Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “la libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática” y “una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre”. La libertad de expresión debe ser garantizada tanto en su dimensión individual como en su dimensión social.
La primera implica no sólo el derecho a hablar o escribir, sino también el derecho a utilizar los medios apropiados para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de personas. La segunda comprende el derecho de cada persona a tratar de comunicar a los otros sus propios puntos de vista y también el derecho de todos a conocer opiniones y noticias.
Indudablemente, cuando en un país una de estas dos dimensiones de la libertad de expresión es restringida por la censura, las amenazas y la violencia, no es posible catalogarlo como democrático. En este sentido, el asesinato de cinco periodistas en el mes de marzo, el exilio de otro reportero, las amenazas contra un periodista de Radio Progreso y la impunidad que rodea estos casos son una evidencia contundente de que en Honduras la democracia sigue siendo un concepto vacío con la que se llenan la boca quienes han atentado contra ella.
De acuerdo con un informe reciente de Reporteros Sin Fronteras, estos hechos han convertido a Honduras en el país más peligroso del mundo para quienes trabajan en los medios de comunicación. Esta afirmación resulta altamente preocupante si observamos que Honduras está por encima de Irak, Afganistán o Colombia en términos de riesgo y peligrosidad para los y las periodistas.
Además, viene a confirmar que las elecciones realizadas bajo un régimen de facto y la militarización del país no solucionaron la crisis política que generó el golpe de Estado sino que la profundizó.
La comunidad internacional tiene el deber moral y legal de no ignorar la grave situación de derechos humanos que existe en Honduras y condicionar cualquier reconocimiento al gobierno de Lobo Sosa a la garantía de no repetición de estos hechos y a la investigación y sanción de sus responsables materiales e intelectuales.
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