Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la prohibición de ser electo como presidente a quien haya participado en una alteración del orden constitucional es una regla consuetudinaria de firme tradición en Centroamérica y una limitación necesaria para la consolidación democrática de la región.
En este sentido, restringir la participación política de quien quebranta el orden constitucional está justificada por el fin legítimo de proteger la democracia, ya que quien provoca un daño intolerable al pacto democrático no merece gozar del derecho a ser electo.
A la luz de lo anterior es necesario recordar el papel que ha jugado el presidente Juan Orlando Hernández en la grave crisis política que arrastra el país desde el año 2009, lo cual constituye un desmerecimiento suficiente para repudiar su candidatura.
Primero, siendo diputado del Congreso Nacional en 2009 apoyó el golpe de Estado contra el Poder Ejecutivo y votó a favor de la aberración jurídica que los golpistas llamaron “sucesión constitucional” para justificar su crimen.
Segundo, siendo presidente del Congreso Nacional en 2012 promovió y votó a favor del golpe de Estado contra el Poder Judicial mediante la destitución ilegal de 4 magistrados y magistradas de la Sala de lo Constitucional y su sustitución por 4 personas afines al gobierno nacionalista.
Tercero, siendo presidente de la república promovió y aceptó una candidatura reeleccionista que constituye un golpe de Estado al soberano, quien es el único sujeto político facultado para modificar el artículo pétreo constitucional que prohíbe la reelección.
Además, su candidatura vulnera abiertamente el artículo 4 de la Constitución que establece el principio de alternabilidad en el ejercicio de la presidencia. No cabe duda que estos hechos reflejan el desprecio que el señor Hernández siente por los valores de la democracia.
En consecuencia, el triple precedente golpista de Juan Orlando Hernández y su candidatura basada en la suplantación de la soberanía popular es un demérito y una razón suficientes para impedir que participe en las elecciones generales de noviembre próximo.
En un verdadero Estado de derecho con una institucionalidad sólida, esta y otras candidaturas estarían excluidas del proceso electoral; sin embargo, las instituciones encargadas de defender el orden democrático han demostrado su subordinación absoluta a los designios del presidente del Ejecutivo.
¿Acaso es tan difícil comprender que la tesis de que las elecciones sean “libres y justas” se pone en tela de juicio cuando quien quebranta el orden constitucional impulsa su candidatura en una elección aparentemente democrática?
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