Esta semana la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó un informe titulado “Honduras: Derechos Humanos y Golpe de Estado” en el que confirma dos realidades que los golpistas han tratado de negar sin éxito: que lo ocurrido en el país el 28 de junio del año pasado fue un golpe de Estado que produjo la ruptura del orden democrático y constitucional, y que las autoridades de facto militares, civiles y policiales han cometido graves violaciones a los derechos humanos.
Este informe es el resultado de la visita realizada por la Comisión Interamericana del 17 al 21 de agosto de 2009, durante la cual verificó la existencia de masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, que incluye muertes, declaración arbitraria del estado de excepción, represión de manifestaciones públicas a través del uso desproporcionado de la fuerza, criminalización de la protesta social, detenciones arbitrarias de miles de personas, tratos crueles, inhumanos y degradantes y malas condiciones de detención, militarización del territorio, aumento de las situaciones de discriminación racial, violaciones a los derechos de las mujeres, serias restricciones arbitrarias al derecho a la libertad de expresión y graves vulneraciones a los derechos políticos.
La Comisión Interamericana también comprobó la ineficacia de los recursos judiciales para proteger los derechos humanos y el alto grado de deslegitimación institucional por la participación en el golpe de Estado del Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, la Policía Nacional, el Congreso Nacional y las Fuerzas Armadas.
El informe de la Comisión Interamericana ratifica la necesidad urgente de reformar profundamente las instituciones hondureñas y constituye una herramienta jurídica fundamental para el establecimiento de una Comisión de la Verdad independiente, profesional e imparcial que facilite la individualización de los responsables materiales e intelectuales de las violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen de facto.
Y sobre todo, este informe representa una prueba contundente contra los altos responsables civiles, militares y policiales del régimen que han sido denunciados ante la oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional, los cuales, tarde o temprano, tendrán que pagar por sus crímenes.
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