“¿Cuánta más violencia soportará Honduras?”

En un excelente reportaje realizado para Radio Nederland, el periodista Manuel Torres Calderón señala que Honduras cierra el 2011 como “el año más violento de su historia, con sicarios adolescentes sembrando de muerte una sociedad que la CEPAL caracteriza como la de mayor crecimiento de la pobreza y las desigualdades en América Latina”.

Frente a este panorama desolador de muerte y exclusión social, con él nos preguntamos “¿cuánta violencia común y política soportará Honduras o cabe todavía hundirse más?” en el 2012.

¿Acaso seguiremos soportando la violencia policial y militar que desde los años 80, pasando por el golpe de Estado y hasta hoy sigue reprimiendo las aspiraciones democráticas del pueblo hondureño a punta de fusil, torturas, detenciones ilegales, ejecuciones arbitrarias y extorsiones.

¿Acaso seguiremos soportando la impunidad de los verdugos que pese a tener sus manos manchadas de sangre son condecorados, ascendidos, declarados héroes nacionales y lanzados como precandidatos presidenciales en abierto desprecio por la dignidad de las víctimas?

¿Acaso seguiremos soportando el discurso de los voceros de los poderes políticos, militares, religiosos, económicos y culturales cuyo cinismo e hipocresía es tan violenta como las propias causas que mantienen a un alto porcentaje de la población en las garras de la exclusión total y de la vida indigna?

Desafortunadamente, hasta el momento se ven más sombras que luces para el 2012 y si no iniciamos urgentemente un verdadero diálogo nacional sobre las bases de acuerdos básicos que nos convoquen, el país seguirá desangrándose en el altar de la violencia, de la depredación de los bienes naturales, de la corrupción, de la impunidad y de la migración forzada.

Periodista es agredido e intimidado por elementos de la Policía Nacional

Alertas C-Libre
25 de diciembre de 2011

Tegucigalpa, Honduras (C-Libre). El pasado 23 de diciembre alrededor de las 9:35 de la noche, cuando el periodista Leonel Espinoza se conducía en su vehículo, marca Honda Civic, color gris, sin placas, a la altura de la colonia San José de la Peña, en el extremo sur de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, fue víctima de arresto, agresión e intimidación por parte de elementos de la Policía Nacional.

El también catedrático universitario y corresponsal de la Cadena NTN-21 de Bogotá Colombia, relató que cuando se dirigía a recoger unos nacatamales (comida típica hondureña) a la casa de su madre, fue interceptado por dos policías que se conducían en una motocicleta que le hicieron señal de parada en un lugar oscuro y desolado.

En entrevista con C-libre el periodista dijo: “sinceramente el escenario me pareció muy inseguro y confuso, por eso decidí continuar y tratar de llegar a un lugar que estuviese iluminado, pero los motorizados me detuvieron a punta de pistola y una vez que me detuve inicio mi pesadilla”, relató Espinoza.

“De manera violenta me obligaron a bajarme de mi automóvil, yo creí que me iban a matar, por eso tuve que salir corriendo y gritar”.

“Ayúdenme soy periodista me quieren matar no permitan que me lleven le suplique a una señora y le tire mi teléfono celular para que llamara al Secretario de Seguridad y a Héctor Iván Mejía (Portavoz Policial), lamentablemente nunca respondieron sus teléfonos, pero así fue como logre el apoyo de la gente y eso fue definitivamente lo que me salvo mi vida”, explicó el comunicador.

“Me esposaron, (colocar aros de presión en ambas muñecas de las manos), hasta llegar a lastimarme mis muñecas, me quitaron mis tenis, con total abuso de autoridad me humillaron públicamente y nunca se retractaron por su accionar, yo espere una disculpa pero ni siquiera me dieron un argumento coherente del porque me trataron de manera tan degradante, porque a la gente que se aglutinó le dijeron que me detuvieron porque mi carro anda sin placas, pero eso tiene una explicación; tengo el permiso de la Dirección General de Ingresos (DGI) que vence en enero del 2012.

“Finamente a eso de las 10:40 de la noche me quitaron las esposas y sin mediar palabra se marcharon, indicó Espinoza.

La represión a los periodistas es política del gobierno

“Desde el mismo Gobierno Central hay una política de represión para los periodistas, veamos los recientes casos de represión a la libertad de expresión hacia medios de comunicación y hacia periodistas, yo públicamente responsabilizó a la policía por cualquier cosa que me llegase a suceder a mí y a mis familiares”, denunció Espinoza.

EL periodista confesó que para sobrevivir, siguió su propio instinto, así mismo dijo que también obedeció las indicaciones que los mismos voceros de la Policía Nacional han establecido, “siempre se nos ha dicho que nos detengamos cuando hay un reten policial y nos hagan señal de parada, pero que estén debidamente identificados, y ese no fue el caso de mi detención arbitraria”.

“Yo como persona, que vive la realidad en el tema de la violencia y la inseguridad de Honduras, no me podía arriesgar a que me mataran”, aseguro Espinoza.

Por miedo a la Policía Nacional, solicita seguridad en la Embajada Norteamericana

Ante la gravedad del caso, el comunicador nos informó que recurrió a la Embajada de los Estados Unidos de América a solicitar protección.

“temo por mi vida y por la de mis familiares, como corresponsal no tengo la culpa, que lo que tenga que informar es mas lo malo que pasa en nuestro país, que lo bueno”, dijo en tono nervioso, el comunicador.

Después de este hecho lesivo a los derechos humanos, Espinoza también interpuso la denuncia ante el Fiscal de turno y la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC), pero ante los daños físicos y psicológicos sufridos, también se realizó un examen médico forense para dejar constancia de la brutalidad policial.

Otras agresiones

El 10 de agosto de 2011, el periodista Leonel Espinoza fue despojado de su vehículo por policías motorizados; “cuando regresaba de impartir clases en la Universidad Católica, justamente cuando estaba esperando en un semáforo, unos motorizados me exigieron que me bajara del vehículo, porque en mi carro supuestamente unas horas atrás se había perpetrado un asesinato”.

Una vez fuera del carro me registraron y me quitaron las llaves y cuando me estaban sacando mi billetera, salí corriendo, así fue como se llevaron mi vehículo el cual a la fecha no se he recuperado pese ha haber interpuesto la denuncia correspondiente ante Delitos Comunes, DGIC e INTERPOL”, aclaró, Espinoza.

El comunicador relató que: “yo decidí desistir de recuperar mi automóvil porque una persona dentro de la policía me dijo que mi carro se lo había robado una banda de policías que operaba desde la posta policial de la Granja”.

Como se recordara a los estudiantes universitarios Rafael Castellanos y su amigo Carlos Pineda, el primero hijo de la Rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos, los asesinaron policías que estaban asignados a la posta policial ubicada en el barrio La Granja de la ciudad capital.

“Por esas razones y con los antecedentes que yo conocía, meses antes de estos asesinatos, es que reacciono de esta manera e hice lo que tenía que hacer el pasado jueves 22 de diciembre, para salvar mi vida”. Concluyó Leonel Espinoza.
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Fuente: Comité por la Libre Expresión (C-Libre).

Libro "La exigiblidad de los DESC en el ámbito convencional de la ONU"

Título: La exigiblidad de los DESC en el ámbito convencional de la ONU
Autor: Joaquín A. Mejía R.
Editorial: Casa San Ignacio
Año: 2011

La adopción del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PF-PIDESC) representa uno de los logros más importantes en la protección de los derechos humanos en los últimos años. Además, es uno de los instrumentos internacionales más esperados, pues tuvieron que pasar dos largas décadas para su aprobación final.

Sin embargo, el reto apenas comienza; su difusión, conocimiento y aplicación por parte de la sociedad civil y los Estados, son algunos de los desafíos más importantes a enfrentar. Es por ello que este libro tiene, además del mérito de ser un aporte sustantivo, el de ser oportuno.

Como afirma Francisco Quintana García en el Prólogo, "podemos concluir que se trata de un gran aporte a la bibliografía jurídica del derecho internacional de los derechos humanos, que deberá ser de consulta obligada para expertos y estudiosos en la materia, no sólo por la profundidad de su contenido, sino también por la forma sencilla y clara de su redacción".

Ante un Estado fallido, un nuevo Pacto Social

Un Estado de derecho se caracteriza por el sometimiento de todos y todas al imperio de la ley, por la independencia de poderes, por el control de la legalidad por parte de un poder judicial independiente e imparcial, y por el respeto y garantía de los derechos humanos.

El extremo contrario del Estado de derecho es el Estado fallido, es decir, el Estado parcial e impotente, el Estado que ha fracasado al dejar de cumplir sus funciones fundamentales como la seguridad humana, la cohesión social, la garantía de los derechos humanos, etc.

El Estado fallido, como el que tenemos en Honduras, ha dejado de ser de todos, ha perdido su condición de organización soberana sobre todos los demás intereses, no para que uno solo decida, sino para que todos convivamos en paz, respeto y libertad.

Aunque en sentido estricto Honduras nunca ha sido un auténtico Estado de Derecho, con el golpe de Estado se aceleró el proceso de degeneración a un Estado fallido que ya no tiene la voluntad ni la capacidad para garantizar las condiciones mínimas de dignidad humana.

Este fracaso del Estado hondureño se refleja en la ejecución arbitraria de 7,041 niños, niñas y jóvenes menores de 23 años desde 1998; en la violencia generalizada que coloca al país con la tasa de homicidios más alta del mundo, con 82 por cada 100,000 habitantes; en amplias zonas del territorio nacional que escapan del control del Estado y que son santuarios del narco-delito y del crimen organizado.

También se refleja en la impunidad que sonríe por igual al que le tira la basura al vecino que al sicario, policía o militar que tortura y asesina a sangre fría; en una manera de hacer política que premia a los corruptos y excluye a los honestos; en una administración pública convertida en patrimonio privado de los sectores poderosos; y en una ciudadanía de baja intensidad sometida violentamente al miedo y la miseria.

Sin duda alguna, cuando ha fallado el Estado al que le otorgamos la responsabilidad de protegernos y de garantizar nuestra dignidad, es imperativo un nuevo pacto social que promueva la creación de una nueva institucionalidad, de una nueva estructura organizativa política, económica, social y cultural que coloque a la persona humana como el verdadero fin a perseguir por la sociedad y el Estado.

Guardia de “Honor” Presidencial y Policía Nacional reprimen protesta de periodistas

Alertas C-Libre
13 de diciembre de 2011

Tegucigalpa, Honduras (C-Libre). Más de 50 periodistas, la mayoría mujeres, que protestaban pacíficamente para reclamar justicia por el asesinato de 24 periodistas desde el año 2003 y las constantes violaciones a la libertad de expresión en Honduras, fueron reprimidas, el 13 de diciembre, con toletes y bombas lacrimógenas, lanzadas por elementos de la Guardia de “Honor” Presidencial y Agentes Policiales que custodian la Casa de Gobierno.

Ante la ola de violencia que azota al gremio periodístico, las mujeres periodistas agrupadas en el colectivo Periodistas por la Vida y la Libertad de Expresión, decidieron convocar una caminata pacifica a favor de la paz; misma que inicio a partir de las 9:30 am desde la Universidad Pedagógica Francisco Morazán (UPFM) con rumbo a la Casa Presidencial.

Las y los comunicadores se encontraron una Casa Presidencial rodeada con vallas y resguardada por militares y policías, que sin mediar palabra los agredieron con sus toletes, para posteriormente lanzar de manera consecutiva tres bombas lacrimógenas.

Los distintos medios de comunicación que daban cobertura a la protesta registraron con imágenes el momento en que los militares y policías agredían a la prensa libre y de oposición que exigían cárcel para los asesinos de periodistas.

Después de sufrir estas agresiones los/as manifestantes se acostaron en el suelo en señal de indefensión para con el régimen e de igual manera condenaron la violencia con la que se les recibía en Casa presidencial.

Sobre un ataúd, que representaba la muerte, las y los periodistas colocaron los restos de las bombas lacrimógenas lanzadas en su contra y desde su posición inmóvil demandaron un alto al asesinato de comunicadores, así como el respeto a la libertad de expresión.

Dentro de las agresiones se registran severos golpes a defensores de la libertad de expresión en Honduras que acompañaron este acto contestatario.

El contenido de la Protesta

En un comunicado las y los periodistas establecen que “la censura, la manipulación de la información, el hostigamiento laboral, la interferencia y el cierre de medios de comunicación, particularmente alternativos, han sido situaciones que concentran la historia instrumentalizada de los medios de comunicación en Honduras por parte de los grupos de poder”, sin embargo, aseguran, “que los asesinatos, todos a manos de sicarios, se convierten en el desafío más grande que enfrentamos ahora, no solo las y los periodistas sino todas y todos los hondureños que alzan su voz de protesta ante un Estado cuyos gobiernos pasados y el presente lo han vuelto Fallido”.

En el comunicado que era repartido durante la trayectoria hacia la Casa de Gobierno, los periodistas expresaron que “tenemos temor, por eso salimos a las calles, pero el temor no frena el deseo y las fuerzas de luchar por un país libre, en donde no tengamos que informar sobre asesinatos, de mujeres niños, ancianos, hombres lesbianas y gays”.

Por otra parte explicaron que el asesinato de la periodista Luz Marina Paz Villalobos, recrudece los femicidios en el país y es una escalada más en contra de la libertad de expresión y el derecho a la vida.

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Fuente: Comité por la Libre Expresión (C-Libre).
C-Libre es una coalición de periodistas y miembros de la sociedad civil constituida para promover y defender la libertad de expresión y el derecho a la información en Honduras. Quienes integramos C-Libre, estamos convencidos que en la construcción de un Estado de Derecho es imprescindible la existencia de un periodismo ético, de investigación, fiscalizador de la gestión pública, que se desempeñe en un ambiente de seguridad y acceso libre a la información y que promueva un régimen de opinión pública que haga valer su Derecho a la Información.

Esta alerta es distribuida a través de diversas redes nacionales, regionales e internacionales.

Para mayor información comunicarse al Comité por la Libre Expresión (C-Libre), al correo electrónico alertas@clibrehonduras.com, para sus comentarios acerca de esta y otras alertas, visite www.clibrehonduras.com
COMITE POR LA LIBRE EXPRESION
Colonia Palmira, Primera Calle, contiguo al Centro Cultural de España, 25 mts al norte del Redondel de los Artesanos, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Telefax. (504) 2237-9966
Alertas (504) 3229-6242

Más medidas, menos derechos

Indudablemente el golpe de Estado aceleró el proceso de conversión del Estado en un Estado militar que ve en la ciudadanía un enemigo que hay que controlar, vigilar, silenciar y violentar a través de la reducción de sus derechos y garantías.

Primero fue la reforma constitucional del plazo de detención que pasó de 24 a 48 horas, con sus graves implicaciones para la vida y la integridad física y psíquica de las personas que durante dos días podrán estar en manos de la Policía que está involucrada en los crímenes más terribles.

Luego fue la reforma del artículo 92 constitucional que permite que un simple informe policial que contenga la declaración del detenido sea suficiente para que un juez decrete su procesamiento.

Luego vino la reforma constitucional que de manera ilegítima e ilegal les otorga a los militares las facultades de patrullar, capturar sospechosos, realizar allanamientos y controlar el tránsito.

Ahora nos sorprenden con la aprobación de Ley de Escuchas Telefónicas mediante la cual se autoriza la intervención de cartas, mensajes y llamadas telefónicas, recibos de servicios públicos, tarjetas de crédito, entre otros, violando de esta manera el derecho constitucional a la privacidad.

Todas estas reformas violentan el principio constitucional e internacional de progresividad que obliga a Honduras a avanzar gradual y constantemente hacia la más plena realización de los derechos humanos, lo cual implica la prohibición de adoptar medidas deliberadamente regresivas que reduzcan los niveles de protección de los derechos vigentes o supriman los ya existentes.

A pesar de que el artículo 64 constitucional prohíbe la aplicación de leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías, si los disminuyen, restringen o tergiversan, el Congreso Nacional capitaneado por Juan Orlando Hernández y el ejecutivo al mando de Lobo Sosa, demuestran una vez más su desprecio por los principios democráticos, la dignidad humana y los altos valores que representan los derechos humanos.

El guión del golpe de Estado sigue cumpliéndose a la perfección

Cada día los hechos demuestran que el golpe de Estado en Honduras ha sido todo un éxito. Pese a que continúan las amenazas, hostigamientos, asesinatos políticos, detenciones ilegales, torturas, desapariciones forzadas y otras graves violaciones a derechos humanos, los dinamismos del golpe de Estado se fortalecen con el paso del tiempo.

Y hasta el momento, no hay ninguna persona responsable sancionado por ello, provocando una impunidad que tiene un efecto devastador para la realización del Estado de derecho y la democracia, ya que fomenta la vulnerabilidad de las personas al generar la percepción de que es posible violar los derechos humanos sin recibir castigo y se envía a toda la sociedad un mensaje intimidatorio que causa temor generalizado, y desanima y silencia las denuncias, reclamos y reivindicaciones legítimas.

El guión trazado desde el rompimiento del orden constitucional se está cumpliendo a raja tabla. Primero, se dio el golpe de Estado y los militares fueron presentados como los salvadores de la democracia.

Segundo, los militares y policías fueron declarados héroes nacionales y premiados con ascensos importantes por los servicios prestados; tercero, fueron absueltos por la “casa de la justicia” en palabras del poeta Sosa o amnistiados por obra y gracia de un decreto del régimen de Lobo Sosa.

Cuarto, Lobo Sosa le entregó a los militares instituciones civiles estratégicas que se les habían quitado en el proceso de desmilitarización de la sociedad a mediados de los años 90; quinto, los militares se presentan como civiles reciclados para participar en la contienda electoral, pese a la ilegalidad e ilegitimidad de sus candidaturas.

Sexto, a los militares se les entrega la seguridad pública y se les declara garantes de la seguridad ciudadana y los baluartes de la lucha contra el crimen y la violencia.

El éxito del guión traspasa nuestras fronteras nacionales y además del reconocimiento del régimen por la comunidad internacional con su reintegro a la Organización de Estados Americanos, Lobo Sosa se funde en un abrazo con Hugo Chávez en el marco de la CELAC, quien ya no lo llama golpista y títere de los militares, sino “presidente Lobo”.

Comunicado de la misión de observación de la Red Iberoamericana de Jueces en Honduras

Después de cuatro días en el país, entrevistando a diferentes actores de la sociedad civil, integrantes del poder ejecutivo y poder judicial, los comisionados informantes comunican al pueblo hondureño y a la comunidad internacional el siguiente resultado preliminar de su informe:

1.- Los comisionados REDIJ ven con preocupación la falta de acceso a la justicia del pueblo hondureño en todas sus instancias, lo cual se expresa en la falta de investigación, seguimiento y castigo de hechos de extrema gravedad, acentuando y generando inseguridad, provocada por estos hechos, que en los que están denunciados como posibles autores personas que integran el régimen o un sector de él.

Se ha podido constatar la falta de garantías individuales mínimas de los ciudadanos y cientos de casos de violaciones de estas garantías, por hechos de lesa humanidad, consistentes en asesinatos a sangre fría y desaparición forzada de personas, sin respuesta alguna de parte del sistema de justicia ni político.

2 .- Que encontrándonos en el día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, los comisionados REDIJ expresamos nuestra indignación por la abrumadora cantidad de feminicidios en Honduras y la circunstancia de que no se observa una voluntad clara del Estado en prevenir, investigar y sancionar debidamente estos inaceptables crímenes.

3.- La falta de independencia del poder judicial, se manifiesta no solo en lo antes dicho, sino en la cantidad de jueces y juezas que han denunciado ante las autoridades amenazas y persecuciones, no respondiendo el estado a su protección debida que asegure su independencia.

4.- Los comisionados firmantes llaman la atención por la ley aprobada que crea las llamadas “ciudades modelos”, pues aparece como una flagrante violación a los derecho de los pueblos de Honduras a su territorio y externamos nuestra preocupación porque este proyecto se orienta a proteger a grupos de poder económico, no observándose ninguna ventaja cierta que beneficie a la mayoría de hondureños y hondureñas pobres que buscan y claman por justicia.

5.- Los comisionados abajo firmantes llaman al estado hondureño a asegurar la seguridad y vida de los campesinos del Bajo Aguán y a propiciar las condiciones necesarias para llegar a acuerdos que aseguren los derechos de los campesinos y la seguridad alimentaria de la región.

6.- Frente a la grave crisis de seguridad actual en Honduras, los comisionados informantes solicitan respetuosamente al estado hondureño la refundación de las instancias de justicia en el país, que asegure el acceso a ésta por parte de todos los hondureños y hondureñas. Puesto que dichas instituciones no están cumpliendo adecuadamente sus deberes constitucionales y especialmente la policía debe ser rediseñada y refundada bajo criterios democráticos y cercanos a la comunidad hondureña, depurando sus mandos técnicos y políticos.

7.- Los comisionados REDIJ expresan su satisfacción por haberse dejado sin efecto la prisión domiciliaria del Dr. Enrique Flores Lanza y llaman al estado hondureño para que garantice el cumplimiento del acuerdo de Cartagena y un debido proceso con plenas garantías para el Dr. Flores Lanza.

8.- Los comisionados señalan que uno de los motivos principales de la visita a Honduras es la situación de los despidos de los 4 jueces, despido sin garantías legales, y fundamentada solamente en razones de carácter político. Por eso conforme al mandato del Consejo de la REDIJ, llamamos al estado hondureño para que efectúe los esfuerzos necesarios para alcanzar una solución amistosa en el caso de los cuatro jueces, produciendo su reintegro inmediato sus cargos, bajo la supervisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La solución positiva de este delicado asunto es observada por la comunidad internacional en el marco del proceso de reconciliación y transición a la democracia de Honduras.

“Decíme cuánto respetás los derechos humanos y te diré qué tipo de Estado sos”

En 1651, Thomas Hobbes escribió el Leviatán, una de las primeras obras que aborda el tema sobre la naturaleza humana y el origen del Estado como producto de un pacto entre todas las personas para evitar la “guerra de todos contra todos”.

En el marco de este pacto, los derechos humanos constituyen la razón de ser del Estado dado que su falta o abusiva limitación impide su existencia y favorece la implantación de un sistema político absolutista, arbitrario o totalitario.

Retomando la metáfora de Hobbes, ante el hecho de que el “hombre es lobo del hombre”, la “persona artificial” que es el Estado ha sido establecida para garantizar la paz y la seguridad de los ciudadanos; sin embargo, en el contexto del golpe de Estado, el Estado hondureño terminó convirtiéndose en un “lobo artificial” más cruel y peligroso para los derechos humanos.

Las consecuentes violaciones a los derechos humanos y la impunidad que se ha institucionalizado de manera crónica, representan la amenaza más grave para la vida y la seguridad de los hondureños y hondureñas. Y gracias a dicha impunidad sobrevivimos en un escenario de violencia en donde el Estado de Honduras se ha convertido en un verdadero Leviatán temible e incontrolable que devora el fundamento mismo de su propia legitimidad, es decir, el respeto absoluto a los derechos humanos.

Por ello, mientras continúen intactos los dinamismos del golpe de Estado, seguirán las instituciones públicas estratégicas bajo el control de quienes lo ejecutaron, se profundizará la remilitarización de la sociedad, se continuarán adoptando leyes y celebrando juicios que sólo benefician a los violadores de derechos humanos, seguiremos observando con impotencia la premiación de los militares golpistas y la represión policial y militar contra cualquier expresión de disenso.

Ante un Estado autoritario y violento como el hondureño, se que requiere de una ciudadanía comprometida con los valores democráticos para impulsar las transformaciones que sólo pueden realizarse en el marco de un nuevo pacto social.

No es cuestión de ideologías

Entre el 14 y el 18 de noviembre una misión de la sociedad civil hondureña visitó el Ecuador para denunciar que desde el reintegro de Honduras a la OEA, la situación de los derechos humanos se ha deteriorado a niveles alarmantes.

La decisión de visitar este país se debe a que fue el único gobierno que se negó a votar a favor de dicho reintegro, argumentando que la impunidad de los responsables del golpe de Estado se mantiene intacta en Honduras.

La misión tuvo reuniones con representaciones diplomáticas, organizaciones de la sociedad civil, representantes de la Asamblea Legislativa y la Cancillería ecuatoriana, en las que se expuso la necesidad de verificar la situación de los derechos humanos en Honduras a partir del Acuerdo de Cartagena suscrito el 22 de mayo de este año.

Este acuerdo, cuestionado por inconsulto por las organizaciones sociales, fue la antesala para que los gobiernos de izquierda y de derecha del continente convinieran el reintegro de Honduras a la OEA sin previa evaluación de la situación.

El numeral cinco del acuerdo precisa que las partes deben “Velar de manera especial por el cumplimiento de la Constitución de la República en lo referente a las garantías de respeto y protección de los derechos humanos.” No obstante, este compromiso ha sido flagrantemente incumplido, pues en Honduras persisten graves, sistemáticas y masivas violaciones a los derechos humanos y prevalece la impunidad de los responsables del golpe de Estado.

Una de las cosas que quedaron claras en esta misión, es que los derechos humanos no es una cuestión de ideologías pues los gobiernos, sean de izquierda o de derecha, están dispuestos a sacrificar la dignidad de las víctimas en el altar de las negociaciones políticas y de las agendas ocultas.

Seguridad ciudadana: Una lucha de todos y todas

Desde mas de una década, Casa Alianza ha venido denunciando ante las autoridades del Gobierno, la sociedad y la opinión pública las ejecuciones y/o muertes violentas de niños, niñas y jóvenes por diferentes actores, incluyendo policías, y ha exigido que estos crímenes sean investigados con eficiencia con el fin de identificar y sancionar a los autores intelectuales y materiales.

De 1998 a la fecha, Casa Alianza ha documentado la ejecución arbitraria de casi seis mil niños, niñas y jóvenes menores de 23 años, los cuales están en la más completa impunidad. Sólo en octubre de este año hubo 95 homicidios de jóvenes, siendo los niños las principales víctimas con 79 muertes violentas.

Por este tipo de hechos, en el año 2006 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Honduras por la ejecución de 4 jóvenes que fueron detenidos ilegalmente por agentes de la policía, el 15 de septiembre de 1995, y que fueron encontrados dos días después en diferentes sectores de Tegucigalpa sin vida y con indicios de haber sido torturados antes de morir, razón por la que el caso fue conocido como “Cuatro Puntos Cardinales”.

No obstante, pese a que las ejecuciones de niños, niñas y jóvenes constituyen una epidemia en Honduras, ha tenido que morir violentamente el hijo de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para que la sociedad hondureña se de cuenta de la grave dimensión de la violencia contra la juventud y para que las autoridades al menos aparenten una cierta preocupación al respecto.

Pese a la gravedad de la situación, los cambios hasta ahora propuestos por el régimen actual son simples maquillajes que dejan intacta la corrupción dentro de la policía nacional y sólo preparan el camino para que las Fuerzas Armadas vuelvan a retomar el control de la policía como sucedió en la década de las desapariciones, torturas y ejecuciones de los años 80 y profundicen la militarización de la sociedad.

Más allá de las posiciones políticas e ideológicas, es un momento preciso para sumarnos a la lucha emprendida por la rectora Julieta Castellanos y otros sectores para lograr cambios estructurales en la policía nacional que pasa por una depuración y sanción de los policías y de los altos mandos involucrados en crímenes, en evitar que los militares asuman labores policiales y en consensuar una verdadera política de seguridad ciudadana desde un enfoque de los derechos humanos.

ALTO A LOS ATAQUES A LA INDEPENDENCIA DE JUECES, JUEZAS Y MAGISTRADOS

La Asociación de Jueces por la Democracia (AJD), ante las reiteradas declaraciones de autoridades gubernamentales, y de los titulares de los poderes del Estado respecto a la situación crítica por la que atraviesa actualmente la seguridad de la ciudadanía, y la necesidad de asumir medidas institucionales para frenar el incremento de los actos delictivos, se pronuncia de la manera siguiente:

1. Compartimos con las autoridades gubernamentales, del Legislativo y del Poder Judicial, que la situación de criminalidad y de impunidad exige tomar medidas orientadas a proporcionar seguridad y a devolver la confianza a la ciudadanía en sus instituciones.

2. Medidas como la depuración y reorganización de la Policía son urgentes y necesarias y deben ser impulsadas por el Ejecutivo de forma responsable. Asumir a medias o de forma cosmética esta situación, no hará sino agravar la crisis que actualmente ha desnaturalizado a la policía y que le ha llevado a la autoría, complicidad y protección de actividades ilícitas en el país.

3. Consideramos que es irresponsable que desde el Ejecutivo, la Presidencia del Legislativo y de la misma Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, se quiera responsabilizar a los(as) jueces(zas) y magistrados(as) por la situación de inseguridad. No hay que desconocer que los(as) jueces(zas) resuelven bajo dos presupuestos: a) El respeto a las garantías procesales de rango constitucional; y b) De conformidad a las pruebas que aporta el Ministerio Público. En este plano hay que destacar que no es responsabilidad de los órganos jurisdiccionales la inefectividad de la investigación de los hechos delictivos y, tampoco, que las acusaciones en muchos casos no sean respaldadas por el MP con pruebas que demuestren la culpabilidad de los imputados.

4. No es generando animadversión hacia los jueces y juezas que se resolverá la problemática de impunidad, sino mediante una verdadera investigación criminal técnico científica y con un Ministerio Público transparente, eficiente y responsable en las atribuciones que le ha otorgado la Constitución y las Leyes.

5. Rechazamos de forma contundente la iniciativa que impulsan actualmente el Presidente del Congreso Nacional y el Presidente de la República de crear una Superintendencia que vigile las actuaciones de Jueces y Fiscales y que pretende materializarse mediante un decreto legislativo. De aprobarse una ley y un mecanismo de esta naturaleza, ello constituiría una flagrante violación a la independencia de jueces y magistrados y, en la práctica, significaría otorgar a estos dos poderes del Estado facultades que violentarían la independencia de poderes. La existencia de una superintendencia para vigilar e investigar a los jueces, sería un golpe demoledor a la independencia judicial, y vendría a concederle poderes adicionales al ejecutivo para perturbar a los jueces y magistrados en su función, y en algunas circunstancias hasta podría utilizarse para obstruir la justicia.

6. De igual forma, deploramos y nos oponemos a que el Inspector General de Tribunales sea electo por el Congreso Nacional, pues si esto fuera así, tendría los mismos efectos perturbadores y atentatorios contra la independencia judicial.

7. Estamos conscientes de la necesidad de la supervisión de las actuaciones de los jueces y juezas y de la sanción de los actos que se comprueben que están reñidos con la ley, pero esta función debe realizarse a través de los órganos competentes del Poder Judicial.

POR TANTO:

a) Exigimos al Presidente del Ejecutivo, al Presidente del Legislativo y a las autoridades judiciales, el respeto a la independencia de los jueces y juezas en el ejercicio de sus funciones y, deploramos las declaraciones infundadas lesivas a la independencia judicial.

b) Reiteramos nuestra petición de la necesidad de depurar y reorganizar de forma integral la institución policial. De igual manera, pedimos que se proceda a realizar un concurso o evaluación interna en el Poder Judicial, y que mediante el mismo se determine quienes son los jueces aptos para la función jurisdiccional y, que el mismo permita, separar aquellos juzgadores que no reúnan las condiciones para ostentar estos cargos.

c) Solicitamos a los titulares del Poder Ejecutivo y Legislativo, que desistan de las iniciativas de crear una Superintendencia de carácter externo para vigilar e investigar a los jueces y magistrados, asimismo, que no continúen con la pretensión de que la elección del Inspector General de Tribunales sea una atribución del Congreso Nacional.

d) Pedimos que se proceda a la reestructuración de la Inspectoría General de Juzgados y Tribunales para que asuma su función de forma independiente y autónoma y que el nombramiento del Inspector General sea atribución del Consejo de la Judicatura a través de un concurso transparente e imparcial

e) Hacemos un llamado a todos los jueces, juezas, y magistrados(as), a defender la independencia Judicial, de los ataques infundados que buscan debilitarla más. Comprometiéndonos a informar de inmediato de todas estas perturbaciones e injerencias a la Relatora Especial de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados.

San Pedro Sula, 09 de noviembre de 2011

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL

ASOCIACION DE JUECES POR LA DEMOCRACIA

DECLARACIÓN PÚBLICA EN EL MARCO DEL SEMINARIO “IMPUNIDAD, LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y JUSTICIA”

Tegucigalpa, 07 de noviembre de 2011

Las organizaciones y las personas participantes en el seminario “Impunidad, libertad de expresión y justicia”, reunidos en la ciudad de Tegucigalpa los días 5, 6 y 7 de octubre de 2011, una vez concluido el evento expresamos nuestra preocupación por los hechos siguientes:

1. Las permanentes y graves violaciones a los derechos humanos en Honduras, agudizadas desde el golpe de Estado, en particular las cometidas contra miembros de la comunidad LGTBI (que hasta la fecha registra 56 asesinatos), contra mujeres, jueces y juezas, jóvenes, niños y niñas, defensores y defensoras de derechos humanos, docentes, activistas políticos y sociales, campesinos y campesinas del Bajo Aguán, pobladores de Zacate Grande, pueblos indígenas y miembros de las comunidades afro descendientes.

2. Las restricciones ilegítimas a la libertad de expresión que se manifiestan en el asesinato de 16 comunicadores sociales y periodistas, numerosos ataques contra la integridad física, psíquica y moral de los y las comunicadoras, agresiones a los medios de comunicación comunitarios y autónomos, y uso desproporcionado de la fuerza para reprimir el derecho a la manifestación pública y pacífica.

3. La impunidad generalizada producto de la inactividad y falta de voluntad política estatal para investigar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de los atentados contra los derechos humanos, y para reparar a las víctimas.

Con fundamento en las discusiones del evento, demandamos del Estado hondureño lo siguiente:
1. Formalizar en el corto plazo la invitación oficial al Relator Especial de la ONU para la Libertad de Expresión, Frank La Rue, para realizar una visita oficial al país.

2. Adoptar inmediatamente la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el sentido de ordenar que las Fuerzas Armadas no participen en actividades de seguridad ciudadana, lo que implica la desmilitarización del país, en particular en la región del Bajo Aguán donde se requieren medidas integrales que contribuyan a la resolución permanente del conflicto.

3. Implementar las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del Examen Periódico Universal, de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en particular la investigación y sanción de los responsables de las violaciones a derechos humanos, y la reparación a las víctimas.

Organizadores:
Asociación de Jueces por la Democracia, Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación y Radio Progreso de la Compañía de Jesús, CEJIL-Mesoamérica y Fundación Hivos

Participantes Nacionales:
APUVIMEH, AJEM, CATTRACHAS, Comisión de Verdad, COFADEH, Colectivo Unidad Color Rosa, Colectivo Violeta, Kukulcán, CEM-H, Asociación Arcoiris, CARITAS Honduras, Caritas San Pedro Sula, ALTERECO, ACI PARTICIPA, Popol Natum, CIPRODEH, CODEMUH, COMUN, C-Libre. Venas Abiertas, COPINH, CESPAD, MUCA, CDM, MAO, CPTRT, Coordinación Colectivo de Abogados y JHA-JA-AC

Participantes Internacionales:
José Luis Sanz, El Faro, El Salvador; Ileana Alamilla, CERIGUA (Guatemala); Marcie Mersky, International Center for Transitional Justice (USA); Francisco Aguilar, Comisionado Comisión de Verdad (Costa Rica); Mario Minera, CALDH (Guatemala); Benjamín Cuellar, IDHUCA (El Salvador); María Silvia Guillén, FESPAD (El Salvador); Claudia Samayoa, UDEFEGUA (Guatemala); Anabella Sibrián, Plataforma Holandesa contra la Impunidad (Guatemala); Carolina Escobar Sarti, columnista independiente y Consejo Editorial Plaza Pública (Guatemala); Dra. Vilma Núñez, CENIDH, (Nicaragua)

Tegucigalpa- Honduras, 07 de octubre de 2011

¡No mas asesinatos en el Aguan!

La Alianza por los Derechos Humanos (ADH), condena el asesinato del campesino Catalino López, y los atentados contra José Luis Lemus y Nilda Fúnez todos miembros del Movimiento Autentico Reivindicador de Campesinos del Aguan (MARCA).

Según el testimonio de uno de los dirigentes campesinos que por razones de preservar su vida no se menciona su nombre, “Ayer a las dos y media de la tarde (primero de noviembre 2011el grupo despertar de MARCA (Movimiento Autentico Reivindicador Campesino del Aguan) cuando íbamos a limpiar el campo santo(cementerio) por ser el "día de los muertos" nos perseguía una patrulla de la Empresa de seguridad Orión y a la altura de la Empresa de Aceites y derivados y cuando regresábamos a nuestros hogares y enfrente de una bascula donde venden frutas nos rebaso la patrulla y nos sacó de la carretera”.

“La patrulla estaba integrada por cinco guardias de seguridad y uno de ellos Jefe de Operación que lo llaman el teniente Reyes militar retirado del Batallón, abrieron fuego contra nosotros perdiendo la vida Catalino López de 48 años, dejando desamparados a sus nueve hijos e hijas y a su compañera de hogar. López pertenecía a la Juntad e vigilancia Administrativa”.

Los campesinos han expresado su temor a nuestras organizaciones, que “sus vidas corren peligro porque los guardias de seguridad actúan con toda libertad para matar”.

En el ataque también resultaron también heridos José Luis Lemus con una herida en el pecho (tórax) y fue hospitalizado en el Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula por su condición de gravedad y la compañera Nilda Fúnez con herida de bala en el muslo derecho y está hospitalizada en un Hospital de la ciudad de la Ceiba.

Los atacantes se transportaban en una patrulla de la empresa de seguridad Orión, quienes después del atentado se dieron a la fuga. Los guardias de seguridad pertenecen a la Empresa Agropalma del empresario palmero de origen nicaragüense Rene Morales.
Ante estos hechos impunes: Exigimos el cese de la matanza que cotidianamente practican las empresas de seguridad privada a vista y paciencia de la Operación Xatruch, La Base Naval, El Batallón de Infantería, la Policía Nacional y la dirección de Investigación Criminal.

¡Alto a los crímenes de lesa humanidad!

Tegucigalpa 3 de noviembre 2011

Servir y proteger

Servir y proteger es el lema de la policía nacional de Honduras y la razón de su existencia es velar por la conservación del orden público, la prevención, control y combate al delito, y sobre todo, proteger la seguridad de las personas y sus bienes, con estricto respeto a los derechos humanos.

Al analizar la actuación de esta institución a lo largo de su historia se puede concluir que cumple fielmente con estas funciones; sin embargo, lo ha hecho y lo hace de manera sesgada, discriminatoria y al margen de la legalidad.

En primer lugar, sirve y protege eficientemente a aquellos que tienen el poder económico y político, por tanto, la pobreza y la falta de influencia política de las personas las excluye de su protección y más aún, las coloca en una situación de indefensión frente a la delincuencia común y a las actuaciones ilegales de muchos miembros de esta institución.

En segundo lugar, utiliza la fuerza excesiva y la represión para preservar el orden que requieren los grandes poderes, a quienes no les gusta que la ciudadanía haga uso legítimo de su derecho constitucional a la manifestación pacífica para exigir el cumplimiento de sus derechos.

En tercer lugar, recurre a métodos ilegales para combatir el delito y tal como lo han confirmado informes oficiales y de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, miembros de la policía se encuentran fuertemente vinculados al crimen organizado.

En cuarto lugar, protege la seguridad y los bienes de quienes tienen dinero, mientras la violencia azota con mayor fuerza a los excluidos; y peor aún, miembros de la policía se involucran en crímenes como la reciente ejecución arbitraria de los jóvenes Carlos David Pineda Rodríguez y Rafael Alejandro Vargas Castellanos, este último hijo de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

En quinto lugar, todos estos hechos, más la reciente participación activa de la policía nacional en el golpe de Estado y las graves violaciones a derechos humanos, evidencian que las actuaciones de esta institución están encaminadas a violentar los derechos de quienes están obligados a servir y proteger.

No son suficientes los parches y retoques cosméticos para avanzar hacia una policía nacional eficiente, independiente y garantizadora de los derechos humanos; es urgente y necesaria una depuración total de esta institución a quien la ciudadanía ve como un peligro y una amenaza a su vida e integridad.

El Salvador sigue incumpliendo recomendaciones de la Comisión Interamericana en los casos de Monseñor Romero y la masacre en la UCA

Conclusiones de reunión de trabajo entre el Estado y representantes de las víctimas

Washington D. C., 27 de octubre del 2011- El Estado salvadoreño sigue sin investigar el asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, ocurrido en 1980, ni las ejecuciones de seis sacerdotes jesuitas junto a Julia Elba Ramos y Celina, su hija adolescente, perpetradas en 1989. Estas deudas oficiales fueron reconocidas por autoridades estatales el día de ayer, durante una reunión de trabajo convocada oficiosamente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para examinar el cumplimiento de sus recomendaciones en estos casos y en el caso de la Masacre de las Hojas. Además, el Estado aceptó que tampoco ha adecuado su legislación para dejar sin efecto la Ley de Amnistía vigente en el país desde 1993.

El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) participaron en la reunión como representantes de las víctimas. Ambas organizaciones expresaron su frustración por la falta de avances en la justicia salvadoreña.

En el caso de los sacerdotes jesuitas, su colaboradora y la hija de ésta, las organizaciones señalaron que el Estado incluso ha obstaculizado los esfuerzos de la justicia universal impulsados por la Audiencia Nacional de España, que se encuentra conociendo el caso a raíz de una denuncia presentada el 13 de noviembre de 2008 por el Center for Justice and Accountability (CJA). En agosto pasado, la Policía Nacional Civil de El Salvador no detuvo a nueve militares acusados por esos hechos contra quienes la Interpol había emitido una orden internacional de captura, a propósito del llamamiento a juicio dictado por el juez de la causa. Lo mismo ocurrió en septiembre con otros cinco militares imputados.

En el caso de Monseñor Romero, señalaron que el caso permanece cerrado desde 1993 y el Estado no ha adoptado ninguna medida para cambiar esta situación. Además, indicaron que desde noviembre de 2009 el Estado se comprometió a adoptar medidas simbólicas de reparación, sin que a la fecha se hayan dado avances sustanciales en este sentido.

Las organizaciones denunciaron la inacción estatal para derogar la Ley de Amnistía y señalaron que en junio anterior, se aprobó un decreto legislativo –sancionado el mismo día por el Presidente de la República- que obligaba a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a decidir las demandas de inconstitucionalidad por unanimidad. Este decreto se impulsó, en buena medida, debido al temor de algunos grupos de poder de que dicha Sala se pronunciara sobre la inconstitucionalidad de la amnistía, aun sin existir demanda alguna en tal sentido. El mismo fue derogado posteriormente como consecuencia de la presión nacional e internacional ejercida.

Las organizaciones manifestaron que el incumplimiento absoluto de las recomendaciones de la CIDH vacía de significado los actos oficiales de reconocimiento de responsabilidad por las violaciones cometidas por el Estado y las medidas simbólicas de reparación. La representación de las víctimas afirmó que es imposible reparar el daño causado sin la obtención de justicia.

Finalmente, CEJIL e IDHUCA solicitaron a la Comisión Interamericana que se involucre de manera más cercana en el seguimiento de sus recomendaciones pues, de lo contrario, la impunidad seguirá perpetuándose. Ambas organizaciones confían en que la CIDH acceda a su solicitud y que el Estado adopte medidas efectivas y concretas para cumplir sus obligaciones internacionales en derechos humanos. Particularmente, el IDHUCA demandó que el Estado acompañe la iniciativa de los tribunales internacionales para la aplicación de la justicia restaurativa que promueve el IDHUCA; derogue la Ley de Amnistía y apruebe la Ley de verdad, justicia, reparación y dignificación para las víctimas y la sociedad salvadoreña.

Los hechos

El 24 de marzo de 1980, Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez fue asesinado con el disparo de un francotirador integrante de un escuadrón de la muerte, formado por agentes estatales. La muerte de Monseñor Romero fue uno de los hechos previos al conflicto armado interno en El Salvador, que se extendió hasta 1991 y dejó más de 75.000 personas ejecutadas de la población civil y otras violaciones masivas de derechos humanos.

El caso de la masacre en la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” se refiere a los asesinatos de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras, perpetrados por militares salvadoreños en el campus de dicha institución académica ubicado en la ciudad de San Salvador. Los hechos ocurrieron el 16 de noviembre de 1989 en el contexto de la mayor ofensiva armada en la época lanzada por la entonces guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), hoy partido en el Gobierno.

La decisión de la Comisión en este último caso fue emitida el 22 de diciembre de 1999; la del caso Romero, el 13 de diciembre de 2000.

Para más información sobre el caso Jesuitas ver:

http://www.cidh.oas.org/annualrep/99span/De%20Fondo/El%20Salvador10.488.htm

Para más información sobre el caso Romero ver:

http://www.cidh.oas.org/annualrep/99span/De%20Fondo/ElSalvador11481.htm

Ver también:

CEJIL insta al Estado salvadoreño a dejar sin efecto el Decreto 743 y a evitar acciones que amenacen la independencia judicial

Nicaragua fue denunciada ante la CIDH por no garantizar los derechos de las mujeres y niñas víctimas de violencia sexual

En el 2010 se cometió el equivalente a una violación sexual de una niña o mujer cada dos horas en Nicaragua

Washington D. C., 26 de octubre del 2011- Las niñas y mujeres en Nicaragua se encuentran en riesgo e indefensión frente un Estado que no garantiza sus derechos y que permite la impunidad de los perpetradores de violencia sexual. Esta denuncia fue presentada el lunes pasado por cinco organizaciones de la sociedad civil –en presencia de representantes del Estado nicaragüense– ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante su 143er periodo de sesiones.

Las organizaciones presentes en la audiencia fueron Ipas Centroamérica, Women’s Link Worlwide (WLW), Movimiento Autónomo de Mujeres de Nicaragua (MAM) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). Esta coalición presentó datos sobre la situación actual de violencia sexual contra niñas y mujeres, las deficiencias en la implementación de los protocolos de atención a víctimas y sobrevivientes de violencia sexual, y las dificultades para obtener justicia en este tipo de casos.

Durante la audiencia se reveló la falta de información actualizada y estadísticas consolidadas sobre violencia sexual en Nicaragua; no obstante, las peticionarias citaron algunos de los pocos datos disponibles. Cifras del Instituto de Medicina Legal, por ejemplo, revelan que en 2010 ocurrieron en promedio 13 casos al día, es decir una violación sexual cada dos horas en Nicaragua. El 84% de las mujeres agredidas eran menores de edad y una de cada tres eran menores de 10 años. Para el mismo año, los medios de comunicación escritos reportaron un total de 15 menores embarazadas, producto de una violación. Ello resulta preocupante en un país donde no existe opción para interrumpir el embarazo, ni siquiera por el riesgo a la salud y la vida de las niñas.

En la audiencia fueron expuestos ante la CIDH dos casos emblemáticos de violencia sexual en Nicaragua. Uno de ellos es el de 13 niños y niñas de entre 9 y 16 años que fueron víctimas de abuso sexual por parte de militares en la comunidad de Monkey Point, en la Región Autónoma del Atlántico Sur. La denuncia trascendió durante este año pero los abusos presuntamente se venían cometiendo desde el 2003. Hasta la fecha no se ha sancionado a ningún militar por estos hechos.

El otro caso se refirió a la sentencia de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia sobre la violación sexual que sufrió la joven Fátima Hernández. La Corte resolvió rebajar la pena del agresor y ordenó su libertad considerando que la víctima fue colaboradora y que el perpetrador actuó bajo los efectos de la cerveza. Para las organizaciones peticionarias, la impunidad en este caso y la humillación que sufrió la víctima se convierten en antecedentes disuasorios para que otras mujeres denuncien actos de violencia sexual.

Durante la audiencia, la Relatora para la Mujer de la CIDH, Luz Patricia Mejía, llamó la atención del Estado en relación con la sentencia en el caso de Fátima Hernández y señaló su preocupación por las consecuencias para la protección de las mujeres. Por su parte, el Comisionado Felipe González preguntó al Estado sobre los mecanismos disponibles en el país para acceder a información en el Estado. El comisionado Paulo Sergio Pinheiro pidió información sobre las cifras de denuncias y condenas por violencia sexual y enfatizó la importancia de garantizar justicia y luchar contra la impunidad.

Las peticionarias solicitaron a la CIDH exhortar al Estado de Nicaragua para que despenalice el aborto terapéutico, garantizándolo como derecho a las víctimas de violencia sexual, de manera que se permita a las niñas y mujeres decidir sobre continuar o no con un embarazo producto de violación. Las organizaciones también solicitaron a la Comisión que impulse ante el Estado la aprobación expedita de la Ley integral contra la violencia hacia la mujer y la generación de mecanismos para su implementación. Asimismo, solicitaron a la CIDH que reitere a Nicaragua su pedido para hacer una visita y constatar la situación de los derechos de las mujeres.

Audio de la audiencia:

http://www.cidh.org/audiencias/143/09.mp3

Video de la audiencia:

http://www.oas.org/OASPage/videosasf/2011/10/102411_RubenDario_V2_11am.wmv



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El verdadero compromiso del régimen es con los violadores a derechos humanos

El régimen de Lobo Sosa sigue con su doble discurso en materia de derechos humanos.

Mientras se lava las manos diciendo ante la asamblea general de la ONU que la grave situación de los derechos humanos en Honduras es una herencia del golpe de Estado, evade decir que el rompimiento del orden constitucional fue apoyado por él y por la mayoría absoluta de sus diputados en el congreso nacional.

Al mismo tiempo, mientras manifiesta su compromiso de cumplir la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de superar el deterioro de la situación de los derechos humanos como una de sus más altas prioridades, elude decir que él personalmente nombró a los militares que ejecutaron el golpe de Estado en puestos claves de su gobierno.

Mientras Pepe Lobo y su Ministra de Derechos Humanos siguen cabildeando ante la comunidad internacional para convencerla de su compromiso con la dignidad humana, el congreso Nacional dominado por los diputados de su partido aprueba leyes que atentan contra dicha dignidad y propinan una nueva bofetada que profundiza el dolor de las víctimas.

Nos referimos al ascenso del general que ejecutó el golpe de Estado, René Osorio Canales, quien después de que Lobo Sosa lo premiara nombrándolo jefe de las Fuerzas Armadas, ahora lo recompensa con el máximo ascenso al que puede aspirar un militar.

Si el régimen de Lobo Sosa realmente estuviera comprometido con la protección de los derechos humanos, en vez de premiar a los militares golpistas, ya hace tiempo los hubiera separado de los altos cargos que ostentan en su gobierno y estaría promoviendo la investigación efectiva que permita sancionarlos por haber participado en el rompimiento del orden constitucional y en las graves violaciones a derechos humanos.

Comisión Interamericana conoció el drama y la desprotección en la que viven los buzos miskitos en Honduras

Organizaciones pidieron a la CIDH emitir su informe final sobre este caso

Washington D. C., 25 de octubre del 2011- Amistero Bans Valeriano empezó a ejercer la pesca mediante buceo como única alternativa laboral ante la precaria situación económica en la región de La Mosquitia, Honduras. Actualmente tiene una discapacidad por un accidente laboral que sufrió en el 2000, por el cual no recibió ninguna indemnización de la empresa para la que laboraba ni ha recibido una adecuada atención médica ni justicia por parte del Estado. Su testimonio lo presentó ayer, lunes, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el marco del 143er periodo de sesiones, y es representativo de una dramática situación humanitaria en ese país.

La audiencia fue parte del proceso del caso Opario Lemoth Morris y otros (Buzos Miskitos) contra Honduras, el cual está siendo litigado ante la CIDH por la Asociación Miskita Hondureña de Buzos Lisiados (AMHBLI), Miskitu Indiang Mairin Asla Takanka (MIMAT – Asociación de Mujeres Miskitas de la Costa Atlántica), Almuk Nani Asla Takanka (Consejo de Ancianos) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Al igual que miles de hombres indígenas miskitos en su comunidad, Amistero Bans trabajó como buzo sin haber tenido una adecuada capacitación, sin seguridad social y en condiciones laborales precarias. Las organizaciones representantes afirmaron que el Estado ha fallado en proteger y defender los derechos laborales de los buzos miskitos ante sus empleadores.

Asimismo afirmaron que el Estado es responsable de no haber ofrecido tratamiento médico en el corto y en el largo plazo, incluyendo la disponibilidad de cámaras hiperbáricas y terapias de rehabilitación para los buzos que han padecido de síndrome de descompresión y que consecuentemente sufren de alguna discapacidad por el tratamiento inadecuado de este mal. En centenares de casos, las personas accidentadas han perdido la vida.

Las peticionarias afirmaron que los buzos afectados por la indiferencia del Estado son víctimas de una triple discriminación por su pobreza, por su etnicidad y por su discapacidad.

La representación del Estado señaló que se han hecho “esfuerzos palpables” que se han materializado en “avances significativos” para resolver esta problemática. Sin embargo, las representantes de las víctimas denunciaron que estas acciones no se han visto reflejadas en una mejoría en la vida de los buzos miskitos. Por el contrario siguen sucediendo accidentes: en meses pasados, al menos cuatro buzos han muerto como consecuencia de su trabajo.

Durante la audiencia, las organizaciones pidieron a la CIDH aprobar –lo antes posible– su informe final sobre el caso.

Un informe de la Organización Panamericana de la Salud (el más reciente en su materia) señaló en el 2004 que alrededor de 9.000 buzos practicaban la pesca submarina de langosta. Entre ellos, el 97% había presentado algún grado del síndrome por descompresión y al menos 4.200 miskitos tenían discapacidad total o parcialmente a causa de este mal.

El proceso ante la CIDH involucra a 43 víctimas, entre las cuales se cuenta a 21 ex buzos con algún tipo de discapacidad y 22 pescadores que fallecieron por motivos laborales. Las organizaciones representantes confían en que el litigio de este caso contribuya a que el Estado adopte políticas y medidas estructurales que reparen el daño causado a las miles de personas afectadas en La Mosquitia hondureña.

Audio de la audiencia:

http://www.cidh.org/audiencias/143/10.mp3

Video de la audiencia:

http://www.oas.org/OASPage/videosasf/2011/10/102411_RubenDario_V3_2pm.wmv



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Ciudadanos que hay que proteger y enemigos que hay que combatir

Mientras en el aeropuerto Ramón Villeda Morales eran asesinadas 6 personas por sicarios vestidos de policías, el mismo día en el interior del centro penal de San Pedro Sula morían 9 personas privadas de libertad en un supuesto enfrentamiento.

La violencia que azota al país tiene sus tentáculos tan largos que incluso llega allí donde el Estado tiene el completo control sobre la vida o la muerte de las personas, es decir, los centros penales.

Ya no hay ningún lugar seguro en Honduras, cualquier persona es una víctima potencial de la criminalidad, lo cual genera una “ciudadanía de baja intensidad” para una mayoría de hondureñas y hondureños que viven sometidos a la pobreza y a la humillación y el miedo a la violencia, lo que los convierte en personas no “sólo materialmente pobres, sino también legalmente pobres”.

Como respuesta, el Estado se empeña en aplicar una supuesta política de seguridad ciudadana que fomenta la participación de las fuerzas armadas en tareas profesionales que, por su naturaleza, corresponden exclusivamente a las fuerzas policiales.

Nuestra historia demuestra que la intervención de los militares en cuestiones de seguridad interna en general se encuentra acompañada de violaciones de derechos humanos; el golpe de Estado es un ejemplo claro del peligro de dar mayor poder a quienes no saben distinguir entre ciudadanos que hay que proteger y enemigos que hay que combatir.

Por eso, en vez de estar discutiendo sobre la fusión de las fuerzas armadas con las fuerzas policiales, el régimen de Lobo Sosa debe cumplir con su promesa de implementar las recomendaciones en la materia de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación que señala la necesidad de “revisar la función de las Fuerzas Armadas, incluyendo la supresión de cualquier misión de carácter político para las mismas, así como establecer claramente la prohibición de utilizarse para funciones policiales, a no ser en caso de estado de excepción, de conformidad con las prescripciones que al efecto establece el sistema interamericano de protección de derechos humanos y bajo un control judicial independiente”.

Pasos serios hacia la convivencia

La semana pasada la salvadoreña María Silvia Guillén, miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, expresó en pocas palabras y de manera contundente lo que para ella constituye la situación en Honduras: Que la gravedad de las violaciones a los derechos humanos en el país sólo puede compararse con la de los peores momentos de las dictaduras centroamericanas.

Aunque estas palabras fueron expresadas en el marco académico del seminario “Impunidad, libertad de expresión y justicia”, tiene fundamental importancia porque provienen de una funcionaria con una de las más altas investiduras en el sistema interamericano de protección a los derechos humanos y porque ratifican que las consecuencias del golpe de Estado siguen vigentes en tanto no exista voluntad política para acabar con la impunidad.

Además, en dicho seminario hubo unanimidad en expresar profunda preocupación por las restricciones a la libertad de expresión que se manifiestan en el asesinato de 16 periodistas y ataques contra la integridad física, psíquica y moral, y el derecho a la manifestación pública y pacífica, y por la impunidad generalizada producto de la inactividad y falta de voluntad política estatal para investigar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de los atentados contra los derechos humanos.

En este sentido, en el seminario se concluyó que para iniciar el lento proceso de reconciliación nacional es necesario que el Estado de unos primeros pasos que muestren su voluntad política y su compromiso serio con la construcción democrática, tales como, la adopción inmediata de la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el sentido de ordenar que las Fuerzas Armadas no participen en actividades de seguridad ciudadana, lo que implica la desmilitarización del país, en particular en la región del Bajo Aguán.

Y la implementación diligente de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del Examen Periódico Universal, de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en particular la investigación y sanción de los responsables de las violaciones a derechos humanos, y la reparación a las víctimas.

Sólo de esta manera es posible avanzar hacia la resolución de los conflictos generados y agudizados por el golpe de Estado, y a partir de allí, hacia la construcción de una Honduras en donde la verdad y la justicia sean la piedra angular de nuestra convivencia.

Un evento contra la impunidad

Los días 5, 6 y 7 de octubre, se desarrollará en Tegucigalpa el seminario “Impunidad, libertad de expresión y justicia”, organizado por la Oficina Regional de Hivos, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC).

Estas cuatro organizaciones se han articulado con el objetivo general de promover un espacio de discusión y reflexión sobre algunas experiencias relevantes en el plano nacional e internacional en la resolución de crímenes y violaciones a derechos humanos.

Pero de manera específica, con este seminario pretende contribuir a acentuar esfuerzos, tanto nacionales como internacionales, en pro de alcanzar la justicia para miles de víctimas que desde el golpe de Estado siguen esperando que la impunidad de sus victimarios no siga golpeando su dignidad.

En este evento participarán importantes personalidades que trabajan para erradicar con la impunidad en el mundo, tales como Marcie Mersky del Centro Internacional de Justicia Transicional, María Silvia Guillén de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Eugenia Valenzuela, encargada de análisis estratégico de la Corte Penal Internacional y el juez Bartasar Garzón quien viene en representación del fiscal Luis Moreno-Ocampo de la Corte Penal Internacional.

Además de la importancia académica que tiene este evento, también es un espacio único para que las organizaciones nacionales de derechos humanos presenten a los dos representantes del tribunal penal internacional, documentos y pruebas que impulsen el examen preliminar sobre las violaciones a derechos humanos en el marco del golpe de Estado que inició en noviembre pasado el fiscal Moreno-Ocampo.

La presencia del juez Garzón y de la abogada Valenzuela de la Corte Penal Internacional, también representa una señal clara de que la impunidad por las violaciones a derechos humanos en Honduras es un asunto de preocupación para este tribunal mundial, lo cual es un desafío para el movimiento de derechos humanos en el sentido de aprovechar este momento histórico para impulsar un verdadero proceso que permita el fin de la impunidad en el país.

El precedente golpista es suficiente para limitar el derecho a ser votado

A medida que se acerca la contienda electoral, la inscripción de candidaturas y nuevas formaciones políticas se multiplican como nunca antes en la historia política nacional.

Una de las candidaturas presidenciales que comenzó a hacer gestiones para su inscripción es la del militar golpista Romeo Vásquez Velásquez, cuyo posible partido se denomina Alianza Patriótica Hondureña.

Ante la intención del ex general Vásquez Velásquez de presentarse a las elecciones presidenciales es pertinente preguntarse si su candidatura puede validarse y legitimarse conforme a la garantía de una elección democrática.

En primer lugar, es necesario señalar que de acuerdo con la Carta Democrática Interamericana, la democracia es un derecho humano que los Estados tienen la obligación de promover y defender.

En segundo lugar, la democracia implica un principio incluyente que permite que cualquiera pueda gobernar en la medida en que resulte electo de manera libre y auténtica por medio del sufragio popular. Sin embargo, no todos pueden gobernar ni tampoco ser elegibles si atentan contra el principio de la representación política.

En tercer lugar, si bien la democracia predica que todos pueden participar, lo cierto es que la propia democracia se defiende de sus enemigos que la ponen en riesgo o peligro excluyéndolos del proceso de selección.

Por tanto, así como la democracia exige una serie de virtudes republicanas para ser electo a un cargo público e intentar asegurar el “gobierno de los mejores”, censura los desméritos y aptitudes ciudadanas negativas para evitar el “gobierno de los peores”.

De esta manera, ante la candidatura de un individuo como Romeo Vásquez Velásquez que ha ejecutado un golpe de Estado alterando el orden democrático y violentando los derechos humanos de la población, la democracia debe defenderse excluyéndolo y prohibiendo su participación.

Sin duda alguna, el ex general Vásquez Velásquez es un enemigo de la democracia y sus valores, y como tal, no debe permitírsele participar en un proceso electoral que debería promover y garantizar valores democráticos que él ha despreciado, como la dignidad humana, la paz, la libertad, la no violencia y la justicia.

Honduras continúa violando los derechos humanos de los jueces que se opusieron al golpe de Estado

Tres jueces y una magistrada fueron cesados el 5 de mayo del 2010

San Pedro Sula, 26 de septiembre de 2011- El pasado 22 de septiembre, el Estado de Honduras notificó la decisión del Consejo de la Carrera Judicial que ratifica el despido de los jueces Guillermo López Lone y Tirza Flores Lanza por haberse opuesto al golpe de Estado ocurrido en Honduras el 28 de junio de 2009.

Ese Consejo también ordenó el pago de las prestaciones laborales a favor del juez Luis Chévez de la Rocha pero no ordenó su reintegro laboral y sólo en el caso del juez Ramón Barrios decidió mantenerlo en su cargo. En ninguno de estos casos el Estado reconoce o repara la totalidad de violaciones de derechos humanos que sufrieron como consecuencia del despido arbitrario.

El 5 de mayo del 2010, los jueces y la magistrada fueron despedidos por el pleno de la Corte Suprema de Justicia por haberse expresado en contra del golpe de Estado y, en el caso de la magistrada Flores, por haber interpuesto un recurso de amparo en contra de la expatriación del Presidente Manuel Zelaya Rosales.

La decisión recién tomada por las autoridades hondureñas constituye un nuevo hecho violatorio de los derechos humanos de los jueces despedidos, confirmándose con este hecho que persiste la aplicación arbitraria y sesgada de la ley.

El Estado hondureño nuevamente niega la ocurrencia del golpe de Estado e insiste en que actos de oposición a dicho acontecimiento deben ser sancionados. De esta manera, las autoridades no reconocen que los despidos fueron arbitrarios y que constituyeron restricciones ilegítimas a los derechos humanos de los jueces.

En el proceso ante el Consejo de la Carrera Judicial no se les garantizó a los jueces el derecho a ser oídos por un tribunal independiente e imparcial ya que dicho órgano se integró a través de un procedimiento arbitrario no previsto en la ley y que no satisface las garantías procesales establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La decisión tomada por el Estado de Honduras contradice las recomendaciones que han sido brindadas al país por la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre independencia de Jueces y Abogados, por el Relator Especial para la Libertad de Expresión y Opinión, por la Relatora Especial sobre la situación de Defensores y Defensoras, por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OANUCHD) y por el Consejo de Derechos Humanos a través del Examen Periódico Universal.

El caso de los jueces despedidos está siendo conocido actualmente por la Comisión Interamericana de Derechos HumanosLa petición fue admitida por dicho órgano el pasado mes de abril, y la decisión sobre el fondo del caso se encuentra pendiente.

La Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expresamos nuestra condena por la decisión que han tomado las autoridades hondureñas y denunciamos ante la comunidad internacional que este nuevo hecho sólo confirma la inefectividad de los recursos judiciales establecidos y la indefensión en que se encuentra la mayor parte de la población hondureña.

La AJD y CEJIL exigimos que se cumpla con las recomendaciones dadas por la OACNUDH y se investigue y sancione a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, que incumplieron con sus obligaciones durante el golpe de Estado y que continúan impidiendo el acceso a una tutela judicial efectiva.



Contacto de prensa en Costa Rica

Darío Chinchilla

dchinchilla@cejil.org

Tel. +(506) 2281-3280

El informe de la CVR y la responsabilidad de los altos mandos civiles, militares y policiales

Las graves violaciones a derechos humanos no pueden ser tratadas como simples delitos si éstas se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático; si se dirijan contra una población civil; y, si se cometan de conformidad con una política de Estado.

El informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación concluye que durante el golpe de Estado se cometieron numerosas violaciones a los derechos humanos en un marco general de impunidad estructural y tolerancia por las autoridades; que fueron ordenadas, autorizadas y encubiertas por los mandos y autoridades superiores de la Policía y las Fuerzas Armadas; que se cometieron como parte de una política estatal de represión; y que instituciones como el Ministerio Público y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos no protegieron a la ciudadanía ante esta violencia.

Con estos datos, este informe ratifica que los altos responsables civiles, policiales y militares del gobierno de facto cometieron crímenes internacionales que deben ser juzgados como delitos de lesa humanidad.

Con nombres y apellidos, del informe se deriva que Roberto Micheletti, el ex general Romeo Vásquez y la junta de comandantes, el comisionado Danilo Orellana y demás altos oficiales de la policía, entre otros, son responsables directos de las graves violaciones a derechos humanos expresadas en ejecuciones extrajudiciales, privación de la libertad, tortura, violaciones sexuales, persecución política y violaciones a la libertad de expresión.

En virtud de ello, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación recomienda la investigación, procesamiento y sanción de los responsables de estos crímenes sin excluir los máximos niveles de responsabilidad y sin dilación indebida.

Sin embargo, dos meses después de presentado el informe, el Estado y quienes lo gobiernan siguen demostrando su falta de voluntad y capacidad para superar los obstáculos jurídicos y fácticos que permitan perseguir penalmente y castigar a los responsables de todos estos crímenes, con lo cual se abre la puerta para que la oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional inicie una investigación que siente en el banquillo de los acusados a los victimarios hondureños.

Pero para ello, es urgente y necesario el trabajo articulado y con visión nacional del movimiento de derechos humanos para impulsar la lucha nacional e internacional por la justicia. Las víctimas merecen un trabajo coordinado y sin fisuras de quienes les acompañan en el tortuoso camino de la impunidad.

Relatora de Naciones Unidas evaluará situación de derechos humanos en Honduras

TEGUCIGALPA.- La relatora especial de las Naciones Unidas para la defensa de los derechos humanos, Margaret Sekaggya, visitará Honduras para entrevistarse con funcionarios, defensores humanitarios y miembros de la sociedad civil. Lo anterior lo informó a TIEMPO el coordinador del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), Wilfredo Méndez.

Sekaggya arribará a Honduras la próxima semana para reunirse con el presidente Porfirio Lobo Sosa; la titular de la Secretaria de Justicia y Derechos Humanos, Ana Pineda; el presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández; y el canciller por ley Alden Rivera. También tiene previsto entrevistarse con coordinadores de organismos de derechos humanos, magistrados de la Corte Suprema de Justicia y miembros de la sociedad civil.

Según organismos de derechos humanos, la visita tiene como finalidad conocer los avances en materia de derechos humanos, especialmente las investigaciones, identificación y castigo a los responsables de violaciones. La relatora ofrecerá una conferencia de prensa al final de su misión, donde dará datos pormenorizados de sus observaciones en cuanto a la violación de derechos humanos.

MAGISTRADA
La señora Sekaggya se desempeñó como magistrada en Uganda, Africa, y fue nombrada relatora especial por el Consejo de Derechos Humanos en marzo de 2008.

Fuente: http://www.tiempo.hn/index.php/portada/5795-relatora-de-naciones-unidas-evaluara-situacion-de-ddhh-

El informe de la CVR y el movimiento de derechos humanos

El pasado 7 de julio la Comisión de la Verdad y la Reconciliación presentó el informe “Para que los hechos no se repitan”, y a pesar del compromiso de Lobo Sosa de cumplir con las recomendaciones allí contenidas, hasta el momento las mismas siguen siendo letra muerta.

Aunque es evidente que ni el ejecutivo ni el resto de los altos responsables de las instituciones de justicia de Honduras difícilmente moverán un dedo para cumplir con las recomendaciones del informe, resulta inquietante que dos meses después el movimiento de derechos humanos tampoco ha reaccionado de manera contundente.

Si bien este informe constituye un instrumento que legitima políticamente la violencia del golpe de Estado, sería un error rechazarlo tajantemente pues haciendo una lectura objetiva y sensata del mismo, se pueden extraer ciertos elementos importantes que deben servir en la lucha contra la impunidad.

Pese a las limitaciones y críticas que se le pueden hacer al informe, éste establece contundentemente que policías y militares cometieron graves violaciones a derechos humanos como asesinatos, torturas, detenciones ilegales, tratos crueles, inhumanos o degradantes y violaciones sexuales.

Y lo más importante del informe es que establece que tales violaciones constituyen crímenes de lesa humanidad debido a su carácter masivo, sistemático e institucional y a que fueron ordenadas, autorizadas y encubiertas por los mandos y autoridades superiores del gobierno de facto, la Policía y las Fuerzas Armadas en el marco de una política estatal de represión.

Estos hallazgos de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación son una prueba irrefutable para lograr que los altos responsables del golpe de Estado sean perseguidos y juzgados como criminales internacionales, ya sea por la Corte Penal Internacional o por cualquier tribunal del mundo que tenga la facultad de perseguir este tipo de delitos.

Desafortunadamente, el movimiento de derechos humanos aún no ha sido capaz de articular una agenda nacional y una estrategia integral de lucha contra la impunidad que prevalezca sobre los personalismos, los protagonismos, las agendas y los proyectos propios.

Las víctimas siguen esperando que el movimiento de derechos humanos hondureño asuma una responsabilidad colectiva que se traduzca en una lucha unida, granítica y permanente contra el despotismo de los victimarios, cuya responsabilidad criminal ha sido ratificada oficialmente por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.

El fracaso del Estado en materia de seguridad ciudadana

Esta semana, el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras señaló que Honduras cerrará el 2011 con una tasa de 86 homicidios por 100 mil habitantes, lo que lo convierte en uno de los países más violentos del mundo cuya tasa media es de 8,8 homicidios por 100 mil habitantes.

Si analizamos año a año los índices de la violencia nos encontramos con la trágica realidad de un aumento catastrófico de los niveles de criminalidad, lo cual evidencia el fracaso total de las políticas de seguridad implementadas por los distintos gobiernos, las cuales han tenido un enfoque restrictivo en el sentido de privilegiar la sola intervención de las fuerzas policiales y del sistema judicial, y han ignorado un enfoque amplio que incorpore medidas de garantáis de derechos tan importantes como el derecho a la educación, a la salud, a la seguridad social y al trabajo.

Parafraseando a Bernard Shaw para definir la forma en que el Estado de Honduras ha enfrentado la violencia podríamos decir que “Está mal que los caníbales se coman a los misioneros pero es aún peor que los misioneros se coman a los caníbales”.

Por tanto, el Estado en vez de centrar sus políticas de seguridad en la construcción de mayores niveles de ciudadanía, en tener a la persona humana como objetivo central de sus políticas y en garantizar la seguridad humana y el desarrollo humano, se ha rebajado a la condición de delincuente y se ha convertido en un Estado terrorista y violador de los derechos humanos en nombre de la lucha contra la delincuencia.

De esta manera, el accionar del Estado hondureño frente a la violencia se ha traducido en una inadecuada atención a las víctimas, privatización de los servicios de seguridad, ingobernabilidad de la seguridad ciudadana, deficiente profesionalización y modernización de los cuerpos policiales e intervención de las fuerzas armadas en labores de seguridad ciudadana, confundiendo los conceptos de seguridad pública y seguridad nacional.

Tanto el régimen actual como los próximos gobiernos seguirán fracasando en su obligación de brindar seguridad a la población si no son capaces de entender que los derechos humanos son límites infranqueables para las intervenciones estatales, que toda política de seguridad debe basarse en consensos políticos y amplios acuerdos sociales, que debe ocuparse de las diferentes dimensiones de los problemas que originan la criminalidad y que debe asegurar los estándares especiales de protección que requieren aquellas personas o grupos más vulnerables de la sociedad.

Otra vida en Honduras es posible

La razón de ser del Estado y de un buen gobierno es asegurar las condiciones sociales, económicas, culturales, políticas y ecológicas para que todos los miembros de la sociedad puedan vivir dignamente y ejerzan libre y plenamente sus derechos humanos.

En este sentido, la base de legitimación política de los poderes públicos descansa en su capacidad y voluntad de cumplir con su doble deber de no empeorar las condiciones de vida de la población y de mejorarlas, lo cual responde a la clase de bienes o necesidades que tienen la obligación de garantizar.

Por un lado, los derechos civiles y políticos que sirven para defender o conservar las condiciones naturales de existencia de las personas, como la vida y las libertades; y por otro, los derechos económicos, sociales y culturales que sirven para adquirir condiciones de vida dignas, como el trabajo, la salud, la vivienda o la educación.

Con ello se pretende proteger a las personas frente al poder público, salvaguardar los intereses de los débiles frente a los más fuertes, tutelar las minorías marginadas o discrepantes frente a las mayorías, y proteger los intereses de las mayorías marginadas y empobrecidas frente a una minoría que concentra el poder político y económico.

Contrariamente a lo que sucede en un verdadero Estado de derecho, en el país se han profundizado las muertes violentas, torturas, feminicidios, encarcelamientos, hostigamientos y amenazas a defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas, líderes ambientalistas, indígenas y comunitarios, y la corrupción, que definen a Honduras como un Estado colapsado por el golpe de Estado y con una ciudadanía indefensa por la incapacidad y negligencia de unas instituciones que garantizan la impunidad de los victimarios.

Pero como no hay mal que dure cien años, el golpe de Estado encendió una llama en la conciencia de millones de hondureños y hondureñas que han comenzado a cuestionar la violencia, la exclusión, la pobreza y la falta de oportunidades, y nos estamos dando cuenta que otra vida en Honduras es posible.

Una vida en condiciones de dignidad que no es otra cosa que la posibilidad de que todas las personas se encuentren al amparo de la ley, sin temor a la discriminación ni a las represalias, gocen de libertad de opinión, de culto y de asociación, y se sientan libres del temor, de manera que la violencia y la pobreza no destruya su existencia y sus medios de vida.

Tenemos la esperanza de que tarde o temprano esa llama, alimentada por la organización y formación del pueblo hondureño, devorará todo lo viejo y permitirá el nacimiento de una nueva Honduras en donde nuestra niñez, sana, bien alimentada y educada, pueda volver a jugar en las calles.

Impunidad e independencia judicial

La impunidad es un cáncer que destruye el tejido social, condena a la sociedad hondureña a seguir desangrándose por la violencia y confirma la ausencia de los principios democráticos frente a los conflictos que deberían ser resueltos a través del diálogo y no de las armas.

El Estado es el principal responsable de luchar contra ese cáncer a través de la investigación efectiva y sanción de los responsables intelectuales y materiales de los actos violentos, lo cual es una condición esencial para que las instituciones públicas cumplan con su obligación de garantizar los derechos humanos de la población y para que se fortalezca la institucionalidad democrática.

Sin embargo, las instituciones estatales en vez de combatir la impunidad por todos los medios legales disponibles, se muestran complacientes y pasivas ante los altos niveles de violencia e impunidad con que actúan los grandes poderes fácticos del país, e implacable cuando se trata de reprimir y criminalizar las luchas de los sectores sociales.

Una consecuencia grave de esta situación es que se envía a la sociedad un mensaje intimidatorio, causando un temor generalizado que promueve la disminución de las denuncias, reclamos y reivindicaciones, fomentando la impunidad e impidiendo la plena realización del Estado de derecho y la democracia.

Evidentemente, la impunidad se ha arraigado en Honduras en gran medida por la falta de independencia judicial que redunda en la denegación de justicia, en la falta de seriedad para investigar y sancionar, y en la doble victimización de las víctimas ya que, por un lado, sufren directamente los daños causados por la vulneración de sus derechos y, por el otro, soportan la impotencia de ver a sus victimarios sin sanción.

Por todo ello, es de suma importancia la campaña por la independencia judicial “Fuera manos de la justicia” iniciada esta semana por la Asociación de Jueces por la Democracia, ya que es urgente que la sociedad en su conjunto asuma que contar con jueces y juezas independientes e imparciales es un derecho humano de carácter absoluto.

La lucha por un sistema de justicia independiente debe ser una tarea urgente de toda la sociedad, pues sin jueces, fiscales, defensores y policías independientes, la impunidad continuará siendo la expresión institucional de la injusticia y como lo señala la Asociación de Jueces por la Democracia, seguirá provocando “la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares”.