martes, 19 de septiembre de 2017

El verdadero fraude electoral

El conocido dicho popular de que existen “Elecciones estilo Honduras” ha superado cualquier expectativa. Ni siquiera la persona más pesimista podría imaginar el nivel de ilegalidad que puede alcanzar la actual clase política para mantenerse en el poder.

Y con un cinismo que solo los impunes pueden mostrar, nos llaman a la supuesta fiesta electoral pretendiendo hacernos creer que con nuestros votos participaremos en la toma de las decisiones más importantes del país.

Mientras tanto, los partidos políticos de oposición también nos llaman a acudir masivamente a las urnas en noviembre próximo para detener el fraude que ya tienen montado los sectores vinculados a Juan Orlando Hernández.

Y algunos sectores de sociedad civil se esfuerzan en implementar estrategias para promover la rendición de cuentas de quienes buscan un cargo de elección popular y para incorporar en sus agendas políticas temas de interés de algunos grupos vulnerabilizados.

Sin embargo, pese a cualquier esfuerzo que se realice, el verdadero fraude ya está en marcha porque no podemos ignorar que el actual proceso electoral no tiene la más mínima legitimidad democrática al estar viciado por un nuevo rompimiento del orden constitucional.

¿Acaso ignoramos que la prohibición de la reelección está contenida en un artículo pétreo que ni el Congreso Nacional ni el Poder Ejecutivo ni la Corte Suprema de Justicia puede eliminar porque es una facultad que solo le corresponde al pueblo hondureño como titular del poder constituyente?

¿Acaso ignoramos que al permitir la reelección la Sala de lo Constitucional suplantó la soberanía popular y que el Congreso Nacional al pretender interpretar la sentencia para reglamentarla se atribuye facultades judiciales que vulneran el principio de separación de poderes? 

¿Acaso ignoramos que la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia obliga a que el titular del Ejecutivo cambie periódicamente y prohíbe que el actual presidente lo ejerza por otro período consecutivo sin mediar el intervalo de un período presidencial?

¿Acaso ignoramos que suplantar la soberanía popular y transgredir la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia no es otra cosa que un nuevo rompimiento del orden constitucional? ¿Cómo es posible que no comprendamos que las próximas elecciones son un grave fraude constitucional?

Tanto cinismo e ilegalidad no podrían ser posibles sin la complicidad de todos los sectores involucrados, incluidos el gobierno estadounidense, la Unión Europea y el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, empeñado en ignorar este nuevo golpe de Estado en Honduras y obsesionado con la crisis política venezolana.

martes, 12 de septiembre de 2017

Demófobos

La fobia es definida como el “temor intenso e irracional, de carácter enfermizo, hacia una persona, una cosa o una situación”. También puede concebirse como el “odio o antipatía intensos por alguien o por algo”. En virtud de lo anterior podemos decir que en Honduras existe una epidemia de “demofobia”, es decir, de miedo y odio a la democracia.

Y a pesar que los demófobos y demófobas manejan un discurso formal de respeto a los valores democráticos y los derechos humanos, sus prácticas autoritarias evidencian su desprecio por estos, así como el uso arbitrario de la ley y de las instituciones estatales para imponer sus normas y su moralidad al resto de la sociedad.

En el ámbito económico, la demofobia del actual régimen se concreta en la imposición inconsulta de un modelo extractivista que impacta negativamente en la salud, el medio ambiente y la vida de las comunidades, a quienes se les reprime y criminaliza brutalmente si se atreven a ejercer su derecho a defender sus territorios.

En el ámbito político, su demofobia se concreta en la construcción de una inmensa red de favores para ejercer un férreo control sobre la institucionalidad democrática, liderar la suplantación de la soberanía popular mediante la aprobación de facto de la ilegal reelección presidencial y rechazar que el pueblo hondureño ejerza su facultad constituyente de reformar o no el artículo pétreo que la prohíbe.

Y en el ámbito educativo, ni siquiera nuestra universidad pública se escapa de la epidemia de demofobia que asola al país, ya que sus autoridades siguen demostrando su incapacidad y falta de voluntad política para resolver el conflicto universitario a través de la razón y del diálogo, y no de las amenazas, la criminalización indiscriminada y la salvaje represión policial a cualquiera que ose en criticarlas.

La demofobia que corroe a nuestras instituciones solo puede ser enfrentada con más movilización ciudadana y la toma de conciencia de nuestra condición de titulares de derechos que son la columna vertebral del orden social, que son superiores al poder público, que son límites infranqueables a sus acciones y que las deslegitiman profundamente cuando atentan contra ellos.

jueves, 7 de septiembre de 2017

Los verdaderos desestabilizadores del país

El presidente Juan Orlando Hernández denunció un supuesto plan para desestabilizar el país previo a las elecciones de noviembre próximo. 

Conociendo sus antecedentes maquiavélicos, no sería extraño que junto con su núcleo duro de colaboradores y aduladores profundicen el plan desestabilizador que desde el golpe de Estado de 2009 vienen implementando a la perfección. 

Ateniéndose a los hechos, ¿quién desestabiliza al país sino usted señor Hernández que con su gobierno siguen entregando los territorios a proyectos extractivos que atentan contra la salud y el medio ambiente, y no consultan a las comunidades, generando conflictos que se traducen en graves violaciones a derechos humanos?

¿Quién desestabiliza al país sino usted señor Hernández que con su gobierno aprueban normas penales sin importarle que sean contrarias a la Constitución y a los estándares internacionales de derechos humanos como se lo ha advertido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos?

¿Quién desestabiliza al país sino usted señor Hernández que con su gobierno imponen el pago ilegal de peajes sobre las carreteras públicas construidas y mantenidas con nuestros impuestos, y violentando nuestro derecho constitucional a circular libremente por todo el territorio nacional?

¿Quién desestabiliza el país sino usted señor Hernández que con su gobierno aprueban una ley de empleo temporal que genera una mayor precariedad, inestabilidad y vulnerabilidad en el empleo, y desnaturaliza los derechos laborales que son fundamentales para promover la autonomía y la dignidad de las personas?

¿Quién desestabiliza al país sino usted señor Hernández que con su gobierno dan un golpe de Estado al Poder Judicial mediante la separación ilegal de cuatro magistrados y magistradas de la Sala de lo Constitucional y nombran a 4 personas afines a sus intereses políticos, que luego le allanan el camino a su ilegal reelección?

¿Quién desestabiliza al país sino usted señor Hernández que con su gobierno han suplantado la soberanía popular y se empeñan en concretar el rompimiento del orden constitucional a través de su ilegal candidatura pese a que la reelección presidencial es prohibida y la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia es obligatoria?

¿Quién desestabiliza al país sino usted señor Hernández que con su gobierno han convertido al país en el reino de la corrupción y la impunidad para beneficiar a las élites económicas, religiosas, militares y políticas, en detrimento de los derechos de una mayoría de la población que es condenada a la desigualdad y a la pobreza?

Las evidencias no engañan señor Hernández, ustedes son los verdaderos desestabilizadores de este país, cuyo pueblo no se merece continuar bajo el yugo de un gobierno autoritario como el suyo.

martes, 29 de agosto de 2017

Nuestro derecho a defender la democracia

El filósofo estadounidense, John Rawls, señala que la desobediencia civil es un acto público, no violento, consciente y político que busca inducir a un cambio en normas jurídicas o políticas gubernamentales que se consideran ilegítimas a la luz de los principios y fundamentos constitucionales del Estado democrático de derecho.

Por su parte, el filósofo alemán, Jürgen Habermas, plantea que esta forma de conducta cívica no busca la ruptura del orden constitucional, sino apelar al sentido de justicia de la comunidad y comprometer su conciencia moral para revisar y corregir una cuestión que vulnera los principios fundamentales que sostienen el pacto social en una sociedad democrática.

De acuerdo con nuestra Constitución nacional, dos de esos principios esenciales de nuestra forma de gobierno y convivencia social son la prohibición de la reelección presidencial y la obligación de la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia, a tal punto que fueron establecidos en cláusulas pétreas con el fin de blindarlos y reservar exclusivamente al poder constituyente su modificación o eliminación.

Por tanto, solo el pueblo hondureño es el único sujeto político legitimado para reformar tales principios y, consecuentemente, ni el Congreso Nacional ni el Poder Ejecutivo ni la Corte Suprema de Justicia, como poderes constituidos, tienen la facultad de reformar las cláusulas pétreas que operan contra ellos para evitar que se transformen en poder constituyente.

En este sentido, la participación de Juan Orlando Hernández en el próximo proceso electoral es una herida grave y profunda para la democracia, y es un vicio perverso que deriva de la usurpación al soberano de su facultad constituyente de modificar o no el artículo pétreo que prohíbe la reelección, lo cual implica un nuevo rompimiento del orden constitucional.

A la luz del artículo 3 de la Constitución, la ciudadanía tenemos derecho a la desobediencia civil y a la insurrección en defensa del orden democrático, sobre todo porque todas las instituciones estatales se han prestado a este atentado contra nuestra forma de gobierno, y la OEA y la comunidad internacional se llaman a un silencio cómplice y, como lo señala la Convergencia contra el Continuismo, avalan “una novedosa modalidad de golpe de Estado por vía electoral”.

Libertad de expresión y la amenaza de CONATEL contra Radio Waruguma

La libertad de expresión en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas y constituye una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática, pues es indispensable para la formación de la opinión pública. 

Como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los medios de comunicación son los vehículos que materializan el ejercicio de la libertad de expresión y para ello es imprescindible que, entre otras cosas, se garantice la pluralidad de medios y la prohibición de todo monopolio respecto a ellos.

En este sentido, el Estado debe garantizar el derecho de todas las personas de contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación por ningún motivo. 

En otras palabras, el rol del Estado a través de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) es fomentar la pluralidad de voces y evitar los monopolios u oligopolios en los medios de comunicación, ya que representan un serio obstáculo a la democratización del país.

La historia reciente de Honduras nos ha mostrado que los medios de comunicación tradicionales solo difunden ideas y opiniones afines a los intereses de los grupos de poder político, económico y religioso, ejerciendo de este modo un control antidemocrático sobre la información que recibe el resto de la población.

Por ello es fundamental que el Estado facilite las condiciones necesarias para que los medios de comunicación alternativos o comunitarios puedan ejercer su labor en forma independiente y sin presiones, e incluir en la agenda nacional contenidos que atiendan las necesidades y reivindicaciones de los sectores marginados.

La amenaza por parte de CONATEL de cerrar la radio comunitaria Waruguma, localizada en la ciudad de Trujillo y a la que acusa de “rebelde”, viola abiertamente las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado de garantizar que dicho medio alternativo pueda realizar su labor en forma independiente y sin presiones.

Desde el ERIC-SJ y Radio Progreso nos solidarizamos con Radio Waruguma y le recordamos a CONATEL que a la luz del principio 13 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, acciones como la señalada que puede redundar en el silenciamiento de dicha radio, es incompatible con la esencia de los valores democráticos.

lunes, 21 de agosto de 2017

Para esto sirve la Policía Militar

Como parte del profundo proceso de militarización del Estado y la sociedad, en agosto de 2013 se creó la Policía Militar de Orden Público, que está facultada para actuar en situaciones de emergencia, capturar a personas asociadas con estructuras criminales, realizar tareas de investigación e inteligencia, combatir el contrabando y la defraudación fiscal, y las demás otorgadas a la Policía Nacional. 

En el marco de tales facultades, los policías militares y los policías nacionales que ejecuten operaciones conjuntas, en caso de cometer violaciones a derechos humanos únicamente podrán ser acusados penalmente por fiscales o jueces de jurisdicción nacional que los acompañen en tales operaciones, pero no por fiscales de derechos humanos.

Ante ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado su preocupación debido a que dichos jueces y fiscales podrían carecer de suficientes garantías de independencia e imparcialidad para conocer de dichas violaciones cometidas por los miembros de la Policía Militar, creando en la práctica un fuero especial.

En otras palabras, los posibles delitos cometidos por policías militares tienen altos niveles de probabilidad de no ser investigados y sancionados con imparcialidad, lo cual puede generar mayores niveles de impunidad. En este contexto se puede comprender la arbitrariedad y el uso desproporcionado de la fuerza militar en conflictos sociales que en un país civilizado deberían resolverse democráticamente.

Una muestra de ello es el desalojo violento realizado por miembros de la Policía Militar y de la Policía Nacional que, actuando como criminales, aprovecharon la oscuridad de la madrugada para atacar un campamento pacífico de los pobladores y pobladoras de la Aldea Pajuiles en Atlántida, quienes se oponen al proyecto HIDROCEP de Jasson Hawit.

En su acción violenta, detuvieron ilegalmente a Óscar Martínez, Orlando Geovany Pérez, René Mejía Calderón y Angélica Recinos, humildes ciudadanos y ciudadanas que ante la complicidad de las autoridades con las empresas extractivas han decidido defender los bienes naturales en el marco del ejercicio de sus derechos constitucionales.

La parcialidad de la Policía Militar, la Policía Nacional y el Ministerio Público deja muy claro que son instituciones que siguen faltando a su obligación constitucional de defender los intereses de la sociedad, pues sus actuaciones demuestran que defienden los intereses ilegítimos de quienes tienen poder político y económico.

Estos hechos evidencian que la creación de la Policía Militar y de un fuero especial para que sus miembros no sean investigados con independencia e imparcialidad, es una forma más de imponer por la fuerza un modelo que explota los bienes de todos y todas en beneficio de unas pocas personas inescrupulosas que tienen secuestrado al Estado y sus instituciones.

jueves, 10 de agosto de 2017

Una visita importante en materia de derechos humanos


Durante el mes de julio, Honduras estuvo bajo el foco internacional en relación con la situación de los derechos humanos. Primero, porque como lo señalamos la semana pasada, los días 5 y 6 de julio el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas realizó un examen al Estado para verificar el estado de protección de los derechos civiles y políticos. 

En sus observaciones finales, el Comité expresó un número importante de preocupaciones al respecto, lo cual confirma la gravedad de la situación de los derechos humanos que se profundizó a partir del golpe de Estado y que hemos venido denunciando permanentemente.

Segundo, en el mismo mes el Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Andrew Gilmour, realizó una visita de tres días al país y sostuvo reuniones con altos funcionarios del gobierno, representantes diplomáticos y representantes de la sociedad civil.

Al igual que el Comité de Derechos Humanos, el señor Gilmour recibió y manifestó su preocupación por informaciones que revelan una impunidad generalizada, altos niveles de violencia, un aumento de la militarización de la seguridad pública, acceso restrictivo a la planificación familiar, un aumento alarmante del femicidio y violencia contra las mujeres en general.

También advirtió que las políticas penales que imponen castigos extremadamente duros a la niñez y juventud no son la solución a la violencia y la criminalidad, cuyas causas de fondo deben ser enfrentadas a través inversiones sociales y la rehabilitación.

A su vez, el señor Gilmour manifestó su preocupación por la violencia que enfrentan con valentía las personas defensoras de derechos humanos, especialmente mujeres, personas LGBTI, defensoras de la tierra y pueblos indígenas, y resaltó la necesidad primordial de aumentar su protección.

Por ello, insistió en la necesidad de abrir espacios para el diálogo, el acceso a la información y la participación efectiva en la formulación de políticas públicas, que son elementos clave de una sociedad democrática. De esta manera, exhortó a los funcionarios estatales a ver a las personas defensoras de derechos humanos como aliadas y agentes de cambio.

El examen realizado por el Comité de Derechos Humanos y la visita del señor Gilmour demuestran dos cosas: En primer lugar, que por mucha demagogia y cerco mediático, el gobierno no puede tapar el sol con un dedo en materia de derechos humanos.

Y en segundo lugar, la importancia del diálogo y la participación efectiva de las personas y comunidades antes que las autoridades adopten decisiones que tienen un impacto en sus derechos, lo cual es una obligación que solo un auténtico Estado democrático de derecho cumple frente a su ciudadanía.

jueves, 3 de agosto de 2017

Honduras reprobada en materia de derechos humanos

Los días 5 y 6 de julio de este año, el Estado de Honduras presentó ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas un informe en el que tuvo que explicar la situación de los derechos humanos en el país, particularmente en relación con igualdad y no discriminación, vida, integridad, libertad de expresión, acceso a la justicia, libertad personal, privacidad, libertad de asociación y manifestación pacífica, entre otros.

Lógicamente, la enorme delegación estatal que viajó a Ginebra presentó una visión parcial de los hechos; por ello, el Comité también recibió información por parte de organizaciones nacionales e internacionales de sociedad civil, tales como la Coalición contra la Impunidad, el Centro para los Derechos Civiles y Políticos, la Plataforma Internacional contra la Impunidad y la Organización Mundial Contra la Tortura.

El pasado 24 de julio, el Comité aprobó una serie de observaciones finales que reflejan la grave situación de derechos humanos en Honduras. Entre otras cosas, el Comité manifestó su preocupación por la falta de transparencia en el proceso de selección del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos; la falta de cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación sobre las violaciones a derechos humanos cometidas durante el golpe de Estado.

El Comité expresó su preocupación por la discriminación sufrida por las mujeres, la comunidad afro-hondureña, los pueblos indígenas y las personas que viven en áreas rurales; la limitada participación de la mujer en la vida política y pública; las elevadas tasas de violencia contra la mujer y los centenares de muertes anuales por feminicidio; las extremadamente altas tasas de homicidio y las altísimas tasas de impunidad.

También le preocupa la militarización de la seguridad pública y el insuficiente control sobre las empresas de seguridad privadas; las prácticas de “limpieza social” y otras ejecuciones extrajudiciales que implican a las fuerzas de seguridad; la tortura, malos tratos y uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de policía y fuerzas armadas; y el alto número de desplazados internos debido a la situación de violencia.

Además le preocupa la falta de protección efectiva para garantizar la independencia e imparcialidad del Poder Judicial; la falta de cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso López Lone y otros vs. Honduras; los actos de violencia e intimidación y las persistentemente elevadas tasas de asesinato de las que son víctimas las personas defensoras de derechos humanos, periodistas, sindicalistas, activistas medioambientales, indígenas y LGBTI.

Finalmente, al Comité le preocupa el hecho de que a pesar del límite del mandato presidencial establecido en la Constitución el presidente Juan Orlando Hernández se presente a la reelección.

A la luz de todo lo señalado por el Comité de Derechos Humanos, es imposible comprender el trillado eslogan oficial de que Honduras está cambiando porque sí es así, estos elementos demuestran que el país está cambiando para mal. ¿O acaso los portavoces y repetidores gubernamentales acusarán al Comité de traidor y enemigo de la patria?

martes, 1 de agosto de 2017

La situación de los derechos humanos en Honduras a la luz de las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

Antecedentes

Los tratados internacionales de derechos humanos generan obligaciones para el Estado de Honduras en dos sentidos: Por un lado, tiene que respetar y garantizar los derechos en ellos reconocidos y, por otro, debe participar en mecanismos de supervisión o monitoreo, a través de los cuales unos órganos especializados evalúan en qué medida el Estado cumple con sus obligaciones internacionales.

Tales órganos son llamados comités y están formados por expertas y expertos independientes que desarrollan su función a través de (a) la recepción y evaluación de informes periódicos presentados por un Estado; (b) la recepción de comunicaciones interestatales en los que un Estado señala que otro Estado no está cumpliendo con sus obligaciones internacionales; (c) la admisión de comunicaciones o denuncias en las que una persona denuncia que un Estado ha violado un derecho reconocido en un tratado; y (d) la realización de investigaciones de oficio cuando considere que en un país existe una situación crítica de derechos humanos. 

De estos mecanismos, el más común es el sistema de informes que consiste en la obligación estatal de presentar ante un comité informes periódicos en los cuales se debe suministrar información sobre las medidas legales, administrativas, judiciales y de cualquier otro tipo que el Estado haya adoptado para implementar las disposiciones del tratado, y sobre las dificultades enfrentadas para ello. La preparación de estos informes es una oportunidad para evaluar el estado de la protección de los derechos humanos con el fin de diseñar e implementar políticas públicas al respecto. 

Uno de los tratados en virtud del cual Honduras tiene la obligación de presentar informes periódicos es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1966 y en vigor desde el 23 de marzo de 1976. El Estado hondureño lo ratificó el 25 de agosto de 1997 y, en consecuencia, desde esa fecha se comprometió a respetar y a garantizar los derechos reconocidos en dicho instrumento, sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

Para asegurar que el Estado cumpla con la doble obligación de respetar y garantizar tales derechos, el artículo 28 del Pacto consagra la creación del Comité de Derechos Humanos (CDH), formado por 18 expertos y expertas independientes que evalúa la información estatal presentada en los informes periódicos y realiza las recomendaciones pertinentes en forma de observaciones finales. Los días 5 y 6 de julio de este año, el Estado hondureño fue invitado a las sesiones del CDH para presentar su segundo informe periódico, responder a las preguntas de los expertos y expertas, y facilitarles información adicional.

A la luz de toda la información disponible, el CDH examinó el informe estatal frente a una delegación de representantes gubernamentales con el objetivo de construir un diálogo constructivo de cara a apoyar al Estado en sus esfuerzos por implementar efectivamente el Pacto. Lógicamente, la enorme delegación estatal que viajó a Ginebra presentó una visión parcial de los hechos; por ello, el CDH también recibió información por parte de organizaciones nacionales e internacionales de sociedad civil, tales como la Coalición contra la Impunidad, el Centro para los Derechos Civiles y Políticos, la Plataforma Internacional contra la Impunidad y la Organización Mundial Contra la Tortura.

A la luz del diálogo con el Estado y la información recibida de las organizaciones de sociedad civil, el CDH adoptó una serie de observaciones finales, las cuales incluyen los aspectos positivos de la implementación del Pacto, los principales motivos de preocupación y las recomendaciones que el Estado tiene la obligación de implementar para mejorar la situación de los derechos humanos. El pasado 24 de julio, el CDH aprobó y publicó una versión no editada de las respectivas observaciones finales, las cuales reflejan la grave situación de derechos humanos en el país y contradicen el trillado discurso oficial de que “Honduras está cambiando”.

Principales preocupaciones del Comité de Derechos Humanos

El CDH manifestó su preocupación por la falta de transparencia en el proceso de selección del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y lamentó que tenga la categoría B después de que el comité de acreditación de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos le rebajara la categoría. También le preocupa la falta de cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación sobre las violaciones a derechos humanos cometidas durante el golpe de Estado, y la existencia de obstáculos en la investigación y enjuiciamiento de las personas responsables de tales violaciones.

Además, el CDH expresó su preocupación por la discriminación sufrida por las mujeres, la comunidad afro-hondureña, los pueblos indígenas, las personas que viven en áreas rurales y las personas LGBTI, especialmente en lo que se refiere a los derechos de las parejas del mismo sexo y la identidad de las personas transgénero; por la limitada participación de la mujer en la vida política y pública; por la insuficiente presencia de los pueblos indígenas y afro-hondureños en los órganos de representación política y en el gobierno; por las elevadas tasas de violencia contra la mujer y los centenares de muertes anuales por feminicidio; por la violencia contra las personas trabajadoras del sexo; y por el extremadamente reducido número de enjuiciamientos y condenas impuestas por este tipo de violencia.

Al CDH también le preocupa que toda interrupción voluntaria del embarazo es ilegal y castigada con penas severas, con el resultado de una alta tasa de mortalidad debido a abortos inseguros; la prohibición absoluta de anticonceptivos de emergencia, incluso en los casos de violación e incesto; y las altas tasas de embarazo adolescente no deseado. Por ello, le recomienda al Estado hondureño modificar urgentemente su legislación para asegurar el acceso a un aborto legal y seguro, considerar la despenalización del aborto e eliminar la prohibición de la píldora anticonceptiva de emergencia.

El CDH manifestó su preocupación por las extremadamente altas tasas de homicidio, los ataques a la integridad física y contra la propiedad, el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes para actividades criminales por parte de bandas criminales, así como por las altísimas tasas de impunidad respecto a este tipo de crímenes. También le preocupa la militarización de la seguridad pública y el insuficiente control sobre las empresas de seguridad privadas; las prácticas de “limpieza social” y otras ejecuciones extrajudiciales que implican a las fuerzas de seguridad; la tortura, malos tratos y uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de policía y fuerzas armadas; y el alto número de desplazados internos debido a la situación de violencia.

Además, al CDH le preocupa la considerable falta de recursos financieros y humanos de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos y del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, lo cual no les permite cumplir adecuadamente sus mandatos; la falta de protección efectiva para garantizar la independencia e imparcialidad del Poder Judicial; la falta de una normativa que regule la carrera judicial y el Consejo de la Judicatura que asegure la independencia judicial; y la falta de cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso López Lone y otros vs. Honduras, en cuanto a la reincorporación del juez Adán Guillermo López Lone y la magistrada Tirza del Carmen Flores Lanza a cargos similares a los que desempeñaban en el momento de su destitución por oponerse al golpe de Estado.

Al CDH también le preocupa la persistencia de altos niveles de hacinamiento y las deficientes condiciones de salubridad en los centros penales; el alto número de detenidos en prisión preventiva, que representan más del 50% de la población reclusa; la falta de separación entre los procesados y los condenados; la falta de atención a las necesidades particulares de las mujeres privadas de libertad; el uso de instalaciones militares para la detención preventiva de reos comunes; y los actos de violencia e intimidación y las elevadas tasas de asesinato de las que son víctimas las personas defensoras de derechos humanos, periodistas, sindicalistas, activistas medioambientales, indígenas y LGBTI, y que son cometidos por agentes del Estado o personas particulares en un contexto de impunidad.

El CDH manifestó su preocupación por la continua estigmatización por parte de funcionarios del gobierno de las personas que ejercen su libertad de expresión, reunión y asociación; por la condena emitida contra tres estudiantes universitarios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras; por las críticas recibidas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos por su labor de promoción del respeto al derecho a la protesta pacífica; y por la insuficiente implementación de la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.

Al CDH también le preocupa que el “Anteproyecto de Ley Marco de consulta libre, previa e informada a los pueblos indígenas y afro-hondureños” no se ajusta plenamente a los estándares internacionales en la materia ni su preparación ha asegurado la participación plenamente representativa de los pueblos indígenas; los casos de desalojo forzoso de los pueblos indígenas de sus tierras ancestrales; y la falta de cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de las comunidades garífunas de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz.

Finalmente, al CDH le preocupa las alegaciones de irregularidades durante las elecciones generales de 2013, tales como, “la compra de votos, deficiencias en la actualización del censo electoral, la falta de transparencia en la financiación de la campaña electoral y la posibilidad de que hubiera habido un fraude en la transmisión de las actas electorales al Tribunal Supremo Electoral”. También le preocupa el asesinato de más de una docena de personas activistas de la oposición y candidatas durante la pasada campaña electoral, así como el hecho de que a pesar del límite del mandato presidencial establecido en la Constitución el presidente Juan Orlando Hernández se presente a la reelección.

Conclusión

A la luz de las preocupaciones manifestadas por el CDH, se pueden concluir dos cuestiones: En primer lugar, el gobierno actual sufre de una especie de bipolaridad o esquizofrenia porque por un lado aprueba leyes, ratifica tratados de derechos humanos y mantiene un discurso favorable a estos en espacios internacionales como el CDH, sin embargo, en la práctica criminaliza, estigmatiza y promueve prácticas violatorias de tales derechos. Como lo señala Bartolomé Ruiz Castor, “[e]ste es un paradigma esquizofrénico (o cínico) que insiste de forma exhaustiva en la defensa formal de los derechos humanos y produce estructuras e insti­tuciones de negación real de los mismos”. De esta manera, presenciamos cómo los funcionarios gubernamentales se llenan la boca con un discur­so pulcro de respeto a los derechos huma­nos, a la democracia y al Estado de derecho, pero las políticas y prácticas que promueven, constituyen una negación sistemática de los mismos.

En segundo lugar, por mucho que quieran tapar el sol con su discurso cínico, es imposible que puedan ocultar la realidad de un país que, tal como lo señala el más reciente índice anual del Proyecto sobre Justicia Mundial, Honduras tiene pésimos resultados en respeto a la institucionalidad, en cumplimiento de la legalidad, en inseguridad jurídica, en corrupción, en respeto a los derechos humanos, en transparencia, en criminalidad y en fortalecimiento del Estado de derecho.



Comunicado de la Compañía de Jesús Centro América y América Latina en defensa del ERIC-RP y el Padre Melo

jueves, 27 de julio de 2017

La expulsión de 19 estudiantes de la UNAH: ¿una medida proporcional y razonable en una sociedad democrática?

A manera de introducción

La importancia del derecho a la educación en una sociedad democrática radica en que constituye un medio indispensable para la realización de otros derechos humanos y para el pleno desarrollo de la personalidad humana; en este sentido, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) como concreción del poder público en el ámbito de la educación superior, debe tener presente que este derecho tiene un contenido y un alcance que impone vínculos y limitaciones al Estado en general y a las autoridades universitarias en particular, quienes deben promoverlo y prevenir posibles acciones y omisiones que impliquen su violación.

Por ello, el derecho a la educación está reconocido en dos tipos de normas que se encuentran en la cúspide de nuestra escala jerárquica normativa: la Constitución nacional y varios tratados internacionales de derechos humanos como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Protocolo Adicional a la Convención Americana en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos publicados en el Diario Oficial “La Gaceta” N° 23,167 del 30 de julio de 1980 y N° 32,002 del 1 de agosto de 2009, respectivamente.

A la luz de los artículos 16, 17 y 18 de la Constitución de la República y de la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, tales tratados se incorporan a nuestro derecho interno para formar parte del llamado “Bloque de Constitucionalidad”, es decir, tienen rango constitucional y, por tanto, están por encima de cualquier ley o reglamento, cuya validez está condicionada a que sean compatibles con los estándares establecidos en dicho “Bloque”. Siguiendo lo señalado por la Sala de lo Constitucional, las autoridades universitarias tienen la obligación de “interpretar los derechos humanos de la manera que más los favorezca”, lo cual implica respetar y aplicar el principio pro persona incorporado en el artículo 59 constitucional que establece que la persona es el fin supremo de la sociedad y el Estado.

En este sentido, el principio pro persona incorpora un criterio de eficacia que irradia al resto de normas jurídicas y vincula a las autoridades universitarias a aplicar la norma o a elegir la interpretación que más favorezca al derecho humano a la educación, e, inversamente, a aplicar la norma o a elegir la interpretación que restrinja en menor medida tal derecho y descartar la que implique mayores cargas y restricciones. Al estar contenido en normas de rango constitucional de amplia protección, toda norma, actuación, omisión o decisión de las autoridades universitarias debe ser acorde con los postulados de máxima garantía que deben ser observados al momento de imponer medidas disciplinarias extremadamente gravosas sobre el derecho a la educación, como la expulsión.

Indudablemente, las normas de convivencia y las medidas disciplinarias constituyen una parte sustancial para el correcto funcionamiento de la vida universitaria, no obstante, la expulsión es una medida extrema que debe aplicarse como último recurso, ya que su imposición no solo limita gravemente el derecho a la educación, sino que genera la violación de otros derechos humanos con sus consecuentes repercusiones perniciosas para el proyecto de vida de la persona expulsada y su familia. La gravedad de una medida como la expulsión requiere que sea sometida a un examen de proporcionalidad, ya que el derecho humano a la educación limita y vincula a las autoridades universitarias, por lo que cualquier restricción solo es posible cuando sea necesario proteger otros derechos humanos o bienes constitucionalmente reconocidos.

El examen de proporcionalidad puede ayudar a las autoridades universitarias a establecer hasta dónde la expulsión como medida restrictiva es tolerada por el derecho a la educación, para lo cual se debe verificar la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad en sentido estricto de dicha medida. En términos generales, la idoneidad exige que la medida elegida sea la más adecuada para alcanzar un fin legítimo; la necesidad requiere que dicho fin no pueda alcanzarse de otra manera que afecte menos a la persona titular del derecho restringido; y la proporcionalidad en sentido estricto exige una ponderación que, en palabras de Iván Díaz García, implica analizar “el peso de cada uno de los intereses constitucionales favorecidos y perjudicados por la medida”.

A la luz de lo anterior, es imperativo responder a tres preguntas sobre la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la expulsión por cinco años de 19 estudiantes de la UNAH el pasado 17 de julio, a quienes se les acusa de cometer presuntos daños a las instalaciones de la universidad y de privar injustamente de su libertad a agentes de la Empresa de Seguridad Privada del Aguán (ESPA), el 24 de mayo cuando un grupo de estudiantes se tomaron el edificio administrativo en el marco de las protestas estudiantiles

¿La expulsión es una medida idónea?

Que una medida restrictiva sea idónea significa que sirve para salvaguardar un bien jurídico que se quiere proteger. En este sentido, la idoneidad implica que la medida sea legítima (teleológicamente) y adecuada (técnicamente) para lograr la finalidad para la cual se adopta. Siguiendo a Carlos Bernal Pulido, una medida como la expulsión será idónea teleológicamente si la misma o los fines perseguidos con ella son legítimos, es decir, si no están constitucionalmente prohibidos y si cuentan con justificación constitucional, tales como, la protección o promoción de otros derechos humanos, o de bienes constitucionales. A su vez, la expulsión será idónea técnicamente si es efectivamente adecuada y realmente útil para promover o favorecer finalidades legítimas como las mencionadas anteriormente.

Si la expulsión de las 19 personas estudiantes no favorece algún derecho humano, algún bien constitucional o alguna finalidad legitimada constitucionalmente, difícilmente puede cumplir con el requisito de idoneidad y constituye una restricción indebida al derecho a la educación de las personas expulsadas.

¿La expulsión es una medida necesaria?

Que una medida restrictiva sea necesaria significa que debe interferir en la menor medida posible en un derecho humano, es decir, no puede ni debe limitar más allá de lo estrictamente necesario. El examen de necesidad requiere evaluar si una medida como la expulsión es la más benigna con el derecho humano a la educación, entre todas aquellas medidas que tienen al menos la misma idoneidad para alcanzar la finalidad perseguida con la restricción.

Continuando con el razonamiento de Carlos Bernal Pulido, para que una medida como la expulsión sea necesaria se debe determinar si es la única idónea para favorecer la finalidad pretendida con su imposición (necesidad teleológica) y si es la que implica una menor afectación en el derecho humano a la educación (necesidad técnica). De esta manera, la expulsión será teleológicamente necesaria si es la única idónea, es decir, si no existen otras alternativas igualmente eficaces para lograr los fines perseguidos, y será técnicamente necesaria si es la que implica una menor injerencia en el disfrute del derecho a la educación, en otras palabras, la que sea menos gravosa de entre las medidas que permitan alcanzar la finalidad perseguida.

¿La expulsión es una medida proporcional en sentido estricto?

Que una medida restrictiva sea proporcional en sentido estricto significa que la afectación del derecho humano a la educación resulta justificada por la importancia de la realización del fin que con ella se persigue; esto implica que las autoridades universitarias deben realizar una ponderación entre el peso de las razones a favor y en contra de la legitimidad de la medida restrictiva.

En este orden de ideas, mediante la ponderación se debe determinar si los beneficios que genera una medida como la expulsión de 19 estudiantes son mayores que los prejuicios que provoca sobre los intereses constitucionales en juego; en otras palabras, se debe valorar si estas expulsiones son un “sacrificio” excesivo del derecho a la educación pues, de ser así, las mismas son inadmisibles, “aunque satisfaga el resto de presupuestos y requisitos derivados del principio de proporcionalidad”, como lo señala Ivonne Rojas.

A modo de conclusión

A la luz de todo lo anterior, las autoridades universitarias tienen la obligación de adecuar sus acciones al principio de proporcionalidad, lo que implica comprender que están prohibidas las actuaciones o intervenciones excesivas que anulan o niegan el derecho humano a la educación, pues las mismas deben reducirse al mínimo indispensable y tener una carácter excepcional.

Siguiendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una restricción tan grave como la expulsión de 19 personas estudiantes por cinco años debe ser adecuada para conseguir proteger un bien jurídico fundamental que se pretende salvaguardar mediante la anulación del derecho a la educación; debe ser proporcional, es decir, en la medida estrictamente necesaria para conseguir el fin perseguido; y no debe haber otra alternativa menos gravosa “para conseguir el fin que restringe ese derecho, lo que implica que, si la hay, debe emplearse esa alternativa y no la restricción".

Nadie puede dudar que la UNAH, como espacio natural de la academia, cuenta con múltiples herramientas y recursos humanos y materiales, así como estrategias para transformar una situación de conflicto en una oportunidad de participación y formación ciudadana a través del consenso y los acuerdos, la tolerancia, la resolución pacífica de las diferencias y el respeto a los valores democráticos. Solo por poner un par de ejemplos, la UNAH tiene un Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) que incluso brinda formación en resolución de conflictos y cuya área de paz es coordinada por el Dr. Esteban Ramos, la única persona en Honduras con un doctorado en estudios sobre paz, conflicto y cambio social. La Facultad de Ciencias Jurídicas cuenta con la Dra. Claudia Sánchez, quien coordina la maestría en derechos humanos y es una de las dos personas en el país con estudios avanzados en derechos humanos.

Es imperativo que las autoridades universitarias busquen y escuchen asesorías de otras personas profesionales especializadas y objetivas, cuyos razonamientos frescos pueden aportar elementos significativos que incidan en una solución democrática de este y otros conflictos, los cuales deben verse como una oportunidad para fomentar el debate colectivo acerca del funcionamiento de la vida universitaria y lograr articular y procesar las peticiones y demandas del estudiantado mediante un proceso de diálogo y negociación de buena fe, con el fin de alcanzar un acuerdo que redunde en mayores niveles de democratización y de garantía del derecho humano a la educación superior.

Lamentablemente, cuando la UNAH expulsa a una persona estudiante privándola del acceso a la educación por cinco años, sin realizar un examen de proporcionalidad como el aquí planteado y sin observar el principio pro persona, no solamente anula de forma absoluta el derecho a la educación de quien es sancionada con la expulsión y restringe gravemente su proyecto de vida y el de sus familiares, sino que reniega de su papel formador y de su responsabilidad social, y envía un mensaje nocivo a la sociedad en el sentido de demostrar su falta de voluntad y su incapacidad para alcanzar una resolución dialogada de los conflictos y respetuosa de los vínculos y límites que le imponen los derechos humanos en una sociedad democrática.

Fuente: http://cespad.org.hn/2017/07/27/la-expulsion-de-19-estudiantes-de-la-unah-una-medida-proporcional-y-razonable-en-una-sociedad-democratica/

martes, 25 de julio de 2017

La expulsión de 19 estudiantes de la UNAH y el principio de proporcionalidad

El pasado lunes 17 de julio, las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras decidieron expulsar por 5 años a 19 estudiantes que el 24 de mayo se tomaron el edificio administrativo en el marco de las protestas estudiantiles.

La pregunta que nos hacemos es si quienes tomaron esa decisión extrema se detuvieron a pensar si dicha expulsión es proporcional, razonable, idónea y necesaria en una sociedad democrática, particularmente porque la restricción absoluta del derecho a la educación tiene un impacto considerable en el proyecto de vida de las personas expulsadas.

Las autoridades universitarias deben comprender que son la representación del poder público en el ámbito de la educación superior y, en consecuencia, deben cumplir con la obligación de observar el principio de proporcionalidad, en virtud del cual están prohibidas las actuaciones o intervenciones excesivas y, por tanto, las mismas deben ser excepcionales y reducirse al mínimo indispensable.

Esto implica que las autoridades universitarias deben tener un especial cuidado en cuanto a la intensidad e impacto de sus decisiones en los derechos humanos en general y en el derecho a la educación en particular. En este sentido, deben responder si las expulsiones cumplen con 4 requisitos que emanan del principio de proporcionalidad.

Primero, si persiguen una finalidad legítima; segundo, si son adecuadas o idóneas para la promoción de dicha finalidad; tercero, si es necesaria, es decir, si entre varias alternativas posibles las expulsiones son la medida que menos afecta los derechos de las personas; y cuarto, si son estrictamente proporcionales, es decir, si la gravedad de las expulsiones es adecuada para alcanzar la finalidad legítima que se persigue.

Esta ponderación debe tener en cuenta la situación particular de cada estudiante y, desde luego, no puede suponer la anulación o negación del derecho a la educación. Como una muestra de transparencia y respeto a los valores democráticos, las autoridades universitarias deben explicar si realizaron esta ponderación a la luz del principio de proporcionalidad y del principio pro persona.

En virtud de este último principio, las autoridades universitarias se encuentran obligadas a aplicar la norma o a elegir la interpretación más protectora del derecho a la educación e inversamente, a aplicar la norma o a elegir la interpretación más restringida cuando se trata de limitar el ejercicio de este derecho.

A la luz de ambos principios, la expulsión de 19 estudiantes por 5 años que anula su derecho a la educación, es una medida desproporcionada e irrazonable que pone en precario la vigencia de las libertades dentro de la máxima casa de estudios.

lunes, 24 de julio de 2017

Honduras sigue siendo el lugar más peligroso para defender el medio ambiente

En su informe anterior, Global Witness corroboró que “no hay ningún lugar en el que sea más probable morir asesinado por enfrentarse a las empresas que acaparan la tierra y destruyen el medio ambiente que en Honduras”.

En el informe más reciente que acaba de publicar la semana pasada, Global Witness vuelve a señalar a Honduras como el país más peligroso para defender la tierra y los bienes naturales, ya que las “empresas mineras, madereras, hidroeléctricas y agrícolas pisotean a las personas y al medio ambiente en su búsqueda de ganancias”. 

En todo el mundo fueron asesinadas al menos 200 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente solo en el 2016 y esta tendencia no solo está creciendo sino que también se está expandiendo, y es posible que el número de asesinatos sea más alto porque muchos de ellos no son reportados y aún menos investigados.

Aunque en nuestro continente la violenta lucha por la riqueza natural del Amazonas hace que Brasil sea el país más mortal del mundo según el simple número total de asesinatos, Honduras sigue siendo el más peligroso, considerando el número de asesinatos per cápita.

En este sentido, las 127 personas defensoras asesinadas desde 2007 y las 14 asesinadas solo en 2016 reafirman lo anterior y hacen de nuestro país el más peligroso del mundo en la última década para ser una persona defensora.

De este nuevo informe se pueden extraer tres importantes conclusiones. En primer lugar, las represas hidroeléctricas, las empresas mineras y madereras, y los agronegocios son las industrias más vinculadas a los asesinatos de las personas defensoras del medio ambiente.

En segundo lugar, la falta de cumplimiento del Estado de su obligación de consultar previamente a las comunidades es lo que genera graves conflictos con un alto costo para los derechos humanos que se concreta en intimidaciones, desplazamientos, asesinatos y criminalización de los actos de oposición comunitaria.

En tercer lugar, la fortaleza y convicción de las comunidades y personas defensoras de los bienes naturales que pese a los riesgos que enfrentan diariamente continúan su resistencia pacífica frente a los proyectos de muerte.

Como lo señala Ana Miriam Romero, lideresa de la comunidad de Santa Elena que se ha opuesto a la represa Los Encinos, “[d]ebemos mantener la lucha, no podemos estar asustados por todos los asesinatos que han ocurrido. No debemos perder nuestro espíritu, el futuro de nuestros hijos depende de ello”.

Una nueva demanda internacional contra la impunidad

El día 11 de julio el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, y la Clínica de Derechos Humanos Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA), presentaron una denuncia contra el Estado de Honduras ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La demanda se refiere al asesinato de Nery Geremías Orellana, quien era un comunicador de 26 años que trabajaba como director de Radio Joconguera, ubicada en el municipio de Candelaria, Lempira, y también se desempeñaba como corresponsal de Radio Progreso. 

Como comunicador social, Nery mantuvo una posición crítica frente al golpe de Estado en 2009, realizó serios señalamientos sobre deficiencias en los servicios de salud pública administrados por la Mancomunidad de Mocalempa y dio cobertura a los cuestionamientos sobre el manejo de los fondos de la cooperación internacional recibidos por el Comité Central Pro-Agua de Desarrollo Integral (COCEPRADIL).

Por su trabajo recibió amenazas que se concretaron el 14 de julio de 2011 cuando viajaba en motocicleta hacia la radio Joconguera y fue interceptado por sicarios que le dispararon varias veces en la cabeza. Aunque fue trasladado con vida al hospital más cercano, falleció horas después.

Nery pasó a engrosar la trágica lista de las 69 de personas vinculadas a los medios de comunicación, entre periodistas, comunicadores sociales, locutores, fotógrafos, camarógrafos y propietarios de medios, que han sido asesinadas en el período 2001-2017, y que de acuerdo con el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, el 91% de los casos se encuentra en total impunidad.

Seis años han pasado desde entonces sin que las autoridades hondureñas hayan realizado una investigación seria y efectiva para dar con los responsables intelectuales y materiales del crimen. Al contrario, han cometido una serie de graves omisiones que demuestran la falta de la debida diligencia y que hacen surgir la responsabilidad internacional del Estado.

Para el ERIC y la Clínica de Derechos Humanos de la UCLA, esta demanda es fundamental para lograr que el Estado esclarezca el asesinato de Nery, identifique y sancione a todos los responsables, repare a su familia sobre las consecuencias morales y materiales de su muerte, y adopte medidas para evitar la repetición de hechos como este.

viernes, 7 de julio de 2017

Militarización, costos y mentiras

A partir de este martes 4 de julio, la Policía Militar de Orden Público contará con dos batallones más que se suman a los ocho batallones existentes desde que se creara esta unidad militar en el año 2013.

Al igual que el resto, estos dos nuevos batallones cuentan con 500 miembros cada uno y tienen el apoyo logístico, armas, vehículos y todo lo necesario para operar. Esto implica que el presidente Hernández cumplió su promesa de tener 5 mil policías militares para el año 2017.

Sin embargo, la creación de estos batallones significa que el gobierno de Hernández continúa incumpliendo con un compromiso internacional que asumió frente al Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas.

Ante dicho Comité, en julio de 2016 la viceministra Karla Cuevas anunció que en “la medida que la Policía Nacional fortalezca sus capacidades se producirá el repliegue de las Fuerzas Armadas en su apoyo a dicho cuerpo, proceso que dará inicio en el último trimestre del 2016”.

¿Sabe la sociedad hondureña cuánto cuesta mantener a este cuerpo armado en las calles? De acuerdo con un trabajo investigativo de Libertad Digital, equipar a un solo policía militar para sacarlo a la calle cuesta 10 mil dólares.

Lo más grave es que una patrulla de 8 militares y su carro gastan más que una escuela de 8 aulas, y un camión con 50 militares gasta más que un instituto de 1500 alumnos y alumnas.

A esto se suma el hecho de que el presupuesto de Defensa ha aumentado en un 161% entre 2006 y 2016, y solo de 2015 a 2016 aumentó el 23.8%, mientras que el de educación apenas aumentó un 9% y el de salud un 11%.

Además, de los 170 millones de lempiras que se recaudan mensualmente a costa de la tasa de seguridad, el 60% se destina a los militares, es decir, alrededor de 102 millones de lempiras que son gastados sin la debida transparencia y control.

Sin duda alguna, realizar este anuncio de desmilitarización ante un órgano internacional y hacer lo contrario, demuestra una vez más la hipocresía y desvergüenza de este gobierno que está dispuesto a decir lo que sea para quedar bien y al mismo tiempo continuar con sus planes militaristas.

Pero lo más grave es la férrea voluntad de Juan Orlando Hernández y su grupo de poder para fortalecer al ejército y subordinar el poder civil al militar, aunque ello implique una grave amenaza para la democracia y la vigencia de los derechos humanos.

Como lo ha expresado el Comité contra la Tortura, preocupa “las informaciones que dan cuenta de numerosas denuncias de violaciones de derechos humanos, incluidos los actos de tortura, cometidas por miembros de las fuerzas armadas en ejercicio de funciones policiales”.

viernes, 30 de junio de 2017

No es normal

La realidad hondureña es tan grave que la sociedad parece haber sucumbido a la aceptación y normalización de las diversas violencias que día a día nos limitan, reprimen y condicionan. Sin embargo, desde el ERIC y Radio Progreso nos negamos a aceptar dicha normalidad.

Porque no es normal que según el Foro Social de la Deuda Externa el 65 por ciento de hondureños y hondureñas vivan en pobreza, es decir, 5 millones 700 mil personas, de los cuales 3 millones 700 mil están en situación precaria sobreviviendo con menos de dos dólares al día y 2 millones sin acceso total a la canasta básica.

No es normal que de acuerdo con Casa Alianza solo en el gobierno de Juan Orlando Hernández se han registrado más 2,780 muertes violentas y/o ejecuciones arbitrarias de niñas, niños y jóvenes menores de 23 años.

No es normal que según el Observatorio de la Violencia en los últimos años más de 4,700 mujeres han sido asesinadas y solo en el 2017 se ha llegado a la escandalosa cifra de 140 mujeres asesinadas, es decir, 1 mujer asesinada cada 14 horas.

No es normal que de acuerdo con Global Witness desde 2010 han sido asesinadas más de 120 personas que se opusieron a las represas, las minas, la tala o la agricultura en sus tierras, y muchas otras han sido amenazadas, atacadas o encarceladas.

No es normal que según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos parte de la violencia e inseguridad proviene del mismo cuerpo policial, de la policía militar y del ejército a través del uso ilegítimo de la fuerza, en algunos casos en complicidad con el crimen organizado.

No es normal que de acuerdo al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados el número de personas que huyen de la violencia ha ido en constante aumento y en los últimos años se han identificado a 174,000 personas desplazadas en 20 municipios urbanos del país.

No es normal que en 8 años se hayan dado tres rompimientos del orden constitucional, el primero en junio de 2009 contra el presidente del ejecutivo, el segundo en 2012 contra la Sala de lo Constitucional con la destitución ilegal de 4 de sus miembros y el tercero en 2016 contra el pueblo hondureño con la ilegalidad e ilegitimidad de la reelección.

No es normal que los responsables de las graves violaciones a derechos humanos cometidas en los años 80 con la implementación de la doctrina de seguridad nacional y durante el golpe de Estado de 2009, no hayan sido castigados y se mantengan en total impunidad.

Porque nos negamos a que todo esto sea normal, hacemos un llamado a rebelamos ante este sentimiento de resignación y convocamos a otros y a otras a gritar con la fuerza transformadora de la organización y la colectividad: ¡Basta ya porque no es normal!

martes, 20 de junio de 2017

Los nombres para nuevo Jefe de la Policía Nacional

La semana pasada, la Comisión Especial para el Proceso de Depuración y Transformación de la Policía Nacional comenzó a revisar los perfiles de los oficiales que según su criterio son aptos para convertirse en el nuevo jefe de la Policía Nacional.

Uno de los nombres que se postulan nos genera una gran preocupación y nos alerta sobre la idoneidad del proceso de depuración. Se trata del comisionado general Héctor Iván Mejía Velásquez. ¿Por qué consideramos que el nombre del comisionado Mejía Velásquez no debería aparecer como posible candidato a ejercer el máximo cargo dentro de la institución policial?

En primer lugar, es el responsable de la represión de una manifestación pacífica el 15 de septiembre de 2010 en la que participaban colegios, escuelas, sindicatos, grupos artísticos, organizaciones sociales y varios colectivos de profesionales en conmemoración de la “independencia patria”.

La Policía Nacional bajo el mando y la orden de Héctor Iván Mejía reprimió violentamente dicha manifestación, causando manifestantes con fracturas de costillas, fracturas de cráneo, pérdida de los dientes y heridas en el rostro y la cabeza, la detención de 37 personas, entre ellas 3 menores de edad, y la destrucción de los instrumentos musicales del grupo “Café Guancasco”.

En segundo lugar, el comisionado Mejía Velásquez lideró y ordenó una brutal represión el 14 de agosto de 2009 que provocó detenciones ilegales y torturas contra cientos de ciudadanos y ciudadanas que se manifestaban pacíficamente.

Entre las víctimas se encontraba nuestro compañero Gustavo Cardoza, quien como comunicador de Radio Progreso cubría la manifestación y fue golpeado salvajemente por elementos policiales bajo el mando del comisionado Mejía Velásquez.

Por ambos hechos fue acusado ante los tribunales, sin embargo, los procesos en su contra solo sirvieron para sustraerlo de su responsabilidad penal y evidenciaron una vez más el papel de la justicia hondureña en proteger a los violadores de derechos humanos.

Lo más grave es que en uno de esos casos se le aplicó el decreto de amnistía aprobado en 2010 y aunque las autoridades estatales han señalado que no se aplica a hechos relativos a violaciones de derechos humanos, el caso de Héctor Iván Mejía demuestra cómo se tuerce la justicia para favorecer a los impunes. 

La Comisión Depuradora tiene la obligación de saber que de acuerdo con la Comisión y Corte Interamericanas de Derechos Humanos el decreto de amnistía es incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

También debe ser que aunque existan dos sentencias que absuelven al Comisionado Mejía Velásquez, estas sirven a un objetivo distinto al de la justicia, y por tanto, no son sentencias genuinas y constituyen cosa juzgada fraudulenta.

Mantener la candidatura de Héctor Iván Mejía representa un peligro grave para la institucionalidad, para los derechos humanos y para la legitimidad del proceso de depuración de la Comisión Depuradora.

viernes, 16 de junio de 2017

Tres lecciones universitarias sobre el papel en Honduras de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

En el marco de la crisis universitaria, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (en adelante “la OACNUDH” o “el Alto”) ha emitido pronunciamientos en los que expresa su preocupación por la criminalización del estudiantado que ha participado en protestas sociales[i] y ha jugado un papel de observador como testigo de honor en el acuerdo entre autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y el Movimiento Estudiantil Universitario (MEU) firmado el 20 de julio de 2016, en el que las primeras se comprometieron a personarse ante los tribunales competentes “para solicitar que se ponga fin o se extinga la acción penal promovida en contra de todos los estudiantes universitarios”. 

La sentencia condenatoria en contra de los estudiantes Cesario Padilla, Moisés Cáceres y Sergio Ulloa por el delito de usurpación ha puesto en entredicho el compromiso asumido en el acuerdo, frente a lo cual la OACNUDH manifestó su alarma por el incumplimiento del mismo por parte de las autoridades de la UNAH[ii]. Del mismo modo, el 7 de junio la representante residente del Alto, María Soledad Pazo, y el titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), Roberto Herrera Cáceres, enviaron una carta a la rectora Julieta Castellanos transmitiéndole su preocupación por la no finalización de la acción penal-judicial en contra de los tres estudiantes, y el 13 de junio emitieron un comunicado conjunto en el que llaman a actuar de buena fe para resolver integralmente la problemática entre autoridades y estudiantes[iii]

La respuesta de las autoridades universitarias no se hizo esperar y en un comunicado público con fecha 8 de junio acusaron al Alto de faltar a la verdad, de no manejar información exacta y de no tener “claridad conceptual para definir un acto o protesta pacífica y un acto o protesta violenta”[iv]; posteriormente, en unas declaraciones brindadas el martes 13 de junio la rectora de la UNAH, Julieta Castellanos, arremetió contra la OACNUDH y recomendó a sus funcionarios y funcionarias “regresar a estudiar y a actualizarse” para que puedan diferenciar entre protestas pacíficas y actos violentos. Lo más grave de todo es que la rectora se atrevió a señalar que la posición del Alto “es tan dañina para el país porque lo que hace esta oficina es justificar la violencia e indirectamente incita a la violencia”[v]

Para quienes creemos en la resolución pacífica de los conflictos y en el debate de altura y de calidad, nos genera una enorme preocupación y frustración que desde la más alta casa de estudios se haga uso de descalificaciones en contra de la institucionalidad de la OACNUDH y de las personas que trabajan en ella, y se deje en un segundo plano la utilización de argumentos que faciliten el diálogo, reduzcan los niveles de confrontación y establezcan puentes hacia la protección y garantía de los derechos humanos con el fin de que las decisiones relevantes de la vida universitaria puedan ser construidas mediante un proceso participativo y deliberativo. 

En un país marcado por la polarización y las tendencias autoritarias, y en donde prácticamente toda la institucionalidad democrática está bajo el control del Poder Ejecutivo, los ataques de este tipo por parte de la UNAH son los que realmente le hacen un enorme daño al país, porque por un lado se intenta deslegitimar a la OACNUDH, que es la institución de referencia mundial en materia de derechos humanos, y por otro, porque se envía un mensaje a la sociedad en el sentido que ni siquiera la UNAH puede dar ejemplo de diálogo, razón, espíritu de apertura y tolerancia. 

Por tal razón, aprovecho para darle un carácter general al llamado de la rectora de “regresar a estudiar” con el fin de colocar sobre la mesa tres lecciones sobre el papel del Alto y de las personas defensoras de derechos humanos que la sociedad y particularmente todas las autoridades deben saber de memoria y actuar en consecuencia. 

Primera lección: La razón de la apertura de la OACNUDH en Honduras y su mandato
Después del golpe de Estado, organizaciones nacionales e internacionales de sociedad civil empujamos la iniciativa de instalar en Honduras una oficina permanente de la OACNUDH como un mecanismo para impulsar un mejoramiento en la deteriorada situación de los derechos humanos, ya que con el rompimiento del orden constitucional se cometieron graves violaciones a tales derechos con total impunidad y las víctimas quedaron sin protección ni reparación adecuada; además, quedaron expuestas en mayor grado la situación de fragilidad social, de pobreza y desigualdad, y de deficiencia institucional[vi]

Por ello, el propio Estado hondureño en el marco del primer Examen Periódico Universal en 2010 planteó una invitación oficial al Alto para abrir una oficina en el país. El 4 de mayo de 2015 el gobierno de Honduras firmó un acuerdo con la OACNUDH que permitió el establecimiento de dicha oficina con el fin de supervisar la situación de los derechos humanos y proporcionar capacitación y asistencia técnica a las instituciones estatales, al CONADEH y a las organizaciones de la sociedad civil. 

El mandato del Alto incluye (a) promover el efectivo goce los derechos humanos mediante el acompañamiento al Estado en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en la materia y el trabajo con sociedad civil, empresas y particulares; y (b) informar sobre la situación de los derechos humanos, a fin de asesorar a las autoridades hondureñas en la formulación y aplicación de polí­ticas, programas y medidas que contribuyan a la promoción y protección de los derechos humanos. 

La OACNUDH tiene como ejes prioritarios (a) ampliar el espacio democrático y promover el diálogo social, (b) integrar los derechos humanos en el desarrollo y en el ámbito económico, (c) fortalecer la lucha contra la impunidad por violaciones a derechos humanos, la rendición de cuentas y el Estado de derecho, y (d) alertar de manera temprana y proteger los derechos humanos en situaciones de conflicto, violencia e inseguridad. Es importante destacar que el Alto cumple su mandato rigiéndose por los principios de imparcialidad, independencia, objetividad y transparencia. 

A la luz de lo anterior, desde su instalación en el país la OACNUDH acompaña procesos de formación y asesoramiento en materia de derechos humanos a autoridades estatales y organizaciones no gubernamentales, apoya técnicamente al Mecanismo Nacional de Protección, elabora análisis y observaciones sobre estándares internacionales, realiza visitas in situ para conocer determinadas situaciones, organiza eventos académicos con el fin de reflexionar sobre temas de interés nacional, coordina con otros órganos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), le da seguimiento al cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y de las recomendaciones de los órganos de tratados, facilita procesos de resolución dialogada de conflictos y emite pronunciamientos sobre los parámetros en los que se deben enmarcar las acciones estatales. 

Segunda lección: Las descalificaciones contra la OACNUDH también es criminalización 

La criminalización no solo encierra la represión directa mediante el uso de la fuerza policial y militar, y la apertura de procesos criminales contra quienes protestan, también incluye la descalificación. En este sentido se debe partir de la premisa que las personas que trabajan para la OACNUDH son defensoras de derechos humanos. Por tanto, su labor también se ve limitada y menoscabada por las expresiones y discursos de altos funcionarios y funcionarias públicas que desacreditan y descalifican su trabajo, y que generan o agravan un clima de hostilidad, y un contexto adverso y estigmatizador para la defensa de los derechos humanos. 

A su vez, en situaciones de violencia política, fuerte polarización o alta conflictividad social, las manifestaciones de este tipo lesionan el derecho a la honra y dignidad de quienes defienden tales derechos, y les coloca en una situación de riesgo y de vulnerabilidad, ya que podrían ser interpretadas como instrucciones o apoyos para la comisión de actos contra su vida, libertad, seguridad personal u otros derechos. Por tal razón, las declaraciones que contribuyen a crear condiciones adversas para el ejercicio de la labor de las personas defensoras de derechos humanos generan un profundo daño a la democracia[vii]

Las declaraciones de la rectora de la UNAH en las que acusa a la OACNUDH de “ser dañina al país” y de “justificar e incitar a la violencia” es sumamente grave en una sociedad democrática, y pone de manifiesto el desconocimiento de las autoridades universitarias acerca de las obligaciones estatales en materia de derechos humanos, a la luz de las cuales no se puede tolerar ningún intento de “poner en duda la legitimidad del trabajo de las defensoras, defensores y sus organizaciones”. En este sentido, los funcionarios y funcionarias públicas “deben de abstenerse de realizar declaraciones que estigmaticen a defensores y defensoras o que sugieran que las organizaciones actúan de manera indebida o ilegal, solo por el hecho de realizar sus labores de promoción y defensa de los derechos humanos”[viii]

La UNAH debe comprender que este tipo de declaraciones criminalizan a las personas defensoras de forma individual y colectiva. Individualmente porque pueden producir inseguridad y frustración, y una afectación a su reputación y credibilidad; y colectivamente porque se hace una estigmatización social y se envía un mensaje intimidatorio a todas las personas que defienden los derechos humanos, particularmente a quienes trabajan desde sociedad civil y observan con impotencia que ni siquiera las personas que trabajan para Naciones Unidas están a salvo de la criminalización[ix]

Tercera lección: El cumplimiento del mandato de la OACNUDH frente al conflicto universitario
Frente al conflicto universitario lo que la OACNUDH ha hecho es cumplir con su mandato de alertar sobre una situación que pone en riesgo la vigencia de los derechos humanos del estudiantado y manifestar su preocupación a la UNAH, al Ministerio Público y al Poder Judicial sobre los actos y omisiones que son contrarios a los estándares internacionales de derechos humanos. En este sentido, el Alto ha señalado los parámetros de actuación de las autoridades en el marco del respeto a los derechos humanos y, en consecuencia, la UNAH, como poder público responsable de la educación superior, no puede ignorar las obligaciones internacionales del Estado en la materia. 

Bajo esta lógica, las autoridades universitarias deben recordar que la protesta social es un derecho humano que está reconocido constitucional y convencionalmente en conexión con otros derechos, tales como el derecho a la libertad de expresión y el derecho de asociación y reunión, consagrados en los artículos 72, 78 y 79 de la Constitución de la República, y en los artículos 13, 15 y 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por el Estado el 5 de septiembre de 1977. Por su importancia para la consolidación democrática, es inadmisible utilizar el derecho penal con el fin de convertir en un acto criminal la participación en una protesta, la toma de edificios o de plazas, u otros “actos de desorden que en realidad, en sí mismos, no afectan bienes como la vida o la libertad de las personas”[x]

Por supuesto que la protesta social distorsiona la rutina del funcionamiento cotidiano de la comunidad y puede llegar a afectar el ejercicio de otros derechos que también merecen la protección del Estado, no obstante, al momento de hacer un balance entre esos otros derechos y el derecho de reunión y manifestación pública, “corresponde tener en cuenta que el derecho a la libertad de expresión no es un derecho más sino, en todo caso, uno de los primeros y más importantes fundamentos de toda la estructura democrática”[xi]

Sin duda, la protesta social puede generar traumatismos e interrupciones en el transcurso cotidiano de las actividades, “pero esto no puede justificar el tratamiento penal de las conductas”[xii]. En un sistema democrático el derecho penal es el medio más restrictivo y severo para establecer responsabilidades respecto de una conducta ilícita[xiii], y por tanto, debe ser el último recurso a utilizar, particularmente cuando se trata de conflictos de índole social que se desarrollan dentro la universidad, en donde naturalmente deberían de resolverse a través del diálogo. 

La OACNUDH tiene claro que los actos de protesta que son violentos pueden ser penalizados, pero deben estar estrictamente definidos por la ley y “operar de conformidad con criterios de proporcionalidad y bajo la premisa de que lo que puede ser objeto de reproche penal es el uso de la violencia, no el acto de protestar. Además, es preciso que la respuesta penal sea proporcional a la entidad del derecho afectado porque, de lo contrario, se genera una criminalización ilegítima de la protesta”[xiv]. Se debe tener muy presente que el principio de estricta legalidad exige que “los tipos penales estén formulados sin ambigüedades, en términos estrictos, precisos e inequívocos, que definan con claridad las conductas penalizadas como delitos sancionables, estableciendo con precisión cuáles son sus elementos y los factores que les distinguen de otros comportamientos que no constituyen delitos sancionables o son sancionables bajo otras figuras penales”[xv]

Lo que el Alto ha observado es que algunos de los delitos que se les imputan a quienes protestan son contrarios al principio de legalidad, pues (a) están formulados en forma ambigua o vaga, (b) están planteados con modalidades de participación poco claras o (c) no especifican el dolo o intencionalidad que son requeridos para que la conducta se convierta en ilícita, impidiendo conocer adecuadamente la conducta que es sancionada. Esto permite un amplio margen de discrecionalidad al Ministerio Público y a los jueces y juezas al momento de determinar si las conductas desarrolladas se ajustan o no a un tipo penal determinado, lo que supone costos psicológicos, sociales y económicos que no deberían soportar las personas sometidas a estos procesos[xvi], especialmente si son jóvenes estudiantes. 

La UNAH tiene la obligación de comprender que la protesta social es una de las formas de ejercicio del derecho de reunión y de la libertad de expresión que reviste un interés social fundamental para garantizar el buen funcionamiento del sistema democrático. Las expresiones contra proyectos o políticas institucionales como las “normas académicas” no constituyen una provocación a la violencia, sino que deben ser vistas como un elemento natural de cualquier democracia pluralista[xvii] en donde las personas tienen derecho a oponerse, criticar y escrutar las acciones y omisiones de las autoridades universitarias en lo que atañe a la educación superior. 

La necesidad de que exista un debate abierto y amplio debe abarcar necesariamente a las personas que participan en la formulación o la aplicación de la política pública en el ámbito de la educación superior; dado que están en el centro del debate público y se han expuesto voluntariamente a un escrutinio más exigente por parte de la ciudadanía y de la OACNUDH en el marco de su mandato, las autoridades universitarias deben demostrar mayor tolerancia a la crítica incluso frente a los inevitables discursos ofensivos[xviii]

En algo tiene mucha razón la rectora, hay que regresar a estudiar y actualizarse, y con humildad intelectual aprovechar el mandato y las fortalezas del Alto para (a) abrir espacios de debate permanente sobre los graves problemas de derechos humanos en el país y que necesitan una palabra iluminadora por parte de la academia dentro de la universidad, (b) impulsar procesos de formación continua para quienes toman decisiones y asesoran legalmente a las autoridades universitarias, y (c) cuestionar y revisar qué tipo de abogados y abogadas están formando las facultades de derecho, pues a la luz de las actuaciones de la abogacía general, los fiscales, los jueces y las juezas frente a las protestas estudiantiles, se advierte que se parecen más a la figura montesquiana de simples seres inanimados y desconectados del contexto social y de los avances del derecho, por cuyas bocas pronuncian resoluciones “legalistas” que son contrarias a los estándares constitucionales e internacionales de derechos humanos.

Fuente: http://criterio.hn/2017/06/16/tres-lecciones-universitarias-papel-honduras-la-oficina-la-oacnudh/




[i] OACNUDH, Preocupa la judicialización de la protesta estudiantil de la UNAH, Comunicado de prensa, Tegucigalpa, 4 de julio de 2016.
[ii] OACNUDH Honduras alarmada por incumplimiento de compromiso por parte de autoridades de la UNAH que generó condena de estudiantes, Pronunciamiento, Tegucigalpa, 8 de junio de 2017.
[iii] El CONADEH y la OACNUDH, en ejercicio de sus correspondientes mandatos, llaman a actuar de buena fe haciendo prevalecer el derecho a la educación superior de calidad, para resolver integralmente la problemática entre autoridades y estudiantes de la UNAH, Comunicado conjunto, Tegucigalpa, Honduras, 13 de junio de 2017.
[iv] UNAH, Respuesta de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) al pronunciamiento de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Tegucigalpa, M.D.C, 8 de junio de 2017.
[v] “Posición de la OACNUDH es dañina a criterio de la rectora de la UNAH, Julieta Castellanos”, El Heraldo, 13 de junio de 2017. Consultado el 15 de junio de 2017, accesible en http://www.elheraldo.hn/pais/1080217-466/posici%C3%B3n-de-la-oacnudh-es-da%C3%B1ina-a-criterio-de-la-rectora-de
[vi] Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las violaciones de los derechos humanos en Honduras desde el golpe de Estado de 28 de junio de 2009, Consejo de Derechos Humanos, 13° período de sesiones, 03 de marzo de 2010, párr. 82, p. 19.
[vii] CIDH, Informe sobre la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos en las Américas,  OEA/Ser.L/V/II.124,  Doc. 5 rev. 1, 7 marzo 2006, párr. 170 y 174-177.
[viii] Ibíd., recomendación 10.
[ix] CIDH, Segundo Informe sobre la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos en las Américas, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 66, 31 diciembre 2011, párr. 79.
[x] CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2008, Vol. II: “Informe de la Relatoría para la Libertad de Expresión”, Capítulo IV, párr. 29 y 70.
[xi] CIDH, Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos, OEA/Ser.L/V/II, 31 de diciembre de 2009, párr. 198.
[xii] UPRIMNY, Rodrigo y SÁNCHEZ DUQUE, Luz María, “Derecho penal y protesta social”, en BERTONI, Eduardo (Comp.), ¿Es legítima la criminalización de la protesta social? Derecho penal y libertad de expresión en América Latina, Universidad de Palermo, Buenos Aires, Argentina, 2010, p. 49.
[xiii] Corte IDH, Caso Kimel Vs. Argentina, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 2 de mayo de 2008, párr. 76.
[xiv] UPRIMNY, Rodrigo y SÁNCHEZ DUQUE, Luz María, “Derecho penal y protesta social”…op. cit., p. 48.
[xv] Corte IDH, Caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú, Sentencia de 30 de mayo de 1999 (Fondo, reparaciones y costas), párr. 121.
[xvi] CIDH, Segundo Informe sobre la situación de las defensoras y los defensores… op. cit., párr. 92.
[xvii] CIDH, Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión 2009, Capítulo II. Evaluación sobre el Estado de La Libertad de Expresión en El Hemisferio, diciembre de 2009, párr. 708.
[xviii] CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1994, Capítulo V. Informe sobre compatibilidad entre las Leyes de Desacato y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 17 de febrero 1995, p. 210.