martes, 17 de septiembre de 2019

La lucha por la democracia es la lucha contra el patriarcado

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Decía Berta Cáceres que la dictadura hondureña tiene diferentes formas de dominación y para fortalecerse no solamente se ha aliado con el capitalismo más depredador y el racismo, sino también con el patriarcado que ha relegado a las mujeres a una posición subalterna frente a los hombres.

Afortunadamente, en los últimos años el movimiento de mujeres a nivel mundial está tomando las calles, las plazas, los micrófonos, los estrados y los demás espacios públicos para colocar una importante parte de sus demandas y reivindicaciones en la agenda política y mediática.

Las mujeres a través de los feminismos están consiguiendo interpelar a toda la sociedad sobre sus luchas legítimas por una sociedad igualitaria; y, en este sentido, están poniendo sobre la mesa el mensaje y la exigencia de que dicha lucha ya no es una cuestión exclusiva de ellas, sino también de los hombres.

En este sistema patriarcal a los hombres se les ha enseñado a normalizar e interiorizar diversas violencias contra las mujeres producto de unas relaciones desiguales de poder que les impulsa a mostrarse fuertes, valientes, capaces de asumir riesgos y percibir la feminidad como una debilidad que reduce la hombría.

Como lo señala Martínez-Guirao, el poder, la violencia, la fuerza, el riesgo, el privilegio, el éxito, entre otros, están en la esencia misma del sistema patriarcal con un enorme costo para la vida y la salud de las mujeres, pero también para los hombres que siempre deben estar a la altura del macho que se espera de ellos.

Por ello, los feminismos no solamente liberan a las mujeres, sino también a los hombres y, en este sentido, estos últimos tienen una responsabilidad fundamental en deconstruir el modelo hegemónico de masculinidad patriarcal y avanzar hacia masculinidades alternativas e igualitarias.

Los hombres de los movimientos sociales y progresistas del país tienen una responsabilidad mayor porque no se puede denunciar el autoritarismo del régimen si no cambiamos radicalmente nuestras actitudes machistas al interior de nuestras organizaciones, en el trabajo o en el hogar.

Como lo señalan nuestras compañeras feministas, “sin cambios, tanto en el espacio personal/privado como en el político/público, no puede haber emancipación para las mujeres […] debe haber coherencia entre uno y otro espacio”.

Una dictadura sangrienta

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Varios órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas han expresado su preocupación por el grado de violencia con que se actúa contra quienes reivindican por medios pacíficos sus derechos económicos, sociales y culturales, incluidos los derechos sobre la tierra.

También han manifestado su preocupación por el otorgamiento de concesiones hechas por el gobierno para establecer ciudades modelo y la falta de consulta previa sobre la Ley de promoción de las asociaciones público-privadas, dado que estas iniciativas repercuten en los medios de vida de la población rural.

A su vez, han visto con alarma la aprobación de proyectos sin la adecuada consulta previa a las comunidades, quienes al oponerse legítimamente a ellos son víctimas de graves violaciones a derechos humanos, incluidos asesinatos, amenazas, encarcelamiento e intimidación, lo cual “no es una situación aislada”.

Por todo ello, no es de extrañar que Honduras esté incluida por la Organización de Naciones Unidas en una lista de 29 países que castigan a las personas por su trabajo de defensa de derechos humanos y cuyos ataques en su contra son perpetrados o consentidos por funcionarios y funcionarias públicas.

Del mismo modo, Global Witness cataloga a Honduras como el país per cápita más peligroso del mundo para quienes defienden los bienes naturales y los territorios, debido a la “corrupción generalizada, la falta de consulta a las comunidades y el fracaso total del gobierno en proteger a las personas defensoras.

El mes de septiembre nos recuerda de forma terrible esta realidad sangrienta, ya que cuatro mujeres garífunas defensoras de sus territorios han sido asesinadas: Nayda Reyez Jiménez, Gilma Cacho, Fiori Amaya y Mirna Teresa Suazo Martínez, quienes, de acuerdo con la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, eran integrantes de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH). 

Mientras estos crímenes se cometen, la Policía Nacional, la Policía Militar, las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público y el Poder Judicial, siguen ocupados en reprimir, criminalizar y encarcelar a quienes defienden los bienes comunes, mientras los narcos, corruptos y violadores de derechos humanos gozan de impunidad.