El domingo 17 de mayo se cumplieron 16 años de haber ocurrido una de las más grandes tragedias en un centro penitenciario en América Latina: el incendio del centro penal de San Pedro Sula en el que murieron 107 personas privadas de libertad.
A su vez, el domingo 18 de mayo se cumplieron 22 años del asesinato del ambientalista y regidor de la corporación municipal de Catacamas, Carlos Antonio Luna López, cuya vida fue arrebatada por su incansable defensa del medio ambiente.
Por ambos casos, el Estado de Honduras fue declarado responsable internacionalmente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de las sentencias conocidas como Pacheco Teruel y otros, y Luna López, en las cuales el ERIC-SJ participó como co-litigante.
El proceso de estas sentencias no brinda dos lecciones esenciales en materia de derechos humanos. En primer lugar, la importancia del establecimiento de alianzas, ya que en dichos casos participaron varias organizaciones de forma coordinada.
En estos procesos hubo una estrecha coordinación entre el ERIC-SJ, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), y la Pastoral Social Caritas y la Pastoral Penitenciaria pertenecientes a la Diócesis de San Pedro Sula.
Y, en segundo lugar, estas sentencias representan el resultado del uso estratégico de las herramientas que brinda el Sistema Interamericano de Derechos Humanos cuando el sistema de justicia nacional no tuvo la capacidad o voluntad de investigar los hechos violatorios.
Aunque se debe tener claro que estas sentencias no han cambiado ni van a cambiar por arte de magia la grave situación de derechos humanos existente, sirven y deben servir como herramientas políticas y jurídicas para transformar dicha situación desde las alianzas y las articulaciones.
En ese sentido, este tipo de sentencias ha permitido la constitución de la Mesa de Seguimiento al Cumplimiento de las Sentencias y Resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conformada por varias organizaciones que han logrado sentencias interamericanas.
Desde la Mesa de Seguimiento continuamos articulándonos desde la esperanza y aspiramos a que las sentencias de la CorteIDH nos sirvan como una herramienta más para que casos como los del centro penal y Luna no vuelvan a repetirse.
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