El Derecho Penal es uno de los instrumentos más problemáticos que tiene un Estado para abordar los delitos, ya que tiene una naturaleza violenta en el sentido de que busca proteger derechos humanos mediante la lesión de otros derechos humanos.
En este sentido, el Derecho Penal en manos de un régimen autoritario puede ser un instrumento del poder para controlar a la población, pero en manos de un régimen democrático puede ser una herramienta que sirva de límite al poder.
Las voces que se han alzado en contra del nuevo Código Penal que entrará en vigencia en noviembre revelan el peligro de su contenido en el contexto de un gobierno ilegítimo, autoritario y represivo.
En este sentido, es unánime la preocupación de todos los sectores, desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de Derechos Humanos, la Articulación 611, la Coalición contra la Impunidad, la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, hasta el Consejo Nacional Anticorrupción.
Todos coinciden en que el nuevo Código Penal contiene restricciones desproporcionadas a la libertad de expresión, la libertad de prensa, así como determinadas disposiciones que por su formulación pueden afectar el derecho a la protesta y a defender derechos humanos en el país, así como los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Además, todos coinciden en que el nuevo Código Penal otorga mayores beneficios a las personas corruptas, a narcotraficantes, a violadores y a quienes le roban el presente y el futuro a este país a través de la violencia y el despojo.
Honduras no solo necesita un nuevo Código Penal, necesita una nueva institucionalidad y una nueva cultura democrática que coloque en el centro de las prioridades la dignidad y los derechos de las personas.
En este sentido, el Derecho Penal en manos de un régimen autoritario puede ser un instrumento del poder para controlar a la población, pero en manos de un régimen democrático puede ser una herramienta que sirva de límite al poder.
Las voces que se han alzado en contra del nuevo Código Penal que entrará en vigencia en noviembre revelan el peligro de su contenido en el contexto de un gobierno ilegítimo, autoritario y represivo.
En este sentido, es unánime la preocupación de todos los sectores, desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de Derechos Humanos, la Articulación 611, la Coalición contra la Impunidad, la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, hasta el Consejo Nacional Anticorrupción.
Todos coinciden en que el nuevo Código Penal contiene restricciones desproporcionadas a la libertad de expresión, la libertad de prensa, así como determinadas disposiciones que por su formulación pueden afectar el derecho a la protesta y a defender derechos humanos en el país, así como los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Además, todos coinciden en que el nuevo Código Penal otorga mayores beneficios a las personas corruptas, a narcotraficantes, a violadores y a quienes le roban el presente y el futuro a este país a través de la violencia y el despojo.
Honduras no solo necesita un nuevo Código Penal, necesita una nueva institucionalidad y una nueva cultura democrática que coloque en el centro de las prioridades la dignidad y los derechos de las personas.
