre derramada por las balas asesinas e impunes de los poderes ilegales y por las del poder militar y policial. 

Fuente:  http://wp.radioprogresohn.net/una-democracia-sangrienta-11-septiembre-2018/

¿Es Honduras un Estado de derecho?

El artículo 1 de nuestra Constitución nacional establece que Honduras es un Estado de derecho, es decir, un modelo organizativo destinado a garantizar los valores y necesidades fundamentales de la ciudadanía: la dignidad humana y los derechos humanos, lo cual solo puede alcanzarse mediante el cumplimiento de unos elementos y exigencias básicas e indispensables.

Existe un consenso en que dichos elementos esenciales son el imperio de la ley, es decir, el sometimiento de todos y todas a la ley, frente a la cual somos iguales; la división de poderes, cuyo fin es evitar la concentración de poder y establecer un sistema de pesos y contrapesos; el control de la legalidad, lo cual requiere un poder judicial independiente e imparcial; y la efectiva realización de los derechos humanos.

Como lo señala el World Justice Project, un verdadero Estado de derecho reduce la corrupción, combate la pobreza, protege a las personas de las injusticias, construye comunidades que gocen de paz y oportunidades, promueve el gobierno responsable y garantiza el respeto a la dignidad humana y los derechos humanos.

A simple vista Honduras no cumple con ninguno de dichos elementos y características, lo cual es ratificado por el más reciente Índice de Estado de Derecho 2017-2018, que evalúa a 113 países, y que desmiente a la clase política vernácula que de forma descarada maneja un discurso de que vivimos en democracia y en un Estado de derecho, a pesar de que el país se cae a pedazos.

De acuerdo con este índice, Honduras bajó una posición en la medición de Estado de derecho, al pasar del lugar 102 en la edición de 2016, al 103, de un total de 113 países incluidos en el reporte 2017-2018. Esto lo ubica en la posición 28 de 30 países en la región de América Latina y el Caribe, y en el puesto 25 de 30 países de ingreso medio bajo.

En otras palabras, la situación en Honduras sigue deteriorándose, lo que lo convierte en un “Estado a secas”, pero no en un Estado de derecho. El peligro de los “Estados a secas” es que no tienen límites a su actuación y fácilmente se convierten en herramientas para reprimir, asesinar, condenar a la miseria y exclusión e instalar dictaduras.

Fuente: http://wp.radioprogresohn.net/es-honduras-un-estado-de-derecha/