Para muestra, un botón. El peligro de la militarización

Militares en estado de ebriedad hirieron de bala a 3 habitantes del municipio de Wampusirpe en la Mosquitia. Ocho militares violan a una mujer en Cofradía, Cortés.

Miembros de la Policía Militar torturaron a dos trabajadores de la mina artesanal de la aldea San Juan de Arriba, ubicada en el municipio del Corpus en Choluteca.

El director de Casa Alianza, José Guadalupe Ruelas, fue golpeado salvajemente por elementos del Ejército asignados a casa presidencial, acción que se suma a la golpiza que recibió un miembro de la comunidad LGTB en San Pedro Sula por parte de militares.

Militares secuestraron a un comerciante de los mercados capitalinos a quien le exigieron una cantidad determinada de dinero para no asesinarlo. El ex Comisionado Adjunto del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Nery Velásquez, fue detenido ilegalmente por miembros de la Policía Militar.

Miembros de la Policía Militar atacaron a tiros a una unidad de transporte público en Tegucigalpa que no se detuvo ante un retén, provocando que 4 personas resultaran heridas. Policías Militares agredieron a personal periodístico de Televicentro en las afueras del Hospital Mario Catarino Rivas en San Pedro Sula.

Todos estos titulares son solo algunos de los ejemplos que nos alertan una vez más que el involucramiento de las Fuerzas Armadas en la gestión pública y la vida civil, crea más problemas de los que resuelve, tiene un alto costo humano y profundiza los niveles de victimización.

Hoy más que nunca es fundamental exigir la implementación de una de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, en el sentido de “revisar la función de las Fuerzas Armadas, incluyendo la supresión de cualquier misión de carácter político para las mismas, así como establecer claramente la prohibición de utilizarse para funciones policiales, a no ser en caso de estado de excepción, de conformidad con las prescripciones que al efecto establece el sistema interamericano de protección de derechos humanos y bajo un control judicial independiente”.

Los años 80 y las exigencias de la justicia

Los dos eventos políticos más trágicos para la débil democracia y el Estado de derecho en Honduras, es decir, la aplicación de la doctrina de seguridad nacional en los años 80 y el golpe de Estado de 2009, tienen un elemento común: la impunidad de los victimarios.

En el caso de los crímenes de los 80, ninguno de los 184 casos analizados en el informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, “Los hechos hablan por sí mismos. Informe preliminar sobre los desaparecidos en Honduras 1980-1993”, ha sido seriamente investigado y no se ha producido ninguna sentencia condenatoria.

Recientemente, la Fiscalía Especial de Derechos Humanos anunció que había creado una unidad especial para dar respuesta a esos 184 expedientes sobre torturas y desapariciones, lo cual es una buena noticia para las familias de tantas personas desaparecidas y torturadas, y también para la justicia que tanto hace falta en Honduras.

¿Pero es posible que pese a que hayan pasado más de 30 años estos crímenes todavía se puedan investigar y juzgar? Las torturas y las desapariciones forzadas son delitos tan graves contra la humanidad que el Estado tiene la obligación de buscar, detener, enjuiciar y castigar a los responsables dondequiera y cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido.

Y los criminales no pueden ser beneficiados por indultos, amnistías, irrectroactividad de la ley, prescripción de la pena ni prohibición de doble juzgamiento, incluso si existiera una sentencia absolutoria, a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional, las exigencias de la justicia y los derechos de las víctimas están por encima de ello.

Las próximas acciones de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos nos dirán si se trata de un anuncio distractor o si realmente existe voluntad política para perseguir tales crímenes y otros más como los ocurridos a partir del golpe de Estado.

La absolución de Magna y la condena del sistema

Hoy la justicia hondureña absolvió a Magna Marbella Rodríguez, quien había sido acusada por el Ministerio Público de intento de parricidio, es decir, de querer envenenar a sus hijos e hijas.

A simple vista, cualquiera puede cuestionarse cómo es posible que una madre sea capaz de mezclar agua con insecticida y dársela a sus pequeños niños y niñas. Pero detrás de esta decisión tan dura, hay una realidad de miseria, pobreza, hambre, abandono, violencia y desesperación que empujó a Magna a tomar tan trágica medida.

Ser madre o padre y vivir en la impotencia de no tener nada que darles de comer durante 3 días a sus hijos e hijas puede llevar a la decisión de suicidarse y llevárselos con ella o él a la muerte.

Como sociedad debemos aceptar el hecho que la historia de Magna es el resultado de una violencia estructural de género, de patrones socioculturales que discriminan a las mujeres y de un sistema que justifica la dominación masculina sobre la base de una supuesta inferioridad biológica femenina.

Este sistema tiene su origen en la familia y se proyecta en todo el orden social, económico, cultural, religioso y político. El Estado ha fomentado esta situación a través de su incapacidad de garantizar el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres en general, particularmente los de las más vulnerabilizadas como Magna.

Por eso, como ERIC y Radio Progreso nos preguntamos, “¿dónde estaba el Estado de Honduras cuando Magna buscó trabajo, acceso a la salud y a la educación pública, y alimentación para sus hijos e hijas? ¿Por qué el Estado de Honduras sólo se apareció para juzgar y condenar a Magna por un acto realizado debido a una situación de desesperación al ver a sus hijos e hijas muriendo de hambre?”

Hoy la justicia hondureña absolvió a Magna después de 2 años de estigmatización, cárcel, señalamientos y condenas morales. La historia de Magna es una muestra de un sistema que naturaliza la violencia y la discriminación contra las mujeres, el cual se manifiesta y reproduce en todos los ámbitos de la vida.

Hombres y mujeres debemos condenar y darle vuelta a este sistema que como lo señala la Comisión Interamericana de derechos Humanos, actúa a través de la familia, el lenguaje, la publicidad, la educación y los medios de comunicación masiva para canalizar "un discurso y mensaje ideológico que condiciona el comportamiento de hombres y mujeres conforme a los patrones culturales establecidos que promueven las desigualdades" y refuerzan "los roles y estereotipos que actúan en detrimento de las mujeres".

Una audiencia histórica y esperanzadora

El pasado viernes 28 de agosto en Tegucigalpa la Corte Interamericana de Derechos Humanos celebró una audiencia conjunta de supervisión de cumplimiento de 6 sentencias que dictó en contra del Estado de Honduras en los casos Juan Humberto Sánchez, Servellón García y otros, Alfredo López Álvarez, Blanca Jeannette Kawas, Pachecho Teruel y otros, y Carlos Luna López.

Esta audiencia conjunta marca un hito histórico en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ya que es la primera vez en que la Corte Interamericana realiza una audiencia de supervisión de cumplimiento en el país condenado.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Casa Alianza, la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), el ERIC-SJ, Caritas y la Pastoral Penitenciaria de San Pedro Sula y las víctimas, expusieron ante la Corte Interamericana el incumplimiento estatal en relación con la situación carcelaria, la protección a defensores y defensoras de derechos humanos, y la investigación de los casos.

Aunque la representación del Estado presentó información sobre el avance en estos temas, la Corte Interamericana consideró que era insuficiente. Teniendo en cuenta la impunidad total o parcial existente en todos los casos, uno de los puntos fundamentales planteados por las organizaciones y las víctimas es la necesidad de crear una unidad de investigación dentro de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos que le dé seguimiento a los mismos.

Además de dotarla de los recursos humanos y materiales suficientes, las organizaciones representantes plantearon la importancia de su participación en el proceso de selección de los y las fiscales que integrarían esa unidad. De avanzar en este sentido, implicaría un paso significativo en la lucha contra la impunidad.

Como lo señala el comunicado conjunto que publicaron las organizaciones representantes, existe “la disposición de continuar apoyando al Estado de Honduras para asumir los retos pendientes”, pero a la vez es necesario que la Corte Interamericana “ordene al Estado establecer un plan de cumplimiento con metas concretas para el abordaje de cada uno de los incumplimientos señalados”.

Desde el ERIC-SJ y Radio Progreso celebramos esta audiencia conjunta pues permitió que las diferentes organizaciones nos sentáramos en la mesa a coordinar un trabajo tan importante, y al mismo tiempo reconocemos y agradecemos el invaluable trabajo de CEJIL para que las víctimas en Honduras y en el continente tengan acceso a la justicia, pero sobre todo, para que los hechos denunciados no vuelvan a repetirse.