En este mes de abril, Radio Progreso y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, iniciamos una campaña contra la impunidad bajo el lema “Callar la verdad aplasta la dignidad de las víctimas. ¡Movilicémonos, no más impunidad” pues entendemos que el binomio funesto de la impunidad y la corrupción hiere al país en su mero corazón y elimina cualquier esperanza de cambio.
Durante muchos años, hemos sido testigos de la denegación de la justicia, del torcimiento de la ley por parte de quienes tienen el poder sin contrapeso y sin ambages, y quienes a pesar de sus delitos se conducen como si fueran inocentes, mientras la ley si se aplica con todo su peso a las grandes mayorías, particularmente si son pobres, marginadas y excluidas.
En el marco de nuestra campaña, cada mes visibilizaremos uno de los tantos casos de impunidad que lastimosamente inundan nuestro país con el objetivo de darle voz a las demandas de las víctimas, denunciar la inoperancia y colusión de las instituciones del sector justicia con los victimarios y sumarnos a los esfuerzos de aquellos que sueñan con una Honduras libre del temor y la miseria.
Los últimos acontecimientos de muerte y violencia en los centros penales son propicios para abrir esta campaña con la impunidad que reina en el sistema penitenciario nacional, cuyas actuales condiciones colocan a Honduras en contravención de sus deberes constitucionales y compromisos internacionales.
El elevado grado de hacinamiento de la población penitenciaria, la falta de separación entre condenados y procesados, los precarios servicios de salud y de alimentación, la corrupción del personal penitenciario, la violencia y la muerte son la muestra más cruel de la impunidad permanente que minuto a minuto, hora a hora y día a día viven miles de hondureños y hondureñas que la sociedad y el Estado han condenado al olvido y arrebatado el derecho a ser personas.
Como instituciones comprometidas con la dignidad humana, nos sumamos a la lucha por el establecimiento de un sistema penitenciario constituido como institución autónoma, gestionada por personal y administradores penitenciarios profesionales e independiente de la policía, pues sólo así se podrá prevenir la arbitrariedad y lograr que los centros penales cumplan con su objetivo de rehabilitar y preparar al privado de libertad para la vida laboral fuera de la cárcel.
martes, 10 de abril de 2012
miércoles, 28 de marzo de 2012
Unidos por la justicia y la verdad
El pasado sábado 24 de marzo, se realizó en el gimnasio del Instituto León Alvarado de Comayagua el primer encuentro de familiares de las 361 personas privadas de libertad que murieron en la granja penal de esa ciudad.
Centenares de personas, hombres, mujeres, niños, niñas, y adolescentes cargaban una vela encendida, muchos vestían camisetas con la foto y el nombre de su familiar muerto, y sus rostros clamaban justicia a pesar de las lágrimas y del cansancio de más de 40 días exigiendo conocer la verdad sobre lo sucedido.
En dicho encuentro se presentó formalmente a las personas que fueron nombradas directivas del Comité Coordinador de Familias de Víctimas del Penal de Comayagua y a través de un comunicado expresaron su dolor, cansancio y frustración ante las autoridades del Estado que se han mostrado herméticas, incomprensivas y en algunos casos hostiles a su causa por recuperar los restos de sus seres queridos.
En este sentido, denunciaron el trato inhumano y degradante del que han sido objeto por parte del Estado a través de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Ministerio Público y COPECO, lo que se ha traducido en humillaciones, maltrato físico y psicológico, hostigamiento, intimidaciones, persecuciones y detenciones ilegales por el sólo hecho de exigir justicia.
Este encuentro también fue propicio para responsabilizar al Estado de Honduras por lo sucedido, ya que sus familiares se encontraban bajo la custodia del Estado y por tanto, este estaba en la obligación de evitar esta y otras tragedias simplemente siguiendo las recomendaciones en la materia emanadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros órganos internacionales.
De la misma manera manifestaron no estar “de acuerdo con las pocas e ilusas explicaciones ofrecidas por el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, diciendo que la tragedia fue un accidente” y criticaron de poco científico el informe de la Agencia de Estados Unidos sobre Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos (ATF), ya que días después de su análisis dentro del penal apareció el cadáver calcinado de un privado de libertad, “hecho que sin lugar a dudas es una evidencia de la poca profundidad del estudio”.
Por ello, exigieron una verdadera investigación sobre los hechos y que sea realizada por organismos nacionales e internacionales que sean serios, con experiencia y responsables ante situaciones de esta naturaleza, y por enésima vez exigieron al Estado agilizar la identificación y entrega de los restantes 80 cuerpos a sus familiares.
Dejándonos un mensaje de compromiso y esperanza, prometieron a los familiares “y a la sociedad hondureña luchar por un nuevo Estado de Verdad y Justicia, por la vigencia del cumplimiento de los acuerdos internacionales sobre derechos humanos, y el rescate de la dignidad de los privados de libertad”.
Centenares de personas, hombres, mujeres, niños, niñas, y adolescentes cargaban una vela encendida, muchos vestían camisetas con la foto y el nombre de su familiar muerto, y sus rostros clamaban justicia a pesar de las lágrimas y del cansancio de más de 40 días exigiendo conocer la verdad sobre lo sucedido.
En dicho encuentro se presentó formalmente a las personas que fueron nombradas directivas del Comité Coordinador de Familias de Víctimas del Penal de Comayagua y a través de un comunicado expresaron su dolor, cansancio y frustración ante las autoridades del Estado que se han mostrado herméticas, incomprensivas y en algunos casos hostiles a su causa por recuperar los restos de sus seres queridos.
En este sentido, denunciaron el trato inhumano y degradante del que han sido objeto por parte del Estado a través de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Ministerio Público y COPECO, lo que se ha traducido en humillaciones, maltrato físico y psicológico, hostigamiento, intimidaciones, persecuciones y detenciones ilegales por el sólo hecho de exigir justicia.
Este encuentro también fue propicio para responsabilizar al Estado de Honduras por lo sucedido, ya que sus familiares se encontraban bajo la custodia del Estado y por tanto, este estaba en la obligación de evitar esta y otras tragedias simplemente siguiendo las recomendaciones en la materia emanadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros órganos internacionales.
De la misma manera manifestaron no estar “de acuerdo con las pocas e ilusas explicaciones ofrecidas por el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, diciendo que la tragedia fue un accidente” y criticaron de poco científico el informe de la Agencia de Estados Unidos sobre Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos (ATF), ya que días después de su análisis dentro del penal apareció el cadáver calcinado de un privado de libertad, “hecho que sin lugar a dudas es una evidencia de la poca profundidad del estudio”.
Por ello, exigieron una verdadera investigación sobre los hechos y que sea realizada por organismos nacionales e internacionales que sean serios, con experiencia y responsables ante situaciones de esta naturaleza, y por enésima vez exigieron al Estado agilizar la identificación y entrega de los restantes 80 cuerpos a sus familiares.
Dejándonos un mensaje de compromiso y esperanza, prometieron a los familiares “y a la sociedad hondureña luchar por un nuevo Estado de Verdad y Justicia, por la vigencia del cumplimiento de los acuerdos internacionales sobre derechos humanos, y el rescate de la dignidad de los privados de libertad”.
martes, 20 de marzo de 2012
Señales de esperanza
La esperanza es lo último que se pierde reza un dicho popular y en materia de justicia para las víctimas del golpe de Estado y de las graves violaciones a derechos humanos que se cometen en Honduras, la esperanza es como la utopía de Galeano que nos impulsa a seguir caminando uno, dos o tres pasos más aunque la justicia y la reparación parecieran alejarse cada vez más.
La esperanza se nutre de señales, de buenas nuevas, de pequeños pasos que aunque pudieran parecer insignificantes o lejanos, nos dejan destellos de un nuevo día, de un nuevo amanecer para las víctimas sedientas de justicia y de verdad.
De este modo, esta semana hemos sido testigos del primer fallo de la Corte Penal Internacional, en el cual encontró culpable al señor de la guerra congoleño Thomas Lubanga por secuestrar a miles de niños y utilizarlos como soldados en luchas tribales en las que murieron más de 60 mil personas. Esta sentencia representa una victoria de la justicia internacional contra la impunidad y una reparación, siquiera simbólica, para las miles de víctimas del sanguinario caudillo congoleño, y además es un aviso para otros criminales que están siendo investigados por la fiscalía de este tribunal en Colombia y Honduras.
También hemos sido testigos de la decisión de los fiscales de Brasil de presentar cargos penales contra el coronel retirado Sebastião Curió Rodrigues de Moura por la desaparición de cinco personas en el estado de Pará en 1974. Esta es la primera causa penal abierta contra un militar por violaciones de derechos humanos cometidas durante el gobierno militar de Brasil del periodo comprendido entre 1964 y 1985, cuando se cree que desaparecieron más de 475 personas y millares sufrieron tortura.
Finalmente, en Guatemala fue condenado el quinto soldado de ese país, Pedro Pimentel Ríos, por su participación en la masacre del poblado de Dos Erres en 1982, en la que murieron más de 250 personas. El Estado guatemalteco se vio obligado a reabrir las investigaciones, como parte del cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2009.
Estas señales, estos pasos cercanos de justicia y reparación deben servir para que los hondureños y hondureñas sigamos dando pasos firmes en nuestro arduo y complicado camino hacia la dignificación de las víctimas y la sanción de los victimarios.
La esperanza se nutre de señales, de buenas nuevas, de pequeños pasos que aunque pudieran parecer insignificantes o lejanos, nos dejan destellos de un nuevo día, de un nuevo amanecer para las víctimas sedientas de justicia y de verdad.
De este modo, esta semana hemos sido testigos del primer fallo de la Corte Penal Internacional, en el cual encontró culpable al señor de la guerra congoleño Thomas Lubanga por secuestrar a miles de niños y utilizarlos como soldados en luchas tribales en las que murieron más de 60 mil personas. Esta sentencia representa una victoria de la justicia internacional contra la impunidad y una reparación, siquiera simbólica, para las miles de víctimas del sanguinario caudillo congoleño, y además es un aviso para otros criminales que están siendo investigados por la fiscalía de este tribunal en Colombia y Honduras.
También hemos sido testigos de la decisión de los fiscales de Brasil de presentar cargos penales contra el coronel retirado Sebastião Curió Rodrigues de Moura por la desaparición de cinco personas en el estado de Pará en 1974. Esta es la primera causa penal abierta contra un militar por violaciones de derechos humanos cometidas durante el gobierno militar de Brasil del periodo comprendido entre 1964 y 1985, cuando se cree que desaparecieron más de 475 personas y millares sufrieron tortura.
Finalmente, en Guatemala fue condenado el quinto soldado de ese país, Pedro Pimentel Ríos, por su participación en la masacre del poblado de Dos Erres en 1982, en la que murieron más de 250 personas. El Estado guatemalteco se vio obligado a reabrir las investigaciones, como parte del cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2009.
Estas señales, estos pasos cercanos de justicia y reparación deben servir para que los hondureños y hondureñas sigamos dando pasos firmes en nuestro arduo y complicado camino hacia la dignificación de las víctimas y la sanción de los victimarios.
viernes, 16 de marzo de 2012
Denuncia penal contra militar por desapariciones forzadas de la dictadura brasileña es un hito histórico en la búsqueda de justicia
Se inicia un proceso de búsqueda de justicia determinado por la sentencia de la Corte Interamericana en el caso de la Guerrilla de Araguaia
Washington D.C y Río de Janeiro, 14 de marzo de 2012 - El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expresa su satisfacción por la denuncia penal interpuesta por fiscales brasileños contra el militar Sebastião Curió Rodrigues de Moura por el secuestro de cinco de los desaparecidos de la Guerrilla del Araguaia. Representa un importante avance en la búsqueda de la justicia por los graves crímenes cometidos por agentes públicos y privados en nombre de la represión militar en Brasil. Estos crímenes permanecen en la impunidad desde hace más de treinta años debido a una interpretación de la ley de amnistía de 1979.
La denuncia penal interpuesta hoy se da 15 meses tras la notificación de la sentencia internacional en el caso conocido como “Guerrilha do Araguaia” litigado por CEJIL, el Grupo Tortura Nunca Más-RJ y la Comisión de Familiares de Muertos y Desaparecidos Políticos. La denuncia de hoy busca obtener justicia en el caso de cinco de las víctimas directas e individualizadas en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificada en diciembre de 2010.
Cabe recordar que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Brasil por la desaparición forzada de más de 60 víctimas y por la total impunidad de estos crímenes, pidiendo que se realice la investigación penal de los hechos ocurridos para determinar las correspondientes responsabilidades y la efectiva aplicación de las sanciones previstas en Ley. Ordenó así al Estado brasileño que adecuara sus prácticas y acciones a los parámetros internacionales para garantizar la realización de la justicia y de la verdad.
Teniendo en cuenta esta decisión, numerosos familiares de las víctimas de Araguaia presentaron solicitudes a la Fiscalía para la investigación de los hechos y de los responsables por las desapariciones forzadas de sus parientes. Posteriormente la Fiscalía ha establecido un grupo de trabajo sobre crímenes cometidos bajo la dictadura.
CEJIL también felicita a los familiares de los muertos y desaparecidos políticos por entender este avance en la búsqueda por la justicia como la consecuencia de su valentía y su lucha incansable.
Varios países de América Latina llevan tiempo rindiendo cuentas para saldar sus deudas históricas. Ya iniciaron investigaciones, realizaron juicios y, actualmente, muchos perpetradores de crímenes acometidos en las dictaduras militares y conflictos armados fueron condenados y están respondiendo por sus acciones.
En el contexto de Brasil, este avance va a depender de una respuesta del Poder Judicial adecuada a los parámetros internacionales, sin imposición de trabas para la tramitación de la denuncia criminal y el acceso de los familiares de los muertos y desaparecidos políticos a la justicia.
Las autoridades judiciales brasileñas tienen hoy la responsabilidad de decidir el camino que Brasil adopte frente a esas violaciones graves y continuadas, considerando que la Corte determinó que las disposiciones de la Ley de Amnistía, así como las disposiciones de prescripción y el establecimiento de exclusión de responsabilidades “no pueden seguir representando un obstáculo para la investigación de los hechos del presente caso, ni para la identificación y el castigo de los responsables, ni pueden tener igual o similar impacto sobre otros casos de graves violaciones de derechos humanos consagrados en la Convención Americana ocurridos en Brasil”.
En este sentido, Viviana Krsticevic Directora Ejecutiva de CEJIL sostuvo que “la interposición de la denuncia penal es fundamental para garantizar que no haya crímenes contra la humanidad que queden impunes bajo justificación política o jurídica alguna. Una vez que los fiscales han dado este importante paso, es la judicatura quien tiene que demostrar su valentía y su compromiso con la verdad y la justicia permitiendo que prosperen las investigaciones penales.”
“Es fundamental que el Estado brasileño de continuidad a ese proceso y garantice que, todos los responsables materiales e intelectuales de los graves crímenes promovidos por la dictadura militar en Brasil, sean investigados y procesados para la consolidación de la democracia en el país”, agregó Beatriz Affonso, directora para el programa del CEJIL en Brasil.
Contacto en Brasil
Beatriz Affonso
Natália Frickmann
Tel: 55 (21) 2533-1660
brasil@cejil.org
www.cejil.org
Contacto en EEUU
Milli Legrain
Tel 1-202- 319 3000
mlegrain@cejil.org
Washington D.C y Río de Janeiro, 14 de marzo de 2012 - El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expresa su satisfacción por la denuncia penal interpuesta por fiscales brasileños contra el militar Sebastião Curió Rodrigues de Moura por el secuestro de cinco de los desaparecidos de la Guerrilla del Araguaia. Representa un importante avance en la búsqueda de la justicia por los graves crímenes cometidos por agentes públicos y privados en nombre de la represión militar en Brasil. Estos crímenes permanecen en la impunidad desde hace más de treinta años debido a una interpretación de la ley de amnistía de 1979.
La denuncia penal interpuesta hoy se da 15 meses tras la notificación de la sentencia internacional en el caso conocido como “Guerrilha do Araguaia” litigado por CEJIL, el Grupo Tortura Nunca Más-RJ y la Comisión de Familiares de Muertos y Desaparecidos Políticos. La denuncia de hoy busca obtener justicia en el caso de cinco de las víctimas directas e individualizadas en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificada en diciembre de 2010.
Cabe recordar que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Brasil por la desaparición forzada de más de 60 víctimas y por la total impunidad de estos crímenes, pidiendo que se realice la investigación penal de los hechos ocurridos para determinar las correspondientes responsabilidades y la efectiva aplicación de las sanciones previstas en Ley. Ordenó así al Estado brasileño que adecuara sus prácticas y acciones a los parámetros internacionales para garantizar la realización de la justicia y de la verdad.
Teniendo en cuenta esta decisión, numerosos familiares de las víctimas de Araguaia presentaron solicitudes a la Fiscalía para la investigación de los hechos y de los responsables por las desapariciones forzadas de sus parientes. Posteriormente la Fiscalía ha establecido un grupo de trabajo sobre crímenes cometidos bajo la dictadura.
CEJIL también felicita a los familiares de los muertos y desaparecidos políticos por entender este avance en la búsqueda por la justicia como la consecuencia de su valentía y su lucha incansable.
Varios países de América Latina llevan tiempo rindiendo cuentas para saldar sus deudas históricas. Ya iniciaron investigaciones, realizaron juicios y, actualmente, muchos perpetradores de crímenes acometidos en las dictaduras militares y conflictos armados fueron condenados y están respondiendo por sus acciones.
En el contexto de Brasil, este avance va a depender de una respuesta del Poder Judicial adecuada a los parámetros internacionales, sin imposición de trabas para la tramitación de la denuncia criminal y el acceso de los familiares de los muertos y desaparecidos políticos a la justicia.
Las autoridades judiciales brasileñas tienen hoy la responsabilidad de decidir el camino que Brasil adopte frente a esas violaciones graves y continuadas, considerando que la Corte determinó que las disposiciones de la Ley de Amnistía, así como las disposiciones de prescripción y el establecimiento de exclusión de responsabilidades “no pueden seguir representando un obstáculo para la investigación de los hechos del presente caso, ni para la identificación y el castigo de los responsables, ni pueden tener igual o similar impacto sobre otros casos de graves violaciones de derechos humanos consagrados en la Convención Americana ocurridos en Brasil”.
En este sentido, Viviana Krsticevic Directora Ejecutiva de CEJIL sostuvo que “la interposición de la denuncia penal es fundamental para garantizar que no haya crímenes contra la humanidad que queden impunes bajo justificación política o jurídica alguna. Una vez que los fiscales han dado este importante paso, es la judicatura quien tiene que demostrar su valentía y su compromiso con la verdad y la justicia permitiendo que prosperen las investigaciones penales.”
“Es fundamental que el Estado brasileño de continuidad a ese proceso y garantice que, todos los responsables materiales e intelectuales de los graves crímenes promovidos por la dictadura militar en Brasil, sean investigados y procesados para la consolidación de la democracia en el país”, agregó Beatriz Affonso, directora para el programa del CEJIL en Brasil.
Contacto en Brasil
Beatriz Affonso
Natália Frickmann
Tel: 55 (21) 2533-1660
brasil@cejil.org
www.cejil.org
Contacto en EEUU
Milli Legrain
Tel 1-202- 319 3000
mlegrain@cejil.org
martes, 13 de marzo de 2012
Herramientas para la dignificación
El 17 de noviembre de 1988 se aprobó en San Salvador, El Salvador, el Protocolo Adicional a la Convención Americana en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocido como Protocolo de San Salvador, el cual permite que cualquier persona o grupo de personas puedan presentar denuncias ante la Comisión y Corte Interamericanas de Derechos Humanos por la violación de dos de los derechos reconocidos en él, es decir, los derechos sindicales y el derecho a la educación.
El derecho a la libertad sindical está contenido en el artículo 8 y establece la obligación del Estado de garantizar el derecho de los trabajadores a organizar sindicatos y a afiliarse al de su elección, para la protección y promoción de sus intereses. Por su parte, el artículo 13 establece la obligación del Estado de garantizar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita; la enseñanza secundaria en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y profesional, que debe ser generalizada y accesible a todos, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita.
Además, el derecho a la educación incluye la obligación del Estado de garantizar acceso igual a todos a la enseñanza superior, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados y por el establecimiento progresivo de la gratuidad; así como la de establecer programas de enseñanza especial para personas con capacidades especiales.
El Estado de Honduras se adhirió al Protocolo de San Salvador en septiembre de 2011 y a partir de ese momento, se obligó a respetar y garantizar todos los derechos reconocidos en él y le cedió a la Comisión y Corte Interamericanas la potestad para vigilar el cumplimiento de las obligaciones asumidas. En este sentido, se comprometió a cumplir con las disposiciones establecidas en dicho instrumento y a asegurar que todos sus organismos internos tomen en consideración las interpretaciones y resoluciones de los órganos interamericanos competentes.
Ante los constantes ataques contra las libertades sindicales y el derecho a la educación en el país, el Protocolo de San Salvador representa una herramienta valiosísima para contrarrestar las medidas regresivas que precarizan estos derechos y ponen en peligro el presente y el futuro de las relaciones laborales justas, y el de miles de jóvenes que ven en la educación de calidad el único camino para dignificar sus vidas y las de sus familias.
El derecho a la libertad sindical está contenido en el artículo 8 y establece la obligación del Estado de garantizar el derecho de los trabajadores a organizar sindicatos y a afiliarse al de su elección, para la protección y promoción de sus intereses. Por su parte, el artículo 13 establece la obligación del Estado de garantizar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita; la enseñanza secundaria en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y profesional, que debe ser generalizada y accesible a todos, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita.
Además, el derecho a la educación incluye la obligación del Estado de garantizar acceso igual a todos a la enseñanza superior, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados y por el establecimiento progresivo de la gratuidad; así como la de establecer programas de enseñanza especial para personas con capacidades especiales.
El Estado de Honduras se adhirió al Protocolo de San Salvador en septiembre de 2011 y a partir de ese momento, se obligó a respetar y garantizar todos los derechos reconocidos en él y le cedió a la Comisión y Corte Interamericanas la potestad para vigilar el cumplimiento de las obligaciones asumidas. En este sentido, se comprometió a cumplir con las disposiciones establecidas en dicho instrumento y a asegurar que todos sus organismos internos tomen en consideración las interpretaciones y resoluciones de los órganos interamericanos competentes.
Ante los constantes ataques contra las libertades sindicales y el derecho a la educación en el país, el Protocolo de San Salvador representa una herramienta valiosísima para contrarrestar las medidas regresivas que precarizan estos derechos y ponen en peligro el presente y el futuro de las relaciones laborales justas, y el de miles de jóvenes que ven en la educación de calidad el único camino para dignificar sus vidas y las de sus familias.
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