jueves, 10 de agosto de 2017

Una visita importante en materia de derechos humanos


Durante el mes de julio, Honduras estuvo bajo el foco internacional en relación con la situación de los derechos humanos. Primero, porque como lo señalamos la semana pasada, los días 5 y 6 de julio el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas realizó un examen al Estado para verificar el estado de protección de los derechos civiles y políticos. 

En sus observaciones finales, el Comité expresó un número importante de preocupaciones al respecto, lo cual confirma la gravedad de la situación de los derechos humanos que se profundizó a partir del golpe de Estado y que hemos venido denunciando permanentemente.

Segundo, en el mismo mes el Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Andrew Gilmour, realizó una visita de tres días al país y sostuvo reuniones con altos funcionarios del gobierno, representantes diplomáticos y representantes de la sociedad civil.

Al igual que el Comité de Derechos Humanos, el señor Gilmour recibió y manifestó su preocupación por informaciones que revelan una impunidad generalizada, altos niveles de violencia, un aumento de la militarización de la seguridad pública, acceso restrictivo a la planificación familiar, un aumento alarmante del femicidio y violencia contra las mujeres en general.

También advirtió que las políticas penales que imponen castigos extremadamente duros a la niñez y juventud no son la solución a la violencia y la criminalidad, cuyas causas de fondo deben ser enfrentadas a través inversiones sociales y la rehabilitación.

A su vez, el señor Gilmour manifestó su preocupación por la violencia que enfrentan con valentía las personas defensoras de derechos humanos, especialmente mujeres, personas LGBTI, defensoras de la tierra y pueblos indígenas, y resaltó la necesidad primordial de aumentar su protección.

Por ello, insistió en la necesidad de abrir espacios para el diálogo, el acceso a la información y la participación efectiva en la formulación de políticas públicas, que son elementos clave de una sociedad democrática. De esta manera, exhortó a los funcionarios estatales a ver a las personas defensoras de derechos humanos como aliadas y agentes de cambio.

El examen realizado por el Comité de Derechos Humanos y la visita del señor Gilmour demuestran dos cosas: En primer lugar, que por mucha demagogia y cerco mediático, el gobierno no puede tapar el sol con un dedo en materia de derechos humanos.

Y en segundo lugar, la importancia del diálogo y la participación efectiva de las personas y comunidades antes que las autoridades adopten decisiones que tienen un impacto en sus derechos, lo cual es una obligación que solo un auténtico Estado democrático de derecho cumple frente a su ciudadanía.

jueves, 3 de agosto de 2017

Honduras reprobada en materia de derechos humanos

Los días 5 y 6 de julio de este año, el Estado de Honduras presentó ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas un informe en el que tuvo que explicar la situación de los derechos humanos en el país, particularmente en relación con igualdad y no discriminación, vida, integridad, libertad de expresión, acceso a la justicia, libertad personal, privacidad, libertad de asociación y manifestación pacífica, entre otros.

Lógicamente, la enorme delegación estatal que viajó a Ginebra presentó una visión parcial de los hechos; por ello, el Comité también recibió información por parte de organizaciones nacionales e internacionales de sociedad civil, tales como la Coalición contra la Impunidad, el Centro para los Derechos Civiles y Políticos, la Plataforma Internacional contra la Impunidad y la Organización Mundial Contra la Tortura.

El pasado 24 de julio, el Comité aprobó una serie de observaciones finales que reflejan la grave situación de derechos humanos en Honduras. Entre otras cosas, el Comité manifestó su preocupación por la falta de transparencia en el proceso de selección del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos; la falta de cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación sobre las violaciones a derechos humanos cometidas durante el golpe de Estado.

El Comité expresó su preocupación por la discriminación sufrida por las mujeres, la comunidad afro-hondureña, los pueblos indígenas y las personas que viven en áreas rurales; la limitada participación de la mujer en la vida política y pública; las elevadas tasas de violencia contra la mujer y los centenares de muertes anuales por feminicidio; las extremadamente altas tasas de homicidio y las altísimas tasas de impunidad.

También le preocupa la militarización de la seguridad pública y el insuficiente control sobre las empresas de seguridad privadas; las prácticas de “limpieza social” y otras ejecuciones extrajudiciales que implican a las fuerzas de seguridad; la tortura, malos tratos y uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de policía y fuerzas armadas; y el alto número de desplazados internos debido a la situación de violencia.

Además le preocupa la falta de protección efectiva para garantizar la independencia e imparcialidad del Poder Judicial; la falta de cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso López Lone y otros vs. Honduras; los actos de violencia e intimidación y las persistentemente elevadas tasas de asesinato de las que son víctimas las personas defensoras de derechos humanos, periodistas, sindicalistas, activistas medioambientales, indígenas y LGBTI.

Finalmente, al Comité le preocupa el hecho de que a pesar del límite del mandato presidencial establecido en la Constitución el presidente Juan Orlando Hernández se presente a la reelección.

A la luz de todo lo señalado por el Comité de Derechos Humanos, es imposible comprender el trillado eslogan oficial de que Honduras está cambiando porque sí es así, estos elementos demuestran que el país está cambiando para mal. ¿O acaso los portavoces y repetidores gubernamentales acusarán al Comité de traidor y enemigo de la patria?

martes, 1 de agosto de 2017

La situación de los derechos humanos en Honduras a la luz de las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

Antecedentes

Los tratados internacionales de derechos humanos generan obligaciones para el Estado de Honduras en dos sentidos: Por un lado, tiene que respetar y garantizar los derechos en ellos reconocidos y, por otro, debe participar en mecanismos de supervisión o monitoreo, a través de los cuales unos órganos especializados evalúan en qué medida el Estado cumple con sus obligaciones internacionales.

Tales órganos son llamados comités y están formados por expertas y expertos independientes que desarrollan su función a través de (a) la recepción y evaluación de informes periódicos presentados por un Estado; (b) la recepción de comunicaciones interestatales en los que un Estado señala que otro Estado no está cumpliendo con sus obligaciones internacionales; (c) la admisión de comunicaciones o denuncias en las que una persona denuncia que un Estado ha violado un derecho reconocido en un tratado; y (d) la realización de investigaciones de oficio cuando considere que en un país existe una situación crítica de derechos humanos. 

De estos mecanismos, el más común es el sistema de informes que consiste en la obligación estatal de presentar ante un comité informes periódicos en los cuales se debe suministrar información sobre las medidas legales, administrativas, judiciales y de cualquier otro tipo que el Estado haya adoptado para implementar las disposiciones del tratado, y sobre las dificultades enfrentadas para ello. La preparación de estos informes es una oportunidad para evaluar el estado de la protección de los derechos humanos con el fin de diseñar e implementar políticas públicas al respecto. 

Uno de los tratados en virtud del cual Honduras tiene la obligación de presentar informes periódicos es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1966 y en vigor desde el 23 de marzo de 1976. El Estado hondureño lo ratificó el 25 de agosto de 1997 y, en consecuencia, desde esa fecha se comprometió a respetar y a garantizar los derechos reconocidos en dicho instrumento, sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

Para asegurar que el Estado cumpla con la doble obligación de respetar y garantizar tales derechos, el artículo 28 del Pacto consagra la creación del Comité de Derechos Humanos (CDH), formado por 18 expertos y expertas independientes que evalúa la información estatal presentada en los informes periódicos y realiza las recomendaciones pertinentes en forma de observaciones finales. Los días 5 y 6 de julio de este año, el Estado hondureño fue invitado a las sesiones del CDH para presentar su segundo informe periódico, responder a las preguntas de los expertos y expertas, y facilitarles información adicional.

A la luz de toda la información disponible, el CDH examinó el informe estatal frente a una delegación de representantes gubernamentales con el objetivo de construir un diálogo constructivo de cara a apoyar al Estado en sus esfuerzos por implementar efectivamente el Pacto. Lógicamente, la enorme delegación estatal que viajó a Ginebra presentó una visión parcial de los hechos; por ello, el CDH también recibió información por parte de organizaciones nacionales e internacionales de sociedad civil, tales como la Coalición contra la Impunidad, el Centro para los Derechos Civiles y Políticos, la Plataforma Internacional contra la Impunidad y la Organización Mundial Contra la Tortura.

A la luz del diálogo con el Estado y la información recibida de las organizaciones de sociedad civil, el CDH adoptó una serie de observaciones finales, las cuales incluyen los aspectos positivos de la implementación del Pacto, los principales motivos de preocupación y las recomendaciones que el Estado tiene la obligación de implementar para mejorar la situación de los derechos humanos. El pasado 24 de julio, el CDH aprobó y publicó una versión no editada de las respectivas observaciones finales, las cuales reflejan la grave situación de derechos humanos en el país y contradicen el trillado discurso oficial de que “Honduras está cambiando”.

Principales preocupaciones del Comité de Derechos Humanos

El CDH manifestó su preocupación por la falta de transparencia en el proceso de selección del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y lamentó que tenga la categoría B después de que el comité de acreditación de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos le rebajara la categoría. También le preocupa la falta de cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación sobre las violaciones a derechos humanos cometidas durante el golpe de Estado, y la existencia de obstáculos en la investigación y enjuiciamiento de las personas responsables de tales violaciones.

Además, el CDH expresó su preocupación por la discriminación sufrida por las mujeres, la comunidad afro-hondureña, los pueblos indígenas, las personas que viven en áreas rurales y las personas LGBTI, especialmente en lo que se refiere a los derechos de las parejas del mismo sexo y la identidad de las personas transgénero; por la limitada participación de la mujer en la vida política y pública; por la insuficiente presencia de los pueblos indígenas y afro-hondureños en los órganos de representación política y en el gobierno; por las elevadas tasas de violencia contra la mujer y los centenares de muertes anuales por feminicidio; por la violencia contra las personas trabajadoras del sexo; y por el extremadamente reducido número de enjuiciamientos y condenas impuestas por este tipo de violencia.

Al CDH también le preocupa que toda interrupción voluntaria del embarazo es ilegal y castigada con penas severas, con el resultado de una alta tasa de mortalidad debido a abortos inseguros; la prohibición absoluta de anticonceptivos de emergencia, incluso en los casos de violación e incesto; y las altas tasas de embarazo adolescente no deseado. Por ello, le recomienda al Estado hondureño modificar urgentemente su legislación para asegurar el acceso a un aborto legal y seguro, considerar la despenalización del aborto e eliminar la prohibición de la píldora anticonceptiva de emergencia.

El CDH manifestó su preocupación por las extremadamente altas tasas de homicidio, los ataques a la integridad física y contra la propiedad, el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes para actividades criminales por parte de bandas criminales, así como por las altísimas tasas de impunidad respecto a este tipo de crímenes. También le preocupa la militarización de la seguridad pública y el insuficiente control sobre las empresas de seguridad privadas; las prácticas de “limpieza social” y otras ejecuciones extrajudiciales que implican a las fuerzas de seguridad; la tortura, malos tratos y uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de policía y fuerzas armadas; y el alto número de desplazados internos debido a la situación de violencia.

Además, al CDH le preocupa la considerable falta de recursos financieros y humanos de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos y del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, lo cual no les permite cumplir adecuadamente sus mandatos; la falta de protección efectiva para garantizar la independencia e imparcialidad del Poder Judicial; la falta de una normativa que regule la carrera judicial y el Consejo de la Judicatura que asegure la independencia judicial; y la falta de cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso López Lone y otros vs. Honduras, en cuanto a la reincorporación del juez Adán Guillermo López Lone y la magistrada Tirza del Carmen Flores Lanza a cargos similares a los que desempeñaban en el momento de su destitución por oponerse al golpe de Estado.

Al CDH también le preocupa la persistencia de altos niveles de hacinamiento y las deficientes condiciones de salubridad en los centros penales; el alto número de detenidos en prisión preventiva, que representan más del 50% de la población reclusa; la falta de separación entre los procesados y los condenados; la falta de atención a las necesidades particulares de las mujeres privadas de libertad; el uso de instalaciones militares para la detención preventiva de reos comunes; y los actos de violencia e intimidación y las elevadas tasas de asesinato de las que son víctimas las personas defensoras de derechos humanos, periodistas, sindicalistas, activistas medioambientales, indígenas y LGBTI, y que son cometidos por agentes del Estado o personas particulares en un contexto de impunidad.

El CDH manifestó su preocupación por la continua estigmatización por parte de funcionarios del gobierno de las personas que ejercen su libertad de expresión, reunión y asociación; por la condena emitida contra tres estudiantes universitarios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras; por las críticas recibidas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos por su labor de promoción del respeto al derecho a la protesta pacífica; y por la insuficiente implementación de la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.

Al CDH también le preocupa que el “Anteproyecto de Ley Marco de consulta libre, previa e informada a los pueblos indígenas y afro-hondureños” no se ajusta plenamente a los estándares internacionales en la materia ni su preparación ha asegurado la participación plenamente representativa de los pueblos indígenas; los casos de desalojo forzoso de los pueblos indígenas de sus tierras ancestrales; y la falta de cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de las comunidades garífunas de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz.

Finalmente, al CDH le preocupa las alegaciones de irregularidades durante las elecciones generales de 2013, tales como, “la compra de votos, deficiencias en la actualización del censo electoral, la falta de transparencia en la financiación de la campaña electoral y la posibilidad de que hubiera habido un fraude en la transmisión de las actas electorales al Tribunal Supremo Electoral”. También le preocupa el asesinato de más de una docena de personas activistas de la oposición y candidatas durante la pasada campaña electoral, así como el hecho de que a pesar del límite del mandato presidencial establecido en la Constitución el presidente Juan Orlando Hernández se presente a la reelección.

Conclusión

A la luz de las preocupaciones manifestadas por el CDH, se pueden concluir dos cuestiones: En primer lugar, el gobierno actual sufre de una especie de bipolaridad o esquizofrenia porque por un lado aprueba leyes, ratifica tratados de derechos humanos y mantiene un discurso favorable a estos en espacios internacionales como el CDH, sin embargo, en la práctica criminaliza, estigmatiza y promueve prácticas violatorias de tales derechos. Como lo señala Bartolomé Ruiz Castor, “[e]ste es un paradigma esquizofrénico (o cínico) que insiste de forma exhaustiva en la defensa formal de los derechos humanos y produce estructuras e insti­tuciones de negación real de los mismos”. De esta manera, presenciamos cómo los funcionarios gubernamentales se llenan la boca con un discur­so pulcro de respeto a los derechos huma­nos, a la democracia y al Estado de derecho, pero las políticas y prácticas que promueven, constituyen una negación sistemática de los mismos.

En segundo lugar, por mucho que quieran tapar el sol con su discurso cínico, es imposible que puedan ocultar la realidad de un país que, tal como lo señala el más reciente índice anual del Proyecto sobre Justicia Mundial, Honduras tiene pésimos resultados en respeto a la institucionalidad, en cumplimiento de la legalidad, en inseguridad jurídica, en corrupción, en respeto a los derechos humanos, en transparencia, en criminalidad y en fortalecimiento del Estado de derecho.



Comunicado de la Compañía de Jesús Centro América y América Latina en defensa del ERIC-RP y el Padre Melo

jueves, 27 de julio de 2017

La expulsión de 19 estudiantes de la UNAH: ¿una medida proporcional y razonable en una sociedad democrática?

A manera de introducción

La importancia del derecho a la educación en una sociedad democrática radica en que constituye un medio indispensable para la realización de otros derechos humanos y para el pleno desarrollo de la personalidad humana; en este sentido, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) como concreción del poder público en el ámbito de la educación superior, debe tener presente que este derecho tiene un contenido y un alcance que impone vínculos y limitaciones al Estado en general y a las autoridades universitarias en particular, quienes deben promoverlo y prevenir posibles acciones y omisiones que impliquen su violación.

Por ello, el derecho a la educación está reconocido en dos tipos de normas que se encuentran en la cúspide de nuestra escala jerárquica normativa: la Constitución nacional y varios tratados internacionales de derechos humanos como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Protocolo Adicional a la Convención Americana en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos publicados en el Diario Oficial “La Gaceta” N° 23,167 del 30 de julio de 1980 y N° 32,002 del 1 de agosto de 2009, respectivamente.

A la luz de los artículos 16, 17 y 18 de la Constitución de la República y de la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, tales tratados se incorporan a nuestro derecho interno para formar parte del llamado “Bloque de Constitucionalidad”, es decir, tienen rango constitucional y, por tanto, están por encima de cualquier ley o reglamento, cuya validez está condicionada a que sean compatibles con los estándares establecidos en dicho “Bloque”. Siguiendo lo señalado por la Sala de lo Constitucional, las autoridades universitarias tienen la obligación de “interpretar los derechos humanos de la manera que más los favorezca”, lo cual implica respetar y aplicar el principio pro persona incorporado en el artículo 59 constitucional que establece que la persona es el fin supremo de la sociedad y el Estado.

En este sentido, el principio pro persona incorpora un criterio de eficacia que irradia al resto de normas jurídicas y vincula a las autoridades universitarias a aplicar la norma o a elegir la interpretación que más favorezca al derecho humano a la educación, e, inversamente, a aplicar la norma o a elegir la interpretación que restrinja en menor medida tal derecho y descartar la que implique mayores cargas y restricciones. Al estar contenido en normas de rango constitucional de amplia protección, toda norma, actuación, omisión o decisión de las autoridades universitarias debe ser acorde con los postulados de máxima garantía que deben ser observados al momento de imponer medidas disciplinarias extremadamente gravosas sobre el derecho a la educación, como la expulsión.

Indudablemente, las normas de convivencia y las medidas disciplinarias constituyen una parte sustancial para el correcto funcionamiento de la vida universitaria, no obstante, la expulsión es una medida extrema que debe aplicarse como último recurso, ya que su imposición no solo limita gravemente el derecho a la educación, sino que genera la violación de otros derechos humanos con sus consecuentes repercusiones perniciosas para el proyecto de vida de la persona expulsada y su familia. La gravedad de una medida como la expulsión requiere que sea sometida a un examen de proporcionalidad, ya que el derecho humano a la educación limita y vincula a las autoridades universitarias, por lo que cualquier restricción solo es posible cuando sea necesario proteger otros derechos humanos o bienes constitucionalmente reconocidos.

El examen de proporcionalidad puede ayudar a las autoridades universitarias a establecer hasta dónde la expulsión como medida restrictiva es tolerada por el derecho a la educación, para lo cual se debe verificar la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad en sentido estricto de dicha medida. En términos generales, la idoneidad exige que la medida elegida sea la más adecuada para alcanzar un fin legítimo; la necesidad requiere que dicho fin no pueda alcanzarse de otra manera que afecte menos a la persona titular del derecho restringido; y la proporcionalidad en sentido estricto exige una ponderación que, en palabras de Iván Díaz García, implica analizar “el peso de cada uno de los intereses constitucionales favorecidos y perjudicados por la medida”.

A la luz de lo anterior, es imperativo responder a tres preguntas sobre la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la expulsión por cinco años de 19 estudiantes de la UNAH el pasado 17 de julio, a quienes se les acusa de cometer presuntos daños a las instalaciones de la universidad y de privar injustamente de su libertad a agentes de la Empresa de Seguridad Privada del Aguán (ESPA), el 24 de mayo cuando un grupo de estudiantes se tomaron el edificio administrativo en el marco de las protestas estudiantiles

¿La expulsión es una medida idónea?

Que una medida restrictiva sea idónea significa que sirve para salvaguardar un bien jurídico que se quiere proteger. En este sentido, la idoneidad implica que la medida sea legítima (teleológicamente) y adecuada (técnicamente) para lograr la finalidad para la cual se adopta. Siguiendo a Carlos Bernal Pulido, una medida como la expulsión será idónea teleológicamente si la misma o los fines perseguidos con ella son legítimos, es decir, si no están constitucionalmente prohibidos y si cuentan con justificación constitucional, tales como, la protección o promoción de otros derechos humanos, o de bienes constitucionales. A su vez, la expulsión será idónea técnicamente si es efectivamente adecuada y realmente útil para promover o favorecer finalidades legítimas como las mencionadas anteriormente.

Si la expulsión de las 19 personas estudiantes no favorece algún derecho humano, algún bien constitucional o alguna finalidad legitimada constitucionalmente, difícilmente puede cumplir con el requisito de idoneidad y constituye una restricción indebida al derecho a la educación de las personas expulsadas.

¿La expulsión es una medida necesaria?

Que una medida restrictiva sea necesaria significa que debe interferir en la menor medida posible en un derecho humano, es decir, no puede ni debe limitar más allá de lo estrictamente necesario. El examen de necesidad requiere evaluar si una medida como la expulsión es la más benigna con el derecho humano a la educación, entre todas aquellas medidas que tienen al menos la misma idoneidad para alcanzar la finalidad perseguida con la restricción.

Continuando con el razonamiento de Carlos Bernal Pulido, para que una medida como la expulsión sea necesaria se debe determinar si es la única idónea para favorecer la finalidad pretendida con su imposición (necesidad teleológica) y si es la que implica una menor afectación en el derecho humano a la educación (necesidad técnica). De esta manera, la expulsión será teleológicamente necesaria si es la única idónea, es decir, si no existen otras alternativas igualmente eficaces para lograr los fines perseguidos, y será técnicamente necesaria si es la que implica una menor injerencia en el disfrute del derecho a la educación, en otras palabras, la que sea menos gravosa de entre las medidas que permitan alcanzar la finalidad perseguida.

¿La expulsión es una medida proporcional en sentido estricto?

Que una medida restrictiva sea proporcional en sentido estricto significa que la afectación del derecho humano a la educación resulta justificada por la importancia de la realización del fin que con ella se persigue; esto implica que las autoridades universitarias deben realizar una ponderación entre el peso de las razones a favor y en contra de la legitimidad de la medida restrictiva.

En este orden de ideas, mediante la ponderación se debe determinar si los beneficios que genera una medida como la expulsión de 19 estudiantes son mayores que los prejuicios que provoca sobre los intereses constitucionales en juego; en otras palabras, se debe valorar si estas expulsiones son un “sacrificio” excesivo del derecho a la educación pues, de ser así, las mismas son inadmisibles, “aunque satisfaga el resto de presupuestos y requisitos derivados del principio de proporcionalidad”, como lo señala Ivonne Rojas.

A modo de conclusión

A la luz de todo lo anterior, las autoridades universitarias tienen la obligación de adecuar sus acciones al principio de proporcionalidad, lo que implica comprender que están prohibidas las actuaciones o intervenciones excesivas que anulan o niegan el derecho humano a la educación, pues las mismas deben reducirse al mínimo indispensable y tener una carácter excepcional.

Siguiendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una restricción tan grave como la expulsión de 19 personas estudiantes por cinco años debe ser adecuada para conseguir proteger un bien jurídico fundamental que se pretende salvaguardar mediante la anulación del derecho a la educación; debe ser proporcional, es decir, en la medida estrictamente necesaria para conseguir el fin perseguido; y no debe haber otra alternativa menos gravosa “para conseguir el fin que restringe ese derecho, lo que implica que, si la hay, debe emplearse esa alternativa y no la restricción".

Nadie puede dudar que la UNAH, como espacio natural de la academia, cuenta con múltiples herramientas y recursos humanos y materiales, así como estrategias para transformar una situación de conflicto en una oportunidad de participación y formación ciudadana a través del consenso y los acuerdos, la tolerancia, la resolución pacífica de las diferencias y el respeto a los valores democráticos. Solo por poner un par de ejemplos, la UNAH tiene un Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) que incluso brinda formación en resolución de conflictos y cuya área de paz es coordinada por el Dr. Esteban Ramos, la única persona en Honduras con un doctorado en estudios sobre paz, conflicto y cambio social. La Facultad de Ciencias Jurídicas cuenta con la Dra. Claudia Sánchez, quien coordina la maestría en derechos humanos y es una de las dos personas en el país con estudios avanzados en derechos humanos.

Es imperativo que las autoridades universitarias busquen y escuchen asesorías de otras personas profesionales especializadas y objetivas, cuyos razonamientos frescos pueden aportar elementos significativos que incidan en una solución democrática de este y otros conflictos, los cuales deben verse como una oportunidad para fomentar el debate colectivo acerca del funcionamiento de la vida universitaria y lograr articular y procesar las peticiones y demandas del estudiantado mediante un proceso de diálogo y negociación de buena fe, con el fin de alcanzar un acuerdo que redunde en mayores niveles de democratización y de garantía del derecho humano a la educación superior.

Lamentablemente, cuando la UNAH expulsa a una persona estudiante privándola del acceso a la educación por cinco años, sin realizar un examen de proporcionalidad como el aquí planteado y sin observar el principio pro persona, no solamente anula de forma absoluta el derecho a la educación de quien es sancionada con la expulsión y restringe gravemente su proyecto de vida y el de sus familiares, sino que reniega de su papel formador y de su responsabilidad social, y envía un mensaje nocivo a la sociedad en el sentido de demostrar su falta de voluntad y su incapacidad para alcanzar una resolución dialogada de los conflictos y respetuosa de los vínculos y límites que le imponen los derechos humanos en una sociedad democrática.

Fuente: http://cespad.org.hn/2017/07/27/la-expulsion-de-19-estudiantes-de-la-unah-una-medida-proporcional-y-razonable-en-una-sociedad-democratica/