martes, 20 de febrero de 2018

Otro ataque a la libertad de expresión

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dejado claramente establecido que la libertad de expresión es la piedra angular en una sociedad democrática, ya que permite buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, incluidas las que se difunden o acceden a través de internet. 

La libertad de expresión no es absoluta y algunas expresiones pueden ser prohibidas como la propaganda en favor de la guerra y la apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar. 

Sin embargo, los Estados tienen un limitado margen de actuación al momento de establecer restricciones a este derecho justificadas en la prohibición de las expresiones de odio, ya que deben enmarcarse en cinco parámetros importantes. Primero, nadie debe ser penado por decir la verdad. 

Segundo, nadie debe ser penado por divulgar expresiones de odio a menos que se demuestre que las divulga con la intención de incitar a la discriminación o la violencia; tercero, debe respetarse el derecho de los periodistas a decidir sobre la mejor forma de transmitir información y comunicar ideas al público. 

Cuarto, nadie debe ser sometido a censura previa; y quinto, toda imposición de sanciones debe ser proporcional. A la luz de ello, el último movimiento para afianzar la dictadura juanorlandista es la aprobación de una Ley Nacional de Ciberseguridad con la excusa de sancionar los discursos de odio. 

Sin embargo, como lo plantea el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, esta ley pone en riesgo la labor de los defensores de derechos humanos, comunicadores sociales y propietarios de dominios web, así como personas con discursos críticos hacia el Estado y sus instituciones. 

Según María Soledad Pazo, representante Residente del Alto Comisionado, si se aprueba esta ley tendrá un impacto sobre la libertad de expresión en internet, el cual podría verse limitado indebidamente en contradicción con el derecho internacional. 

Al igual que las reformas penales sobre apología del terrorismo aprobadas hace un año, esta ley puede dar lugar a tergiversaciones deliberadas para sancionar reivindicaciones y movimientos sociales o la labor de los defensores de derechos humanos. 

Cuánta razón tiene Amnistía Internacional cuando señala que en Honduras no hay espacio para que las personas expresen sus opiniones y cuando lo hacemos, enfrentan toda la fuerza del aparato represivo del gobierno. Está claro que la dictadura quiere silenciarnos en todos los espacios.

martes, 13 de febrero de 2018

Brutos, lumbreras o cínicos

Primero fue el señor Juan Orlando Hernández quien declaró que, con los mega parques inaugurados por su gobierno, los niños y niñas hondureñas sentirían lo mismo que sintieron sus hijas cuando visitaron Disneylandia.

Después, la primera dama, Ana García, culpó a las madres y padres que se ven obligados a enviar a sus hijos e hijas con coyotes para escapar de la pobreza y la violencia. De forma contundente señaló que ella jamás enviaría a sus hijas con un coyote.

Luego, el diputado nacionalista, Francisco Rivera, admitió que su partido estuvo involucrado en el desfalco millonario del Seguro Social y literalmente se preguntó si ¿“acaso solo es malo el dinero que roba uno y lo que roban otros es bueno”?

Después, el vicepresidente Ricardo Álvarez, en una muestra de cinismo absoluto, señaló que él había construido el Trans 450, considerado uno de los mayores actos de corrupción, pero que el alcalde capitalino, Tito Asfura, lo modificó y Salvador Nasralla lo quemó.

Luego, el ministro de defensa general Fredy Santiago Díaz Zelaya, señaló que la banda de sicarios con uniforme de Policía Militar no lleva ni fusil en los operativos en los que han asesinado a decenas de personas en el contexto de la crisis política.

Finalmente, el ministro de educación, Marcial Solís, para justificar la carencia de 600 mil pupitres en el sistema educativo nacional, señaló que en el modelo educativo del siglo XXI ya no se utilizan pupitres como en Finlandia, uno de los países más desarrollados del mundo.

Estas declaraciones son una evidencia más de que estamos gobernados por una clase política bruta, cínica, corrupta y sinvergüenza, lo cual refleja la escasa calidad humana y profesional de quienes prometieron respetar la legalidad y de quienes les apoyan.

Los buenos hondureños y hondureñas somos más, y más allá de las posiciones políticas o ideológicas, no podemos permitir que esta escoria siga manteniendo secuestrada a las instituciones que deberían estar al servicio de las mayorías. Es tiempo de decir basta a quienes nos roban el presente y el futuro.

sábado, 10 de febrero de 2018

El ministro de seguridad de aquí y el ministro de seguridad de allá

El general Julián Pacheco Tinoco se ha convertido en un personaje que calza perfectamente en el ya famoso dicho de la “Honduras de allá y la de Honduras de aquí”, el cual encierra una poderosa idea de lo que es nuestro país en materia de impunidad.

Por un lado, está la “Honduras de allá”, la de los impunes que tienen el poder sin contrapeso, sin ambages, los que muestran la arbitrariedad en toda su crudeza y a pesar de sus delitos se conducen y aparecen en las páginas sociales como si fueran inocentes, ajenos a toda perversión política, como lo señala Julio Scherer Ibarra.

Por otro lado, está la “Honduras de aquí”, la de la mayoría de personas para quienes las leyes sí existen, las que comparecemos ante la ley y sus jueces, si así lo determinan los dueños del poder, las que nos toca enfrontar la actuación efectiva de las normas y la fuerza pública.

Hay tres datos que evidencian que el general Pacheco Tinoco es parte de la “Honduras de allá”, la de los impunes, ya que, a pesar de las denuncias de su vinculación con el tráfico de drogas, continúa al frente de la secretaría bajo la cual está la policía que tiene el deber de servir y proteger.

En primer lugar, el jefe de Los Cachiros, Devis Leonel Rivera Maradiaga, declaró ante un tribunal federal de Nueva York que el ministro Pacheco está vinculado con el narcotráfico.

En segundo lugar, Insight Crime señaló que el ministro Pacheco es un ejemplo de cómo se han entrecruzado las élites con el narco, ya que era el jefe del batallón del ejército en Colón a inicios del 2000 cuando Los Cachiros estaban empezando a ganar relevancia.

En tercer lugar, el narcotraficante mexicano José Santos Peña declaró ante un tribunal del sur de Florida que se reunió con el ministro Pacheco para que este le ayudara a recibir envíos de cocaína de Colombia a Honduras.

En un verdadero Estado democrático de derecho, esperaríamos de la fiscalía la misma eficacia y celeridad que muestra cuando acusa a personas que participan en las protestas sociales, pero como el ministro Pacheco es de la “Honduras de allá”, la fiscalía no mueve ni un dedo.

Tal parece que el Ministro Julián Pacheco Tinoco se desdobla entre la “Honduras de allá” en donde actúa y es tratado como un hombre íntegro y honesto, y la “Honduras de aquí”, donde existen graves denuncias de vinculación con el narcotráfico que deberían ser investigadas inmediatamente.

viernes, 2 de febrero de 2018

Construyendo una dictadura paso a paso

En estos tiempos de hipocresía diplomática y de un aumento de los autoritarismos, es fácil para los aprendices de dictador construir un régimen que tenga todas las apariencias de la democracia representativa y ser en la práctica un régimen autoritario y excluyente.

El caso del régimen Juan Orlando Hernández es el mejor ejemplo de cómo se puede construir una dictadura disfrazada de algunas formalidades democráticas que después del fraude electoral ya no se puede ocultar.

Como diputado y jefe de bancada en el Congreso Nacional, Hernández fue una figura clave en el golpe de Estado de 2009; siendo presidente del legislativo lideró en 2012 la ilegal destitución de 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional que representaban un obstáculo a su proyecto continuista y militarista.

Y como presidente de la república, en 2015 fue el principal beneficiario de la sentencia de la Sala de lo Constitucional que él nombró para que le permitieran su reelección de facto. En estos tres momentos ha ido escalando posiciones de poder y concentrándolo en sus manos.

Esto le ha permitido colocar al frente del Ministerio Público a alguien que no se atrevería a investigar el delito de traición a la patria y al frente del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos a alguien que apoyaría su plan continuista en nombre de los derechos humanos.

Además, ha colocado al frente del Tribunal Supremo Electoral a un personaje oscuro a través del cual ha comprado las voluntades de los otros dos magistrados propietarios y ha puesto a la cabeza de los puestos claves de las Fuerzas Armadas a familiares y amigos para garantizar que estos traidores respalden por la fuerza de las armas su ilegal continuismo.

Con el control casi absoluto de toda la institucionalidad, también ha establecido una enorme red de favores y clientelismo para contar con el apoyo de un importante sector de la empresa privada, de los medios corporativos de comunicación, de las cúpulas religiosas y de un ejército de pobres obligados a vender su dignidad a cambio de una bolsa de comida.

Y para controlar a aquellos cuya voluntad no puede comprar, reformó normas penales para convertir por decreto en actos de terrorismo las luchas democráticas y de defensa de derechos humanos; y si no fuera suficiente, ha promovido y permitido la consolidación de estructuras criminales dentro de las fuerzas de seguridad para eliminar cualquier obstáculo.

Con toda esta evidencia, reafirmamos lo señalado recientemente por Amnistía Internacional, en el sentido de que no hay espacio para que las personas expresemos nuestras opiniones y, cuando lo hacemos, enfrentamos toda la fuerza del aparato represivo del gobierno. 

No hay duda que la reducción de espacios de libertad para la crítica, la discrepancia y la oposición es un elemento esencial para diferenciar a un régimen democrático de uno dictatorial. Juzgue usted la naturaleza de este régimen impuesto por un fraude electoral y sostenido a punta de balas.

sábado, 27 de enero de 2018

Una breve propuesta para seguir resistiendo en esta nueva etapa de defensa de la democracia

Aunque hoy se impuso un régimen dictatorial liderado por Juan Orlando Hernández, hay al menos cuatro aspectos que evidencian que este gobierno será el más débil de la historia democrática formal de Honduras y que representan una oportunidad única para que los sectores democráticos sumemos esfuerzos para iniciar un profundo proceso de democratización del país: 

1. El fraude electoral se derrotó el 26 de noviembre. Creyeron que “ganarían” con solvencia porque tenían el dinero y las instituciones a su favor, y minimizaron el repudio ciudadano a la candidatura inconstitucional de Hernández, a quien no pudieron declararlo presidente el mismo día como históricamente ha sucedido en otras elecciones. Para llegar a la “toma de posesión” Hernández ha tenido que pasar por un profundo proceso de descrédito y deslegitimación frente a la ciudadanía y a la comunidad internacional, que pese a su complicidad no quiso “mancharse” más. Ningún presidente extranjero se hizo presente en la “toma de posesión”, lo cual es algo histórico y anómalo en el mundo diplomático. 

2. A pesar del apoyo del gobierno de Estados Unidos, la complicidad de la Unión Europea y el silencio de los Estados latinoamericanos, se ganó la batalla internacional porque (a) el fraude electoral ha sido objeto de análisis y cobertura por parte de la prensa extranjera; (b) las graves violaciones a derechos humanos han sido documentadas y denunciadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Human Rights Watch, la Federación Internacional de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, entre otros; y (c) la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos evidenció el fraude y el Secretario General planteó la necesidad de convocar a nuevas elecciones por la falta de certeza y las graves irregularidades en el proceso. 

3. Se desnudó la corrupción, la manipulación y subordinación de las instituciones públicas, y la violación de la legalidad y la Constitución para imponer a Hernández. Quedó en evidencia la naturaleza represiva y autoritaria del gobierno de Hernández y su larga lista de acciones arbitrarias que está dispuesto a cometer para mantenerse en el poder. También se cayeron las últimas máscaras de ciertos sectores de sociedad civil, académicos y religiosos que pese a la sangre derramada por las balas militares y las balas “depuradas” de la policía, bendicen y legitiman al régimen. 

4. A mediano y largo plazo fracasó el proyecto continuista y militarista de Juan Orlando Hernández y del grupo político y económico que está detrás de él. Ha quedado tan desprestigiado y deslegitimado que ha logrado unir a un importante sector de la sociedad bajo la consigna del “Fuera JOH”, la cual refleja el repudio a todo lo que él representa, y que ha provocado que en la primera etapa de esta crisis -26 de noviembre de 2017 a 27 de enero de 2018-, la ciudadanía adquiriera mayor politización y ganara fuerza moral al dar muestras de fuerza a través de las protestas sociales que obligaron al régimen a utilizar las balas asesinas de las fuerzas de seguridad, especialmente de su ejército privado, la Policía Militar. Incluso algunos sectores de su partido como Luis Cosenza y empresarios como Eduardo Facussé, han reconocido y mostrado su preocupación por el daño que este régimen le hace al país. 

A pesar que el panorama parece poco alentador, nos encontramos ante una gran oportunidad de forzar un escenario de transición para restaurar el sistema democrático. Es imperativo, entre otras cosas:

1. Profundizar la indignación y resistencia comunitaria y ciudadana, minimizando hasta donde sea posible la vulnerabilidad frente a las fuerzas represivas del régimen y buscando diversas formas creativas de expresar dicha indignación.

2. Promover que se sigan activando las acciones permanentes de solidaridad internacional con el pueblo hondureño, especialmente de los movimientos de solidaridad en Estados Unidos, Europa y América Latina. En Estados Unidos es fundamental la incidencia y presión política para que se detenga el financiamiento a las fuerzas represoras del régimen.

3. Establecer una coordinación nacional y formar equipos especializados para realizar acciones conjuntas destinadas a continuar documentando las graves violaciones a derechos humanos y los actos de corrupción con el fin de:

a) Desafiar al sistema de justicia nacional y fortalecer el acercamiento y las alianzas con funcionarios y funcionarias comprometidas con la democracia y el Estado de derecho.

b) Acompañar críticamente a la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) y desafiarla a actuar contundentemente frente a graves casos de corrupción en los que están involucradas personas afines al régimen.

c) Analizar la reactivación del examen preliminar de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre el golpe de Estado cerrado en 2013 o la presentación de nuevas denuncias penales contra los jefes civiles y militares que son responsables por los delitos cometidos por sus subordinados.

d) Promover la coordinación con organizaciones civiles de Estados Unidos para activar la US Torture Victim Protection Act of 1991 y la Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, en el marco de las cuales se pueden juzgar en tribunals estadunidenses a violadores de derechos humanos.

e) Continuar utilizando los mecanismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de Naciones Unidas para evidenciar las violaciones a derechos humanos y profundizar la deslegitimación y descrédito del régimen.