jueves, 28 de enero de 2010

Comisión de la Verdad

El 30 de octubre pasado se firmó el acuerdo que en teoría marca el inicio para poner fin a la crisis política desatada por el golpe de Estado cívico-militar. Este acuerdo consta de 12 puntos, uno de los cuales está relacionado con la creación de una Comisión de la Verdad, que deberá conformarse el primer semestre de 2010 y tendrá como objetivo “esclarecer los hechos ocurridos antes y después del 28 de junio de 2009” e identificar “los actos que condujeron a la situación actual, y proporcione al pueblo de Honduras elementos para evitar que estos hechos se repitan en el futuro”.

Una Comisión de la Verdad no es un cuerpo judicial ni sustituye los juicios penales. Es una entidad temporal que investiga patrones de abusos y violaciones de derechos humanos en un período de tiempo, en este caso, antes y después del 28 de junio.

Es temporal e independiente, y al dedicar su misión exclusivamente a establecer la verdad de lo que ha ocurrido, se convierte en un instrumento fundamental para la reconciliación nacional, puesto que establece los datos objetivos para que el sistema de justicia sancione debidamente a los autores intelectuales y materiales de los graves delitos cometidos en el marco del golpe de Estado.

Ante situaciones dramáticas, conocer la verdad es uno de los derechos primordiales de la sociedad, puesto que así toda la gente tiene acceso a la información sobre las violaciones a los derechos humanos y sobre sus autores, aunque los mismos estén encaramados en las más altas esferas del poder político, militar y económico.

Y conocer la verdad sobre las atrocidades cometidas es, además, un derecho particular de los familiares de las víctimas, y es una lucha contra una impunidad que no solamente se expresa en la sanción a los responsables y en el resarcimiento a las víctimas y sus familiares, sino que ha de establecer un precedente para evitar a toda costa la repetición de las violaciones a los derechos humanos.

La Comisión de la Verdad es, al final de cuentas, una oportunidad para luchar contra la impunidad en todos sus niveles, y por ello, no es cualquier cosa ni puede quedar rezagada entre los acuerdos.

Ha de ser una formidable ocasión para que todos los sectores de la sociedad que han sido golpeados por el golpe y que sienten dolor de patria, se hagan un solo racimo para que brote la verdad y se rompa para siempre el silencio en el que se ocultan los eternos violadores de las leyes y de los derechos humanos de nuestro país, merecedor de una suerte nueva.

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