Una “democracia” sangrienta

El valor más importante en una democracia es la vida humana, el cual constituye un derecho que es la base esencial para el ejercicio de los demás derechos. Por ello, nuestra Constitución de la República establece que es inviolable. 

No obstante, este derecho no solamente se refiere a no ser privado de la vida arbitrariamente por particulares o por las propias fuerzas de seguridad del Estado, sino también el derecho a que no se impida el acceso a las condiciones que garanticen una existencia digna. 

Una existencia con dignidad implica encontrarnos al amparo de la ley, sin temor a la discriminación ni a las represalias, gozar de libertad de opinión, de culto y de asociación, y sentirnos libres del temor, de manera que la violencia no destruya nuestra existencia y nuestros medios de vida. 

Sin embargo, cualquier persona puede constatar que Honduras sigue caracterizándose por los homicidios, las torturas, el hostigamiento y la criminalización a defensores de derechos humanos, periodistas, líderes y lideresas ambientalistas, comunitarios, indígenas y garífunas, así como por el asesinato de niños, niñas y jóvenes que deberían tener una protección especial del Estado. 

Solo en lo que va del año han sido asesinadas más de 400 personas menores de 22 años y más del 90% de estos crímenes se encuentran en total impunidad. De acuerdo con la organización Casa Alianza, alrededor de 60 personas menores de edad y jóvenes son asesinadas en el país cada mes, y en algunos de los casos, hay fuertes indicios de participación de las fuerzas de seguridad del Estado. 

Contrariamente a lo que debería suceder en un auténtico Estado democrático de derecho, el desprecio a la vida define una situación de criminalidad sin control y de una ciudadanía indefensa por la incapacidad o negligencia de las autoridades que permiten que se actúe con total impunidad. 

Pero dicho desprecio también define claramente que la supuesta democracia de la que habla el gobierno ilegítimo de Juan Orlando Hernández está construida sobre sangre derramada por las balas asesinas e impunes de los poderes ilegales y por las del poder militar y policial. 

Fuente:  http://wp.radioprogresohn.net/una-democracia-sangrienta-11-septiembre-2018/

¿Es Honduras un Estado de derecho?

El artículo 1 de nuestra Constitución nacional establece que Honduras es un Estado de derecho, es decir, un modelo organizativo destinado a garantizar los valores y necesidades fundamentales de la ciudadanía: la dignidad humana y los derechos humanos, lo cual solo puede alcanzarse mediante el cumplimiento de unos elementos y exigencias básicas e indispensables.

Existe un consenso en que dichos elementos esenciales son el imperio de la ley, es decir, el sometimiento de todos y todas a la ley, frente a la cual somos iguales; la división de poderes, cuyo fin es evitar la concentración de poder y establecer un sistema de pesos y contrapesos; el control de la legalidad, lo cual requiere un poder judicial independiente e imparcial; y la efectiva realización de los derechos humanos.

Como lo señala el World Justice Project, un verdadero Estado de derecho reduce la corrupción, combate la pobreza, protege a las personas de las injusticias, construye comunidades que gocen de paz y oportunidades, promueve el gobierno responsable y garantiza el respeto a la dignidad humana y los derechos humanos.

A simple vista Honduras no cumple con ninguno de dichos elementos y características, lo cual es ratificado por el más reciente Índice de Estado de Derecho 2017-2018, que evalúa a 113 países, y que desmiente a la clase política vernácula que de forma descarada maneja un discurso de que vivimos en democracia y en un Estado de derecho, a pesar de que el país se cae a pedazos.

De acuerdo con este índice, Honduras bajó una posición en la medición de Estado de derecho, al pasar del lugar 102 en la edición de 2016, al 103, de un total de 113 países incluidos en el reporte 2017-2018. Esto lo ubica en la posición 28 de 30 países en la región de América Latina y el Caribe, y en el puesto 25 de 30 países de ingreso medio bajo.

En otras palabras, la situación en Honduras sigue deteriorándose, lo que lo convierte en un “Estado a secas”, pero no en un Estado de derecho. El peligro de los “Estados a secas” es que no tienen límites a su actuación y fácilmente se convierten en herramientas para reprimir, asesinar, condenar a la miseria y exclusión e instalar dictaduras.

Fuente: http://wp.radioprogresohn.net/es-honduras-un-estado-de-derecha/