La razón de ser del Estado y de un buen gobierno es asegurar las condiciones sociales, económicas, culturales, políticas y ecológicas para que todos los miembros de la sociedad puedan vivir dignamente y ejerzan libre y plenamente sus derechos humanos.
En este sentido, la base de legitimación política de los poderes públicos descansa en su capacidad y voluntad de cumplir con su doble deber de no empeorar las condiciones de vida de la población y de mejorarlas, lo cual responde a la clase de bienes o necesidades que tienen la obligación de garantizar.
Por un lado, los derechos civiles y políticos que sirven para defender o conservar las condiciones naturales de existencia de las personas, como la vida y las libertades; y por otro, los derechos económicos, sociales y culturales que sirven para adquirir condiciones de vida dignas, como el trabajo, la salud, la vivienda o la educación.
Con ello se pretende proteger a las personas frente al poder público, salvaguardar los intereses de los débiles frente a los más fuertes, tutelar las minorías marginadas o discrepantes frente a las mayorías, y proteger los intereses de las mayorías marginadas y empobrecidas frente a una minoría que concentra el poder político y económico.
Contrariamente a lo que sucede en un verdadero Estado de derecho, en el país se han profundizado las muertes violentas, torturas, feminicidios, encarcelamientos, hostigamientos y amenazas a defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas, líderes ambientalistas, indígenas y comunitarios, y la corrupción, que definen a Honduras como un Estado colapsado por el golpe de Estado y con una ciudadanía indefensa por la incapacidad y negligencia de unas instituciones que garantizan la impunidad de los victimarios.
Pero como no hay mal que dure cien años, el golpe de Estado encendió una llama en la conciencia de millones de hondureños y hondureñas que han comenzado a cuestionar la violencia, la exclusión, la pobreza y la falta de oportunidades, y nos estamos dando cuenta que otra vida en Honduras es posible.
Una vida en condiciones de dignidad que no es otra cosa que la posibilidad de que todas las personas se encuentren al amparo de la ley, sin temor a la discriminación ni a las represalias, gocen de libertad de opinión, de culto y de asociación, y se sientan libres del temor, de manera que la violencia y la pobreza no destruya su existencia y sus medios de vida.
Tenemos la esperanza de que tarde o temprano esa llama, alimentada por la organización y formación del pueblo hondureño, devorará todo lo viejo y permitirá el nacimiento de una nueva Honduras en donde nuestra niñez, sana, bien alimentada y educada, pueda volver a jugar en las calles.
martes, 30 de agosto de 2011
jueves, 25 de agosto de 2011
Impunidad e independencia judicial
La impunidad es un cáncer que destruye el tejido social, condena a la sociedad hondureña a seguir desangrándose por la violencia y confirma la ausencia de los principios democráticos frente a los conflictos que deberían ser resueltos a través del diálogo y no de las armas.
El Estado es el principal responsable de luchar contra ese cáncer a través de la investigación efectiva y sanción de los responsables intelectuales y materiales de los actos violentos, lo cual es una condición esencial para que las instituciones públicas cumplan con su obligación de garantizar los derechos humanos de la población y para que se fortalezca la institucionalidad democrática.
Sin embargo, las instituciones estatales en vez de combatir la impunidad por todos los medios legales disponibles, se muestran complacientes y pasivas ante los altos niveles de violencia e impunidad con que actúan los grandes poderes fácticos del país, e implacable cuando se trata de reprimir y criminalizar las luchas de los sectores sociales.
Una consecuencia grave de esta situación es que se envía a la sociedad un mensaje intimidatorio, causando un temor generalizado que promueve la disminución de las denuncias, reclamos y reivindicaciones, fomentando la impunidad e impidiendo la plena realización del Estado de derecho y la democracia.
Evidentemente, la impunidad se ha arraigado en Honduras en gran medida por la falta de independencia judicial que redunda en la denegación de justicia, en la falta de seriedad para investigar y sancionar, y en la doble victimización de las víctimas ya que, por un lado, sufren directamente los daños causados por la vulneración de sus derechos y, por el otro, soportan la impotencia de ver a sus victimarios sin sanción.
Por todo ello, es de suma importancia la campaña por la independencia judicial “Fuera manos de la justicia” iniciada esta semana por la Asociación de Jueces por la Democracia, ya que es urgente que la sociedad en su conjunto asuma que contar con jueces y juezas independientes e imparciales es un derecho humano de carácter absoluto.
La lucha por un sistema de justicia independiente debe ser una tarea urgente de toda la sociedad, pues sin jueces, fiscales, defensores y policías independientes, la impunidad continuará siendo la expresión institucional de la injusticia y como lo señala la Asociación de Jueces por la Democracia, seguirá provocando “la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares”.
El Estado es el principal responsable de luchar contra ese cáncer a través de la investigación efectiva y sanción de los responsables intelectuales y materiales de los actos violentos, lo cual es una condición esencial para que las instituciones públicas cumplan con su obligación de garantizar los derechos humanos de la población y para que se fortalezca la institucionalidad democrática.
Sin embargo, las instituciones estatales en vez de combatir la impunidad por todos los medios legales disponibles, se muestran complacientes y pasivas ante los altos niveles de violencia e impunidad con que actúan los grandes poderes fácticos del país, e implacable cuando se trata de reprimir y criminalizar las luchas de los sectores sociales.
Una consecuencia grave de esta situación es que se envía a la sociedad un mensaje intimidatorio, causando un temor generalizado que promueve la disminución de las denuncias, reclamos y reivindicaciones, fomentando la impunidad e impidiendo la plena realización del Estado de derecho y la democracia.
Evidentemente, la impunidad se ha arraigado en Honduras en gran medida por la falta de independencia judicial que redunda en la denegación de justicia, en la falta de seriedad para investigar y sancionar, y en la doble victimización de las víctimas ya que, por un lado, sufren directamente los daños causados por la vulneración de sus derechos y, por el otro, soportan la impotencia de ver a sus victimarios sin sanción.
Por todo ello, es de suma importancia la campaña por la independencia judicial “Fuera manos de la justicia” iniciada esta semana por la Asociación de Jueces por la Democracia, ya que es urgente que la sociedad en su conjunto asuma que contar con jueces y juezas independientes e imparciales es un derecho humano de carácter absoluto.
La lucha por un sistema de justicia independiente debe ser una tarea urgente de toda la sociedad, pues sin jueces, fiscales, defensores y policías independientes, la impunidad continuará siendo la expresión institucional de la injusticia y como lo señala la Asociación de Jueces por la Democracia, seguirá provocando “la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares”.
lunes, 22 de agosto de 2011
Periodista amenazado de muerte
Alerta C-Libre
19 de agosto de 2011
Tegucigalpa, Honduras. (C-Libre/Conexihon). Carlos Alberto Medina Polanco, hermano del periodista Héctor Francisco Medina Polanco asesinado hace tres meses en el municipio de Morazán, departamento de Yoro, denunció, a C-Libre, ser objeto de amenazas de muerte.
En sus declaraciones el comunicador expresa que es atemorizado por medio de mensajes en el teléfono celular, donde lo persuaden a no continuar exigiendo la investigación del asesinato de su hermano, porque de lo contario correrá con la misma suerte.
Asimismo, declaró que personas que se transportan en motocicleta en una actitud intimidatoria le dan seguimiento al salir de la radio donde labora en la ciudad de San Pedro Sula, razón por la cual ha dejado temporalmente el espacio informativo donde colaboraba.
Relató que el 10 de junio de 2011, su hija de 16 años fue raptada por tres sujetos desconocidos y sometida, durante tres horas, a golpes y a interrogatorios relacionados con las actividades que él realiza. Hecho del cual tiene conocimiento la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC).
“A pesar de que la policía cuenta con las pruebas de que mi familia y yo hemos sido víctimas de atentados y amenazas, sigue sin brindarnos protección”, el jefe policial de la departamental 18 nos dijo que no cuenta con policías suficientes para protegernos, a lo sumo lo que podía hacer era patrullar la casa, cosa que no ha ocurrido”.
Héctor Francisco Medina Polanco, de 37 años de edad, fue asesinado de cuatro disparos que le infirieron sicarios la noche del martes 10 de mayo en el barrio Buenos Aires de Morazán, Yoro. Tenía seis años de trabajar en el canal de cable Omega Visión donde, según Carlos Medina, denunciaba los actos de corrupción de los funcionarios públicos e informaba sobre la situación política y social de la zona.
De acuerdo a otras fuentes consultadas por C-Libre, la DNIC tiene en su poder los nombres de los posibles sicarios que le segaron la vida al periodista Héctor Medina Polanco, incluso manejan la cantidad de dinero que recibieron por cometer el crimen.
Sobre aquel deplorable suceso, “el presidente de la República, Porfirio Lobo Sosa, y el ministro de Seguridad, Oscar Álvarez, se comprometieron a que los autores materiales e intelectuales del asesinato de mi hermano serian castigados con todo el peso de la ley, pero seguimos esperando los resultados”, concluyó el periodista.
Fuente: Comité por la Libre Expresión (C-Libre).
C-Libre es una coalición de periodistas y miembros de la sociedad civil constituida para promover y defender la libertad de expresión y el derecho a la información en Honduras. Esta alerta es distribuida a través de diversas redes nacionales, regionales e internacionales.
Para mayor información comunicarse al Comité por la Libre Expresión (C-Libre), al correo electrónico alertas@clibrehonduras.com, para sus comentarios acerca de esta y otras alertas, visite www.clibrehonduras.com
19 de agosto de 2011
Tegucigalpa, Honduras. (C-Libre/Conexihon). Carlos Alberto Medina Polanco, hermano del periodista Héctor Francisco Medina Polanco asesinado hace tres meses en el municipio de Morazán, departamento de Yoro, denunció, a C-Libre, ser objeto de amenazas de muerte.
En sus declaraciones el comunicador expresa que es atemorizado por medio de mensajes en el teléfono celular, donde lo persuaden a no continuar exigiendo la investigación del asesinato de su hermano, porque de lo contario correrá con la misma suerte.
Asimismo, declaró que personas que se transportan en motocicleta en una actitud intimidatoria le dan seguimiento al salir de la radio donde labora en la ciudad de San Pedro Sula, razón por la cual ha dejado temporalmente el espacio informativo donde colaboraba.
Relató que el 10 de junio de 2011, su hija de 16 años fue raptada por tres sujetos desconocidos y sometida, durante tres horas, a golpes y a interrogatorios relacionados con las actividades que él realiza. Hecho del cual tiene conocimiento la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC).
“A pesar de que la policía cuenta con las pruebas de que mi familia y yo hemos sido víctimas de atentados y amenazas, sigue sin brindarnos protección”, el jefe policial de la departamental 18 nos dijo que no cuenta con policías suficientes para protegernos, a lo sumo lo que podía hacer era patrullar la casa, cosa que no ha ocurrido”.
Héctor Francisco Medina Polanco, de 37 años de edad, fue asesinado de cuatro disparos que le infirieron sicarios la noche del martes 10 de mayo en el barrio Buenos Aires de Morazán, Yoro. Tenía seis años de trabajar en el canal de cable Omega Visión donde, según Carlos Medina, denunciaba los actos de corrupción de los funcionarios públicos e informaba sobre la situación política y social de la zona.
De acuerdo a otras fuentes consultadas por C-Libre, la DNIC tiene en su poder los nombres de los posibles sicarios que le segaron la vida al periodista Héctor Medina Polanco, incluso manejan la cantidad de dinero que recibieron por cometer el crimen.
Sobre aquel deplorable suceso, “el presidente de la República, Porfirio Lobo Sosa, y el ministro de Seguridad, Oscar Álvarez, se comprometieron a que los autores materiales e intelectuales del asesinato de mi hermano serian castigados con todo el peso de la ley, pero seguimos esperando los resultados”, concluyó el periodista.
Fuente: Comité por la Libre Expresión (C-Libre).
C-Libre es una coalición de periodistas y miembros de la sociedad civil constituida para promover y defender la libertad de expresión y el derecho a la información en Honduras. Esta alerta es distribuida a través de diversas redes nacionales, regionales e internacionales.
Para mayor información comunicarse al Comité por la Libre Expresión (C-Libre), al correo electrónico alertas@clibrehonduras.com, para sus comentarios acerca de esta y otras alertas, visite www.clibrehonduras.com
miércoles, 17 de agosto de 2011
Candidatura ilegítima de un golpista
A inicios de 1990, el general guatemalteco José Efraín Ríos Montt fue postulado por varios partidos para ser candidato presidencial en Guatemala. No obstante, las autoridades electorales y judiciales consideraron que su candidatura era contraria a la legislación nacional e internacional.
Ante dicha limitación, el general Ríos Montt presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por considerar que se violentaban sus derechos al no permitirle participar en las elecciones como candidato a la presidencia bajo el argumento de haber participado en un golpe de Estado.
En su decisión, la Comisión Interamericana decidió que era razonable la prohibición a ser electo como presidente a un militar que había participado en una sonada golpista, ya que en virtud del Tratado General de Paz y Amistad, celebrado entre los 5 países centroamericanos, se han consolidado unos principios de rechazo a la ruptura del orden constitucional y de inhabilitación de sus líderes para los altos cargos de un país.
En este sentido, la prohibición de que un militar golpista se postule a candidato presidencial resulta necesaria para la consolidación democrática y para proteger al sistema democrático en la región, ya que desde el momento en que un ciudadano elige apoyar el quebrantamiento del orden constitucional, demuestra su desprecio por los valores de la democracia.
Al igual que Ríos Montt, el general Romeo Vásquez Velásquez ha señalado que tiene interés en ser el candidato presidencial del llamado “Frente Patriótico Nacional” para participar en las elecciones generales de 2013. Evidentemente, con la ausencia y el secuestro de la institucionalidad por el golpismo su inscripción como candidato puede ser un asunto fácil.
Sin embargo, no debería olvidar el general que el haber elegido ser un golpista es una razón suficiente para no tener derecho a competir por el poder democrático porque su conducta violenta y transgresora repudia la libertad de todos, y aquellos que soñamos con una Honduras democrática, no descansaremos hasta lograr que un día no muy lejano las instituciones públicas sean libres de corruptos y de violadores a los derechos humanos como él.
Ante dicha limitación, el general Ríos Montt presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por considerar que se violentaban sus derechos al no permitirle participar en las elecciones como candidato a la presidencia bajo el argumento de haber participado en un golpe de Estado.
En su decisión, la Comisión Interamericana decidió que era razonable la prohibición a ser electo como presidente a un militar que había participado en una sonada golpista, ya que en virtud del Tratado General de Paz y Amistad, celebrado entre los 5 países centroamericanos, se han consolidado unos principios de rechazo a la ruptura del orden constitucional y de inhabilitación de sus líderes para los altos cargos de un país.
En este sentido, la prohibición de que un militar golpista se postule a candidato presidencial resulta necesaria para la consolidación democrática y para proteger al sistema democrático en la región, ya que desde el momento en que un ciudadano elige apoyar el quebrantamiento del orden constitucional, demuestra su desprecio por los valores de la democracia.
Al igual que Ríos Montt, el general Romeo Vásquez Velásquez ha señalado que tiene interés en ser el candidato presidencial del llamado “Frente Patriótico Nacional” para participar en las elecciones generales de 2013. Evidentemente, con la ausencia y el secuestro de la institucionalidad por el golpismo su inscripción como candidato puede ser un asunto fácil.
Sin embargo, no debería olvidar el general que el haber elegido ser un golpista es una razón suficiente para no tener derecho a competir por el poder democrático porque su conducta violenta y transgresora repudia la libertad de todos, y aquellos que soñamos con una Honduras democrática, no descansaremos hasta lograr que un día no muy lejano las instituciones públicas sean libres de corruptos y de violadores a los derechos humanos como él.
martes, 16 de agosto de 2011
Si fuera uno de ellos
Si uno estuviera en la piel del ex general Romeo Vásquez Velásquez, de Roberto Micheletti o de cualquiera de los altos responsables civiles, militares o policiales que impulsaron y defendieron a sangre y fuego el golpe de Estado, indudablemente debería estar muy preocupado ante las señales de justicia que afloran alrededor.
Otrora poderosos violadores a derechos humanos salvadoreños, uruguayos, peruanos, guatemaltecos, argentinos y colombianos están siendo expulsados de varios países como Estados Unidos y Canadá, perseguidos por la justicia española e investigados por la justicia penal internacional por ser considerados criminales internacionales.
En Honduras, ante un poder judicial corrupto, títere del poder político y económico, y desprestigiado totalmente por cubrir de impunidad a los criminales que están incrustados en las estructuras del Estado, hay señales esperanzadoras de que éstos tarde o temprano seguirán el mismo destino de Pinochet, Fujimori, Scilingo y otros violadores de derechos humanos del continente.
La denuncia contra Roberto Micheletti Baín presentada por el Centro de Derechos Constitucionales y el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) ante la Corte Federal del Distrito Sur de Texas en nombre de los padres de Isis Obed Murillo, asesinado por las balas militares, es una señal de esperanza de que la rueda de la justicia comenzó a girar para castigar a los criminales hondureños y para reparar a las víctimas.
Del mismo modo lo es el examen preliminar sobre Honduras iniciado por el fiscal de la Corte Penal Internacional para investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos por militares, policías y civiles desde el golpe de Estado, los cuales se dieron bajo la autoridad y la dirección de Micheletti y Vásquez Velásquez, entre otros.
Estos dos ejemplos además de constituir signos esperanzadores, también representan un gran desafío para el movimiento de derechos humanos en Honduras en el sentido de dejar a un lado los protagonismos, la centralidad de las agendas propias y los desencuentros para impulsar un movimiento nacional contra la impunidad que acelere el proceso de castigo a los violadores de derechos humanos, tal y como está sucediendo en el resto de países latinoamericanos.
Otrora poderosos violadores a derechos humanos salvadoreños, uruguayos, peruanos, guatemaltecos, argentinos y colombianos están siendo expulsados de varios países como Estados Unidos y Canadá, perseguidos por la justicia española e investigados por la justicia penal internacional por ser considerados criminales internacionales.
En Honduras, ante un poder judicial corrupto, títere del poder político y económico, y desprestigiado totalmente por cubrir de impunidad a los criminales que están incrustados en las estructuras del Estado, hay señales esperanzadoras de que éstos tarde o temprano seguirán el mismo destino de Pinochet, Fujimori, Scilingo y otros violadores de derechos humanos del continente.
La denuncia contra Roberto Micheletti Baín presentada por el Centro de Derechos Constitucionales y el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) ante la Corte Federal del Distrito Sur de Texas en nombre de los padres de Isis Obed Murillo, asesinado por las balas militares, es una señal de esperanza de que la rueda de la justicia comenzó a girar para castigar a los criminales hondureños y para reparar a las víctimas.
Del mismo modo lo es el examen preliminar sobre Honduras iniciado por el fiscal de la Corte Penal Internacional para investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos por militares, policías y civiles desde el golpe de Estado, los cuales se dieron bajo la autoridad y la dirección de Micheletti y Vásquez Velásquez, entre otros.
Estos dos ejemplos además de constituir signos esperanzadores, también representan un gran desafío para el movimiento de derechos humanos en Honduras en el sentido de dejar a un lado los protagonismos, la centralidad de las agendas propias y los desencuentros para impulsar un movimiento nacional contra la impunidad que acelere el proceso de castigo a los violadores de derechos humanos, tal y como está sucediendo en el resto de países latinoamericanos.
domingo, 7 de agosto de 2011
CONATEL prohíbe la apertura de nuevas radios alternativas
Alerta C-Libre
04 de agosto de 2011
Tegucigalpa, Honduras. (C-Libre/Conexhion). La comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), prohibió mediante resolución NR003/2011, publicada en el Diario Oficial La Gaceta, del 5 de Abril del 2011, el otorgamiento de permisos y licencias para la operación de Estaciones de Radiodifusión Sonora de Baja Potencia con Modulación en Frecuencia (BPFM), dentro del rango 88-108mhz.
Esta categoría de estaciones fue definida por CONATEL mediante resolución número NR022/05 del 31 de agosto del año 2005 y publicada en el Diario Oficial La Gaceta el 10 de septiembre del mismo año. Sin embargo con la nueva resolución esta medida queda sin valor de efecto y con ello se frena la apertura de nuevas radios.
En la actualidad, en este rango de frecuencias, operan en nuestro país alrededor de 40 radios comunitarias o alternativas, que prestan un servicio comunicativo solidario a las demandas sociales de las comunidades donde están instaladas.
Alfredo López representante para Honduras de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de América Latina y el Caribe (AMARC –ALC), expresó a C-Libre que esta acción de CONATEL tiene “como finalidad coartar la libertad de expresión de la comunidades más pobres de Honduras, al vedarles el derecho de crear sus propios medios de comunicación”. Por otra parte asegura que esta disposición busca fortalecer el “monopolio del espectro radiofónico por parte de los grupos de poder comunicativo que tendieron un cerco mediático y financiaron el Golpe de Estado de 2009”.
En efecto la resolución de CONATEL es categórica al establecer que “únicamente se podrá autorizar la reutilización de una determinada frecuencia radioeléctrica que sea solicitada por un operador del Servicio de Radiodifusión Sonora, que tenga autorizado una frecuencia que no está dentro de la categoría de Estaciones de Radiodifusión Sonora de Baja Potencia, con el fin de reutilizar la misma como repetidora de la estación de radiodifusión principal (primaria), con la misma programación y el mismo nombre”.
El también directivo de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), informó que están trabajando en un anteproyecto que faculte el reconocimiento de las radios comunitarias y alternativas en la legislación hondureña, basados en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) firmado y ratificado por Honduras, en donde se reconoce a los pueblos indígenas y afro descendientes el derecho de contar con sus propios instrumentos de comunicación.
La situación del derecho a la Libertad de Expresión en Honduras, garantizado por el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 72 de la Constitución de la Republica, ha empeorado en el año 2011, a pesar de los compromisos que el gobierno de Porfirio Lobo Sosa formalizó en Ginebra, Suiza, ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU) el 4 de noviembre de 2010 y que ratificó el 17 de marzo de 2011 ante el mismo organismo, en el marco del Examen Periódico Universal (EPU).
Entre los compromisos sobresalen el de investigar los asesinatos y agresiones a periodistas así como el de garantizar mediante la reforma a la Ley Marco del Sector Telecomunicaciones, el reconocimiento de los medios comunitarios existentes en el país.
Al respecto el gobierno hondureño se comprometió a generar un debate en el Congreso Nacional con la participación de la sociedad civil para modificar su legislación en telecomunicaciones en concordancia con los acuerdos y estándares internacionales de derechos humanos. A su vez se señaló el tema de acceso a la información como parte fundamental para ejercer y cumplir la libertad de expresión.
C-Libre emitió una alerta el 4 de febrero de 2011, donde advertía de las intenciones de CONATEL al poner a consulta, en su sitio web, un anteproyecto de resolución cuyo propósito era suspender el otorgamiento de permisos y licencias para la operación de estaciones de radio de baja potencia, justificando tal decisión en una saturación del espectro radiofónico.
Fuente: Comité por la Libre Expresión (C-Libre).
04 de agosto de 2011
Tegucigalpa, Honduras. (C-Libre/Conexhion). La comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), prohibió mediante resolución NR003/2011, publicada en el Diario Oficial La Gaceta, del 5 de Abril del 2011, el otorgamiento de permisos y licencias para la operación de Estaciones de Radiodifusión Sonora de Baja Potencia con Modulación en Frecuencia (BPFM), dentro del rango 88-108mhz.
Esta categoría de estaciones fue definida por CONATEL mediante resolución número NR022/05 del 31 de agosto del año 2005 y publicada en el Diario Oficial La Gaceta el 10 de septiembre del mismo año. Sin embargo con la nueva resolución esta medida queda sin valor de efecto y con ello se frena la apertura de nuevas radios.
En la actualidad, en este rango de frecuencias, operan en nuestro país alrededor de 40 radios comunitarias o alternativas, que prestan un servicio comunicativo solidario a las demandas sociales de las comunidades donde están instaladas.
Alfredo López representante para Honduras de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de América Latina y el Caribe (AMARC –ALC), expresó a C-Libre que esta acción de CONATEL tiene “como finalidad coartar la libertad de expresión de la comunidades más pobres de Honduras, al vedarles el derecho de crear sus propios medios de comunicación”. Por otra parte asegura que esta disposición busca fortalecer el “monopolio del espectro radiofónico por parte de los grupos de poder comunicativo que tendieron un cerco mediático y financiaron el Golpe de Estado de 2009”.
En efecto la resolución de CONATEL es categórica al establecer que “únicamente se podrá autorizar la reutilización de una determinada frecuencia radioeléctrica que sea solicitada por un operador del Servicio de Radiodifusión Sonora, que tenga autorizado una frecuencia que no está dentro de la categoría de Estaciones de Radiodifusión Sonora de Baja Potencia, con el fin de reutilizar la misma como repetidora de la estación de radiodifusión principal (primaria), con la misma programación y el mismo nombre”.
El también directivo de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), informó que están trabajando en un anteproyecto que faculte el reconocimiento de las radios comunitarias y alternativas en la legislación hondureña, basados en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) firmado y ratificado por Honduras, en donde se reconoce a los pueblos indígenas y afro descendientes el derecho de contar con sus propios instrumentos de comunicación.
La situación del derecho a la Libertad de Expresión en Honduras, garantizado por el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 72 de la Constitución de la Republica, ha empeorado en el año 2011, a pesar de los compromisos que el gobierno de Porfirio Lobo Sosa formalizó en Ginebra, Suiza, ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU) el 4 de noviembre de 2010 y que ratificó el 17 de marzo de 2011 ante el mismo organismo, en el marco del Examen Periódico Universal (EPU).
Entre los compromisos sobresalen el de investigar los asesinatos y agresiones a periodistas así como el de garantizar mediante la reforma a la Ley Marco del Sector Telecomunicaciones, el reconocimiento de los medios comunitarios existentes en el país.
Al respecto el gobierno hondureño se comprometió a generar un debate en el Congreso Nacional con la participación de la sociedad civil para modificar su legislación en telecomunicaciones en concordancia con los acuerdos y estándares internacionales de derechos humanos. A su vez se señaló el tema de acceso a la información como parte fundamental para ejercer y cumplir la libertad de expresión.
C-Libre emitió una alerta el 4 de febrero de 2011, donde advertía de las intenciones de CONATEL al poner a consulta, en su sitio web, un anteproyecto de resolución cuyo propósito era suspender el otorgamiento de permisos y licencias para la operación de estaciones de radio de baja potencia, justificando tal decisión en una saturación del espectro radiofónico.
Fuente: Comité por la Libre Expresión (C-Libre).
miércoles, 3 de agosto de 2011
La justicia que se acerca
El juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional española ha ordenado la detención de 20 militares y ex militares salvadoreños acusados de asesinar en 1989 a los jesuitas Ignacio Ellacuría, Amando López, Juan Ramón Moreno, Segundo Montes, Ignacio Martín Baró y a Joaquín López y López, y a Elba Julia Ramos y su hija Celina, de 16 años en la Universidad Centroamericana de El Salvador.
Para ello, el tribunal español ha expedido una orden de arresto internacional en la que solicita a la Policía Internacional, INTERPOL, capturar a los militares, entre los que se encuentran altos mandos de las Fuerzas Armadas salvadoreñas como un ex ministro de defensa, un ex jefe de la Fuerza Área, el jefe del Estado Mayor, un coronel y un teniente.
El juez Velasco emitió dicha orden bajo el principio de jurisdicción universal que permite que cualquier tribunal persiga penalmente los crímenes considerados más graves por la comunidad internacional aunque se hayan cometido en otro país en el que no existe voluntad ni capacidad para juzgarlos, tal y como sucedió en El Salvador y como sucede actualmente en Honduras.
A pesar de que las graves violaciones a derechos humanos cometidas desde el golpe de Estado están suficientemente documentadas por la Comisión Interamericana, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y por la propia Comisión de la Verdad en cuyo informe señala claramente que los responsables son los altos mandos militares y policiales, hasta el momento ni siquiera la Fiscalía de Derechos Humanos ha realizado acciones serias para investigar y sancionar estos crímenes.
Por ello, aunque los violadores de derechos humanos en Honduras han logrado hasta el momento cubrirse de impunidad gracias a un régimen que los premia y a un sistema de justicia corrupto, el principio de jurisdicción universal abre una puerta imprescindible en la lucha por castigar a los victimarios.
La acusación contra los militares salvadoreños es un ejemplo de que la mano de la justicia universal tarde o temprano erosionará las bases sobre las que descansa la impunidad en Honduras.
Para ello, el tribunal español ha expedido una orden de arresto internacional en la que solicita a la Policía Internacional, INTERPOL, capturar a los militares, entre los que se encuentran altos mandos de las Fuerzas Armadas salvadoreñas como un ex ministro de defensa, un ex jefe de la Fuerza Área, el jefe del Estado Mayor, un coronel y un teniente.
El juez Velasco emitió dicha orden bajo el principio de jurisdicción universal que permite que cualquier tribunal persiga penalmente los crímenes considerados más graves por la comunidad internacional aunque se hayan cometido en otro país en el que no existe voluntad ni capacidad para juzgarlos, tal y como sucedió en El Salvador y como sucede actualmente en Honduras.
A pesar de que las graves violaciones a derechos humanos cometidas desde el golpe de Estado están suficientemente documentadas por la Comisión Interamericana, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y por la propia Comisión de la Verdad en cuyo informe señala claramente que los responsables son los altos mandos militares y policiales, hasta el momento ni siquiera la Fiscalía de Derechos Humanos ha realizado acciones serias para investigar y sancionar estos crímenes.
Por ello, aunque los violadores de derechos humanos en Honduras han logrado hasta el momento cubrirse de impunidad gracias a un régimen que los premia y a un sistema de justicia corrupto, el principio de jurisdicción universal abre una puerta imprescindible en la lucha por castigar a los victimarios.
La acusación contra los militares salvadoreños es un ejemplo de que la mano de la justicia universal tarde o temprano erosionará las bases sobre las que descansa la impunidad en Honduras.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)