En estos tiempos de Coronavirus tienen más vigencia que nunca las palabras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con respecto a que el régimen hondureño privilegia la represión frente al diálogo y que toda exigencia ciudadana es fuertemente reprimida.
De acuerdo con el Comité por la Libre Expresión (C-LIBRE), al menos 83 protestas se registraron en el país entre el 23 de marzo y el 2 de abril, ya que, pese a la aprobación de fondos millonarios para atender la emergencia, la distribución de alimentos está siendo discriminatoria según la pertenencia o simpatía con el gobierno nacional o municipal.
Así las cosas, es legítimo que las personas se manifiesten y exijan que el Estado respete y garantice su derecho a la alimentación, ya que, si les obliga a estar en cuarentena, tiene que asegurar el acceso a los alimentos necesarios; sin embargo, la respuesta del régimen ha sido la represión violenta por parte de las fuerzas policiales y militares.
Aunque estas palabras no penetren los oídos sordos de soberbia y autoritarismo del régimen, debemos insistir que, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos, los Estados que la asistencia sanitaria debe llegar a la población sin discriminación y que deben abstenerse en todo momento directa o indirectamente en el acceso a los alimentos.
Por su parte, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, ha establecido en su Observación General número 12 que el derecho a una alimentación adecuada está inseparablemente vinculado a la dignidad inherente de la persona humana y es indispensable para el disfrute de otros derechos humanos.
A su vez, ha señalado que este derecho es inseparable de la justicia social, pues requiere la adopción de políticas económicas, ambientales y sociales adecuadas, en los planos nacional e internacional, orientadas a la erradicación de la pobreza y al disfrute de todos los derechos humanos por todas las personas.
Las denuncias sobre la distribución raquítica y discriminatoria de los alimentos, y la represión violenta de las personas que exigen se garantice su derecho a una alimentación adecuada en estos tiempos de crisis, solo refleja una vez más la naturaleza dictatorial de un régimen cuyo único fin es el enriquecimiento mediante la corrupción a costa de la vida y dignidad humana.
De acuerdo con el Comité por la Libre Expresión (C-LIBRE), al menos 83 protestas se registraron en el país entre el 23 de marzo y el 2 de abril, ya que, pese a la aprobación de fondos millonarios para atender la emergencia, la distribución de alimentos está siendo discriminatoria según la pertenencia o simpatía con el gobierno nacional o municipal.
Así las cosas, es legítimo que las personas se manifiesten y exijan que el Estado respete y garantice su derecho a la alimentación, ya que, si les obliga a estar en cuarentena, tiene que asegurar el acceso a los alimentos necesarios; sin embargo, la respuesta del régimen ha sido la represión violenta por parte de las fuerzas policiales y militares.
Aunque estas palabras no penetren los oídos sordos de soberbia y autoritarismo del régimen, debemos insistir que, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos, los Estados que la asistencia sanitaria debe llegar a la población sin discriminación y que deben abstenerse en todo momento directa o indirectamente en el acceso a los alimentos.
Por su parte, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, ha establecido en su Observación General número 12 que el derecho a una alimentación adecuada está inseparablemente vinculado a la dignidad inherente de la persona humana y es indispensable para el disfrute de otros derechos humanos.
A su vez, ha señalado que este derecho es inseparable de la justicia social, pues requiere la adopción de políticas económicas, ambientales y sociales adecuadas, en los planos nacional e internacional, orientadas a la erradicación de la pobreza y al disfrute de todos los derechos humanos por todas las personas.
Las denuncias sobre la distribución raquítica y discriminatoria de los alimentos, y la represión violenta de las personas que exigen se garantice su derecho a una alimentación adecuada en estos tiempos de crisis, solo refleja una vez más la naturaleza dictatorial de un régimen cuyo único fin es el enriquecimiento mediante la corrupción a costa de la vida y dignidad humana.
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