martes, 17 de septiembre de 2019

Radiografía de una dictadura


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En 2009, fue uno de los precursores del primer golpe de Estado del siglo XXI como líder del partido Nacional en el Congreso de la República, el cual generó una grave crisis institucional y de derechos humanos que se sigue manifestando hasta estos días. 

En 2012, siendo presidente del Congreso Nacional, destituyó ilegalmente a 4 magistrados y magistradas de la Sala de lo Constitucional para colocar a personas fieles a sus intereses y que garantizaran sus intenciones continuistas. 

En 2015, la “nueva” Sala de lo Constitucional compuesta a su medida, dictó una espuria sentencia que reformó de facto la Constitución de la República para permitirle la reelección a pesar de su ilegalidad, basándose en la mentira de que se violentaban sus derechos humanos. 

En 2017 se presentó ilegalmente a las elecciones presidenciales y a pesar de controlar el presupuesto nacional y las instituciones electorales no pudo "ganar" limpiamente, y volvió a despreciar la voluntad popular imponiénsose a través de un monumental fraude que aseguró con la fuerza de las armas. 

Y durante todo este tiempo se encargó de construir una enorme red de favores y lealtades, colocó estratégicamente en las instituciones civiles, policiales y militares a familiares y personas afines para garantizar su impunidad y su corrupción. 

A su vez, reformó y adoptó leyes, entre ellas, las penales, para que le sirvan de instrumento represivo y autoritario en contra de quienes nos oponemos a su régimen y su modelo de despojo, y, al mismo tiempo, para otorgar beneficios a quienes está vinculado por sus alianzas con la corrupción y el narcotráfico. 

Y para ponerle la cereza al pastel, creó a la Policía Militar que se ha constituido en su ejército privado, en sus perros de garra, en su guardia pretoriana de sus privilegios y sus ilegalidades; y, a su vez, se convirtió en un absoluto títere de la embajada de las barras y las estrellas para ganarse su fugaz respaldo. 

El régimen dictatorial de Juan Orlando Hernández no se limita a su persona, es toda estructura que es necesario desmontar para poder iniciar una etapa de transición que nos lleve a un nuevo proceso democrático. 

Pero para ello se requiere el compromiso articulado y movilizado de una ciudadanía crítica y activa que no continúe esperando que los vientos inciertos del Norte desgasten las bases que sostienen a la dictadura hondureña.

jueves, 1 de agosto de 2019

Voces unidas contra el Código Penal

El Derecho Penal es uno de los instrumentos más problemáticos que tiene un Estado para abordar los delitos, ya que tiene una naturaleza violenta en el sentido de que busca proteger derechos humanos mediante la lesión de otros derechos humanos.

En este sentido, el Derecho Penal en manos de un régimen autoritario puede ser un instrumento del poder para controlar a la población, pero en manos de un régimen democrático puede ser una herramienta que sirva de límite al poder.

Las voces que se han alzado en contra del nuevo Código Penal que entrará en vigencia en noviembre revelan el peligro de su contenido en el contexto de un gobierno ilegítimo, autoritario y represivo.

En este sentido, es unánime la preocupación de todos los sectores, desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de Derechos Humanos, la Articulación 611, la Coalición contra la Impunidad, la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, hasta el Consejo Nacional Anticorrupción.

Todos coinciden en que el nuevo Código Penal contiene restricciones desproporcionadas a la libertad de expresión, la libertad de prensa, así como determinadas disposiciones que por su formulación pueden afectar el derecho a la protesta y a defender derechos humanos en el país, así como los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Además, todos coinciden en que el nuevo Código Penal otorga mayores beneficios a las personas corruptas, a narcotraficantes, a violadores y a quienes le roban el presente y el futuro a este país a través de la violencia y el despojo.

Honduras no solo necesita un nuevo Código Penal, necesita una nueva institucionalidad y una nueva cultura democrática que coloque en el centro de las prioridades la dignidad y los derechos de las personas. 


miércoles, 17 de julio de 2019

Algunas sombras y luces del nuevo Código Penal

El nuevo Código Penal aprobado por el Congreso Nacional y que entrará en vigencia el próximo mes de noviembre, es un instrumento que contiene una serie de sombras que hacen peligrar aún más la defensa de los derechos humanos, pero también una serie de luces que pueden aportar a la lucha contra la impunidad.

Entre sus sombras, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos han manifestado su preocupación por las restricciones desproporcionadas que contiene en materia de libertad de expresión, libertad de prensa, derecho a la protesta y defensa de los derechos humanos.

En este sentido, este código formula determinadas figuras que parecen destinadas a criminalizar indebidamente conductas relacionadas con el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica y a afectar el ejercicio efectivo del derecho a la libertad de expresión, y la libertad de reunión y asociación, entre otros derechos.

No obstante, entre sus luces se encuentran dos nuevas figuras que contrastan con lo anterior y con la rebaja de las penas para narcotraficantes, corruptos y violadores. Se trata de los crímenes de lesa humanidad y el principio de responsabilidad del superior jerárquico que tarde o temprano pueden ser aplicados a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, particularmente a los altos mandos.

Estas figuras abren la puerta para que los responsables de las pasadas y actuales violaciones a derechos humanos puedan ser juzgados por crímenes de lesa humanidad porque forman parte de un ataque sistemático y generalizado contra la población civil, y en el marco de una política de Estado.

Además, los jerarcas policiales y militares pueden ser juzgados por los crímenes cometidos por sus subordinados porque tienen control y mando efectivo sobre ellos, tienen el deber de conocer acerca de tales crímenes y tienen la obligación de tomar las medidas necesarias y razonables para prevenir el crimen, hacerlo cesar o para castigar al autor.

Parece que este Código Penal lleva tres intenciones: primero, seguir criminalizando a quienes nos oponemos a la dictadura; segundo, proteger a narcos y corruptos; y, tercero, dejar la puerta abierta para que el régimen de Juan Orlando Hernández pueda entregar a ciertos jerarcas policiales y militares cuando la presión internacional le exija una rendición de cuentas por las violaciones a derechos humanos cometidas.