martes, 21 de noviembre de 2017

La Honduras que va a elecciones

La Honduras que va a elecciones es un país de contrastes porque pese a ser un país muy rico en bienes naturales y culturales, según el Foro Social de Deuda Externa de Honduras (FOSDEH) casi el 70% de su población está bajo la línea de la pobreza.

La Honduras que va a elecciones es el país que no realiza investigaciones efectivas sobre las graves violaciones a derechos humanos y actos de corrupción, cuyos responsables disfrutan de absoluta impunidad, especialmente policías, militares y políticos.

La Honduras que va a elecciones es el país con altos niveles de violencia e inseguridad con un impacto particular en personas defensoras de derechos humanos, indígenas, mujeres, niñez y juventud, comunidad LGBT, migrantes, periodistas y operadores de justicia.

La Honduras que va a elecciones es el país donde según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Policía Nacional, la Policía Militar y el Ejército, en algunos casos en complicidad con el crimen organizado, son fuente de una parte de la violencia e inseguridad. 

La Honduras que va a elecciones es el país con una grave situación de inseguridad relacionada con la libertad de expresión, pues desde 2001 70 personas de este sector han sido asesinadas y el 91% de los casos se encuentra en impunidad.

La Honduras que va a elecciones es el país que en los últimos 10 años ha sido escenario del asesinato de 262 personas de la comunidad LGTBI, según el Observatorio de la organización “Cattrachas”, y de 650 femicidios entre 2016 y el primer semestre de 2017.

La Honduras que va a elecciones es el país per cápita más peligroso del mundo para quienes defienden los derechos humanos, de acuerdo con Global Witness, pues desde el año 2007 han sido asesinadas 127 personas defensoras.

La Honduras que va a elecciones es el país cuya situación de violencia generalizada ha conllevado a un incremento significativo de refugiados y el número de solicitantes de asilo en otros países, y el de una impunidad estructural en donde más del 90% de los crímenes quedan sin castigo.

La Honduras que va a elecciones es la del asesinato de Berta Cáceres por las redes de poder entre funcionarios del Estado, sectores empresariales, militares y policías, como lo señaló en su informe el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE).

La Honduras que va a elecciones es la de las instituciones democráticas absolutamente subordinadas al presidente Juan Orlando Hernández, la que huele a fraude electoral y a golpe de Estado con la imposición de su ilegal candidatura basada en la suplantación de la soberanía popular y en la violación del principio de alternabilidad en el ejercicio de la presidencia.

Esta es la Honduras que va a unas elecciones formales pero manchadas de pobreza, sangre, violencia, corrupción, muerte, impunidad, ilegalidad e ilegitimidad.

martes, 14 de noviembre de 2017

El macabro contexto electoral

Dentro de pocos días Honduras se aventura a unas elecciones caracterizadas por cuatro condiciones que ponen en duda el principio básico de la democracia representativa que requiere que sean elecciones libres y justas.

En primer lugar, la apariencia de todas las formalidades de la democracia participativa pero en la práctica la consolidación de un régimen autoritario, excluyente y bipolar, en el sentido de manejar un discurso favorable a los derechos humanos y los valores democráticos, pero con una práctica contraria a ellos.

En segundo lugar, el uso perverso del discurso de la violencia y la inseguridad para promover un profundo proceso de remilitarización de la sociedad y el Estado con graves consecuencias para la democracia y el Estado de derecho.

En tercer lugar, la persistencia de graves violaciones a derechos humanos y de altos niveles de impunidad y violencia, que impactan particularmente a quienes defienden estos derechos y que convierten a Honduras en el país per cápita más peligroso del mundo para las personas defensoras.

En cuarto lugar, un control absoluto de toda la institucionalidad democrática por parte del presidente Hernández, quien durante estos 8 años en el poder se ha encargado de establecer una red de favores y controles para garantizar sus planes continuistas a costa de nuestra frágil democracia.

Estas condiciones explican por qué la candidatura ilegal del señor Hernández sigue viento en popa, a pesar de estar basada en la suplantación de la soberanía popular y en la grave violación del principio constitucional que obliga a la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la república.

Sin duda alguna, estas macabras condiciones y graves vicios ensombrecen el proceso electoral, y lo convierten en una herramienta para legitimar la consolidación de la “agridulce dictadura” que nació con el golpe de Estado de 2009 y que parece gozar de la bendición de la comunidad internacional.

martes, 7 de noviembre de 2017

Un premio más que merecido

En Honduras existe una grave situación de violencia e inseguridad relacionada con la libertad de expresión, lo cual convierte a periodistas, trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación en un sector particularmente vulnerable. 

De acuerdo con el CONADEH, entre 2001 y agosto de 2017, 70 personas de este sector han sido asesinadas y el 91% de los casos se encuentra en impunidad. Nuestro compañero Carlos Mejía se encuentra dentro de esa macabra lista que hace de Honduras el país más peligroso para ejercer el periodismo y la comunicación.

Los asesinatos de personas vinculadas a los medios de comunicación son la manifestación sangrienta de los diversos ataques a la libertad de expresión en el país. Frente a ello, en 2001 nace una coalición de periodistas y miembros de sociedad civil para promover esa libertad y el derecho a la información.

Esta coalición llamada Comité por la Libre Expresión (C-Libre) se ha convertido en un referente nacional e internacional a través de su trabajo de capacitación, asistencia legal, investigación y monitoreo de la situación de la libertad en Honduras, a la cual concibe como un derecho social que no es exclusivo de periodistas.

En reconocimiento de su enorme trabajo, en diciembre recibirá el VIII Premio Internacional Libertad de Prensa 2017 de la Universidad de Málaga, que propone la Cátedra UNESCO de Comunicación. Este premio “destaca la encomiable labor de la organización en la defensa de la libertad de prensa en Honduras y la seguridad de los periodistas en el país latinoamericano”.

Para su director, Edy Tábora, este reconocimiento les “alienta a continuar trabajando por una sociedad en la cual se respeten estas libertades públicas, tan importantes para la Democracia y el Estado de derecho”.

Desde el ERIC-SJ y Radio Progreso nos congratulamos por este merecido premio, no solo porque nos sentimos hermanados con C-LIBRE en el esfuerzo colectivo de construir una Honduras más justa y solidaria, sino también porque conocemos y valoramos su compromiso institucional y personal con los derechos humanos y los valores democráticos.

martes, 31 de octubre de 2017

Triplemente golpista

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la prohibición de ser electo como presidente a quien haya participado en una alteración del orden constitucional es una regla consuetudinaria de firme tradición en Centroamérica y una limitación necesaria para la consolidación democrática de la región. 

En este sentido, restringir la participación política de quien quebranta el orden constitucional está justificada por el fin legítimo de proteger la democracia, ya que quien provoca un daño intolerable al pacto democrático no merece gozar del derecho a ser electo.

A la luz de lo anterior es necesario recordar el papel que ha jugado el presidente Juan Orlando Hernández en la grave crisis política que arrastra el país desde el año 2009, lo cual constituye un desmerecimiento suficiente para repudiar su candidatura.

Primero, siendo diputado del Congreso Nacional en 2009 apoyó el golpe de Estado contra el Poder Ejecutivo y votó a favor de la aberración jurídica que los golpistas llamaron “sucesión constitucional” para justificar su crimen.

Segundo, siendo presidente del Congreso Nacional en 2012 promovió y votó a favor del golpe de Estado contra el Poder Judicial mediante la destitución ilegal de 4 magistrados y magistradas de la Sala de lo Constitucional y su sustitución por 4 personas afines al gobierno nacionalista.

Tercero, siendo presidente de la república promovió y aceptó una candidatura reeleccionista que constituye un golpe de Estado al soberano, quien es el único sujeto político facultado para modificar el artículo pétreo constitucional que prohíbe la reelección. 

Además, su candidatura vulnera abiertamente el artículo 4 de la Constitución que establece el principio de alternabilidad en el ejercicio de la presidencia. No cabe duda que estos hechos reflejan el desprecio que el señor Hernández siente por los valores de la democracia.

En consecuencia, el triple precedente golpista de Juan Orlando Hernández y su candidatura basada en la suplantación de la soberanía popular es un demérito y una razón suficientes para impedir que participe en las elecciones generales de noviembre próximo.

En un verdadero Estado de derecho con una institucionalidad sólida, esta y otras candidaturas estarían excluidas del proceso electoral; sin embargo, las instituciones encargadas de defender el orden democrático han demostrado su subordinación absoluta a los designios del presidente del Ejecutivo.

¿Acaso es tan difícil comprender que la tesis de que las elecciones sean “libres y justas” se pone en tela de juicio cuando quien quebranta el orden constitucional impulsa su candidatura en una elección aparentemente democrática?

martes, 24 de octubre de 2017

Si la reelección es corrupción…

La corrupción tiene efectos nocivos para la convivencia social, ya que debilita las instituciones, erosiona la confianza ciudadana, fomenta la impunidad, obstaculiza los esfuerzos para alcanzar el bien común, amenaza la seguridad y socava el desarrollo sostenible y democrático.

La democracia depende del correcto funcionamiento de sus instituciones y de una ciudadanía activa que exija el cumplimiento de la legalidad, la ética y la justicia. Por ello, la prevención y erradicación de la corrupción es fundamental para evitar la impunidad, el autoritarismo y la inestabilidad política.

El instrumento internacional por excelencia en esta materia es la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la cual no incluye en su texto una definición de la misma, dado el carácter cambiante del término y de su permanente evolución.

Sin embargo, esta Convención, aprobada por el Estado de Honduras, incluye definiciones de algunas de las principales figuras que forman parte de la corrupción, como el soborno y la extorsión, la malversación y la apropiación indebida de bienes, el enriquecimiento ilícito y el abuso de funciones.

Según el artículo 19, el abuso de funciones o del cargo implica “la realización u omisión de un acto, en violación de la ley, por parte de un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener un beneficio indebido para sí mismo o para otra persona o entidad”.

A la luz de lo anterior, corrupción es violentar el artículo pétreo que prohíbe la reelección presidencial, el cual opera contra todas las instituciones públicas que, como poderes constituidos, no pueden modificarlo, ya que es una facultad exclusiva del pueblo como titular del poder constituyente.

Corrupción es que a pesar de esa prohibición la Sala de lo Constitucional decidiera modificar de facto dicho artículo para permitir la reelección del presidente Juan Orlando Hernández, pese a saber y reconocer que no tiene la atribución de reformarlo.

Corrupción es que el Congreso Nacional rechazara un plebiscito para consultarle al pueblo hondureño sobre la reelección y que el Tribunal Supremo Electoral inscribiera la candidatura inconstitucional del señor Hernández.

Corrupción es que el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos manifestara su apoyo a esta suplantación de la soberanía popular y que el Ministerio Público no inicie de oficio ni dé trámite a las denuncias interpuestas por este grave delito.

Si todo esto es corrupción, las preguntas del millón son: ¿Dónde están las exigencias de transparencia y de lucha contra la corrupción de la comunidad internacional?, dónde está la denuncia y posición contundente de Transparencia Internacional y demás organizaciones de sociedad civil?

Con su silencio están demostrando quiénes son y de qué lado están.