jueves, 14 de diciembre de 2017

Si esto no es una dictadura, ¿qué es?

Los hechos ocurridos durante esta crisis electoral muestran claramente la naturaleza represiva, autoritaria y dictatorial de este gobierno que ante la pérdida de legitimidad, se quiere imponer por la fuerza de las armas y la violencia policial y militar.

A pesar de la doble moral e hipocresía del gobierno de Estados Unidos que a través del Departamento de Estado y la Embajada en Tegucigalpa declaran que en Honduras se ha fortalecido el respeto de los derechos humanos, la realidad desnuda esa mentira.

En primer lugar, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras ya han expresado su profunda preocupación por la pérdida de vidas humanas en el contexto de las protestas y ha señalado la presunta responsabilidad de la Policía Militar de Orden Público.

En segundo lugar, las organizaciones nacionales de derechos humanos ha documentado la ejecución arbitraria de 14 personas por parte de militares y policías, así como decenas de detenciones ilegales, personas heridas, torturadas y sometidas a tratos crueles, inhumanos o degradantes.

En tercer lugar, la propia Secretaría General de la Organización de Estados Americanos consideró que el estado de sitio decretado por el gobierno de Juan Orlando Hernández no cumplió con los estándares constitucionales e internacionales, y que es una medida desproporcionada frente a las manifestaciones, por lo que solicitó su inmediato levantamiento.

En cuarto lugar, las víctimas y sus familiares, y miles de testigos a través de fotos y videos han visto con impotencia cómo los militares y policías disparan “bala viva” contra la gente, utilizan la fuerza de forma brutal y salvaje, y lanzan bombas lacrimógenas sin importar que se encuentren niños, niñas, personas ancianas o mujeres embarazadas.

En quinto lugar, nuestra Radio Progreso ha sufrido un sabotaje a la torre que sostiene sus antenas, las cuales permiten la transmisión de su señal a la zona central, particularmente a Tegucigalpa. El propio Relator Especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza exigió al Estado una investigación sobre este atentado.

Finalmente, Amnistía Internacional señaló una cuestión contundente que distingue a una democracia de una dictadura. Según esta organización internacional, en Honduras no hay espacio para que las personas expresen sus opiniones y cuando lo hacen, enfrentan toda la fuerza del aparato represivo del gobierno.

A la luz de lo anterior debemos preguntar al Departamento de Estado y a la Embajada de Estados Unidos, si esto no es una dictadura, ¿qué es?

sábado, 2 de diciembre de 2017

Radiografía de la crisis del 26N en 10 pasos

1. Juan Orlando Hernández y su grupo logran controlar al Tribunal Supremo Electoral y a toda la institucionalidad pública, y dan la apariencia de cumplir con todas las formalidades de la democracia representativa.

2. Al tener el control de todo confiaron que era suficiente para “ganar” las elecciones y realizaron algunas cesiones a los demás partidos políticos y a los observadores nacionales e internacionales como un acto de buena fe y transparencia.

3. Al ver que en las primeras horas del conteo Salvador Nasralla llevaba una ventaja del 5%, misteriosamente se “cae el sistema” y al regresar, Juan Orlando Hernández comienza a revertir la tendencia y finalmente termina superando a Nasralla.

4. No esperaron que sucedieran dos cosas: Primero, la digna posición del ex candidato del partido Liberal Luis Zelaya, reconociendo el fraude y la victoria de Salvador Nasralla. Segundo, la reacción ciudadana ante esos hechos y la exigencia de un conteo de acta por acta. La represión policial y militar no logra disminuir las protestas, las cuales aumentan con el paso de las horas.

5. Al no lograr detener las protestas ciudadanas, promueven o al menos permiten que ciertos grupos se infiltren en las manifestaciones pacíficas para provocar el caos y los saqueos. Curiosamente en las protestas pacíficas aparecen los policías y militares para reprimir, pero durante los actos vandálicos las fuerzas de seguridad pública brillan por su ausencia.

6. Decretan el estado de sitio y suspenden la libertad de circulación de 6pm a 6am y le dan carta blanca a los militares para tomar el control del territorio nacional. Se denuncian graves abusos por parte de la policía y el ejército que incluyen el uso de armas de fuego, detenciones ilegales, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, y ejecuciones arbitrarias.

7. El estado de sitio y la militarización parece destinada a provocar el pánico entre la población, y los medios de comunicación corporativos afines al gobierno responsabilizan a la Alianza de Oposición a la Dictadura de generar el caos.

8. En este contexto de miedo y uso de la fuerza policial y militar, el gobierno de Juan Orlando Hernández y David Matamoros Watson, presidente del Tribunal Supremo Electoral, se niegan a realizar el conteo de las actas a partir de la “caída del sistema” y solo aceptan revisar alrededor de 1030 actas, a pesar que desde diferentes sectores nacionales e internacionales se exige el escrutinio de todas las actas como un primer paso para salir de la crisis política.

9. La Unión Europea continúa mediando y presionando para la realización del conteo acta por acta, la Organización de Estados Americanos mantiene un papel timorato y en plena crisis su jefe de misión electoral, Jorge Quiroga, abandona Honduras y viaja a su país, Bolivia, a ejercer el voto, y la Embajada de Estados Unidos juega a una ambigüedad peligrosa cuya decantación, para bien o para mal, será determinante.

10. Independientemente de los resultados finales, el proyecto continuista a mediano y largo plazo fracasó y el modelo impuesto se encuentra deslegitimado. La fuerza moral ganada desde el 26N representa una oportunidad histórica para realizar los cambios estructurales que regresen a Honduras al camino lento y difícil hacia el Estado democrático de derecho.

martes, 28 de noviembre de 2017

Elecciones, entre certezas e incertidumbres

Las elecciones del domingo están dejando una nube peligrosa de certezas e incertidumbres en un país altamente polarizado.

Entre las certezas se encuentra la enorme irresponsabilidad del Tribunal Supremo Electoral al no brindar los resultados electorales en un tiempo prudente, tal como lo ha hecho en pasadas elecciones, a pesar de haber hecho alarde de contar con un sistema de conteo moderno y efectivo.

Este silencio institucional ha venido a aumentar la desconfianza ciudadana sobre el Tribunal, la cual, de acuerdo con el Sondeo de Opinión Pública del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, ya alcanzaba el 77.1% de la población a finales de 2016.

Entre las incertidumbres se encuentra hasta dónde el grupo político y económico liderado por Juan Orlando Hernández estará dispuesto a aceptar el rechazo de su proyecto continuista y extractivo, pues quienes están perdiendo políticamente con la tendencia actual es el sector más poderoso del país.

Este sector parasita alrededor de los proyectos mineros, hidroeléctricos, de peaje y de las zonas de empleo y desarrollo económico (ZEDE), y durante 8 años de gobierno del Partido Nacional han logrado acumular un enorme poder político y económico.

Está claro que la incertidumbre en la que nos mantiene el Tribunal Supremo Electoral y lo que representa, nos llama a la imperiosa necesidad de acometer profundas reformas políticas que permitan reconstruir nuestro sistema electoral y despolitizar dicha institución.

Y también nos exige estar atentos y atentas para no permitir que los resultados electorales sean maliciosamente modificados para evitar que en esta ocasión el voto popular sea una manifestación concreta de la soberanía sobre nuestro futuro.

martes, 21 de noviembre de 2017

La Honduras que va a elecciones

La Honduras que va a elecciones es un país de contrastes porque pese a ser un país muy rico en bienes naturales y culturales, según el Foro Social de Deuda Externa de Honduras (FOSDEH) casi el 70% de su población está bajo la línea de la pobreza.

La Honduras que va a elecciones es el país que no realiza investigaciones efectivas sobre las graves violaciones a derechos humanos y actos de corrupción, cuyos responsables disfrutan de absoluta impunidad, especialmente policías, militares y políticos.

La Honduras que va a elecciones es el país con altos niveles de violencia e inseguridad con un impacto particular en personas defensoras de derechos humanos, indígenas, mujeres, niñez y juventud, comunidad LGBT, migrantes, periodistas y operadores de justicia.

La Honduras que va a elecciones es el país donde según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Policía Nacional, la Policía Militar y el Ejército, en algunos casos en complicidad con el crimen organizado, son fuente de una parte de la violencia e inseguridad. 

La Honduras que va a elecciones es el país con una grave situación de inseguridad relacionada con la libertad de expresión, pues desde 2001 70 personas de este sector han sido asesinadas y el 91% de los casos se encuentra en impunidad.

La Honduras que va a elecciones es el país que en los últimos 10 años ha sido escenario del asesinato de 262 personas de la comunidad LGTBI, según el Observatorio de la organización “Cattrachas”, y de 650 femicidios entre 2016 y el primer semestre de 2017.

La Honduras que va a elecciones es el país per cápita más peligroso del mundo para quienes defienden los derechos humanos, de acuerdo con Global Witness, pues desde el año 2007 han sido asesinadas 127 personas defensoras.

La Honduras que va a elecciones es el país cuya situación de violencia generalizada ha conllevado a un incremento significativo de refugiados y el número de solicitantes de asilo en otros países, y el de una impunidad estructural en donde más del 90% de los crímenes quedan sin castigo.

La Honduras que va a elecciones es la del asesinato de Berta Cáceres por las redes de poder entre funcionarios del Estado, sectores empresariales, militares y policías, como lo señaló en su informe el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE).

La Honduras que va a elecciones es la de las instituciones democráticas absolutamente subordinadas al presidente Juan Orlando Hernández, la que huele a fraude electoral y a golpe de Estado con la imposición de su ilegal candidatura basada en la suplantación de la soberanía popular y en la violación del principio de alternabilidad en el ejercicio de la presidencia.

Esta es la Honduras que va a unas elecciones formales pero manchadas de pobreza, sangre, violencia, corrupción, muerte, impunidad, ilegalidad e ilegitimidad.

martes, 14 de noviembre de 2017

El macabro contexto electoral

Dentro de pocos días Honduras se aventura a unas elecciones caracterizadas por cuatro condiciones que ponen en duda el principio básico de la democracia representativa que requiere que sean elecciones libres y justas.

En primer lugar, la apariencia de todas las formalidades de la democracia participativa pero en la práctica la consolidación de un régimen autoritario, excluyente y bipolar, en el sentido de manejar un discurso favorable a los derechos humanos y los valores democráticos, pero con una práctica contraria a ellos.

En segundo lugar, el uso perverso del discurso de la violencia y la inseguridad para promover un profundo proceso de remilitarización de la sociedad y el Estado con graves consecuencias para la democracia y el Estado de derecho.

En tercer lugar, la persistencia de graves violaciones a derechos humanos y de altos niveles de impunidad y violencia, que impactan particularmente a quienes defienden estos derechos y que convierten a Honduras en el país per cápita más peligroso del mundo para las personas defensoras.

En cuarto lugar, un control absoluto de toda la institucionalidad democrática por parte del presidente Hernández, quien durante estos 8 años en el poder se ha encargado de establecer una red de favores y controles para garantizar sus planes continuistas a costa de nuestra frágil democracia.

Estas condiciones explican por qué la candidatura ilegal del señor Hernández sigue viento en popa, a pesar de estar basada en la suplantación de la soberanía popular y en la grave violación del principio constitucional que obliga a la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la república.

Sin duda alguna, estas macabras condiciones y graves vicios ensombrecen el proceso electoral, y lo convierten en una herramienta para legitimar la consolidación de la “agridulce dictadura” que nació con el golpe de Estado de 2009 y que parece gozar de la bendición de la comunidad internacional.