El 30 de agosto se conmemoró el Día Internacional del Detenido Desaparecido con el fin de recordar al mundo la existencia de la realidad de la desaparición forzada, a través de la cual hombres y mujeres han sido arrancados de sus hogares y familias sin que hasta ahora se conozca su paradero.
En América Latina, los responsables de dicha práctica han sido policías, militares y grupos armados bajo las órdenes de éstos, y en muchos casos, como en Honduras, han logrado cobijarse bajo el manto de la impunidad, gracias a la debilidad de las instituciones llamadas a impartir justicia y reparación a las víctimas.
El conocido adagio de que la impunidad permite la repetición de los crímenes se ha plasmado en Honduras, ya que los violadores de los derechos humanos durante los años 80 que jamás fueron castigados por sus crímenes, son los mismos que ejecutaron el golpe de Estado y que silencian, asesinan, violan, torturan y desaparecen a los hondureños y hondureñas que luchamos por una sociedad verdaderamente justa y democrática.
No obstante, los autores intelectuales y materiales de las violaciones a los derechos humanos en Honduras están cometiendo un error de cálculo al pensar que pueden actuar sin consecuencias tal y como lo hicieron en décadas pasadas, ya que sus actos de ayer y hoy son considerados crímenes de lesa humanidad por el derecho penal internacional y por tanto, su persecución no tiene límites de tiempo ni lugar.
Ello implica que tarde o temprano la verdadera justicia los alcanzará, como a Fujimori, Scilingo, Pinochet o Videla, y haciendo nuestras las palabras del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, “A los violadores les decimos que nos mantendremos firmes en la exigencia de verdad y justicia, porque no nos callarán, la sangre de nuestros mártires florece en nuestros corazones”.
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