Los últimos informes de organismos internacionales publicados a finales del 2010 denunciando que con la llegada al poder de Porfirio Lobo Sosa continuaron las graves violaciones a los derechos humanos, nos deja un amargo sabor a impunidad que amenaza con perpetuarse en este 2011.
Esa impunidad de la que gozan los militares, policías y civiles responsables de la violencia política profundizada con el golpe de Estado es promovida por una Corte Suprema de Justicia a través de sus sentencias absolutorias y resoluciones que ofenden a la conciencia jurídica nacional e internacional.
Por un Ministerio Público diligente y capaz cuando se trata de perseguir penalmente a los opositores al rompimiento constitucional pero inoperante e incompetente cuando tiene que defender los intereses generales de la sociedad y la democracia.
Por un Comisionado Nacional de los Derechos Humanos que asume un silencio cómplice ante las violaciones de los derechos más elementales de la población, por un Congreso Nacional que condecora a los golpistas y victimarios, y les aprueba leyes que garantizan su intocabilidad.
Y por un poder ejecutivo que mantiene un cínico discurso de que le importan los derechos humanos pero al mismo tiempo se empeña en mantener en su gobierno a los principales responsables del golpe de Estado y ordena o dejar ordenar la represión violenta de la población que sigue exigiendo la refundación de Honduras.
A pesar de que aparentemente las fuerzas y las condiciones son adversas, el 2011 podría representar una gran oportunidad de iniciar un verdadero proceso de reparación a las víctimas de la violencia política si las organizaciones sociales y de derechos humanos sumamos esfuerzos, cedemos protagonismos y centramos nuestras fortalezas en las luces que el 2010 nos dejó ver.
Una de esas luces es el anuncio del Fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, de que iniciaría un examen preliminar sobre el caso Honduras para determinar si policías, militares y civiles involucrados en el golpe de Estado han cometido crímenes de lesa humanidad, lo cual, de ratificarse por el máximo tribunal penal internacional, permitiría que la impunidad de los victimarios comenzara en este año a desmoronarse.
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