Algunas sombras y luces del nuevo Código Penal

El nuevo Código Penal aprobado por el Congreso Nacional y que entrará en vigencia el próximo mes de noviembre, es un instrumento que contiene una serie de sombras que hacen peligrar aún más la defensa de los derechos humanos, pero también una serie de luces que pueden aportar a la lucha contra la impunidad.

Entre sus sombras, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos han manifestado su preocupación por las restricciones desproporcionadas que contiene en materia de libertad de expresión, libertad de prensa, derecho a la protesta y defensa de los derechos humanos.

En este sentido, este código formula determinadas figuras que parecen destinadas a criminalizar indebidamente conductas relacionadas con el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica y a afectar el ejercicio efectivo del derecho a la libertad de expresión, y la libertad de reunión y asociación, entre otros derechos.

No obstante, entre sus luces se encuentran dos nuevas figuras que contrastan con lo anterior y con la rebaja de las penas para narcotraficantes, corruptos y violadores. Se trata de los crímenes de lesa humanidad y el principio de responsabilidad del superior jerárquico que tarde o temprano pueden ser aplicados a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, particularmente a los altos mandos.

Estas figuras abren la puerta para que los responsables de las pasadas y actuales violaciones a derechos humanos puedan ser juzgados por crímenes de lesa humanidad porque forman parte de un ataque sistemático y generalizado contra la población civil, y en el marco de una política de Estado.

Además, los jerarcas policiales y militares pueden ser juzgados por los crímenes cometidos por sus subordinados porque tienen control y mando efectivo sobre ellos, tienen el deber de conocer acerca de tales crímenes y tienen la obligación de tomar las medidas necesarias y razonables para prevenir el crimen, hacerlo cesar o para castigar al autor.

Parece que este Código Penal lleva tres intenciones: primero, seguir criminalizando a quienes nos oponemos a la dictadura; segundo, proteger a narcos y corruptos; y, tercero, dejar la puerta abierta para que el régimen de Juan Orlando Hernández pueda entregar a ciertos jerarcas policiales y militares cuando la presión internacional le exija una rendición de cuentas por las violaciones a derechos humanos cometidas.

Fuente: https://wp.radioprogresohn.net/algunas-sombras-y-luces-del-nuevo-codigo-penal/

Amnistía Internacional evidencia la política de represión del régimen

El régimen militar de Juan Orlando Hernández ya no esconde su verdadera cara dictatorial. Así lo evidenció un equipo de Amnistía Internacional que visitó el país en respuesta a la preocupación internacional que genera la violencia armada en contra de las manifestaciones ciudadanas.

De acuerdo con esta organización internacional, el régimen hondureño ha emprendido una política de represión en contra de quienes protestan en las calles exigiendo su renuncia y las acciones de las fuerzas militares han dejado un saldo profundamente preocupante para los derechos humanos.

Como lo señala Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, el mensaje del régimen es muy claro: “gritar ‘fuera JOH’ y exigir un cambio puede pagarse muy caro. Al menos seis personas han fallecido en el contexto de protestas y decenas han resultado heridas, en muchas ocasiones por disparos de armas de fuego a manos de las fuerzas de seguridad desde el inicio de esta oleada de manifestaciones”.

Amnistía Internacional constató que las fuerzas de seguridad han utilizado armas de fuego y han usado de forma indiscriminada armas menos letales, como gases lacrimógenos o balas de goma, provocando lesiones en decenas de personas; a su vez, ratificó que la impunidad sigue siendo endémica “cuando se trata de violaciones de derechos humanos, lo cual favorece su repetición”.

En este sentido, el sistema de justicia está demostrando una vez más que las violaciones de derechos humanos en el contexto de protestas continúan sin ser debidamente investigadas ni las personas responsables llevadas ante la justicia. Para Amnistía Internacional, los recientes hechos dejan al descubierto como la impunidad es una constante que promueve la repetición de graves abusos.

Este nuevo informe de Amnistía Internacional refleja dos cosas: Primero, que existe una política de Estado para aplastar las protestas ciudadanas en donde los militares juegan un papel esencial; y segundo, la hipocresía y silencio cómplice de Estados Unidos, la OEA y la Unión Europea frente a la grave situación de los derechos humanos en Honduras.

Frente a un régimen dictatorial que asesina, tortura, detiene ilegalmente, censura y se roba nuestro futuro no caben posiciones tibias y de silencio. Este es un asunto de democracia y dictadura. La posición que se asuma frente a lo que pasa nos define y evidencia nuestro verdadero compromiso con el país. Usted decide de qué lado está.

Hacia la desaparición de las armas militares

Dos cosas que nos han ratificado esta nueva ola de la crisis continuada que arrastramos desde el rompimiento del orden constitucional en 2009 es que las Fuerzas Armadas son una de las columnas fundamentales que sostienen al régimen autoritario de Juan Orlando Hernández y, como lo señala Víctor Meza, que son la peor pesadilla para la democracia.

Sin embargo, sus demostraciones de fuerza bruta contra las protestas ciudadanas en las calles, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y en el día en que se conmemoró una década del golpe de Estado, reflejan al mismo tiempo la debilidad del régimen ante su falta de legitimidad democrática.

Pero también son una muestra de que ha sido un fracaso el esfuerzo económico y técnico de la comunidad internacional, de la sociedad civil y del propio Estado en formar y capacitar a militares en el abordaje de las manifestaciones pacíficas y en el respeto a los derechos humanos.

Seguir creyendo que hay que invertir más recursos en la institución militar es tirar perlas a los cerdos, pues la experiencia de los años 80, del golpe de Estado, de la crisis pos-electoral y la actual crisis demuestran que los militares son máquinas de matar, torturar, reprimir y custodiar a toda costa los intereses de quienes tienen el poder político y económico del país.

Por tanto, ante el agotamiento de la transición política que se inició hace casi 40 años, es imperativo que, en la agenda de una nueva etapa de transición, la desaparición de las Fuerzas Armadas sea un punto central y un condicionamiento para la democratización del país.

Imaginemos cuántas escuelas se podrían construir y cuántos hospitales y centros de salud se podrían aprovisionar si el presupuesto militar que causa muerte y dolor, se destinará a garantizar la dignidad de las personas.

Fuente: https://wp.radioprogresohn.net/hacia-la-desaparicion-de-las-armas-militares/