Las nuevas revelaciones de Wikileaks sobre la crisis política generada por el golpe de Estado en Honduras ratifican una vez más que las grandes decisiones de país se toman privilegiando los intereses de la clase política, militar y económica, y a iniciativa, consulta o aprobación de la embajada estadounidense.
El poder de la embajada norteamericana es tal que el embajador Hugo Llorens logró convencer a los candidatos presidenciales perdedores de las elecciones ilegítimas de formar parte del “gobierno de unidad nacional”; sugirió nombres para ministro de defensa y para viceministro de seguridad; e hizo desistir a Lobo de designar a Romeo Vásquez Velásquez como su flamante Ministro de Defensa o gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica.
Los cables de Wikileaks muestran a un Pepe Lobo sometido a las presiones de los militares en relación con la conformación de su gobierno y ratifican que aunque ha intentado dar una imagen de reconciliación y distante de quienes perpetraron el golpe de Estado, sus actuaciones evidencian sus relaciones estrechas con el golpismo.
Ejemplo de ello es que dos figuras importantes del rompimiento del orden constitucional han sido nombradas directamente por Lobo Sosa en puestos estatales claves: Por un lado, Romeo Vásquez Velásquez como gerente de Hondutel y por otro, el general René Osorio Canales, como nuevo jefe de las Fuerzas Armadas, quien estuvo a cargo de la operación que asaltó la casa del ex presidente Zelaya y bajo las armas lo expulsó a Costa Rica.
Estos y otros nombramientos, las persistentes violaciones a los derechos humanos y la completa inoperancia del Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia corroboran que el golpe de Estado en Honduras aún no ha terminado.
Y tal como lo señala el diario español El País, los cables revelados por Wikileaks “muestran todo lo que se asocia con un país sin instituciones fiables y bajo la sombra de Estados Unidos”.
Por ello, la construcción de una nueva institucionalidad es fundamental para lograr la estabilidad y legalidad democrática, lo cual pasa, en primer lugar, por depurar las responsabilidades penales y civiles a aquellos que han atentado contra el país y la dignidad de su gente.
lunes, 31 de enero de 2011
Lobo, dócil cordero ante abierta intervención de Estados Unidos, sugieren cables revelados por WikiLeaks
Red Morazánica de Información
Tegucigalpa, 31 Enero 2011. Tres nuevos cables liberados por WikiLeaks muestran como varias decisiones de Estado asumidas por el titular del régimen, Porfirio Lobo, fueron en realidad tomadas a iniciativa, consulta o con aprobación del embajador estadunidense, Hugo Llorens, incluso agradecidas por Lobo.
El cable 242521 del cinco de enero de 2010 indica que inmediatamente de regresar de vacaciones el 4 de enero, al día siguiente, Lobo se entrevistó con Lorens en la oficina del Embajador, quien quería la salida inmediata de Roberto Michletti, mucho antes de inaugurarse el nuevo periodo presidencial.
Llorens destacó que Micheletti se apartara era necesario para llamar el apoyo de la comunidad internacional a la inauguración y la reanudación de las relaciones con el régimen de Lobo.
El embajador recalcó a Lobo que la insistencia de Estados Unidos por la salida de Micheletti como jefe de Estado fue el motivo de la quinta y de la sexta visita de la Subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental Principal, Craig Kelly.
Dijo que Washington no estaba dispuesto a considerar favorable esperar que Micheletti se hiciera aun lado hasta los últimos días antes de naugurarse lo que Estados Unidos consideró como un nuevo gobierno.
Era necesaria la salida de Micheletti a mediados de enero, a fin de dar a Lobo el espacio para construir algún apoyo de la comunidad internacional y la esperanza de que ésta participara en la toma de posesión de Lobo.
El Embajador explicó que Kelly ofrecía incentivos positivos a Micheletti y su equipo si se hacían a un lado. Pero también dejaba claro que si éste continuaba metiendo sus narices en Estados Unidos y el resto de la comunidad internacional, habría consecuencias.
Sería muy difícil para Micheletti y sus partidarios conseguir de nuevo sus visas que les habían sido suspendidas, ejemplificó.
El embajador estadunidense se encargó también de convencer a los candidatos presidenciales perdedores de las elecciones que fueron realizadas bajo golpe de Estado, de integrarse al “gobierno de unidad” de Lobo. Quien agradeció la intervención. En especial en el caso del representante del Parido Unificación democrática (UD), César Ham.
Además, el Embajador habría planteado una comisión de verdad; evaluó la frágil accion de Lobo para sacar a Micheletti y allegados con el presidente de Costa Rica, Oscar Arias que guió el Acuerdo San José; e intervino en la retirada y al mismo tiempo nombramiento del general que lideró el golpe de Estado, Romeo Vásquez Velásquez.
Llorens sugirió nombres para ministro de defensa y de igual forma, Lobo le pidió candidatos para designar un viceministro “limpio” que “contrabalanceara” el poderío que acumulaba Oscar Álvarez, nombrado ministro de seguridad.
Tegucigalpa, 31 Enero 2011. Tres nuevos cables liberados por WikiLeaks muestran como varias decisiones de Estado asumidas por el titular del régimen, Porfirio Lobo, fueron en realidad tomadas a iniciativa, consulta o con aprobación del embajador estadunidense, Hugo Llorens, incluso agradecidas por Lobo.
El cable 242521 del cinco de enero de 2010 indica que inmediatamente de regresar de vacaciones el 4 de enero, al día siguiente, Lobo se entrevistó con Lorens en la oficina del Embajador, quien quería la salida inmediata de Roberto Michletti, mucho antes de inaugurarse el nuevo periodo presidencial.
Llorens destacó que Micheletti se apartara era necesario para llamar el apoyo de la comunidad internacional a la inauguración y la reanudación de las relaciones con el régimen de Lobo.
El embajador recalcó a Lobo que la insistencia de Estados Unidos por la salida de Micheletti como jefe de Estado fue el motivo de la quinta y de la sexta visita de la Subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental Principal, Craig Kelly.
Dijo que Washington no estaba dispuesto a considerar favorable esperar que Micheletti se hiciera aun lado hasta los últimos días antes de naugurarse lo que Estados Unidos consideró como un nuevo gobierno.
Era necesaria la salida de Micheletti a mediados de enero, a fin de dar a Lobo el espacio para construir algún apoyo de la comunidad internacional y la esperanza de que ésta participara en la toma de posesión de Lobo.
El Embajador explicó que Kelly ofrecía incentivos positivos a Micheletti y su equipo si se hacían a un lado. Pero también dejaba claro que si éste continuaba metiendo sus narices en Estados Unidos y el resto de la comunidad internacional, habría consecuencias.
Sería muy difícil para Micheletti y sus partidarios conseguir de nuevo sus visas que les habían sido suspendidas, ejemplificó.
El embajador estadunidense se encargó también de convencer a los candidatos presidenciales perdedores de las elecciones que fueron realizadas bajo golpe de Estado, de integrarse al “gobierno de unidad” de Lobo. Quien agradeció la intervención. En especial en el caso del representante del Parido Unificación democrática (UD), César Ham.
Además, el Embajador habría planteado una comisión de verdad; evaluó la frágil accion de Lobo para sacar a Micheletti y allegados con el presidente de Costa Rica, Oscar Arias que guió el Acuerdo San José; e intervino en la retirada y al mismo tiempo nombramiento del general que lideró el golpe de Estado, Romeo Vásquez Velásquez.
Llorens sugirió nombres para ministro de defensa y de igual forma, Lobo le pidió candidatos para designar un viceministro “limpio” que “contrabalanceara” el poderío que acumulaba Oscar Álvarez, nombrado ministro de seguridad.
viernes, 28 de enero de 2011
Libertad de Expresión: experto de la ONU expresa su preocupación por persecución contra Radios Comunitarias
El Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de opinión y expresión, Frank la Rue, manifestó su preocupación por el actual clima de violencia, y la criminalización hacia las radios comunitarias en Honduras.
Según la información que se conoce, el 14 de enero los miembros de la Radio Comunitaria Garifuna Faluma Bimetu (Coco Dulce) de la comunidad el Triunfo de la Cruz, se vieron obligados a cerrar temporalmente ese medio de comunicación, debido a las amenazas de incendiar una vez más las instalaciones y su equipo, luego que en enero 2010 hubieran sido víctimas de un incendio.
La persecución y criminalización de las radios comunitarias se ha evidenciado también en otras comunidades Hondureñas, en donde incluso se han producido serios enfrentamientos entre miembros de las comunidades y las fuerzas de seguridad, tal es el caso de la Emisora Comunitaria de Zacate Grande, la cual ha denunciado temas relacionados con la tenencia de la tierra y abusos cometidos por las autoridades Hondureñas.
Preocupa al Relator el endurecimiento de las medidas adoptadas por el gobierno de Honduras en contra de aquellas radios comunitarias que denuncian públicamente temas sociales y ambientales, así como las violaciones a derechos humanos que afectan directamente a las comunidades.
El experto independiente de la ONU reiteró su posición sobre la importancia del derecho de los ciudadanos a estar plenamente informados sobre las actividades de los funcionarios públicos, en particular si estas atentan o afectan sus derechos individuales o colectivos.
“Pese a las previsiones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos(*)”, dijo el Sr. La Rue, “los Estados frecuentemente limitan o restringen la libertad de expresión arbitrariamente, incluso recurriendo a leyes penales o acciones civiles, a fin de silenciar el disenso o la crítica”.
El Relator Especial urgió al Estado a tomar en cuenta los instrumentos internacionales relacionados con el ejercicio de este derecho, particularmente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polìticos.
Fuente: http://www.radiotierra.com/node/2789
¡No más condenados de la Tierra!
Dr. Juan Almendares*
Recibimos la denuncia telefónica el día 27 de enero 2011 a las 6 P.M. por parte de los miembros de la Empresa de Asociados Buenos Amigos Elixir de Sabá, Departamento de Colón; que ese mismo día a las 4 P.M. llegaron aproximadamente un pelotón integrado por ochenta militares y policías, quienes sin presentar la debida orden judicial, procedieron al desalojo violento de 100 familias aterrorizando a 105 niños, niñas y un total de 462 personas.
Cinco días previos al desalojo; la comunidad había sido hostigada por un pelotón de 50 policías y militares.
Confirmamos con la Posta de la Dirección General de Investigación Criminal de Tocoa Colón la detención de tres personas con sus respectivos números de identidad: Santiago Rodríguez 1012-1962-00087; Santos Tomas Ríos 0603-1962-00006; Jorge Reynaldo Reynaldo Santos 0201-1984-00659.
La información fue proporcionada por una oficial de la Dirección de Investigación Criminal a quien no pudimos identificar por su nombre y nos manifestó que existía una orden de captura del Juzgado de Letras del 20 de enero del 2011. Sin embargo, otras fuentes nos informaron que no existía la citada orden.
Según nos manifestaron los denunciantes la captura de los tres miembros de la Empresa Campesina fue violenta; fueron objeto de tratos crueles, inhumanos y degradantes. La oficial de la posta policial nos negó el hecho. Sin embargo las personas no fueron examinadas por ningún médico o personal de salud; ni tampoco se nos permitió hablar telefónicamente con ellos ni pudimos contactar con la Fiscal de turno por fallas del sistema de comunicación.
Durante el desalojo, además del terror y tortura psicológica; la comunidad campesina fue despojada de sus pertenencias: alimentos, instrumentos de cocinar y ropa; lo cual no ha sido reintegrado. Situación que agrava la condición de desnutrición de los niños y niñas quienes pueden sufrir de hipoglucemia (niveles bajos de azúcar); por falta de alimentos lo cual puede producirles daño cerebral e incluso morir.
Presentamos esta denuncia a los organismos nacionales del Estado y a la comunidad Internacional; porque estos hechos en Honduras; históricamente son harto frecuentes. Una orden de un juez que nunca llega al lugar de los hechos; es interpretada por los cuerpos policiales y militares como la justificación de torturar, golpear mujeres, niños y niñas, quemas de casas y despojar de los paupérrimos recursos a los campesinos, garífunas e indígenas.
En Honduras las acciones represivas se justifican en nombre de la Ley y del Estado de Derecho. Se cometen los peores crímenes; porque estas leyes han sido instauradas por la violencia y la impunidad de los sectores hegemónicos y dominantes responsables del trauma, terror, tortura, y de masacres campesinas.
Demandamos el cese la violencia contra las comunidades campesinos, justicia y respeto a la vida de quienes viven como verdaderos condenados de la tierra.
Tegucigalpa 27 de enero 2011.
*Director Ejecutivo del CPTRT(Centro de Prevención Tratamiento y Rehabilitación de las Victimas de la Tortura y sus Familiares.
cc: Amnistía Internacional, CEJIL, CIDH, Cuerpo diplomático, APT, OMCT, ONU.
Recibimos la denuncia telefónica el día 27 de enero 2011 a las 6 P.M. por parte de los miembros de la Empresa de Asociados Buenos Amigos Elixir de Sabá, Departamento de Colón; que ese mismo día a las 4 P.M. llegaron aproximadamente un pelotón integrado por ochenta militares y policías, quienes sin presentar la debida orden judicial, procedieron al desalojo violento de 100 familias aterrorizando a 105 niños, niñas y un total de 462 personas.
Cinco días previos al desalojo; la comunidad había sido hostigada por un pelotón de 50 policías y militares.
Confirmamos con la Posta de la Dirección General de Investigación Criminal de Tocoa Colón la detención de tres personas con sus respectivos números de identidad: Santiago Rodríguez 1012-1962-00087; Santos Tomas Ríos 0603-1962-00006; Jorge Reynaldo Reynaldo Santos 0201-1984-00659.
La información fue proporcionada por una oficial de la Dirección de Investigación Criminal a quien no pudimos identificar por su nombre y nos manifestó que existía una orden de captura del Juzgado de Letras del 20 de enero del 2011. Sin embargo, otras fuentes nos informaron que no existía la citada orden.
Según nos manifestaron los denunciantes la captura de los tres miembros de la Empresa Campesina fue violenta; fueron objeto de tratos crueles, inhumanos y degradantes. La oficial de la posta policial nos negó el hecho. Sin embargo las personas no fueron examinadas por ningún médico o personal de salud; ni tampoco se nos permitió hablar telefónicamente con ellos ni pudimos contactar con la Fiscal de turno por fallas del sistema de comunicación.
Durante el desalojo, además del terror y tortura psicológica; la comunidad campesina fue despojada de sus pertenencias: alimentos, instrumentos de cocinar y ropa; lo cual no ha sido reintegrado. Situación que agrava la condición de desnutrición de los niños y niñas quienes pueden sufrir de hipoglucemia (niveles bajos de azúcar); por falta de alimentos lo cual puede producirles daño cerebral e incluso morir.
Presentamos esta denuncia a los organismos nacionales del Estado y a la comunidad Internacional; porque estos hechos en Honduras; históricamente son harto frecuentes. Una orden de un juez que nunca llega al lugar de los hechos; es interpretada por los cuerpos policiales y militares como la justificación de torturar, golpear mujeres, niños y niñas, quemas de casas y despojar de los paupérrimos recursos a los campesinos, garífunas e indígenas.
En Honduras las acciones represivas se justifican en nombre de la Ley y del Estado de Derecho. Se cometen los peores crímenes; porque estas leyes han sido instauradas por la violencia y la impunidad de los sectores hegemónicos y dominantes responsables del trauma, terror, tortura, y de masacres campesinas.
Demandamos el cese la violencia contra las comunidades campesinos, justicia y respeto a la vida de quienes viven como verdaderos condenados de la tierra.
Tegucigalpa 27 de enero 2011.
*Director Ejecutivo del CPTRT(Centro de Prevención Tratamiento y Rehabilitación de las Victimas de la Tortura y sus Familiares.
cc: Amnistía Internacional, CEJIL, CIDH, Cuerpo diplomático, APT, OMCT, ONU.
lunes, 24 de enero de 2011
¿Ciudades modelo o alquiladas?
Por Aníbal Delgado Fiallos
Las regiones administrativas especiales que han sido exitosas en Asia, obedecen a realidades históricas, políticas y sociales totalmente distintas a las de Honduras; pretender transplantarlas aquí no es sólo una insolencia teórica sino una estupidez política.
Aparte de lo anterior, al suponer la constitución de este enclave la entrega de parte del territorio nacional al capital transnacional y las potestades del Estado nacional a un Consejo de Administración integrado por magnates extranjeros, no se configura otra cosa que una flagrante amenaza a la soberanía nacional y a la independencia de la República.
Quienes promueven este proyecto seguramente dirán que las cosas no son como se plantean y como ha comenzado a entenderlas la sociedad hondureña, pero cualesquiera que sean las letras y conceptos con que lo adornen, en el fondo es un proyecto totalmente repudiable, un escandaloso tropiezo del presidente de la República que viola su atribución constitucional de mantener incólume la independencia y el honor de la República , la integridad e inviolabilidad del territorio nacional.
Quizás obnubilado por la fama de su promotor, Paul Romer, notable economista, profesor de Economía de la Universidad de Stanford, muy respetado en la comunidad científica, el presidente aceptó a ojos cerrados su propuesta de ciudad arrendada o alquilada (charter city), olvidando que la patria, así sea una minúscula porción de ella, no se alquila, ni se presta, ni se rifa, ni se vende.
La propuesta de ciudad alquilada charter city), a pesar del prestigio del doctor Romer, ha sido duramente cuestionada por destacados economistas en Estados Unidos, y rechazada por indecente y abusiva en aquellos países de América Latina y África donde la ha concretado, que no son ni Brasil, ni México, ni Chile, sino en aquellos de economías frágiles y gobiernos despistados.
Aceptar “al chilazo” una propuesta de esta naturaleza dice mucho de un gobierno; habla sobre todo de su carencia de planes, de su propensión a la improvisación, de una lamentable falta de compromiso con los intereses del país, porque atarse a proyectos de pompas de jabón como este que promete resultados encantadores a la vuelta de la esquina no es de gobiernos con un serio respaldo científico técnico.
Enriquecer al país, generar empleos, dignificar la vida del hondureño en un marco de independencia nacional es el propósito de todos y a ello debemos consagrarnos; la ciudad alquilada es una nueva forma de colonialismo y la colonia próspera, por más luminosa que parezca, jamás debe estar en nuestra agenda.
Las regiones administrativas especiales que han sido exitosas en Asia, obedecen a realidades históricas, políticas y sociales totalmente distintas a las de Honduras; pretender transplantarlas aquí no es sólo una insolencia teórica sino una estupidez política.
Aparte de lo anterior, al suponer la constitución de este enclave la entrega de parte del territorio nacional al capital transnacional y las potestades del Estado nacional a un Consejo de Administración integrado por magnates extranjeros, no se configura otra cosa que una flagrante amenaza a la soberanía nacional y a la independencia de la República.
Quienes promueven este proyecto seguramente dirán que las cosas no son como se plantean y como ha comenzado a entenderlas la sociedad hondureña, pero cualesquiera que sean las letras y conceptos con que lo adornen, en el fondo es un proyecto totalmente repudiable, un escandaloso tropiezo del presidente de la República que viola su atribución constitucional de mantener incólume la independencia y el honor de la República , la integridad e inviolabilidad del territorio nacional.
Quizás obnubilado por la fama de su promotor, Paul Romer, notable economista, profesor de Economía de la Universidad de Stanford, muy respetado en la comunidad científica, el presidente aceptó a ojos cerrados su propuesta de ciudad arrendada o alquilada (charter city), olvidando que la patria, así sea una minúscula porción de ella, no se alquila, ni se presta, ni se rifa, ni se vende.
La propuesta de ciudad alquilada charter city), a pesar del prestigio del doctor Romer, ha sido duramente cuestionada por destacados economistas en Estados Unidos, y rechazada por indecente y abusiva en aquellos países de América Latina y África donde la ha concretado, que no son ni Brasil, ni México, ni Chile, sino en aquellos de economías frágiles y gobiernos despistados.
Aceptar “al chilazo” una propuesta de esta naturaleza dice mucho de un gobierno; habla sobre todo de su carencia de planes, de su propensión a la improvisación, de una lamentable falta de compromiso con los intereses del país, porque atarse a proyectos de pompas de jabón como este que promete resultados encantadores a la vuelta de la esquina no es de gobiernos con un serio respaldo científico técnico.
Enriquecer al país, generar empleos, dignificar la vida del hondureño en un marco de independencia nacional es el propósito de todos y a ello debemos consagrarnos; la ciudad alquilada es una nueva forma de colonialismo y la colonia próspera, por más luminosa que parezca, jamás debe estar en nuestra agenda.
jueves, 20 de enero de 2011
Ciudades modelo no, sociedad modelo sí.
Por Tomás Andino Mencía
Cada vez se va revelando la verdadera dimensión del Golpe de Estado en Honduras.
Los hechos van demostrando que no solo hubo un Golpe político, consistente en el derrocamiento de un gobierno constitucional, sino que simultáneamente se está dando un proceso golpista más profundo, que abarca otras dimensiones de la realidad.
Estamos sufriendo un “Golpe Social” con el cercenamiento de las más caras conquistas sociales de la clase trabajadora, como la pérdida del derecho al empleo permanente (Ley de Empleo Temporal); la castración del Estatuto del Docente con la eliminación de su clausula de actualización salarial; la “suspensión” del Salario Mínimo; la inminente aprobación de la nueva Ley General de Educación; y ahora la derogación del Decreto 18-2008 que quita las tierras a los campesinos que fueron otorgadas por el Presidente Zelaya.
También somos testigos de un artero “Golpe Económico-Ambiental” con la puesta en venta de las más lucrativas instituciones de servicios públicos del Estado a través de la Ley de Inversión Publica Privada, y con el concesionamiento por treinta años (prorrogable) de la cuencas de los ríos de nuestro país a las familias de la oligarquía golpista, entre otras lacras.
Ahora viene el tiro de gracia; el “Golpe a la Soberanía del Estado de Honduras”, con la introducción del decreto que crea las “Regiones Especiales de Desarrollo”, mal llamadas “ciudades modelo”.
Las Ciudades-Estado Empresariales
Según el Proyecto de Decreto, las Regiones Especiales de Desarrollo (RED):
“son entes del Estado de Honduras creadas con el propósito de acelerar la adopción de tecnologías que permiten producir con alto valor agregado…” (Numeral 1 del artículo 329 constitucional reformado)
Aunque se las declara ser “entes del Estado de Honduras”, tienen un nivel de autonomía tan elevado que en dichas zonas no serán aplicables la mayoría de las leyes de Honduras, incluso la mayoría de disposiciones constitucionales, salvo en los temas relacionados a “soberanía, defensa nacional, relaciones exteriores, temas electorales, emisión de documentos de identidad y pasaportes” (numeral 5), o sea; salvo para entrar y salir del país, identificarse, votar y someterse a la política exterior y de defensa.
En otras palabras, en esos territorios queda en suspenso su calidad de ciudadanos(as) de Honduras y están bajo amenaza sus derechos humanos y civiles, en especial los derechos laborales, garantizados desde la Constitución de 1957, incluidas las convenciones internacionales que son aplicables al Estado de Honduras, ya que ni siquiera se las menciona. En su lugar, el Decreto en cuestión establece que esos complejos industriales-habitacionales tendrán una mini Constitución elaborada por los diputiteres de los empresarios:
“Los sistemas que se instituyan en las Regiones Especiales de Desarrollo deben ser fijados por un Estatuto Constitucional aprobado por el Congreso Nacional con una mayoría calificada de dos terceras partes de la totalidad de sus miembros” (numeral 2)
Para asegurarse que ningún gobierno posterior cambiara ese Estatuto, introducen una clausula aparentemente “democrática” pero que se presta a la manipulación en la que son maestros los grandes empresarios:
“Una vez promulgado ese Estatuto Constitucional solo podrá ser modificado, reformado, interpretado o derogado con la misma mayoría antes indicada, previo referéndum a la población que habite la Región Especial de Desarrollo de que se trate.” (Numeral 2)
Y sigue:
“Las RED tienen personalidad jurídica, deben contar con su propio sistema de administración pública, emitir su propia normativa legal, deben contar con su propio fuero jurisdiccional, pueden firmar tratados y convenios internacionales en temas relacionados con el comercio u cooperación en materias de su competencia, mismos que deben ser ratificados por el Congreso Nacional; y tendrán la atribución contenida en el Articulo 297[1] de esta Constitución” (numeral 3). Esto último significa por analogía con las municipalidades, que también podrán nombrar libremente a sus empleados públicos incluyendo a los agentes de la policía, los que serán costeados con sus propios fondos.
Además, sigue diciendo el Proyecto de Decreto:
“Las Regiones Especiales de Desarrollo deben tener su propio presupuesto, el derecho a recaudar y administrar sus tributos, celebrar todo tipo de contratos que se extiendan al siguiente periodo de gobierno y contratar sus propias deudas internas o externas siempre que sean sin el aval del Estado de Honduras. Al momento de su creación, deberá garantizarse que se respete todo lo dispuesto en el Artículo 12 de esta misma Constitución.[2]”
(Los subrayados son míos.-TA)
En buen romance, lo anterior significa que las Regiones Especiales de Desarrollo serán pequeños enclaves o ciudades-estados empresariales que se organizaran dentro del Estado de Honduras y al amparo de este, pero que serán prácticamente intocables una vez creadas. Además no se establece ningún límite de tiempo, por lo que se les concibe permanentes.
¿No es esto una pérdida de Soberanía del Estado de Honduras sobre esas partes de su territorio? ¿No es esta una alteración a la “Forma de gobierno” que tanto dicen defender?
El proyecto comenzara con la asignación de 33 Kilómetros cuadrados, en zonas como el Valle de Agalta y la desembocadura del Rio Sico Paulaya; no obstante, en sus planes esta conceder aproximadamente 1000 kilómetros cuadrados a empresarios extranjeros y nacionales ¡y quién sabe si a futuro se les ocurre extenderlas a regiones más vastas del país!
De esa forma, se cumplirá el sueño de las transnacionales y de los oligarcas criollos de subastar nuestro territorio y contar con espacios en los cual puedan hacer lo que se les antoje, sometiendo a sus habitantes a sus leyes.
La teoría neoliberal de Paul Romer
Para algunos sectores, estos “inconvenientes” se justificarían a cambio de los beneficios que tendrán esos enclaves, según sus promotores. Veamos que tan cierto es a partir de una mirada critica de su propuesta.
El promotor de este adefesio es el economista Paul Romer, profesor de la Universidad de Stamford, traído a Honduras por la Embajada de los Estados Unidos. El Sr. Romer es un académico de la teoría del desarrollo endógeno, que ha postulado una teoría sobre como contribuir, dice él, al desarrollo de los países pobres, mediante las denominadas Chárter Cities o “Ciudades de Estatuto”, basado en la experiencia china de Hong Kong.
En realidad, Romer lo que hizo fue tomar la idea de los chinos, originalmente diseñada para mejorar la productividad de un país socialista, para aplicarla a los fines de la explotación capitalista transnacional.
Según su teoría[3], lo que impulsa el desarrollo económico es la innovación tecnológica, cuyo componente mas importante es el capital humano. Pero lo que obstaculiza el desarrollo de los países pobres son las “malas normas” que los Estados le imponen a los grandes inversionistas, pues los desestimulan a invertir.
Traduciendo lo anterior, las “malas normas” de que habla Romer, son las leyes de los Estados creadas para proteger los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras, las leyes que protegen a las empresas estatales y los derechos de los consumidores(as), que a su juicio obstaculizan la inversión privada. Por eso Romer es un teorico del neoliberalismo radical.
Para este profesor se trata de darle opción a estos inversionistas de contar con un territorio donde no existan esas normas sino las suyas propias. Tales empresarios pueden ser nacionales o extranjeros. En ese territorio debe concentrarse mano de obra y darle la mejor educación y servicios públicos, pero no es necesario que sea toda la población porque para Romer capital humano es la población educada[4]. Ese territorio no debe ser tan pequeño como una comunidad pero tampoco tan grande como un país, sino del tamaño de una ciudad mediana, preferiblemente donde no haya habido habitantes previamente, para inducir ahí la colonización de mano de obra joven (de preferencia como primer trabajo), con la idea de que no tenga experiencia en la defensa de sus derechos y no esté organizada sindicalmente.
Según Romer, eso estimulara a los inversionistas a introducir tecnología de punta en complejos industriales enormes, que darán trabajo a centenares de miles de personas, bajo la premisa de que ningún Estado intervendrá para protegerlos. Esos trabajadores(as), además de ser explotados laboralmente, vivirán y consumirán ahí lo que las empresas les ofrezcan, elevando sus ganancias al máximo.
Para finalizar, Romer asegura que en el transcurso de varias décadas, el resto del territorio del país donde está el enclave, se verá atraído al largo plazo a este tipo de inversión, ampliando esos “beneficios” al resto del país y así los países pobres saldrán del subdesarrollo.
Problemas con la teoría de Romer
El primer problema con esa teoría es que rompe con el concepto de la soberanía de los estados nacionales que supuestamente busca salvar, para establecer la soberanía de las corporaciones transnacionales. Aunque según este teorico neoliberal la enajenación del territorio a favor de otro estado no es necesaria (aunque si lo es su autonomia absoluta respecto al estado matriz), lo cierto es que solo el capital transnacional posee la capacidad de hacer ese tipo de inversiones y el “prestigio” para generar confianza, por lo que Romer recomienda hacer “alianzas” con países desarrollados. Honduras esta curtida de esas “alianzas”, con los gringos por ejemplo, por lo que es previsible que su aplicación tendera a subyugar aun mas a nuestra nacion en lugar de contribuir a nuestra independencia.
El segundo problema es que se trata de un modelo elitista, que privilegia a un reducido segmento de la población para exprimirlo al maximo, mientras desprecia la calidad de vida del resto, que es la mayoría. Se crearian “islotes” privilegiados de inversión social sin resolver los graves problemas sociales del resto del país, creando dos categorías de ciudadanos(as). Tal situación es injusta porque el Estado de Honduras está obligado a velar por el bienestar de todos y todas sus habitantes.
El tercer problema es que, al crear islas de pleno empleo en medio de un país plagado de miseria, la tendencia será precarizar el valor de la fuerza de trabajo. No dudo que la desesperación llevara a millones de personas a competir por participar en las “chárter cities” (donde habrá libre circulación del dólar), pero aunque en un comienzo los salarios puedan ser algo más elevados que el promedio, como “enganche”, tal nivel de oferta de mano de obra generara una competencia entre los trabajadores que al largo plazo abaratara su costo salarial, agravado por el hecho de que los trabajadores padecerán un estado de indefensión respecto a sus derechos laborales y de ausencia de organización sindical. Por tanto, lo que se generalizara no es el desarrollo de los pueblos, sino formas de sujeción laboral que tenderán a ir hacia el deterioro de la mano de obra.
Sera algo asi como una super maquila, como cínicamente lo reconoce el golpista de Juan Orlando Hernandez[5] solo que viviendo ahí mismo. Y ya sabemos como progresa el salario en las maquilas, que ni siquiera son beneficiarios de los recientes aumentos al salario minimo, mientras que la explotacion es intensiva.
El cuarto problema es que los derechos humanos irían en retroceso, camino a desaparecer. Estarán especialmente amenazadas las convenciones de protección laboral universalmente reconocidas, lo cual colocaría en indefensión a los más vulnerables. En tal sentido, esta propuesta es el sueño totalitario del capital financiero, con el cual pretende establecer paraísos de explotación e impunidad.
El quinto problema es que la existencia de un sector empresarial oligárquico con acceso privilegiado a las chárter cities, marginara a un sector de la pequeña y mediana empresa privada que no tendrá las mismas ventajas y que seguirá sometida a las regulaciones corrientes del Estado. Incluso no es descartable que algunos sectores de la oligarquía, que tienen fuertes coinversiones en las maquilas, sean afectados por la migración del capital transnacionales hacia las charter cities. Eso puede estar en el fondo de la oposición de un sector del golpismo a este proyecto
El sexto problema es que al amparo de un micro estado, seguramente tenderán a refugiarse impunemente formas de capital ilícitas, creándose un paraíso fiscal de la corrupción y el crimen organizado.
Y el séptimo problema es que el Estado de Honduras está siendo usado como conejillo de indias de un experimento, ya que esta teoría no ha sido probada exitosamente en ninguna parte del mundo capitalista. No se sabe con certeza que efectos sociales, ecológicos y de seguridad traerá. Para empezar, el modelo fue diseñado inicialmente por los chinos para una economía planificada, socialista, no para una economía capitalista neoliberal; luego, no existen experiencias recientes de aplicación de las ideas de Romer que permitan prever sus consecuencias, como lo reconocen ciertos voceros de la misma burguesia.[6]
Solución integral solo en el Socialismo
Si tanto les preocupa el bienestar de las personas ¿Por qué en lugar de construir esas Ciudades Empresariales, no se hace Reforma Agraria, se paga el salario mínimo, se mejora y expande el seguro social, o se hace inversión en vivienda para los pobres? Es pedirles mucho a los diputiteres, pues estos solo le hacen los mandados a los oligarcas.
Causa rabia que quienes hoy le ofrecen al Pueblo paraísos como las “ciudades modelos”, no hace mucho dieron un golpe de Estado a un gobierno cuyo pecado fue querer hacer minimas reformas para beneficio de las mayorias.
¿Cuál es la alternativa entonces? El problema de Honduras no es que no se produzca riqueza suficiente, sino que esta es apropiada, derrochada y dilapidada por una elite corrupta, voraz y vende patria, en detrimento de los intereses de la clase trabajadora y las mayorías. El problema es el capitalismo que como sistema produce mas pobreza para unos y mas riqueza para otros.
Si algo han demostrado los teóricos de esta propuesta es que la misma ha funcionado bien en un sistema socialista, como en China. Aclaro que no todo me gusta en el modelo chino de socialismo, especialmente en lo que se refiere a su verticalismo político, pero al menos tiene lo básico de todo socialismo: que a diferencia de un sistema capitalista, en un país socialista la riqueza que generan las Zonas Especiales es reinvertida en beneficio de toda la población de ese pais a través de la inversión social del Estado. Cuba es otro ejemplo de cómo el socialismo utilizo inversión capitalista para sostener sus costosos servicios sociales de alta calidad, en medio del bloqueo norteamericano (como le ocurrió en el “Periodo Especial” de los años 80 con la masiva inversión mixta en el turismo). En condiciones especiales salidas temporales como estas son validas.
En cambio, en un país capitalista como el nuestro, la riqueza producida en dichas zonas no beneficiara en nada al Estado sino que irá a parar a las cuentas bancarias de los magnates extranjeros y de la oligarquía árabe en Honduras.
Hay personas que de buena voluntad creen los argumentos de los promotores de esa idea, pero que no alcanzan a ver la diferencia entre una y otra cosa, y por eso se confunden.
Por consiguiente, en oposición al modelo de las chárter cities, la Resistencia debe oponer la construcción de una sociedad Socialista, nuestra Sociedad Modelo, en la que se eliminen las causas del atraso y la dependencia. Un Socialismo del tipo que mas nos convenga, pero que sea Socialismo. Y a través de la Constituyente podremos lograrlo.
Pero por ahora, debemos hacer campaña para que esta monstruosidad neoliberal no sea ni aprobada ni ratificada en nuestro país.
El Frente Nacional de Resistencia Popular ya deberíamos estar en la calle. ¿Que esperamos?
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[1] ARTICULO 297.- Las municipalidades nombrarán libremente a los empleados de su dependencia incluyendo a los agentes de la policía que costeen con sus propios fondos.
[2] ARTICULO 12.- El Estado ejerce soberanía y jurisdicción en el espacio aéreo y en el sub-suelo de su territorio continental e insular, mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva y plataforma continental. La presente declaración de soberanía no desconoce legítimos derechos similares de otros Estados sobre la base de reciprocidad ni afecta los derechos de libre navegación de todas las naciones conforme al derecho internacional ni el cumplimiento de los tratados o convenciones ratificados por la República.
[3] Ver una exposición simplificada de su teoría por el mismo autor en: TEDGlobal 2009, disponible en: http://www.ted.com/talks/paul_romer.html
[4] Dice Romer que “La medida correcta de la escala no es la población sino el capital humano”, citado por: Rodriguez Vargas, Jose de Jesus, en “La Nueva Fase del Desarrollo del Capitalismo Mundial”, capitulo sobre las Teorias del Crecimiento Economico (Tesis Doctoral), disponible en http://www.eumed.net/tesis/jjrv/7c.htm.
[5] "Es como una maquila ampliada a un nivel mucho mayor, con los beneficios de empleo y atracción de inversiones, pero extendida a beneficios sociales y económicos adicionales, es como vivir el sueño americano en Honduras" (Juan Orlando Hernandez, en El Heraldo, “Las Ciudades Modelo una Opcion para Honduras”, 4 enero 2011)
[6] “Alguien podría también mencionar el caso de la capital de Etiopía, Adís Abeba; pero la verdad es que tampoco esta ciudad sigue el modelo de Romer. Y si estamos hablando de que el tema de las ciudades modelo se adoptará para impulsar el crecimiento y desarrollo de Honduras, no creo que Etiopía (aunque haya mostrado hasta el 2008 cierto crecimiento económico), con sus altas tasas de miseria rural y urbana, sea un ejemplo que podamos citar. Frecuentemente se citan tres ejemplos cuando se habla de Ciudades Modelo: Shenzhen en China, Hong Kong en el mismo país y Singapur. Sin embargo ninguna de ellas es una Ciudad Modelo en sí: a) Shenzhen es una Zona Económica Especial, más parecida a los ZIPde Honduras, que al concepto desarrollado por Romer; b) Hong Kong es una “región administrativa especial” de China, junto con Macao, pero su desarrollo económico resulta de razones históricas muy diferentes,remontándose a cuando era un protectorado de Inglaterra; y, c) Singapur es un país, no simplemente una ciudad. Ademas su crecimiento económico se debe mas a su puerto que a su buen gobierno.” (Editorial de HRN, 17 de enero 2011)
Cada vez se va revelando la verdadera dimensión del Golpe de Estado en Honduras.
Los hechos van demostrando que no solo hubo un Golpe político, consistente en el derrocamiento de un gobierno constitucional, sino que simultáneamente se está dando un proceso golpista más profundo, que abarca otras dimensiones de la realidad.
Estamos sufriendo un “Golpe Social” con el cercenamiento de las más caras conquistas sociales de la clase trabajadora, como la pérdida del derecho al empleo permanente (Ley de Empleo Temporal); la castración del Estatuto del Docente con la eliminación de su clausula de actualización salarial; la “suspensión” del Salario Mínimo; la inminente aprobación de la nueva Ley General de Educación; y ahora la derogación del Decreto 18-2008 que quita las tierras a los campesinos que fueron otorgadas por el Presidente Zelaya.
También somos testigos de un artero “Golpe Económico-Ambiental” con la puesta en venta de las más lucrativas instituciones de servicios públicos del Estado a través de la Ley de Inversión Publica Privada, y con el concesionamiento por treinta años (prorrogable) de la cuencas de los ríos de nuestro país a las familias de la oligarquía golpista, entre otras lacras.
Ahora viene el tiro de gracia; el “Golpe a la Soberanía del Estado de Honduras”, con la introducción del decreto que crea las “Regiones Especiales de Desarrollo”, mal llamadas “ciudades modelo”.
Las Ciudades-Estado Empresariales
Según el Proyecto de Decreto, las Regiones Especiales de Desarrollo (RED):
“son entes del Estado de Honduras creadas con el propósito de acelerar la adopción de tecnologías que permiten producir con alto valor agregado…” (Numeral 1 del artículo 329 constitucional reformado)
Aunque se las declara ser “entes del Estado de Honduras”, tienen un nivel de autonomía tan elevado que en dichas zonas no serán aplicables la mayoría de las leyes de Honduras, incluso la mayoría de disposiciones constitucionales, salvo en los temas relacionados a “soberanía, defensa nacional, relaciones exteriores, temas electorales, emisión de documentos de identidad y pasaportes” (numeral 5), o sea; salvo para entrar y salir del país, identificarse, votar y someterse a la política exterior y de defensa.
En otras palabras, en esos territorios queda en suspenso su calidad de ciudadanos(as) de Honduras y están bajo amenaza sus derechos humanos y civiles, en especial los derechos laborales, garantizados desde la Constitución de 1957, incluidas las convenciones internacionales que son aplicables al Estado de Honduras, ya que ni siquiera se las menciona. En su lugar, el Decreto en cuestión establece que esos complejos industriales-habitacionales tendrán una mini Constitución elaborada por los diputiteres de los empresarios:
“Los sistemas que se instituyan en las Regiones Especiales de Desarrollo deben ser fijados por un Estatuto Constitucional aprobado por el Congreso Nacional con una mayoría calificada de dos terceras partes de la totalidad de sus miembros” (numeral 2)
Para asegurarse que ningún gobierno posterior cambiara ese Estatuto, introducen una clausula aparentemente “democrática” pero que se presta a la manipulación en la que son maestros los grandes empresarios:
“Una vez promulgado ese Estatuto Constitucional solo podrá ser modificado, reformado, interpretado o derogado con la misma mayoría antes indicada, previo referéndum a la población que habite la Región Especial de Desarrollo de que se trate.” (Numeral 2)
Y sigue:
“Las RED tienen personalidad jurídica, deben contar con su propio sistema de administración pública, emitir su propia normativa legal, deben contar con su propio fuero jurisdiccional, pueden firmar tratados y convenios internacionales en temas relacionados con el comercio u cooperación en materias de su competencia, mismos que deben ser ratificados por el Congreso Nacional; y tendrán la atribución contenida en el Articulo 297[1] de esta Constitución” (numeral 3). Esto último significa por analogía con las municipalidades, que también podrán nombrar libremente a sus empleados públicos incluyendo a los agentes de la policía, los que serán costeados con sus propios fondos.
Además, sigue diciendo el Proyecto de Decreto:
“Las Regiones Especiales de Desarrollo deben tener su propio presupuesto, el derecho a recaudar y administrar sus tributos, celebrar todo tipo de contratos que se extiendan al siguiente periodo de gobierno y contratar sus propias deudas internas o externas siempre que sean sin el aval del Estado de Honduras. Al momento de su creación, deberá garantizarse que se respete todo lo dispuesto en el Artículo 12 de esta misma Constitución.[2]”
(Los subrayados son míos.-TA)
En buen romance, lo anterior significa que las Regiones Especiales de Desarrollo serán pequeños enclaves o ciudades-estados empresariales que se organizaran dentro del Estado de Honduras y al amparo de este, pero que serán prácticamente intocables una vez creadas. Además no se establece ningún límite de tiempo, por lo que se les concibe permanentes.
¿No es esto una pérdida de Soberanía del Estado de Honduras sobre esas partes de su territorio? ¿No es esta una alteración a la “Forma de gobierno” que tanto dicen defender?
El proyecto comenzara con la asignación de 33 Kilómetros cuadrados, en zonas como el Valle de Agalta y la desembocadura del Rio Sico Paulaya; no obstante, en sus planes esta conceder aproximadamente 1000 kilómetros cuadrados a empresarios extranjeros y nacionales ¡y quién sabe si a futuro se les ocurre extenderlas a regiones más vastas del país!
De esa forma, se cumplirá el sueño de las transnacionales y de los oligarcas criollos de subastar nuestro territorio y contar con espacios en los cual puedan hacer lo que se les antoje, sometiendo a sus habitantes a sus leyes.
La teoría neoliberal de Paul Romer
Para algunos sectores, estos “inconvenientes” se justificarían a cambio de los beneficios que tendrán esos enclaves, según sus promotores. Veamos que tan cierto es a partir de una mirada critica de su propuesta.
El promotor de este adefesio es el economista Paul Romer, profesor de la Universidad de Stamford, traído a Honduras por la Embajada de los Estados Unidos. El Sr. Romer es un académico de la teoría del desarrollo endógeno, que ha postulado una teoría sobre como contribuir, dice él, al desarrollo de los países pobres, mediante las denominadas Chárter Cities o “Ciudades de Estatuto”, basado en la experiencia china de Hong Kong.
En realidad, Romer lo que hizo fue tomar la idea de los chinos, originalmente diseñada para mejorar la productividad de un país socialista, para aplicarla a los fines de la explotación capitalista transnacional.
Según su teoría[3], lo que impulsa el desarrollo económico es la innovación tecnológica, cuyo componente mas importante es el capital humano. Pero lo que obstaculiza el desarrollo de los países pobres son las “malas normas” que los Estados le imponen a los grandes inversionistas, pues los desestimulan a invertir.
Traduciendo lo anterior, las “malas normas” de que habla Romer, son las leyes de los Estados creadas para proteger los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras, las leyes que protegen a las empresas estatales y los derechos de los consumidores(as), que a su juicio obstaculizan la inversión privada. Por eso Romer es un teorico del neoliberalismo radical.
Para este profesor se trata de darle opción a estos inversionistas de contar con un territorio donde no existan esas normas sino las suyas propias. Tales empresarios pueden ser nacionales o extranjeros. En ese territorio debe concentrarse mano de obra y darle la mejor educación y servicios públicos, pero no es necesario que sea toda la población porque para Romer capital humano es la población educada[4]. Ese territorio no debe ser tan pequeño como una comunidad pero tampoco tan grande como un país, sino del tamaño de una ciudad mediana, preferiblemente donde no haya habido habitantes previamente, para inducir ahí la colonización de mano de obra joven (de preferencia como primer trabajo), con la idea de que no tenga experiencia en la defensa de sus derechos y no esté organizada sindicalmente.
Según Romer, eso estimulara a los inversionistas a introducir tecnología de punta en complejos industriales enormes, que darán trabajo a centenares de miles de personas, bajo la premisa de que ningún Estado intervendrá para protegerlos. Esos trabajadores(as), además de ser explotados laboralmente, vivirán y consumirán ahí lo que las empresas les ofrezcan, elevando sus ganancias al máximo.
Para finalizar, Romer asegura que en el transcurso de varias décadas, el resto del territorio del país donde está el enclave, se verá atraído al largo plazo a este tipo de inversión, ampliando esos “beneficios” al resto del país y así los países pobres saldrán del subdesarrollo.
Problemas con la teoría de Romer
El primer problema con esa teoría es que rompe con el concepto de la soberanía de los estados nacionales que supuestamente busca salvar, para establecer la soberanía de las corporaciones transnacionales. Aunque según este teorico neoliberal la enajenación del territorio a favor de otro estado no es necesaria (aunque si lo es su autonomia absoluta respecto al estado matriz), lo cierto es que solo el capital transnacional posee la capacidad de hacer ese tipo de inversiones y el “prestigio” para generar confianza, por lo que Romer recomienda hacer “alianzas” con países desarrollados. Honduras esta curtida de esas “alianzas”, con los gringos por ejemplo, por lo que es previsible que su aplicación tendera a subyugar aun mas a nuestra nacion en lugar de contribuir a nuestra independencia.
El segundo problema es que se trata de un modelo elitista, que privilegia a un reducido segmento de la población para exprimirlo al maximo, mientras desprecia la calidad de vida del resto, que es la mayoría. Se crearian “islotes” privilegiados de inversión social sin resolver los graves problemas sociales del resto del país, creando dos categorías de ciudadanos(as). Tal situación es injusta porque el Estado de Honduras está obligado a velar por el bienestar de todos y todas sus habitantes.
El tercer problema es que, al crear islas de pleno empleo en medio de un país plagado de miseria, la tendencia será precarizar el valor de la fuerza de trabajo. No dudo que la desesperación llevara a millones de personas a competir por participar en las “chárter cities” (donde habrá libre circulación del dólar), pero aunque en un comienzo los salarios puedan ser algo más elevados que el promedio, como “enganche”, tal nivel de oferta de mano de obra generara una competencia entre los trabajadores que al largo plazo abaratara su costo salarial, agravado por el hecho de que los trabajadores padecerán un estado de indefensión respecto a sus derechos laborales y de ausencia de organización sindical. Por tanto, lo que se generalizara no es el desarrollo de los pueblos, sino formas de sujeción laboral que tenderán a ir hacia el deterioro de la mano de obra.
Sera algo asi como una super maquila, como cínicamente lo reconoce el golpista de Juan Orlando Hernandez[5] solo que viviendo ahí mismo. Y ya sabemos como progresa el salario en las maquilas, que ni siquiera son beneficiarios de los recientes aumentos al salario minimo, mientras que la explotacion es intensiva.
El cuarto problema es que los derechos humanos irían en retroceso, camino a desaparecer. Estarán especialmente amenazadas las convenciones de protección laboral universalmente reconocidas, lo cual colocaría en indefensión a los más vulnerables. En tal sentido, esta propuesta es el sueño totalitario del capital financiero, con el cual pretende establecer paraísos de explotación e impunidad.
El quinto problema es que la existencia de un sector empresarial oligárquico con acceso privilegiado a las chárter cities, marginara a un sector de la pequeña y mediana empresa privada que no tendrá las mismas ventajas y que seguirá sometida a las regulaciones corrientes del Estado. Incluso no es descartable que algunos sectores de la oligarquía, que tienen fuertes coinversiones en las maquilas, sean afectados por la migración del capital transnacionales hacia las charter cities. Eso puede estar en el fondo de la oposición de un sector del golpismo a este proyecto
El sexto problema es que al amparo de un micro estado, seguramente tenderán a refugiarse impunemente formas de capital ilícitas, creándose un paraíso fiscal de la corrupción y el crimen organizado.
Y el séptimo problema es que el Estado de Honduras está siendo usado como conejillo de indias de un experimento, ya que esta teoría no ha sido probada exitosamente en ninguna parte del mundo capitalista. No se sabe con certeza que efectos sociales, ecológicos y de seguridad traerá. Para empezar, el modelo fue diseñado inicialmente por los chinos para una economía planificada, socialista, no para una economía capitalista neoliberal; luego, no existen experiencias recientes de aplicación de las ideas de Romer que permitan prever sus consecuencias, como lo reconocen ciertos voceros de la misma burguesia.[6]
Solución integral solo en el Socialismo
Si tanto les preocupa el bienestar de las personas ¿Por qué en lugar de construir esas Ciudades Empresariales, no se hace Reforma Agraria, se paga el salario mínimo, se mejora y expande el seguro social, o se hace inversión en vivienda para los pobres? Es pedirles mucho a los diputiteres, pues estos solo le hacen los mandados a los oligarcas.
Causa rabia que quienes hoy le ofrecen al Pueblo paraísos como las “ciudades modelos”, no hace mucho dieron un golpe de Estado a un gobierno cuyo pecado fue querer hacer minimas reformas para beneficio de las mayorias.
¿Cuál es la alternativa entonces? El problema de Honduras no es que no se produzca riqueza suficiente, sino que esta es apropiada, derrochada y dilapidada por una elite corrupta, voraz y vende patria, en detrimento de los intereses de la clase trabajadora y las mayorías. El problema es el capitalismo que como sistema produce mas pobreza para unos y mas riqueza para otros.
Si algo han demostrado los teóricos de esta propuesta es que la misma ha funcionado bien en un sistema socialista, como en China. Aclaro que no todo me gusta en el modelo chino de socialismo, especialmente en lo que se refiere a su verticalismo político, pero al menos tiene lo básico de todo socialismo: que a diferencia de un sistema capitalista, en un país socialista la riqueza que generan las Zonas Especiales es reinvertida en beneficio de toda la población de ese pais a través de la inversión social del Estado. Cuba es otro ejemplo de cómo el socialismo utilizo inversión capitalista para sostener sus costosos servicios sociales de alta calidad, en medio del bloqueo norteamericano (como le ocurrió en el “Periodo Especial” de los años 80 con la masiva inversión mixta en el turismo). En condiciones especiales salidas temporales como estas son validas.
En cambio, en un país capitalista como el nuestro, la riqueza producida en dichas zonas no beneficiara en nada al Estado sino que irá a parar a las cuentas bancarias de los magnates extranjeros y de la oligarquía árabe en Honduras.
Hay personas que de buena voluntad creen los argumentos de los promotores de esa idea, pero que no alcanzan a ver la diferencia entre una y otra cosa, y por eso se confunden.
Por consiguiente, en oposición al modelo de las chárter cities, la Resistencia debe oponer la construcción de una sociedad Socialista, nuestra Sociedad Modelo, en la que se eliminen las causas del atraso y la dependencia. Un Socialismo del tipo que mas nos convenga, pero que sea Socialismo. Y a través de la Constituyente podremos lograrlo.
Pero por ahora, debemos hacer campaña para que esta monstruosidad neoliberal no sea ni aprobada ni ratificada en nuestro país.
El Frente Nacional de Resistencia Popular ya deberíamos estar en la calle. ¿Que esperamos?
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[1] ARTICULO 297.- Las municipalidades nombrarán libremente a los empleados de su dependencia incluyendo a los agentes de la policía que costeen con sus propios fondos.
[2] ARTICULO 12.- El Estado ejerce soberanía y jurisdicción en el espacio aéreo y en el sub-suelo de su territorio continental e insular, mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva y plataforma continental. La presente declaración de soberanía no desconoce legítimos derechos similares de otros Estados sobre la base de reciprocidad ni afecta los derechos de libre navegación de todas las naciones conforme al derecho internacional ni el cumplimiento de los tratados o convenciones ratificados por la República.
[3] Ver una exposición simplificada de su teoría por el mismo autor en: TEDGlobal 2009, disponible en: http://www.ted.com/talks/paul_romer.html
[4] Dice Romer que “La medida correcta de la escala no es la población sino el capital humano”, citado por: Rodriguez Vargas, Jose de Jesus, en “La Nueva Fase del Desarrollo del Capitalismo Mundial”, capitulo sobre las Teorias del Crecimiento Economico (Tesis Doctoral), disponible en http://www.eumed.net/tesis/jjrv/7c.htm.
[5] "Es como una maquila ampliada a un nivel mucho mayor, con los beneficios de empleo y atracción de inversiones, pero extendida a beneficios sociales y económicos adicionales, es como vivir el sueño americano en Honduras" (Juan Orlando Hernandez, en El Heraldo, “Las Ciudades Modelo una Opcion para Honduras”, 4 enero 2011)
[6] “Alguien podría también mencionar el caso de la capital de Etiopía, Adís Abeba; pero la verdad es que tampoco esta ciudad sigue el modelo de Romer. Y si estamos hablando de que el tema de las ciudades modelo se adoptará para impulsar el crecimiento y desarrollo de Honduras, no creo que Etiopía (aunque haya mostrado hasta el 2008 cierto crecimiento económico), con sus altas tasas de miseria rural y urbana, sea un ejemplo que podamos citar. Frecuentemente se citan tres ejemplos cuando se habla de Ciudades Modelo: Shenzhen en China, Hong Kong en el mismo país y Singapur. Sin embargo ninguna de ellas es una Ciudad Modelo en sí: a) Shenzhen es una Zona Económica Especial, más parecida a los ZIPde Honduras, que al concepto desarrollado por Romer; b) Hong Kong es una “región administrativa especial” de China, junto con Macao, pero su desarrollo económico resulta de razones históricas muy diferentes,remontándose a cuando era un protectorado de Inglaterra; y, c) Singapur es un país, no simplemente una ciudad. Ademas su crecimiento económico se debe mas a su puerto que a su buen gobierno.” (Editorial de HRN, 17 de enero 2011)
martes, 18 de enero de 2011
Asesinado con picahielos integrante de la Resistencia, testigo de secuestro a periodistas de Globo TV.
Red Morazánica de información
Tegucigalpa. 17 Enero 2010. El Comité para la Defensa de los Derechos Humanos de Honduras (CODEH), informó este domingo el asesinato del miembro activo de la Resistencia, José Ricardo Domínguez Hernández, razón por la que antes, en febrero de 2010, fue detenido junto a otros integrantes.
Domínguez Hernández era testigo ante la Fiscalía de los Derechos Humanos, en el caso de torturas y secuestro contra dos periodistas de Globo TV, y tenía solicitud número MC 38 con otros agredidos, de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Según el CODEH, “el crimen fue horrendo, su cuerpo presentaba varias heridas corto punzantes, al parecer habría sido asesinado con un punzón que se usa para picar hielo”.
Domínguez Hernández presentaba las manos con un color distinto al resto del cuerpo, lo que hace suponer que las habría tenido varias horas “amordazadas con chachas (instrumento policial), cuando se les ata con cáñamos o cabuyas…”, informan.
Los vencimos del área donde fue encontrado tirado el cadáver de Domínguez, en la Colonia El Sitio, en Tegucigalpa, dijeron no haber escuchado disparos, “lo que demuestra que fue asesinado de manera cruel, que infringieron sufrimiento (torturas) en la víctima, mientras buscaban información”, valoró el CODEH.
La organización defensora los derechos humanos, manifestó estar preocupada porque funcionan en Honduras, durante más de un año y medios, grupos irregulares, que cometen horrendos crímenes con la aquiescencia del Estado. Y, ha exigido investigar el caso.
Asimismo, ha pedido a la CIDH se indague el grado de responsabilidad que oficiales de la Policía, como también del Ejército, tienen en la "escalada de agresión que sufren los miembros de la Resistencia".
La CIDH otorgó, el 25 de febrero de 2010, medidas cautelares a favor de Manuel de Jesús Varela Murillo y otras personas que, amenazadas con machetes, fueron interrogadas sobre un supuesto arsenal y dólares, mientras eran coaccionados a abandonar la Resistencia.
En el mismo documento, la CIDH instó al Estado hondureño a informarle sobre la situación de Domínguez, la que fue solicitada al Presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pero éste nunca informó a La CIDH sobre Domínguez Hernández, asevera el CODEH.
Tegucigalpa. 17 Enero 2010. El Comité para la Defensa de los Derechos Humanos de Honduras (CODEH), informó este domingo el asesinato del miembro activo de la Resistencia, José Ricardo Domínguez Hernández, razón por la que antes, en febrero de 2010, fue detenido junto a otros integrantes.
Domínguez Hernández era testigo ante la Fiscalía de los Derechos Humanos, en el caso de torturas y secuestro contra dos periodistas de Globo TV, y tenía solicitud número MC 38 con otros agredidos, de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Según el CODEH, “el crimen fue horrendo, su cuerpo presentaba varias heridas corto punzantes, al parecer habría sido asesinado con un punzón que se usa para picar hielo”.
Domínguez Hernández presentaba las manos con un color distinto al resto del cuerpo, lo que hace suponer que las habría tenido varias horas “amordazadas con chachas (instrumento policial), cuando se les ata con cáñamos o cabuyas…”, informan.
Los vencimos del área donde fue encontrado tirado el cadáver de Domínguez, en la Colonia El Sitio, en Tegucigalpa, dijeron no haber escuchado disparos, “lo que demuestra que fue asesinado de manera cruel, que infringieron sufrimiento (torturas) en la víctima, mientras buscaban información”, valoró el CODEH.
La organización defensora los derechos humanos, manifestó estar preocupada porque funcionan en Honduras, durante más de un año y medios, grupos irregulares, que cometen horrendos crímenes con la aquiescencia del Estado. Y, ha exigido investigar el caso.
Asimismo, ha pedido a la CIDH se indague el grado de responsabilidad que oficiales de la Policía, como también del Ejército, tienen en la "escalada de agresión que sufren los miembros de la Resistencia".
La CIDH otorgó, el 25 de febrero de 2010, medidas cautelares a favor de Manuel de Jesús Varela Murillo y otras personas que, amenazadas con machetes, fueron interrogadas sobre un supuesto arsenal y dólares, mientras eran coaccionados a abandonar la Resistencia.
En el mismo documento, la CIDH instó al Estado hondureño a informarle sobre la situación de Domínguez, la que fue solicitada al Presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pero éste nunca informó a La CIDH sobre Domínguez Hernández, asevera el CODEH.
Cesan las transmisiones de la radio comunitaria garífuna Faluma Bimetu “Coco Dulce”, ante el incremento de amenazas y hostigamiento
RED DE SOLIDARIDAD INTERNACIONAL
AMARC-ALC
ALERTA
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Honduras, 17 de enero de 2011
Cesan las transmisiones de la radio comunitaria garífuna Faluma Bimetu “Coco Dulce”, ante el incremento de amenazas y hostigamiento.
Acusan injustificadamente e inician proceso penal en contra de su director, Alfredo López.
Amenazan con volver a incendiarla, por medida de seguridad la radio cerró el día de ayer sus transmisiones, ante la completa inacción de las autoridades.
Este viernes 14 de enero Alfredo López, director de la radio Faluma Bimetu “Coco Dulce”, fue llamado a declarar al Juzgado de Paz de lo Criminal como parte de un proceso acusatorio en su contra por los hechos relativos a un tiroteo ocurrido el 11 de enero durante la madrugada. Tras su declaración, fue levantada un acta mediante la cual se suspendió la acusación en su contra por falta de elementos probatorios.
Estos hechos se suman a una serie de actos de agresión que la radio y sus integrantes han sufrido durante años. Uno de ellos lo constituye el incendio de la radio en enero de 2010, hecho que se han mantenido en la impunidad[1]. A pesar de que integrantes de la radio cuentan con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado hondureño no ha implementado las acciones necesarias para garantizar su seguridad.
Frente a las próximas elecciones del nuevo patronato de la comunidad Triunfo de la Cruz, en la que se encuentra la radio, se ha incrementado el clima de tensión y agresiones verbales en contra integrantes de la radio Faluma Bimetu. Por tanto, han determinado suspender transmisiones hasta en tanto mejoren las condiciones y se valore que las y los integrantes de la radio se encuentran fuera de peligro.[2]
La radio comunitaria Faluma Bimetu inició sus transmisiones desde 1997 con el propósito de contribuir a afianzar la cultura Garífuna y promover derechos como el del territorio ancestral de su comunidad. Desde entonces, las organizaciones – incluida la radio- dedicadas a esta defensa han sufrido violaciones a sus derechos humanos, algunas de las cuales se han traducido en procesos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, tales como la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos mediante la cual determinó que Alfredo López fue privado de su libertad injustificadamente[3], y los trámites ante la CIDH mediante los cuales las comunidades Triunfo de la Cruz y otras han defendido sus territorios frente a ocupaciones ilegales, algunas de las cuales intentan privatizar para hacer lucro con el turismo en la región violentando además de los derechos del pueblo originario garífuna[4].
Estas agresiones forman parte también de otros hechos de hostigamiento que han ocurrido en las últimas semanas en contra de otros medios comunitarios en Honduras[5]. Por tanto, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias para América Latina y el Caribe (AMARC ALC) hace un llamado urgente al Estado hondureño a fin de que cese estas agresiones e implemente de manera urgente todas las acciones necesarias a fin de que las radios comunitarias puedan ejercer su labor en condiciones de seguridad, en particular, que la Radio Faluma Bimetu pueda reiniciar sus transmisiones cuanto antes. Asimismo, AMARC ALC solicita a la CIDH que continúe el seguimiento cercano a la situación del derecho a la libertad de expresión en Honduras, en particular la adecuada implementación de medidas cautelares por parte de este país.
_________________________________________________________________________________________
[1] Más información sobre el caso disponible en: http://legislaciones.item.org.uy/index?q=node/1885
[2] Comunicado emitido por Copinh disponible en: http://www.prensaindigena.org.mx/?q=content/honduras-comunicado-de-alerta
[3] La Corte declaró por unanimidad que el Estado hondureño violó los derechos a la libertad e integridad personal, a las garantías judiciales y protección judicial, así como a la libertad de pensamiento y expresión en perjuicio del seños Alfredo López Álvarez. Sentencia disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_141_esp.pdf
[4] Ver Informes de Admisibilidad de la CIDH disponibles en: http://www.cidh.org/annualrep/2006sp/Honduras906.03sp.htm, http://www.cidh.org/annualrep/2007sp/Honduras1118.03sp.htm, www.cidh.oas.org/annualrep/2010sp/HOAD1119-03ES.doc
[5] Ver comunicado de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH: http://www.cidh.oas.org/relatoria/showarticle.asp?artID=831&lID=2
______________________________________________________________________
Aleida Calleja
Directora del Programa de Legislaciones y Derecho a la Comunicación
AMARC-ALC
aleida@laneta.apc.org
Tel. 52 (55)5658 9127
52 (55) 5659 4837
3a Cerrada de Epsilon No 41-309, Coyoacán, México, D. F
Los maquillajes del régimen
En las últimas semanas, el régimen de Lobo Sosa ha emprendido una serie de acciones y medidas que le dan la apariencia de estar comprometido con la reconciliación nacional y con la construcción de una democracia participativa e inclusiva.
En primer lugar, a nivel judicial se ha iniciado un procedimiento que más parece un circo jurídico con el objetivo de limpiar el expediente del ex presidente Zelaya en relación con los supuestos delitos que se le imputaron después que se ejecutó el golpe de Estado.
A pesar de que el Código Procesal Penal establece que los altos funcionarios del Estado deben ser juzgados mediante un procedimiento especial, a Zelaya, que es diputado del PARLACEN, se le sigue este “lavado de expediente” en un simple juzgado común y representado por defensores públicos asignados por el propio Estado.
En segundo lugar, el presidente del congreso nacional, Juan Orlando Hernández y otros diputados de todos los partidos políticos que dieron el golpe de Estado para evitar la reforma de los artículos pétreos, sorprendentemente han reformado el artículo 5 constitucional que deja sin restricciones las figuras del plebiscito y referéndum.
No obstante, aunque en teoría el pueblo hondureño puede ser consultado sobre cualquier tema, incluido la eliminación de los artículos pétreos, siempre queda en manos del congreso nacional la decisión última de aceptar o no el resultado de la consulta.
Y en tercer lugar, el presidente del congreso nacional ha denunciado la existencia de unos documentos que fueron falsificados por cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia y que sirvieron de base para despedir ilegalmente a tres jueces y una magistrada que se opusieron al rompimiento del orden constitucional. También ha señalado que de comprobarse tal extremo, tales magistrados serían destituidos.
Al mismo tiempo, el congreso se apresta a reformar la Constitución para crear un consejo de la judicatura que le quitaría a la Corte Suprema las funciones administrativas; sin embargo, tal y como lo denuncia la Asociación de Jueces por la Democracia, la premura de la reforma y la falta de consenso con los sectores pertinentes genera el grave peligro de que este nuevo órgano termine siendo víctima de un nuevo reparto político partidario que ahondaría las profundas debilidades de la administración de justicia.
Aunque pareciera que todas estas medidas son positivas, no debemos ignorar que están encaminadas a oxigenar a un sistema político y económico que ha colapsado; parrafraseando a Tomás Andino, así como no es posible que de la noche a la mañana la basura se transforme en oro, tampoco es posible que los golpistas de ayer ahora sean los grandes demócratas que lideran transformaciones políticas en beneficio de las grandes mayorías.
En primer lugar, a nivel judicial se ha iniciado un procedimiento que más parece un circo jurídico con el objetivo de limpiar el expediente del ex presidente Zelaya en relación con los supuestos delitos que se le imputaron después que se ejecutó el golpe de Estado.
A pesar de que el Código Procesal Penal establece que los altos funcionarios del Estado deben ser juzgados mediante un procedimiento especial, a Zelaya, que es diputado del PARLACEN, se le sigue este “lavado de expediente” en un simple juzgado común y representado por defensores públicos asignados por el propio Estado.
En segundo lugar, el presidente del congreso nacional, Juan Orlando Hernández y otros diputados de todos los partidos políticos que dieron el golpe de Estado para evitar la reforma de los artículos pétreos, sorprendentemente han reformado el artículo 5 constitucional que deja sin restricciones las figuras del plebiscito y referéndum.
No obstante, aunque en teoría el pueblo hondureño puede ser consultado sobre cualquier tema, incluido la eliminación de los artículos pétreos, siempre queda en manos del congreso nacional la decisión última de aceptar o no el resultado de la consulta.
Y en tercer lugar, el presidente del congreso nacional ha denunciado la existencia de unos documentos que fueron falsificados por cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia y que sirvieron de base para despedir ilegalmente a tres jueces y una magistrada que se opusieron al rompimiento del orden constitucional. También ha señalado que de comprobarse tal extremo, tales magistrados serían destituidos.
Al mismo tiempo, el congreso se apresta a reformar la Constitución para crear un consejo de la judicatura que le quitaría a la Corte Suprema las funciones administrativas; sin embargo, tal y como lo denuncia la Asociación de Jueces por la Democracia, la premura de la reforma y la falta de consenso con los sectores pertinentes genera el grave peligro de que este nuevo órgano termine siendo víctima de un nuevo reparto político partidario que ahondaría las profundas debilidades de la administración de justicia.
Aunque pareciera que todas estas medidas son positivas, no debemos ignorar que están encaminadas a oxigenar a un sistema político y económico que ha colapsado; parrafraseando a Tomás Andino, así como no es posible que de la noche a la mañana la basura se transforme en oro, tampoco es posible que los golpistas de ayer ahora sean los grandes demócratas que lideran transformaciones políticas en beneficio de las grandes mayorías.
lunes, 17 de enero de 2011
El Consejo de la Judicatura y la independencia judicial
Ante la inminente reforma constitucional para la creación del Consejo de la Judicatura que se realizará en los próximos días en el Congreso Nacional, la Asociación de Jueces por la Democracia plantea a la opinión pública en general y a los jueces y juezas, en particular, lo siguiente:
En primer término, expresamos nuestra preocupación por la premura con que se pretende realizar esta reforma constitucional sin que la misma haya sido consensuada con la asociaciones judiciales y las organizaciones sociales, lo cual es, desde todo punto de vista, reprochable, pues la creación del Consejo de la Judicatura afectará la estructura institucional del Poder Judicial, bien, de una manera positiva, para fortalecer y recuperar su independencia y credibilidad hoy por hoy duramente cuestionada; o negativamente, pretendiendo un nuevo reparto político partidario que ahondaría las profundas debilidades del sistema de administración de justicia.
En este contexto, nuestro planteamiento es que la reforma constitucional debe hacer posible de manera efectiva la separación de la función administrativa de la jurisdiccional, lo que se traduce en que la Corte Suprema sea liberada de todas las funciones administrativas, entre otras, las de nombramiento, ascenso y régimen disciplinario de los jueces y juezas, que deberán ser asumidas por el Consejo de la Judicatura, reservándole a la Corte Suprema de Justicia únicamente las funciones judiciales. En este orden de cosas, es necesario que se reforme el artículo 313 de la Constitución de la República y que las funciones de tipo administrativo contenidas en el mismo sean asignadas, a través de esta reforma, al Consejo de la Judicatura.
En consonancia con la reforma del artículo 313 deberá realizarse a su vez la reforma del artículo 317 en el sentido de que el nombramiento de los miembros del Consejo de la Judicatura no se realice por la Corte Suprema de Justicia, pues tal designación les restaría independencia y los ubicaría como subalternos de los magistrados de la CSJ.
La reforma debe limitarse a estos dos aspectos fundamentales, a saber: asignar exclusivamente las funciones judiciales a la Corte Suprema de Justicia para que las administrativas sean asumidas por el Consejo, y evitar que los Consejeros sean nombrados por la Corte Suprema de Justicia. Los demás aspectos como ser: la forma de elección, la integración, la reelección y otros, deben ser objeto de la correspondiente Ley, la que deberá ser ampliamente discutida y socializada previo a su aprobación, que se anuncia será en el próximo mes de febrero.
En este marco de la reforma constitucional, nuestra posición como actores beligerantes que venimos reclamando, desde hace varios años, la separación de la función administrativa de la función jurisdiccional, es que, tanto el Consejo de Judicatura como la nueva Ley de Carrera Judicial, deben ser instrumentos para revertir la pérdida de institucionalidad del Poder Judicial, y, que estos cambios contribuyan a una profunda reestructuración de este poder del estado y a dotarlo de las condiciones objetivas para ser verdaderamente independiente.
Como asociación de jueces independiente, anunciamos que junto a las organizaciones sociales del país, y los organismos internacionales de derechos humanos estaremos vigilantes y exigimos participación en la discusión y debate, previo a la aprobación de la reforma y de la Ley del Consejo de la Judicatura, elevando desde ya nuestra voz de alerta para que la clase política representada en el Congreso Nacional, no convierta esta reforma en un vergonzoso reparto de cargos entre los partidos políticos.
Finalmente reiteramos que la reforma en su conjunto debe darse con la participación decisiva y amplia, tanto de los jueces y de sus asociaciones, como de las organizaciones sociales y populares de todo el país.
¡POR UN PODER JUDICIAL INDEPENDIENTE!
San Pedro Sula, Cortés, 15 de enero de 2011
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
En primer término, expresamos nuestra preocupación por la premura con que se pretende realizar esta reforma constitucional sin que la misma haya sido consensuada con la asociaciones judiciales y las organizaciones sociales, lo cual es, desde todo punto de vista, reprochable, pues la creación del Consejo de la Judicatura afectará la estructura institucional del Poder Judicial, bien, de una manera positiva, para fortalecer y recuperar su independencia y credibilidad hoy por hoy duramente cuestionada; o negativamente, pretendiendo un nuevo reparto político partidario que ahondaría las profundas debilidades del sistema de administración de justicia.
En este contexto, nuestro planteamiento es que la reforma constitucional debe hacer posible de manera efectiva la separación de la función administrativa de la jurisdiccional, lo que se traduce en que la Corte Suprema sea liberada de todas las funciones administrativas, entre otras, las de nombramiento, ascenso y régimen disciplinario de los jueces y juezas, que deberán ser asumidas por el Consejo de la Judicatura, reservándole a la Corte Suprema de Justicia únicamente las funciones judiciales. En este orden de cosas, es necesario que se reforme el artículo 313 de la Constitución de la República y que las funciones de tipo administrativo contenidas en el mismo sean asignadas, a través de esta reforma, al Consejo de la Judicatura.
En consonancia con la reforma del artículo 313 deberá realizarse a su vez la reforma del artículo 317 en el sentido de que el nombramiento de los miembros del Consejo de la Judicatura no se realice por la Corte Suprema de Justicia, pues tal designación les restaría independencia y los ubicaría como subalternos de los magistrados de la CSJ.
La reforma debe limitarse a estos dos aspectos fundamentales, a saber: asignar exclusivamente las funciones judiciales a la Corte Suprema de Justicia para que las administrativas sean asumidas por el Consejo, y evitar que los Consejeros sean nombrados por la Corte Suprema de Justicia. Los demás aspectos como ser: la forma de elección, la integración, la reelección y otros, deben ser objeto de la correspondiente Ley, la que deberá ser ampliamente discutida y socializada previo a su aprobación, que se anuncia será en el próximo mes de febrero.
En este marco de la reforma constitucional, nuestra posición como actores beligerantes que venimos reclamando, desde hace varios años, la separación de la función administrativa de la función jurisdiccional, es que, tanto el Consejo de Judicatura como la nueva Ley de Carrera Judicial, deben ser instrumentos para revertir la pérdida de institucionalidad del Poder Judicial, y, que estos cambios contribuyan a una profunda reestructuración de este poder del estado y a dotarlo de las condiciones objetivas para ser verdaderamente independiente.
Como asociación de jueces independiente, anunciamos que junto a las organizaciones sociales del país, y los organismos internacionales de derechos humanos estaremos vigilantes y exigimos participación en la discusión y debate, previo a la aprobación de la reforma y de la Ley del Consejo de la Judicatura, elevando desde ya nuestra voz de alerta para que la clase política representada en el Congreso Nacional, no convierta esta reforma en un vergonzoso reparto de cargos entre los partidos políticos.
Finalmente reiteramos que la reforma en su conjunto debe darse con la participación decisiva y amplia, tanto de los jueces y de sus asociaciones, como de las organizaciones sociales y populares de todo el país.
¡POR UN PODER JUDICIAL INDEPENDIENTE!
San Pedro Sula, Cortés, 15 de enero de 2011
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
miércoles, 12 de enero de 2011
Implacables la corrupción y los corruptos.
El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), el Centro de Derechos de Mujeres (CDM) y el Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Honduras (COFADEH), ante el anuncio hecho por el Cardenal Óscar Andrés Rodríguez de que presentó una querella en contra de personas que le han difamado, a la comunidad nacional e internacional, manifestamos:
1.- Que en julio de 2009 presentamos formal denuncia ante la Fiscalía Contra la Corrupción para que investigara y determinara si el ex presidente Carlos Roberto Flores Facussé y el Cardenal Óscar Andrés Rodríguez, tendrían responsabilidad penal por Abuso de Autoridad y Malversación de Caudales Públicos, porque a través de un acuerdo ejecutivo emitido en diciembre de 2001, el ex presidente dispuso otorgar a la oficina del cardenalato del religioso, la cantidad de 100 mil lempiras mensuales, con carácter permanente. Este acuerdo ejecutivo fue publicado en La Gaceta y el Cardenal ha reconocido públicamente que el dinero fue recibido al menos una vez a través de la arquidiócesis de Tegucigalpa.
2.- Denunciamos que el Ministerio Público, no obstante ser nuestras organizaciones las denunciantes, jamás nos requirió para contribuir a la investigación, ni para notificarnos sus resoluciones, como es su responsabilidad; es más, cada vez que asistimos a esa institución para pedir información sobre el caso y conocer el avance de la investigación, nos respondieron con evasivas y jamás tuvimos acceso al expediente, a tal grado que ha sido hasta ahora que nos hemos enterado que el Ministerio Público archivó las diligencias, tras la divulgación a través de distintos medios de comunicación y del anuncio hecho por el Cardenal de que presentó denuncia o querella contra quienes le denunciamos.
3.- La confesión del Cardenal de que su arquidiócesis recibió los cien mil lempiras y luego su anuncio de presentar querella contra quienes le denunciamos, asociado con la resolución del Ministerio Público de archivar la denuncia y acudir inusualmente a pedir un sobreseimiento a favor del cardenal y del ex presidente (a quienes nunca acusó), refleja un desbordado cinismo y ratifica que la Corrupción en Honduras es un asunto generado y promovido desde la misma institucionalidad del Estado y las propias jerarquías religiosas. El actuar del Cardenal y de la institucionalidad hondureña, expresan un claro mensaje para que la ciudadanía se llame al silencio y acepte como un designio inevitable la indignante y desbordada corrupción que opera en el país.
4.- El MADJ, el CDM y el COFADEH como espacios dedicados a la defensa de los derechos humanos de la ciudadanía, ante el bochornoso actuar del Ministerio Público y ante la agresividad, el poderío e impunidad exhibidos por el Cardenal Oscar Andrés Rodríguez, nos declaramos en estado de indefensión y desde ya le responsabilizamos a él, al Ministerio Público y al régimen que preside Porfirio Lobo Sosa por cualquier acción que atente contra los derechos de nuestra organizaciones y de las personas que las integramos.
5.- No obstante la indefensión y la persecución desatada en contra nuestra, reiteramos el compromiso de pelear pacifica y dignamente junto a nuestro pueblo y el derecho que poseemos a demandar justicia contra los corruptos, no importa su rango, jerarquía, posición política, económica o social.
Tegucigalpa M.D.C. 12 de enero de 2011.
1.- Que en julio de 2009 presentamos formal denuncia ante la Fiscalía Contra la Corrupción para que investigara y determinara si el ex presidente Carlos Roberto Flores Facussé y el Cardenal Óscar Andrés Rodríguez, tendrían responsabilidad penal por Abuso de Autoridad y Malversación de Caudales Públicos, porque a través de un acuerdo ejecutivo emitido en diciembre de 2001, el ex presidente dispuso otorgar a la oficina del cardenalato del religioso, la cantidad de 100 mil lempiras mensuales, con carácter permanente. Este acuerdo ejecutivo fue publicado en La Gaceta y el Cardenal ha reconocido públicamente que el dinero fue recibido al menos una vez a través de la arquidiócesis de Tegucigalpa.
2.- Denunciamos que el Ministerio Público, no obstante ser nuestras organizaciones las denunciantes, jamás nos requirió para contribuir a la investigación, ni para notificarnos sus resoluciones, como es su responsabilidad; es más, cada vez que asistimos a esa institución para pedir información sobre el caso y conocer el avance de la investigación, nos respondieron con evasivas y jamás tuvimos acceso al expediente, a tal grado que ha sido hasta ahora que nos hemos enterado que el Ministerio Público archivó las diligencias, tras la divulgación a través de distintos medios de comunicación y del anuncio hecho por el Cardenal de que presentó denuncia o querella contra quienes le denunciamos.
3.- La confesión del Cardenal de que su arquidiócesis recibió los cien mil lempiras y luego su anuncio de presentar querella contra quienes le denunciamos, asociado con la resolución del Ministerio Público de archivar la denuncia y acudir inusualmente a pedir un sobreseimiento a favor del cardenal y del ex presidente (a quienes nunca acusó), refleja un desbordado cinismo y ratifica que la Corrupción en Honduras es un asunto generado y promovido desde la misma institucionalidad del Estado y las propias jerarquías religiosas. El actuar del Cardenal y de la institucionalidad hondureña, expresan un claro mensaje para que la ciudadanía se llame al silencio y acepte como un designio inevitable la indignante y desbordada corrupción que opera en el país.
4.- El MADJ, el CDM y el COFADEH como espacios dedicados a la defensa de los derechos humanos de la ciudadanía, ante el bochornoso actuar del Ministerio Público y ante la agresividad, el poderío e impunidad exhibidos por el Cardenal Oscar Andrés Rodríguez, nos declaramos en estado de indefensión y desde ya le responsabilizamos a él, al Ministerio Público y al régimen que preside Porfirio Lobo Sosa por cualquier acción que atente contra los derechos de nuestra organizaciones y de las personas que las integramos.
5.- No obstante la indefensión y la persecución desatada en contra nuestra, reiteramos el compromiso de pelear pacifica y dignamente junto a nuestro pueblo y el derecho que poseemos a demandar justicia contra los corruptos, no importa su rango, jerarquía, posición política, económica o social.
Tegucigalpa M.D.C. 12 de enero de 2011.
martes, 11 de enero de 2011
Relatoría Especial manifiesta su preocupación por hostigamiento de radios comunitarias en Honduras
Washington D.C., 11 de enero de 2011 – La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación ante los recientes actos de hostigamiento sufridos por varias radios comunitarias en Honduras. La Relatoría Especial insta al Estado hondureño a investigar estos hechos y garantizar que ni sus agentes ni particulares realicen actos de hostigamiento contra quienes ejercen su libertad de expresión a través de emisoras comunitarias.
De acuerdo con la información recibida, el 5 de enero de 2011, integrantes de Servicio de Medición Eléctrico de Honduras (SEMEH) habrían ingresado a las oficinas del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) en la ciudad de La Esperanza. Según la información recibida, los integrantes de SEMEH habrían cortado la electricidad, dejando sin posibilidad de transmisión a las radios comunitarias Guarajambala y La Voz Lenca que forman parte de la organización COPINH. La información recibida indica que el objetivo de los representantes de SEMEH era impedir que estas radios pudieran seguir trasmitiendo, como represalia por los contenidos críticos de sus emisiones.
Adicionalmente, la Relatoría Especial recibió información según la cual dos periodistas de la emisora comunitaria La Voz de Zacate Grande habrían sido detenidas en el ejercicio de sus funciones periodísticas el pasado 15 de diciembre de 2010. Según la información recibida, las corresponsales Elia Hernández y Elba Rubio cubrían el desalojo de tierras de una familia en la comunidad de Coyolito en la isla de Zacate Grande cuando habrían sido detenidas por miembros de la policía preventiva y la fuerza naval. La información recibida indica que las reporteras habrían sido despojadas de sus acreditaciones periodísticas y sus cámaras, detenidas e incomunicadas durante 36 horas, y acusadas del delito de desobediencia.
La Relatoría Especial manifiesta su preocupación por estos hechos y recuerda que el Principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala: “El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.
lunes, 10 de enero de 2011
Las luces del 2011
Los últimos informes de organismos internacionales publicados a finales del 2010 denunciando que con la llegada al poder de Porfirio Lobo Sosa continuaron las graves violaciones a los derechos humanos, nos deja un amargo sabor a impunidad que amenaza con perpetuarse en este 2011.
Esa impunidad de la que gozan los militares, policías y civiles responsables de la violencia política profundizada con el golpe de Estado es promovida por una Corte Suprema de Justicia a través de sus sentencias absolutorias y resoluciones que ofenden a la conciencia jurídica nacional e internacional.
Por un Ministerio Público diligente y capaz cuando se trata de perseguir penalmente a los opositores al rompimiento constitucional pero inoperante e incompetente cuando tiene que defender los intereses generales de la sociedad y la democracia.
Por un Comisionado Nacional de los Derechos Humanos que asume un silencio cómplice ante las violaciones de los derechos más elementales de la población, por un Congreso Nacional que condecora a los golpistas y victimarios, y les aprueba leyes que garantizan su intocabilidad.
Y por un poder ejecutivo que mantiene un cínico discurso de que le importan los derechos humanos pero al mismo tiempo se empeña en mantener en su gobierno a los principales responsables del golpe de Estado y ordena o dejar ordenar la represión violenta de la población que sigue exigiendo la refundación de Honduras.
A pesar de que aparentemente las fuerzas y las condiciones son adversas, el 2011 podría representar una gran oportunidad de iniciar un verdadero proceso de reparación a las víctimas de la violencia política si las organizaciones sociales y de derechos humanos sumamos esfuerzos, cedemos protagonismos y centramos nuestras fortalezas en las luces que el 2010 nos dejó ver.
Una de esas luces es el anuncio del Fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, de que iniciaría un examen preliminar sobre el caso Honduras para determinar si policías, militares y civiles involucrados en el golpe de Estado han cometido crímenes de lesa humanidad, lo cual, de ratificarse por el máximo tribunal penal internacional, permitiría que la impunidad de los victimarios comenzara en este año a desmoronarse.
Esa impunidad de la que gozan los militares, policías y civiles responsables de la violencia política profundizada con el golpe de Estado es promovida por una Corte Suprema de Justicia a través de sus sentencias absolutorias y resoluciones que ofenden a la conciencia jurídica nacional e internacional.
Por un Ministerio Público diligente y capaz cuando se trata de perseguir penalmente a los opositores al rompimiento constitucional pero inoperante e incompetente cuando tiene que defender los intereses generales de la sociedad y la democracia.
Por un Comisionado Nacional de los Derechos Humanos que asume un silencio cómplice ante las violaciones de los derechos más elementales de la población, por un Congreso Nacional que condecora a los golpistas y victimarios, y les aprueba leyes que garantizan su intocabilidad.
Y por un poder ejecutivo que mantiene un cínico discurso de que le importan los derechos humanos pero al mismo tiempo se empeña en mantener en su gobierno a los principales responsables del golpe de Estado y ordena o dejar ordenar la represión violenta de la población que sigue exigiendo la refundación de Honduras.
A pesar de que aparentemente las fuerzas y las condiciones son adversas, el 2011 podría representar una gran oportunidad de iniciar un verdadero proceso de reparación a las víctimas de la violencia política si las organizaciones sociales y de derechos humanos sumamos esfuerzos, cedemos protagonismos y centramos nuestras fortalezas en las luces que el 2010 nos dejó ver.
Una de esas luces es el anuncio del Fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, de que iniciaría un examen preliminar sobre el caso Honduras para determinar si policías, militares y civiles involucrados en el golpe de Estado han cometido crímenes de lesa humanidad, lo cual, de ratificarse por el máximo tribunal penal internacional, permitiría que la impunidad de los victimarios comenzara en este año a desmoronarse.
Habrían secuestrado a miembro del Comité Político del FNRP
Red Morazánica de Información
Tegucigalpa. 09 Enero 2010. El dirigente magisterial, Will Paz, informó la mañana del domingo, la preocupació del movimiento campesino del valle de El Aguán, por el desaparecimiento y posible secuestro del representante de juventudes en el Comité Político del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), Juan Ramón Chinchilla.
Juan Chinchilla habría estado reunido ayer cerca de 24 horas con los integrantes de la empresa campesina, Los Buenos Amigos, de donde se habría retirado para arreglar su moto en Tocoa, según expresó Paz.
Chinchilla dijo que estaba siendo “perseguido por dos vehículos y por una motocicleta”, al comunicarse por teléfono con uno de sus compañeros, cerca de 10 minutos antes de llegar a la comunidad de La Concepción, donde está ubicado el asentamiento campesino del mismo nombre y del que también es dirigente.
Los compañeros campesinos lo han buscado, pero sin resultados, informó Paz. La motocicleta de Chinchilla fue encontrada a escasos metros del desvío a Elixir, en la misma comunidad de La concepción, después que sus compañeros escucharon dos disparos, pero al dirigirse a la vía sólo encontraron la moto.
El movimiento campesino ha hecho un llamado de alerta porque todos los indicios son que Chinchilla ha sido secuestrado. Al mismo tiempo se demandó de las autoridades en el departamento de Colón para que, de manera inmediata, inicie la búsqueda del dirigente desaparecido.
"Porque de igual manera el movimiento campesino y el FNRP de la zona están haciendo la misma labor de búsqueda", añadió Paz.
Explicó que Chinchilla fue secuestrado “no se sabe por quienes” anoche a las once. Pero, según información, una moto y un vehículo lo condujo a Tocoa, Trujillo, hacia Bonito Oriental.
Se presume que el dirigente del FNRP “estaría en cualquiera de esos municipios en algunas de las fincas de Miguel Facussé, de René Morales o de Reinaldo Canales”, porque son los únicos que pueden hacer tal acción, aclaró Paz.
La esposa de Chinchilla fue informada que el luchador social llegaría por la noche a la casa de ambos.
El Movimiento Campesino ha advertido que se respete la vida de Chinchilla, de lo contrario “tomaran acciones a nivel nacional”.
Will Paz destacó que Chinchilla es “un líder beligerante, entregado cien por ciento al Frente de Resistencia y formó parte de la comisión que negoció el tratado entre el Régimen y Miguel Facussé sobre la recuperación de tierra del Movimiento Unificado campesino de El Aguán (MUCA).
Movimientos campesinos, organizaciones docentes y el FNRP, ya se han manifestado repudiando el desaparecimiento y probable secuestro de Chinchilla, exigiendo se respete su vida.
Tegucigalpa. 09 Enero 2010. El dirigente magisterial, Will Paz, informó la mañana del domingo, la preocupació del movimiento campesino del valle de El Aguán, por el desaparecimiento y posible secuestro del representante de juventudes en el Comité Político del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), Juan Ramón Chinchilla.
Juan Chinchilla habría estado reunido ayer cerca de 24 horas con los integrantes de la empresa campesina, Los Buenos Amigos, de donde se habría retirado para arreglar su moto en Tocoa, según expresó Paz.
Chinchilla dijo que estaba siendo “perseguido por dos vehículos y por una motocicleta”, al comunicarse por teléfono con uno de sus compañeros, cerca de 10 minutos antes de llegar a la comunidad de La Concepción, donde está ubicado el asentamiento campesino del mismo nombre y del que también es dirigente.
Los compañeros campesinos lo han buscado, pero sin resultados, informó Paz. La motocicleta de Chinchilla fue encontrada a escasos metros del desvío a Elixir, en la misma comunidad de La concepción, después que sus compañeros escucharon dos disparos, pero al dirigirse a la vía sólo encontraron la moto.
El movimiento campesino ha hecho un llamado de alerta porque todos los indicios son que Chinchilla ha sido secuestrado. Al mismo tiempo se demandó de las autoridades en el departamento de Colón para que, de manera inmediata, inicie la búsqueda del dirigente desaparecido.
"Porque de igual manera el movimiento campesino y el FNRP de la zona están haciendo la misma labor de búsqueda", añadió Paz.
Explicó que Chinchilla fue secuestrado “no se sabe por quienes” anoche a las once. Pero, según información, una moto y un vehículo lo condujo a Tocoa, Trujillo, hacia Bonito Oriental.
Se presume que el dirigente del FNRP “estaría en cualquiera de esos municipios en algunas de las fincas de Miguel Facussé, de René Morales o de Reinaldo Canales”, porque son los únicos que pueden hacer tal acción, aclaró Paz.
La esposa de Chinchilla fue informada que el luchador social llegaría por la noche a la casa de ambos.
El Movimiento Campesino ha advertido que se respete la vida de Chinchilla, de lo contrario “tomaran acciones a nivel nacional”.
Will Paz destacó que Chinchilla es “un líder beligerante, entregado cien por ciento al Frente de Resistencia y formó parte de la comisión que negoció el tratado entre el Régimen y Miguel Facussé sobre la recuperación de tierra del Movimiento Unificado campesino de El Aguán (MUCA).
Movimientos campesinos, organizaciones docentes y el FNRP, ya se han manifestado repudiando el desaparecimiento y probable secuestro de Chinchilla, exigiendo se respete su vida.
sábado, 8 de enero de 2011
Dictadura cívico-militar ofrece terror como mecanismo de “control democrático”
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, en su primer plantón del año 2011, ante la comunidad nacional e internacional deja establecido lo siguiente:
1. El año 2010 terminó como empezó: con asesinatos de periodistas. Y todos los diez casos en la absoluta impunidad, generando en el contexto de impunidad y violencia nacional un clima de censura directa a los periodistas y medios independientes frente al régimen de facto y, lo más sensible, de autocensura de las fuentes directas e indirectas.
2. En general, las violaciones a los derechos humanos en 2010 dejaron víctimas sin justicia ni reparación, con los victimarios libres y con poder dentro del golpismo sucedáneo de la ruptura de junio 2009, que mantiene secuestrado el andamiaje antiguo pero servicial del Estado de Derecho burgués, neoliberal.
3. Ninguna victoria jurídica pudo alcanzarse en el sistema nacional, lo que obligó a más de dos centenares de personas a salir y mantenerse fuera del país, y a las demás acudir al sistema interamericano de derechos humanos y a la Corte Penal Internacional.
4. El nuevo año comienza peor que el anterior. El menosprecio por la vida es absolutamente intolerable, irriga con sangre todo el tejido social hondureño con la imposibilidad complaciente del régimen golpista de revertirlo.
5. La tendencia señala que seguirán los robos de información a organizaciones sociales, populares y eclesiales para aplicar la Ley Antiterrorista contra sus dinámicas liberadoras y refundacionales.
6. Igualmente, es previsible que el ahogamiento financiero y censor directo de los poderes ocultos seguirán siendo utilizados contra los periodistas, comunicadores y medios comunitarios alternos, que resisten en sus territorios contra los abusos del régimen.
7. También vemos que continuará la tendencia de penetrar electrónicamente la vida individual y colectiva de la disidencia política resistente, que luego representa persecuciones hostiles y asesinatos.
8. Los militares y policías, con impulso de Estados Unidos, insistirán en ocupar nuestros espacios públicos además de los privados y los narcotraficantes con apoyo estatal tomarían control territorial de regiones nacionales.
9. Concluimos con un nuevo llamado a la comunidad internacional para que consulte y compare información antes de continuar legitimando una dictadura cívico-militar que ofrece terror como mecanismo de “control democrático”.
De los Hechos y de los Hechores
Ni Olvido, Ni Perdón
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH
Tegucigalpa M.D.C. 07 de enero de 2011.
Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1119:dictadura-civico-militar-ofrece-terror-como-mecanismo-de-control-democratico&catid=42:seg-y-jus&Itemid=159
viernes, 7 de enero de 2011
Garífunas pierden tierras comunitarias mientras Régimen incumple medidas cautelares de CIDH
Red Morazánica de Información
Tegucigalpa. 7 Enero 2011. La Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) denunció que, a pesar de las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH), otorgadas a la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz, la venta ilegal de tierras “se multiplica”, sin que el Estado de Honduras cumpla con proteger el territorio comunitario.
Según la la Ofraneh, desde que inició el golpe de Estado, su población está totalmente indefensa y “sólo una acción urgente internacional puede parar y salvar nuestras demandas por el territorio y patrimonio local y de la humanidad”.
La Ofraneh reveló que el alcalde municipal de Tela persiste en vender tierras, de forma ilegal en la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz, a través de Braulio Martínez, y por intermedio de un patronato paralelo que sirve a los intereses de esa municipalidad y de los empresarios turísticos.
Existe el “nefasto” antecedente de las 22 manzanas de tierras comunitarias de Triunfo con las que la municipalidad de Tela pagó una deuda a su sindicato. Caso que la Procuraduría falló a favor de la comunidad, lo que incrementó un “racismo inusitado” contra la población garífuna, por defender sus territorios, expresan.
La Organización Fraternal Negra Hondureña asegura que, debido al desacato permanente de las autoridades locales y nacionales a las medidas cautelares de la CIDH, a favor de esa comunidad, se “acelera la pérdida del territorio mientras esperan una resolución.
El Patronato Pro-mejoramiento de la Comunidad Garífuna de Triunfo de la Cruz, considera “imperativo llamar la atención respecto a la demanda internacional de la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz contra Honduras para una resolución urgente”.
Y expresa estar preocupada porque Braulio Martínez, con el apoyo de la municipalidad de Tela, sigue autorizando ventas ilegales del territorio a terceros a través de su alcalde David Sacaro Morlachi, “debido a la inestabilidad local creada por las autoridades a través de una manipulación en contubernio con empresarios, políticos y organismos de financiamiento externo”.
Principales casos denunciados
La Ofraneh informó que durante una inspección realizada a instancias de la población el lunes 3 de enero, detectaron que empresarios de una compañía - que no dieron el nombre-, ya han cercado unas 80 manzanas de tierras comunitarias en las playas, Marbella y Maserica, a pesar de haberse anulado un convenio anterior entre municipalidad, Marbella y Maserica.
Martínez, en segunda ocasión, autorizó a Jorge López una venta ilegal en la zona agrícola y rompió el cercado de uno de los vecinos, y vende tierras adquirida ilegalmente a un tercero que se ha apropiado de gran parte de la zona agrícola, donde se encuentran varios usurpadores, tales como un señor de apellido Cárdenas, Ricardo Cálix, y el actual alcalde David Sacaro.
También en el barrio Las Delicias, el ex diputado Antonio Fuentes Posas; la familia Gómez Cisneros, está construyendo en Barrio el Potrero para hacer hoteles, al igual que una familia Ferrufino; en el barrio Tiuna, Dilcia de Ochoa “tiene a un sicario viviendo dentro del terreno que un juzgado ordenó desalojar”.
Roberto Ewens ha vendido gran parte Sur Oeste de la comunidad habiéndole dado la municipalidad dominio pleno a cambio de las 22 manzanas otorgadas a su sindicato. Estos y otros casos más, corresponden a tierras que están dentro del dominio pleno comunal, asevera la Ofraneh.
Sostiene que la situación se agudizó desde que la municipalidad impuso un patronato paralelo y se niega a reconocer al Patronato legalmente constituido y registrado en la Secretaría de Gobernación y Justicia.
La solicitud de Ofraneh fue presentada a la Fiscalía de las Etnias, al Ministerio Público, a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Secretaria de Gobernación (SG), CIDH, Instituto Nacional Agrario (INAH) y otras instituciones pertienentes.
Funesto récord en 2010: Eliminados 40 periodistas en seis países latinoamericanos
viernes 7 de enero de 2011
Hernán Uribe (especial para ARGENPRESS.info)
Cuarenta periodistas latinoamericanos de seis países perdieron sus vidas en 2010 por la aplicación de diversas formas de violencia según el informe anual elaborado por la Comisión de Investigación de Atentados a Periodistas adscrita a la Federación Latinoamérica de Periodistas (CIAP-FELAP) organismo que en 2009 registró el asesinato de 32 profesionales en ocho naciones de la región.
Los países afectados en 2010 son Brasil con dos muertes; Colombia con siete, Ecuador, dos; Guatemala, dos; Honduras, 10 y México con 17. Desde hace años la zona geográfica latinoamericana viene aportando el mayor número de informadores eliminados en calidad de profesionales si se compara con al resto del mundo. Simultáneamente se constata que la mayor cantidad de homicidios ha ocurrido en Colombia y México y han sido ejecutados por los aparatos armados de los cárteles que manejan el comercio de las drogas en esos estados al mismo tiempo que la impunidad es manifiesta allí y en todos los casos de crímenes en contra de los trabajadores de la noticia.
Sin embargo, desde otro ángulo resalta la situación en Honduras adonde los crímenes poseen una tónica política y el número de víctimas contrasta con la pequeñez del país y de su población. Ernesto Carmona, secretario ejecutivo de CIAP, comentó en noviembre pasado que se planteó a la Fiscalía Especial de Derechos Humanos de Naciones Unidas investigue de manera especial el irrespeto a los derechos humanos en esa nación centroamericana. La peticionaria fue la red Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión en América Latina y el Caribe (IFEX-ALC).
A su vez, en despacho desde Tegucigalpa, la periodista Thelma Mejía de la agencia IPS dijo en referencia a los homicidios de periodistas que “Organizaciones nacionales e internacionales han denunciado que durante la presidencia de Porfirio Lobo no se ha detenido la ola de represión al movimiento contrario al golpe de estado y que se extiende a la prensa”. En efecto todos los asesinatos de periodistas corresponden al período del actual presidente Lobo
En México, que lamentablemente sigue como la nación récord en cuanto a periodistas ultimados, los esfuerzos en la denuncia y la acción de la Federación de Asociaciones de Periodistas (FAPERMEX ) se han encontrado con la inoperancia de las autoridades para los efectos de, siquiera, descubrir a los delincuentes. (Ver Informe CIAP 2009)
LAS VÍCTIMAS
A continuación un listado de las víctimas y países por orden alfabético. En determinados casos no hay detalles pero se trata de fuentes confiables.
BRASIL
-Clovis Silva Aguilar (TV Capital)
-Francisco Gomez de Madeiro (Radio Caico AM)
COLOMBIA
-José Carlos León Barbosa (TV Ocaña)
-Clodomiro Castilla Ospina (La Voz de Montería)
-Mauricio Medina Moreno (CRIT 98 FM Estéreo)
-Arsenio Zambrano Ocampo (Reportero Gráfico)
-Víctor Julio Sánchez (El Extra)
-Oscar Rubio Cárdenas (“La Patria”)
-Rodolfo Maya Aricape (Radio Comunitaria Payumat)
ECUADOR
-Jorge Santana Carbonel (Semanario Tribuna)
-Mayra Aguilar Dueñas (Milagro City TV)
GUATEMALA
-Victor Hugo Juárez (Wanina News)
-Anibal Archilla, muerto durante misión peligrosa en erupción volcánica
HONDURAS
-Joseph A. Hernández Ochoa, tiroteado el 1-3-10 (canal 51)
-David Meza, pos disparos, el 11-3-10 (Radio América)
-Nahum Palacios, asesinado en Tocoa el 14-3-10
-José Bayardo Mairena, por disparos en Olancho el 21-3-10
-Georgino Orellana, el 21-4-10 en San Pedro Sula
-Manuel Juárez, abatido junto a Bayardo el 21-3-10
-Luis Arturo Mondragón, tiroteado el 13 de junio/10
-Luis Chévez Hernández, en abril/10
-Israel Zelaya Díaz, tiros, el 15-8-10
-Nicolas Asfura, en febrero 10, sin precisiones.
MEXICO
-Valentín Valdés Espinoza, el 8-1-10
-José Luis Romero, su cadáver se encontró el 18-1-10
-Evaristo Pacheco Solís, el 5-3-10
-Jorge Rábado Valdez, el 14-3-10
-Enrique Villicaña, el 1-4-10
-Jorge Ochoa Martínez, 24-1-10
-María Isabel Cordero Martínez, s/f
-Miguel Angel Bueno Méndez, 26-6-10
-Francisco Rodríguez Ríos, 28-6-10
-María Elvira Hernández, esposa del anterior, 28-6-10
-Hugo Olivera Cartas, 6-7-10
-Marco Aurelio Martínez, julio-10
-Guillermo Alcaraz Trejo, julio-10
-Luis Carlos Santiago, 16-9-10
-Juan Francisco García Márquez, 4-10.10
-José Núñez Sarabia, 4-10-10
-Carlos Alberto Guajardo, 15-11-10
ATENTADOS
En 2010 hubo como ya es costumbre en América Latina numerosos atentados físicos enfilados a suprimir o suprimir las tareas periodísticas y la práctica de la libertad de expresión.
En México, por ejemplo, pistoleros dispararon 25 tiros en la redacción del periódico “El Sur de Acapulco” en circunstancias de que está ubicada en la Avenida Miguel Alemán, calle principal de la ciudad. El día 10 de enero, en Culiacán (Sonora) incendiaron un vehículo frente a las instalaciones de la radioemisora OIR con el objetivo de llamar la atención sobre un mensaje amenazante que dejaron los hechores.
El 10 de agosto, la Policía Federal Mexicana rescató a los camarógrafos Javier Canales y Alejandro, de Multimedios TV y Televisa, respectivamente. Ambos habían sido secuestrados por narcotraficantes cinco días antes.
En Argentina, la Unión de Trabajadores de la Prensa de Buenos Aires (UTPBA) condenó el 18 de noviembre el atentado sufrido ese mismo día por la radioemisora comunitaria FM Nueva Generación de la localidad de San Martín. Los asaltantes se llevaron los equipos de transmisión, consolas y otros elementos que impidieron que saliera al aire. El comunicado de UTPBA fue firmado por Lidia Fagale, Secretaria General de UTPBA.
En Chile, el Colegio de Periodistas denunció como un atentado a la libertad de expresión el juicio entablado contra el fotoreportero Marcelo Garay, imputado de infracción a una ley que sanciona a quienes difundan imágenes de lugares considerados como privados. La entidad pidió la derogación de tan absurda disposición.
En Brasil, a finales de noviembre/10 fue capturado Elizeu Felicio de Souza, asesino confeso del periodista Tim Lopes (Canal Globo) perpetrado en 2002 con sevicia. El criminal había sido condenado a 23 años de cárcel y se encontraba prófugo.
En Estados Unidos, durante el show montado en junio/10 con la detención de diez supuestos “espías rusos” fue apresada la periodista de origen peruano, Vicky Peláez quien escribía en el diario “La Prensa” editado en castellano en Nueva York.
En Guatemala, Julio Solórzano Foppa, presentó en noviembre/10 un recurso judicial de “exhibición personal” a favor de su madre Alaide Foppa, poeta y periodista guatemalteca. Ella figura como desaparecida desde que diciembre de 1980 cuando fuera ilegalmente detenidas por la policía junto con su chofer, Leocadio Axtún, también desaparecido. Alaide había regresado a su país natal para averiguar acerca del asesinato de sus hijos Juan Pablo y Mario Solórzano Foppa, ocurrido también en 1980.
En La Habana y Buenos Aires, la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) y la FELAP emitieron el 20 de octubre de 2010 una Declaración Conjunta que condena el criminal atentado que significa el ilegal y brutal bloqueo de Estados Unidos en contra de Cuba. Sostiene ese documento: “El pueblo cubano ha sufrido el más largo y criminal bloqueo en la historia del mundo. Diez administraciones estadounidenses han perseguido hacer claudicar y renunciar al pueblo cubano a su decisión de libre determinación y avanzar en las conquistas alcanzadas en la edificación de una sociedad digna y más justa”. Finaliza: “Las causas justas son las que tienen espacio en el mundo. La de Cuba, la de su pueblo, la de sus periodistas, vencerá, más temprano que tarde”.
Hernán Uribe es Presidente de CIAP-FELAP.
Fuente: http://www.argenpress.info/2011/01/funesto-record-en-2010-eliminados-40.html
jueves, 6 de enero de 2011
Con lujo de cinismo, Corte Suprema de Justicia sigue apostando por la corrupción y la impunidad
El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, ante la decisión del Poder Judicial Hondureño de declarar inconstitucional el artículo 25 reformado de la Ley del Ministerio Público, a la comunidad nacional e internacional, manifiesta:
1.- El artículo 25 reformado de la Ley del Ministerio Público, aunque el mismo Congreso Nacional se había negado a aplicarlo, era un medio idóneo para juzgar políticamente y con respeto a las garantías del debido proceso a los más altos funcionarios del Ministerio Público que fueran actores o instrumentos de actos de corrupción. La posibilidad real de que se suspendiera y finalmente se despidiera a los Fiscales Generales corruptos, se la había ganado a pulso el pueblo hondureño a través de la Huelga de Hambre contra la Corrupción de abril y mayo de 2008. Fue un logro arrancado a la misma clase política, cuando el Congreso Nacional cedió a la presión popular que se hartó de la insultante corrupción de la clase económica pudiente del país.
2.- El MADJ, como espacio organizativo surgido de aquella gesta de dignidad y de lucha ética del pueblo hondureño, condena el accionar del Ministerio Público y de la Corte Suprema de Justicia, quienes con vulgares leguleyadas han arrebatado una valiosa conquista popular.
3.- Resulta ofensivo a la inteligencia y la dignidad del pueblo, que la Corte Suprema de Justicia en junio de 2009, avalara la destitución del Presidente de la República por parte del Congreso Nacional, y que ahora, cínicamente, por una supuesta “extralimitación de funciones”, declara inconstitucional que el Legislativo pueda suspender o destituir a los Fiscales Generales cuando se les pruebe que son partícipes de actos de corrupción.
4.- Que el Poder Judicial determine que es inconstitucional investigar, suspender o destituir a un Fiscal negligente o corrupto, desvela una vez más que ese Poder del Estado, al igual que el resto de la institucionalidad del sector justicia, poseen un indiscutible compromiso con la impunidad y la corrupción, ante lo cual, la independencia e imparcialidad con la que deben actuar los jueces y magistrados, resultan ser vacías declaraciones de los textos jurídicos vigentes en el país.
5.- Los escandalosos niveles de corrupción e impunidad que operan en el país, promovidos y sostenidos desde siempre por los sectores políticos y económicos pudientes, son elementos que, asociados a la creciente indignación de la ciudadanía por las actuaciones de la burocracia estatal, más temprano que tarde deben impulsarnos a la construcción y puesta en marcha de un nuevo modelo de sociedad y un nuevo Estado, en donde prime la Justicia y Dignidad para todos y todas.
“POR LA DIGNIDAD CONTRA LA IMPUNIDAD”
San Pedro Sula, Cortés, Enero de 2011.
miércoles, 5 de enero de 2011
Coronel Rodolfo Méndez amenaza a periodista Esdras Amado López
Red Morazánica de Información
Tegucigalpa, 5 de enero de 2010. Esdras Amado López, director y propietario de Canal 36, denunció amenazas recibidas por el Coronel Rodolfo Méndez Martínez, quién seguía el vehículo en el que se conducía el periodista y procedió a insultarlo y mostrarle un arma de fuego.
El periodista detuvo su carro en el boulevard Comunidad Económica Europea de Tegucigalpa, al constatar que el militar uniformado y su guardaespaldas lo estaban filmando y tomándole fotos sin razón alguna, desde un carro similar al que el año pasado se usó para distribuir libelos con amenazas de muerte a nombre del Comando Álvarez Martínez.
"No te tengo miedo, hijo de p..., ni a vos ni a tu medio de comunicación", gritó el militar mientras montaba la pistola intimidatoriamente y posteriormente reclamó al director de canal 36 su posición con respecto a la resistencia.
Canal 36, también conocido como Cholusat Sur, fue uno de los Medios de Comunicación cerrados en varias ocasiones por la dictadura instalada después del Golpe de Estado del 28 de junio de 2009.
Durante el año 2010, 10 periodistas fueron asesinados en Honduras, lo que ha sido señalado por diversas organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales.
Tegucigalpa, 5 de enero de 2010. Esdras Amado López, director y propietario de Canal 36, denunció amenazas recibidas por el Coronel Rodolfo Méndez Martínez, quién seguía el vehículo en el que se conducía el periodista y procedió a insultarlo y mostrarle un arma de fuego.
El periodista detuvo su carro en el boulevard Comunidad Económica Europea de Tegucigalpa, al constatar que el militar uniformado y su guardaespaldas lo estaban filmando y tomándole fotos sin razón alguna, desde un carro similar al que el año pasado se usó para distribuir libelos con amenazas de muerte a nombre del Comando Álvarez Martínez.
"No te tengo miedo, hijo de p..., ni a vos ni a tu medio de comunicación", gritó el militar mientras montaba la pistola intimidatoriamente y posteriormente reclamó al director de canal 36 su posición con respecto a la resistencia.
Canal 36, también conocido como Cholusat Sur, fue uno de los Medios de Comunicación cerrados en varias ocasiones por la dictadura instalada después del Golpe de Estado del 28 de junio de 2009.
Durante el año 2010, 10 periodistas fueron asesinados en Honduras, lo que ha sido señalado por diversas organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales.
martes, 4 de enero de 2011
Dos caminos diferentes
En Brasil, el año 2011 inicia con Dilma Rousseff como nueva presidenta del país, quien ha prometido impulsar la revisión de los crímenes de la dictadura mediante un acuerdo con organismos de derechos humanos y las Fuerzas Armadas que permita dilucidar los cientos de asesinatos, torturas y desapariciones cometidas durante el régimen militar.
Entre otras cosas, el gobierno brasileño a través de su secretaría de derechos humanos instará al Congreso de los Diputados a que apruebe un proyecto que cree una Comisión de la Verdad que ofrezca una versión real sobre los asesinados y desaparecidos, crímenes que han estado protegidos por una ley de amnistía recientemente declarada incompatible con el derecho internacional por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En cambio, en Honduras la situación de impunidad se agrava y al régimen de Lobo Sosa ya no le funciona el remachado discurso de que su gobierno de conciliación nacional está comprometido con el respeto a los derechos humanos, pues choca frontalmente con los recientes informes de organismos internacionales que denuncian que en el país continúan la violencia, la intimidación y la impunidad.
Ejemplo de lo anterior es el hecho de que en materia de libertad de expresión, base fundamental de todo sistema democrático, Honduras es considerada un punto negro destacado en Latinoamérica debido a las permanentes amenazas, intimidaciones y asesinatos de periodistas y comunicadores sociales.
Además, sólo basta echar una mirada a las condiciones de investigación de los crímenes cometidos en el marco de la violencia política generada por el golpe de Estado para comprobar que hasta el momento no hay ninguna persona condenada penalmente por las violaciones a los derechos humanos.
Mientras la situación de derechos humanos se sigue deteriorando, el régimen de Lobo Sosa insiste en su discurso de reconciliación nacional pero ignorando que la reconciliación no tiene por qué significar olvido, y como lo señaló la nueva presidenta de Brasil, reconciliarse requiere “enfrentar el pasado para poder pasar la página con conciencia”.
Y enfrentar el pasado implica necesariamente investigar y castigar a los responsables de las violaciones a derechos humanos.
Esperamos que con el esfuerzo de quienes estamos comprometidos con la justicia tanto a nivel nacional como internacional, el pueblo hondureño pueda ver en el 2011, nuevas luces que iluminen el camino del fin de la impunidad.
Entre otras cosas, el gobierno brasileño a través de su secretaría de derechos humanos instará al Congreso de los Diputados a que apruebe un proyecto que cree una Comisión de la Verdad que ofrezca una versión real sobre los asesinados y desaparecidos, crímenes que han estado protegidos por una ley de amnistía recientemente declarada incompatible con el derecho internacional por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En cambio, en Honduras la situación de impunidad se agrava y al régimen de Lobo Sosa ya no le funciona el remachado discurso de que su gobierno de conciliación nacional está comprometido con el respeto a los derechos humanos, pues choca frontalmente con los recientes informes de organismos internacionales que denuncian que en el país continúan la violencia, la intimidación y la impunidad.
Ejemplo de lo anterior es el hecho de que en materia de libertad de expresión, base fundamental de todo sistema democrático, Honduras es considerada un punto negro destacado en Latinoamérica debido a las permanentes amenazas, intimidaciones y asesinatos de periodistas y comunicadores sociales.
Además, sólo basta echar una mirada a las condiciones de investigación de los crímenes cometidos en el marco de la violencia política generada por el golpe de Estado para comprobar que hasta el momento no hay ninguna persona condenada penalmente por las violaciones a los derechos humanos.
Mientras la situación de derechos humanos se sigue deteriorando, el régimen de Lobo Sosa insiste en su discurso de reconciliación nacional pero ignorando que la reconciliación no tiene por qué significar olvido, y como lo señaló la nueva presidenta de Brasil, reconciliarse requiere “enfrentar el pasado para poder pasar la página con conciencia”.
Y enfrentar el pasado implica necesariamente investigar y castigar a los responsables de las violaciones a derechos humanos.
Esperamos que con el esfuerzo de quienes estamos comprometidos con la justicia tanto a nivel nacional como internacional, el pueblo hondureño pueda ver en el 2011, nuevas luces que iluminen el camino del fin de la impunidad.
Cardenal pretende victimizarse, mientras acusa veladamente a la Resistencia
Red Morazánica de Información
Tegucigalpa 03 de enero de 2011. El cardenal hondureño Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga, intentó mostrarse hoy como una victima más del golpe de Estado, en el programa “Frente a Frente”, que dirige el periodista Renato Álvarez, uno de los principales voceros del golpe de Estado, al denunciar unas supuestas amenazas a muerte.
El purpurado denunció haber recibido amenazas a muerte después del golpe de Estado, mientras algunos sacerdotes afines también al golpe, también estarían siendo amenazados, por sectores que no identificó directamente.
Sin embargo el cardenal prácticamente acusó al Frente Nacional de Resistencia Popular FNRP, al afirmar que quienes están detrás de las amenazas “están en el peor camino, no es por allí donde se puede comenzar una nueva Honduras para hacer una Honduras mejor, debemos aprender a respetarnos y no pensar que la ideología del pensamiento único nos va a llevar a la liberación”.
El FNRP, propone la refundación de Honduras a través de la convocatoria a “una nueva Asamblea Nacional Constituyente Popular y Participativa” y para volver al orden constitucional, roto por el golpe de Estado militar contra Manuel Zelaya Rosales.
El cardenal dejo entrever que habría una persecución contra algunos sacerdotes partidarios del golpismo, sin embargo olvidó mencionar el caso del padre Andrés Tamayo, quien el dictador Roberto Micheletti, le canceló su carta de naturalización como hondureño y le negó la entrada libre al país.
Algunos sectores acusan al cardenal, de ser él quién ordenó la expulsión del Padre Tamayo, a quien se le privó del ejercicio pastoral al quitarle su parroquia en el municipio de Salamá en el departamento de Olancho.
Rodríguez es señalado de ser uno de los principales actores del golpe contra Zelaya Rosales, y está acusado además de malversación de caudales públicos ante la Fiscalía general del Estado, por recibir por decreto ejecutivo 100 mil lempiras mensuales durante las administraciones de Carlos Flores y Ricardo Maduro.
Después del golpe de Estado, el prelado católico ha aparecido muy pocas veces en los medios de comunicación, y muchas veces ha salido huyendo de las cámaras ante las preguntas de los periodistas, pero hoy apareció por más de una hora en la televisora que el día del golpe de Estado, retransmitió partidos de fútbol antiguos de la selección nacional.
De acuerdo con una nota recogida por Proceso Digital, “Rodríguez dijo que tras esos hechos, (el golpe de estado) él ha tenido que enfrentar varios incidentes en el extranjero, donde personas le llaman golpista, lo que considera injusto y falso porque yo no he tenido que ver en eso”.
“Es una red, lamentablemente hay una red no solo a través de Internet sino a través de varias organizaciones”, se quejó el religioso en la nota publicada por el medio digital.
Lo que el cardenal quisiera borrar de su pasado reciente.
El Cardenal hondureño, se opuso al retorno de Manuel Zelaya Rosales, en cadena nacional de radio y de televisión al instalarse el régimen de facto, mientras le llamaba “amigo”, le advirtió no regresar a Honduras, porque de hacerlo habría “derramamiento de sangre”.
Según la constitución hondureña, violada y defendida por el golpismo, ningún hondureño puede ser expatriado, y el Estado es laico. El cardenalato, con derecho a expresarse, no constituye un ente político que habilite para hablar en nombre de un gobierno en cadena de radio y de televisión.
A escasos 10 días del Golpe, Rodríguez acusó a Zelaya, de “mentir internacionalmente”, de dividir al pueblo “sembrando una lucha de clases”, de ser un gobierno corrupto y validó como legítimos los juicios falsos de los tribunales.
El Cardenal Rodríguez se alió al golpe de Estado, que defendió como “sucesión constitucional”. No condenó, hasta hoy, los crímenes y violaciones a los derechos humanos por la violencia institucionalizada. Evade discutirlo y se limita a hablar de reconciliación y perdón, sin explicar de qué y cómo.
Rodríguez ha emitido juicios favorables a Roberto Micheletti y al humanismo cristiano de Porfirio Lobo. Pero, se refiere con menosprecio a una parte de la población a la que trata como marginal, en un acto moral excluyente ajeno a la doctrina cristiana.
Ha dicho que “no entiendo que es lo que les he hecho para que me odien tanto”, quejándose del repudio popular manifiesto, en especial del pueblo en resistencia, a quienes llamó “grupúsculos”, y reclamó que le manchan las paredes, con los mensajes de protesta dejados en los muros de la Catedral.
Tegucigalpa 03 de enero de 2011. El cardenal hondureño Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga, intentó mostrarse hoy como una victima más del golpe de Estado, en el programa “Frente a Frente”, que dirige el periodista Renato Álvarez, uno de los principales voceros del golpe de Estado, al denunciar unas supuestas amenazas a muerte.
El purpurado denunció haber recibido amenazas a muerte después del golpe de Estado, mientras algunos sacerdotes afines también al golpe, también estarían siendo amenazados, por sectores que no identificó directamente.
Sin embargo el cardenal prácticamente acusó al Frente Nacional de Resistencia Popular FNRP, al afirmar que quienes están detrás de las amenazas “están en el peor camino, no es por allí donde se puede comenzar una nueva Honduras para hacer una Honduras mejor, debemos aprender a respetarnos y no pensar que la ideología del pensamiento único nos va a llevar a la liberación”.
El FNRP, propone la refundación de Honduras a través de la convocatoria a “una nueva Asamblea Nacional Constituyente Popular y Participativa” y para volver al orden constitucional, roto por el golpe de Estado militar contra Manuel Zelaya Rosales.
El cardenal dejo entrever que habría una persecución contra algunos sacerdotes partidarios del golpismo, sin embargo olvidó mencionar el caso del padre Andrés Tamayo, quien el dictador Roberto Micheletti, le canceló su carta de naturalización como hondureño y le negó la entrada libre al país.
Algunos sectores acusan al cardenal, de ser él quién ordenó la expulsión del Padre Tamayo, a quien se le privó del ejercicio pastoral al quitarle su parroquia en el municipio de Salamá en el departamento de Olancho.
Rodríguez es señalado de ser uno de los principales actores del golpe contra Zelaya Rosales, y está acusado además de malversación de caudales públicos ante la Fiscalía general del Estado, por recibir por decreto ejecutivo 100 mil lempiras mensuales durante las administraciones de Carlos Flores y Ricardo Maduro.
Después del golpe de Estado, el prelado católico ha aparecido muy pocas veces en los medios de comunicación, y muchas veces ha salido huyendo de las cámaras ante las preguntas de los periodistas, pero hoy apareció por más de una hora en la televisora que el día del golpe de Estado, retransmitió partidos de fútbol antiguos de la selección nacional.
De acuerdo con una nota recogida por Proceso Digital, “Rodríguez dijo que tras esos hechos, (el golpe de estado) él ha tenido que enfrentar varios incidentes en el extranjero, donde personas le llaman golpista, lo que considera injusto y falso porque yo no he tenido que ver en eso”.
“Es una red, lamentablemente hay una red no solo a través de Internet sino a través de varias organizaciones”, se quejó el religioso en la nota publicada por el medio digital.
Lo que el cardenal quisiera borrar de su pasado reciente.
El Cardenal hondureño, se opuso al retorno de Manuel Zelaya Rosales, en cadena nacional de radio y de televisión al instalarse el régimen de facto, mientras le llamaba “amigo”, le advirtió no regresar a Honduras, porque de hacerlo habría “derramamiento de sangre”.
Según la constitución hondureña, violada y defendida por el golpismo, ningún hondureño puede ser expatriado, y el Estado es laico. El cardenalato, con derecho a expresarse, no constituye un ente político que habilite para hablar en nombre de un gobierno en cadena de radio y de televisión.
A escasos 10 días del Golpe, Rodríguez acusó a Zelaya, de “mentir internacionalmente”, de dividir al pueblo “sembrando una lucha de clases”, de ser un gobierno corrupto y validó como legítimos los juicios falsos de los tribunales.
El Cardenal Rodríguez se alió al golpe de Estado, que defendió como “sucesión constitucional”. No condenó, hasta hoy, los crímenes y violaciones a los derechos humanos por la violencia institucionalizada. Evade discutirlo y se limita a hablar de reconciliación y perdón, sin explicar de qué y cómo.
Rodríguez ha emitido juicios favorables a Roberto Micheletti y al humanismo cristiano de Porfirio Lobo. Pero, se refiere con menosprecio a una parte de la población a la que trata como marginal, en un acto moral excluyente ajeno a la doctrina cristiana.
Ha dicho que “no entiendo que es lo que les he hecho para que me odien tanto”, quejándose del repudio popular manifiesto, en especial del pueblo en resistencia, a quienes llamó “grupúsculos”, y reclamó que le manchan las paredes, con los mensajes de protesta dejados en los muros de la Catedral.