En las últimas semanas, el régimen de Lobo Sosa ha emprendido una serie de acciones y medidas que le dan la apariencia de estar comprometido con la reconciliación nacional y con la construcción de una democracia participativa e inclusiva.
En primer lugar, a nivel judicial se ha iniciado un procedimiento que más parece un circo jurídico con el objetivo de limpiar el expediente del ex presidente Zelaya en relación con los supuestos delitos que se le imputaron después que se ejecutó el golpe de Estado.
A pesar de que el Código Procesal Penal establece que los altos funcionarios del Estado deben ser juzgados mediante un procedimiento especial, a Zelaya, que es diputado del PARLACEN, se le sigue este “lavado de expediente” en un simple juzgado común y representado por defensores públicos asignados por el propio Estado.
En segundo lugar, el presidente del congreso nacional, Juan Orlando Hernández y otros diputados de todos los partidos políticos que dieron el golpe de Estado para evitar la reforma de los artículos pétreos, sorprendentemente han reformado el artículo 5 constitucional que deja sin restricciones las figuras del plebiscito y referéndum.
No obstante, aunque en teoría el pueblo hondureño puede ser consultado sobre cualquier tema, incluido la eliminación de los artículos pétreos, siempre queda en manos del congreso nacional la decisión última de aceptar o no el resultado de la consulta.
Y en tercer lugar, el presidente del congreso nacional ha denunciado la existencia de unos documentos que fueron falsificados por cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia y que sirvieron de base para despedir ilegalmente a tres jueces y una magistrada que se opusieron al rompimiento del orden constitucional. También ha señalado que de comprobarse tal extremo, tales magistrados serían destituidos.
Al mismo tiempo, el congreso se apresta a reformar la Constitución para crear un consejo de la judicatura que le quitaría a la Corte Suprema las funciones administrativas; sin embargo, tal y como lo denuncia la Asociación de Jueces por la Democracia, la premura de la reforma y la falta de consenso con los sectores pertinentes genera el grave peligro de que este nuevo órgano termine siendo víctima de un nuevo reparto político partidario que ahondaría las profundas debilidades de la administración de justicia.
Aunque pareciera que todas estas medidas son positivas, no debemos ignorar que están encaminadas a oxigenar a un sistema político y económico que ha colapsado; parrafraseando a Tomás Andino, así como no es posible que de la noche a la mañana la basura se transforme en oro, tampoco es posible que los golpistas de ayer ahora sean los grandes demócratas que lideran transformaciones políticas en beneficio de las grandes mayorías.
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