martes, 17 de octubre de 2017

Los Cachiros, Matta Waldurraga y el Ministro de Seguridad

Según Insight Crime, el actual ministro de seguridad, el general Julián Pacheco Tinoco, “es el miembro más poderoso de la élite burocrática” del país. Fue jefe de inteligencia militar, director de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, y el primer militar activo en ocupar dicho ministerio.

Pese a su enorme poder, en dos asuntos sobre narcotráfico sus acciones y omisiones han sido muy cuestionables. Primero, después de decir que jamás se había reunido con Los Cachiros, tuvo que admitir que sí lo hizo y que le habían propuesto formar parte de la red de colaboradores en el narcotráfico, pero él se negó.

Sin embargo, sigue sin explicar qué medidas tomó para denunciar, investigar y desmantelar a Los Cachiros. Es curioso que, según Insight Crime, el general Pacheco es un ejemplo de cómo se han entrecruzado las élites con el narco, ya que era el jefe del batallón del ejército en Colón a inicios del 2000 cuando Los Cachiros estaban empezando a ganar relevancia.

Segundo, hace un par de meses Juan Ramón Matta Waldurraga, hijo del legendario narcotraficante Ramón Matta Ballesteros, se entregó a las autoridades estadounidenses que lo investigan por sus supuestos nexos con el narcotráfico y el crimen organizado, mientras en Honduras se paseaba libremente.

Ante ello, la reacción del ministro de seguridad refleja el desastre institucional en el que nos encontramos, pues dijo “estar sorprendido” por la entrega de Matta Waldurraga y reconoció desconocer la orden de captura que una corte de Nueva York emitió desde 2014 en contra de esta persona.

A la luz de lo anterior, resulta preocupante que el poderoso ministro de seguridad no hizo nada contra Los Cachiros pese a saber que eran narcotraficantes y ahora no se entera que Matta Waldurraga tenía una orden de captura por vinculación con el tráfico de drogas.

Es inaceptable que ante estos hechos las autoridades hondureñas no puedan explicar cómo es posible que tantas personas vinculadas al tráfico de drogas no hayan sido debidamente investigadas y capturadas.

Es inaceptable que como sociedad permitamos este tipo de respuestas de un funcionario de ese nivel y con tanto poder. 

Por eso exigimos nuevamente que se investiguen estas graves omisiones, que el general Julián Pacheco Tinoco renuncie o que el presidente Juan Orlando Hernández lo destituya inmediatamente.

martes, 10 de octubre de 2017

Lo que nos incomoda


Lo que nos incomoda es que sea la justicia estadounidense la que persiga a narcotraficantes hondureños porque el Ministerio Público y el Poder Judicial son incapaces o no quieren aplicar la ley a los poderosos, pero la tuercen para acusar y condenar a estudiantes, campesinos y defensores de derechos humanos.

Lo que nos incomoda es que exista una complicidad pasmosa de toda la institucionalidad democrática, de la comunidad internacional, de las cúpulas religiosas y de un sector de sociedad civil frente a las ambiciones reeleccionistas de Juan Orlando Hernández que implican un nuevo golpe de Estado.

Lo que nos incomoda es el silencio inaceptable de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras frente a este rompimiento del orden constitucional, a pesar que en los últimos años sus autoridades siempre han dado una palabra sobre la mayoría de asuntos importantes para nuestra frágil democracia.

Lo que nos incomoda es la utilización desmedida y abusiva de los medios corporativos de comunicación para denigrar, estigmatizar y criminalizar a la oposición política y ciudadana que exige democratización, transparencia, cumplimiento de la legalidad constitucional y respeto a la dignidad de las personas.

Lo que nos incomoda es que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en la crisis con los estudiantes, haya optado por utilizar indebidamente el derecho penal para reprimirlos policial, militar y judicialmente, perdiendo la oportunidad de dar cátedra de diálogo y resolución pacífica de los conflictos.

Lo que nos incomoda, en definitiva, son otros encapuchados, aquellos que detrás de la máscara de demócratas y decentes, son unos corruptos, violadores de derechos humanos y déspotas, cuyos actos cotidianos convierten al país en una maquila de desigualdad, violencia, despojo, corrupción e impunidad.

sábado, 7 de octubre de 2017

Más allá del referéndum en Cataluña. Los límites en el uso de la fuerza policial


Las acciones policiales durante el 1-0 en Cataluña no tienen justificación alguna. Los vídeos y fotografías que han dado la vuelta al mundo y que muestran a miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil cargando contra la población de forma desproporcionada no pueden considerarse compatibles con los estándares internacionales de derechos humanos, y solo reflejan los vientos de autoritarismo que parece vuelven a soplar por España.

Tales estándares establecen límites muy definidos para evitar el uso arbitrario y excesivo de la fuerza, y obligan a observar celosamente los criterios de proporcionalidad, necesidad, legitimidad y humanidad. El Código de Conducta para Funcionarios Encargados de hacer Cumplir la Ley, adoptado por la ONU el 17 de diciembre de 1979, establece que la obligación más importante de un agente de la fuerza pública es respetar y proteger la dignidad humana, y defender los derechos y libertades fundamentales de todas las personas.

En este sentido, el uso de la fuerza debe estar definido por la excepcionalidad y debe ser planeado y limitado proporcionalmente por las autoridades. Los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil deberían estar capacitados y sensibilizados para distinguir entre las personas que por sus acciones constituyen una amenaza inminente de muerte o lesión grave y aquellas personas que no representan esa amenaza, y usar la fuerza exclusivamente contra las primeras.

Durante el 1-0 el gobierno español tenía la obligación de ordenar claramente a las fuerzas de seguridad del Estado que se debía evitar, en la medida de lo posible, el uso de la fuerza, y en los casos en que dicho uso era absolutamente necesario, asegurar que nadie fuera objeto de su utilización excesiva o indiscriminada. No obstante, las imágenes que circulan en los medios internacionales y algunos medios nacionales evidencian que la orden era reprimir o que los agentes policiales ejercieron arbitrariamente su poder.

Sea como fuere, las actuaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil demuestran que estas también ignoraron los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, adoptado por la ONU del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990, en el sentido de ejercer la fuerza con moderación y actuar en proporción a la gravedad de los hechos y al objetivo legítimo perseguido; reducir al mínimo los daños y lesiones a las personas; y proceder a prestar lo antes posible asistencia y servicios médicos a las personas heridas o afectadas.

Aunque las manifestaciones en Cataluña puedan catalogarse como ilícitas por el Gobierno español, su evidente naturaleza pacífica constituía una barrera para evitar el empleo de la fuerza por parte de la Policía Nacional y la Guardia Civil, o procurar su limitación al mínimo necesario para enfrentar y controlar situaciones de perturbación del orden público, pero de manera racional y proporcional, y con respeto irrestricto a los derechos a la vida y a la integridad personal.

Las muestras de preocupación de parte del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Raad al Hussein, por la violencia policial durante la jornada del 1-0 deben ser tomadas seriamente por el Gobierno español, pues el empleo arbitrario o abusivo de la fuerza no pueden quedar impunes, ni siquiera en circunstancias excepcionales como la inestabilidad política o cualquier otra situación de emergencia. Por ello es fundamental el inicio ex officio y sin dilación de una investigación seria, independiente, imparcial y efectiva, ya que en democracia es imperativo la rendición de cuentas con el fin de sancionar los abusos cometidos y velar para que las víctimas puedan ser reparadas.

La unidad de España o la preservación del orden público no pueden ser invocados para suprimir o desnaturalizar derechos, sino que deben ser interpretados de acuerdo a lo que demanda una sociedad democrática, es decir, el máximo nivel de ejercicio del derecho a la libertad de expresión que permita garantizar el mayor nivel posible de debate colectivo sobre la necesidad de una revisión del modelo de Estado con el fin de procesar más efectivamente, mediante un diálogo abierto e incluyente, las demandas y necesidades de todas las comunidades autónomas, y traducirlas en reconocimiento de más libertades y mayores cuotas de democratización.

martes, 3 de octubre de 2017

La risa del general


Cuánta razón tiene el analista Víctor Meza cuando señala que la intervención y participación de las Fuerzas Armadas en la vida nacional “han sido una permanente pesadilla en la historia política contemporánea del país”.

Las Fuerzas Armadas han estado en los momentos más oscuros de nuestra historia y han detentando el poder real casi de manera ininterrumpida, permitiendo al bipartidismo un reducido margen de acción como aliados incondicionales en los golpes de Estado y los gobiernos militares.

También han sido fieles mandaderas de las órdenes estadounidenses y su falso patriotismo ha quedado evidenciado con la aplicación de la doctrina de seguridad nacional en los años 80 a través de la cual cometieron los más graves crímenes contra la humanidad.

En el año 2009, volvieron a demostrar su desprecio por la dignidad humana y los valores democráticos cuando dieron un golpe de Estado que laceró a la sociedad a punta de torturas, violaciones sexuales, detenciones ilegales masivas, cierres de medios de comunicación y ejecuciones arbitrarias.

Pese a estos antecedentes, lograron obtener un poder excesivo bajo la excusa de la lucha contra el narcotráfico, empero han sido incompetentes y cómplices para que las drogas pasen sin problemas por las fronteras que históricamente han estado bajo su control.

De la misma manera, los militares son cómplices del actual rompimiento del orden constitucional que implica la candidatura ilegal reeleccionista de Juan Orlando Hernández, frente a lo cual no solamente se llaman al silencio sino que se ríen y se burlan de la ciudadanía.

La periodista Sandra Maribel Sánchez le preguntó al general Fredy Díaz Zelaya, Ministro de Defensa por ley y ex jefe del Estado Mayor Conjunto, por qué no actúan constitucionalmente frente a la ilegalidad de la reelección. Su única respuesta fue una risa burlona y sarcástica.

La risa del general Díaz Zelaya nos confirma dos cosas.

Primero, que los militares se sienten machos y valientes cuando se trata de reprimir a una ciudadanía que exige el cumplimiento de los derechos y libertades, pero son sumisos y cobardes frente a los narcotraficantes, los corruptos y los violadores a la Constitución.

Segundo, que la actuación de los militares no puede comprenderse sin la soberbia que da el poder absoluto y la impunidad, y constituye una burla contra la dignidad de las personas asesinadas, torturadas, desaparecidas, detenidas ilegalmente y agredidas sexualmente por ellos.

No cabe duda que los militares son los principales enemigos de la democracia y los derechos humanos, y como ciudadanía tenemos la obligación de tomar seriamente el ejemplo de Costa Rica y erradicar la pesadilla que representa las Fuerzas Armadas.

martes, 26 de septiembre de 2017

¿Pueden ser legítimas y auténticas las elecciones de noviembre?

Las próximas elecciones generales están permeadas por una serie de distorsiones que las deslegitiman y que deberían llenar de vergüenza e indignación a cualquier persona u organismo nacional e internacional que se precie respetuoso de los valores democráticos. Para muestra, tres botones. 

Primero. La participación del general golpista Romeo Vásquez Velásquez, cuyas acciones al frente de la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas desencadenaron graves violaciones a derechos humanos que fueron consideradas crímenes de lesa humanidad por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.

En un Estado con instituciones independientes, su candidatura presidencial jamás sería permitida puesto que de acuerdo con los estándares interamericanos de derechos humanos, su antecedente golpista es una causa legítima para excluirlo de la contienda electoral como una forma de defender la democracia.

Segundo. La participación del capitán Billy Joya Améndola como candidato a diputado por el partido Nacional, quien como miembro del escuadrón de la muerte 3-16, es responsable de intento de asesinato, detención ilegal y tortura contra 6 estudiantes universitarios en 1982.

Aunque las nefastas autoridades jamás realizaron una investigación seria y efectiva que permitiera su sanción, la gravedad de sus crímenes los vuelve imprescriptibles, por lo que tarde o temprano tendrá que pagar por ellos. En un verdadero Estado de derecho, su única candidatura válida sería para convicto.

Tercero. La participación de Juan Orlando Hernández que implica un nuevo rompimiento del orden constitucional, ya que está sustentada en la suplantación de la soberanía popular y la violación del principio de alternabilidad en el ejercicio de la presidencia.

En una verdadera democracia, su obsesión reeleccionista debería ser frustrada por una institucionalidad y una ciudadanía colmada de cultura constitucional, y una comunidad internacional coherente; sin embargo, lo que prevalece es el silencio, la complicidad y el sometimiento casi absoluto a sus designios.

¿Acaso pueden ser legítimas y auténticas unas elecciones celebradas en el contexto de un nuevo rompimiento del orden constitucional en el que participan golpistas, criminales de lesa humanidad y violadores del pacto social que representa la Constitución?