Para que un Estado sea verdaderamente democrático y de derecho es necesario que se respeten 4 elementos fundamentales: Primero, que todas y todos estemos sometidos a la Constitución y a las leyes; segundo, que exista una efectiva separación de poderes para evitar el absolutismo; tercero, que las actuaciones de las instituciones públicas sean acordes con la legalidad y estén sometidas a control judicial; y cuarto, que el respeto y la realización de los derechos humanos sean el fin supremo de la sociedad y el Estado.
Con base a estos elementos, si antes del 28 de junio existían serias dudas sobre la autenticidad de la democracia y el Estado de derecho, a partir del golpe cívico-militar se ha confirmado que Honduras es un Estado pero no un Estado de derecho.
A lo largo de 27 años de democracia formal, la clase política hondureña ha actuado con total desprecio por la legalidad y por los intereses de la sociedad en su conjunto; los poderes del Estado, y sobre todo, las instituciones fundamentales en materia de justicia como el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos se han vuelto cómplices de la ilegalidad y de la violencia contra el pueblo hondureño.
Y el respeto de los derechos humanos por parte de quienes están obligados a protegerlos, se ha convertido en un discurso vacío cuando se trata de las mayorías del país pero se vuelven plenamente efectivos cuando se trata de los pequeños grupos que tienen secuestrado al Estado y sus instituciones.
Los sectores que apoyan el golpe siguen creyendo que las elecciones del 29 de noviembre son la varita mágica para borrar de la memoria nacional lo ocurrido durante todos estos meses; sin embargo, los históricos niveles de abstención electoral son una señal clara de que el nuevo gobierno y la clase política vernácula han perdido sus últimas cuotas de legitimidad.
El único camino para rescatar al país del abismo en el que caeremos todos y todas es mediante el retorno a la constitucionalidad que permita conocer toda la verdad de lo sucedido y sobre todo, que allane el camino para investigar y sancionar a los responsables intelectuales y materiales de las graves violaciones a los derechos humanos que se han cometido, y reparar integralmente a las víctimas y sus familiares.
El retorno a la constitucionalidad sólo es el primer paso y a partir de allí se deben crear las condiciones para un verdadero diálogo nacional que concluya en un nuevo pacto social inclusivo.
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