El 22 de septiembre del año pasado, el ex militar argentino Julio Alberto Poch fue detenido en España por su implicación en crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar que gobernó Argentina entre 1976 y 1983.
Poch también tenía la nacionalidad holandesa y trabajaba para una línea área de ese país; según testimonios de sus compañeros de trabajo, se jactaba de haber participado en los “vuelos de la muerte” en los que los prisioneros políticos de la dictadura eran arrojados amarrados al mar o al río de La Plata desde aviones militares en pleno vuelo.
A pesar del tiempo transcurrido desde que este militar cometió sus crímenes y de que había logrado llevar una vida normal y tranquila en Holanda, la justicia internacional por fin lo ha alcanzado y enfrenta procesos penales en España y en Argentina por la comisión de crímenes de lesa humanidad.
Al igual que los altos responsables civiles, militares y policiales del gobierno de facto en Honduras, el ex militar Poch se burlaba de la memoria de sus víctimas y se creyó intocable y todopoderoso pues su soberbia no le permitió reflexionar sobre la gravedad de sus delitos.
Los máximos responsables de las violaciones de derechos humanos en Honduras en el marco del golpe de Estado deberían entender que por mucho que se declaren héroes nacionales y salvadores de la democracia, sus crímenes contra el pueblo hondureño son de tanta gravedad que tarde o temprano tendrán que responder ante la justicia penal internacional.
El caso del ex militar Poch es un ejemplo más de lo que les espera a Micheletti, Romeo Vásquez y demás responsables del golpe de Estado.
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