martes, 21 de noviembre de 2017

La Honduras que va a elecciones

La Honduras que va a elecciones es un país de contrastes porque pese a ser un país muy rico en bienes naturales y culturales, según el Foro Social de Deuda Externa de Honduras (FOSDEH) casi el 70% de su población está bajo la línea de la pobreza.

La Honduras que va a elecciones es el país que no realiza investigaciones efectivas sobre las graves violaciones a derechos humanos y actos de corrupción, cuyos responsables disfrutan de absoluta impunidad, especialmente policías, militares y políticos.

La Honduras que va a elecciones es el país con altos niveles de violencia e inseguridad con un impacto particular en personas defensoras de derechos humanos, indígenas, mujeres, niñez y juventud, comunidad LGBT, migrantes, periodistas y operadores de justicia.

La Honduras que va a elecciones es el país donde según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Policía Nacional, la Policía Militar y el Ejército, en algunos casos en complicidad con el crimen organizado, son fuente de una parte de la violencia e inseguridad. 

La Honduras que va a elecciones es el país con una grave situación de inseguridad relacionada con la libertad de expresión, pues desde 2001 70 personas de este sector han sido asesinadas y el 91% de los casos se encuentra en impunidad.

La Honduras que va a elecciones es el país que en los últimos 10 años ha sido escenario del asesinato de 262 personas de la comunidad LGTBI, según el Observatorio de la organización “Cattrachas”, y de 650 femicidios entre 2016 y el primer semestre de 2017.

La Honduras que va a elecciones es el país per cápita más peligroso del mundo para quienes defienden los derechos humanos, de acuerdo con Global Witness, pues desde el año 2007 han sido asesinadas 127 personas defensoras.

La Honduras que va a elecciones es el país cuya situación de violencia generalizada ha conllevado a un incremento significativo de refugiados y el número de solicitantes de asilo en otros países, y el de una impunidad estructural en donde más del 90% de los crímenes quedan sin castigo.

La Honduras que va a elecciones es la del asesinato de Berta Cáceres por las redes de poder entre funcionarios del Estado, sectores empresariales, militares y policías, como lo señaló en su informe el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE).

La Honduras que va a elecciones es la de las instituciones democráticas absolutamente subordinadas al presidente Juan Orlando Hernández, la que huele a fraude electoral y a golpe de Estado con la imposición de su ilegal candidatura basada en la suplantación de la soberanía popular y en la violación del principio de alternabilidad en el ejercicio de la presidencia.

Esta es la Honduras que va a unas elecciones formales pero manchadas de pobreza, sangre, violencia, corrupción, muerte, impunidad, ilegalidad e ilegitimidad.

martes, 14 de noviembre de 2017

El macabro contexto electoral

Dentro de pocos días Honduras se aventura a unas elecciones caracterizadas por cuatro condiciones que ponen en duda el principio básico de la democracia representativa que requiere que sean elecciones libres y justas.

En primer lugar, la apariencia de todas las formalidades de la democracia participativa pero en la práctica la consolidación de un régimen autoritario, excluyente y bipolar, en el sentido de manejar un discurso favorable a los derechos humanos y los valores democráticos, pero con una práctica contraria a ellos.

En segundo lugar, el uso perverso del discurso de la violencia y la inseguridad para promover un profundo proceso de remilitarización de la sociedad y el Estado con graves consecuencias para la democracia y el Estado de derecho.

En tercer lugar, la persistencia de graves violaciones a derechos humanos y de altos niveles de impunidad y violencia, que impactan particularmente a quienes defienden estos derechos y que convierten a Honduras en el país per cápita más peligroso del mundo para las personas defensoras.

En cuarto lugar, un control absoluto de toda la institucionalidad democrática por parte del presidente Hernández, quien durante estos 8 años en el poder se ha encargado de establecer una red de favores y controles para garantizar sus planes continuistas a costa de nuestra frágil democracia.

Estas condiciones explican por qué la candidatura ilegal del señor Hernández sigue viento en popa, a pesar de estar basada en la suplantación de la soberanía popular y en la grave violación del principio constitucional que obliga a la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la república.

Sin duda alguna, estas macabras condiciones y graves vicios ensombrecen el proceso electoral, y lo convierten en una herramienta para legitimar la consolidación de la “agridulce dictadura” que nació con el golpe de Estado de 2009 y que parece gozar de la bendición de la comunidad internacional.

martes, 7 de noviembre de 2017

Un premio más que merecido

En Honduras existe una grave situación de violencia e inseguridad relacionada con la libertad de expresión, lo cual convierte a periodistas, trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación en un sector particularmente vulnerable. 

De acuerdo con el CONADEH, entre 2001 y agosto de 2017, 70 personas de este sector han sido asesinadas y el 91% de los casos se encuentra en impunidad. Nuestro compañero Carlos Mejía se encuentra dentro de esa macabra lista que hace de Honduras el país más peligroso para ejercer el periodismo y la comunicación.

Los asesinatos de personas vinculadas a los medios de comunicación son la manifestación sangrienta de los diversos ataques a la libertad de expresión en el país. Frente a ello, en 2001 nace una coalición de periodistas y miembros de sociedad civil para promover esa libertad y el derecho a la información.

Esta coalición llamada Comité por la Libre Expresión (C-Libre) se ha convertido en un referente nacional e internacional a través de su trabajo de capacitación, asistencia legal, investigación y monitoreo de la situación de la libertad en Honduras, a la cual concibe como un derecho social que no es exclusivo de periodistas.

En reconocimiento de su enorme trabajo, en diciembre recibirá el VIII Premio Internacional Libertad de Prensa 2017 de la Universidad de Málaga, que propone la Cátedra UNESCO de Comunicación. Este premio “destaca la encomiable labor de la organización en la defensa de la libertad de prensa en Honduras y la seguridad de los periodistas en el país latinoamericano”.

Para su director, Edy Tábora, este reconocimiento les “alienta a continuar trabajando por una sociedad en la cual se respeten estas libertades públicas, tan importantes para la Democracia y el Estado de derecho”.

Desde el ERIC-SJ y Radio Progreso nos congratulamos por este merecido premio, no solo porque nos sentimos hermanados con C-LIBRE en el esfuerzo colectivo de construir una Honduras más justa y solidaria, sino también porque conocemos y valoramos su compromiso institucional y personal con los derechos humanos y los valores democráticos.

martes, 31 de octubre de 2017

Triplemente golpista

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la prohibición de ser electo como presidente a quien haya participado en una alteración del orden constitucional es una regla consuetudinaria de firme tradición en Centroamérica y una limitación necesaria para la consolidación democrática de la región. 

En este sentido, restringir la participación política de quien quebranta el orden constitucional está justificada por el fin legítimo de proteger la democracia, ya que quien provoca un daño intolerable al pacto democrático no merece gozar del derecho a ser electo.

A la luz de lo anterior es necesario recordar el papel que ha jugado el presidente Juan Orlando Hernández en la grave crisis política que arrastra el país desde el año 2009, lo cual constituye un desmerecimiento suficiente para repudiar su candidatura.

Primero, siendo diputado del Congreso Nacional en 2009 apoyó el golpe de Estado contra el Poder Ejecutivo y votó a favor de la aberración jurídica que los golpistas llamaron “sucesión constitucional” para justificar su crimen.

Segundo, siendo presidente del Congreso Nacional en 2012 promovió y votó a favor del golpe de Estado contra el Poder Judicial mediante la destitución ilegal de 4 magistrados y magistradas de la Sala de lo Constitucional y su sustitución por 4 personas afines al gobierno nacionalista.

Tercero, siendo presidente de la república promovió y aceptó una candidatura reeleccionista que constituye un golpe de Estado al soberano, quien es el único sujeto político facultado para modificar el artículo pétreo constitucional que prohíbe la reelección. 

Además, su candidatura vulnera abiertamente el artículo 4 de la Constitución que establece el principio de alternabilidad en el ejercicio de la presidencia. No cabe duda que estos hechos reflejan el desprecio que el señor Hernández siente por los valores de la democracia.

En consecuencia, el triple precedente golpista de Juan Orlando Hernández y su candidatura basada en la suplantación de la soberanía popular es un demérito y una razón suficientes para impedir que participe en las elecciones generales de noviembre próximo.

En un verdadero Estado de derecho con una institucionalidad sólida, esta y otras candidaturas estarían excluidas del proceso electoral; sin embargo, las instituciones encargadas de defender el orden democrático han demostrado su subordinación absoluta a los designios del presidente del Ejecutivo.

¿Acaso es tan difícil comprender que la tesis de que las elecciones sean “libres y justas” se pone en tela de juicio cuando quien quebranta el orden constitucional impulsa su candidatura en una elección aparentemente democrática?

martes, 24 de octubre de 2017

Si la reelección es corrupción…

La corrupción tiene efectos nocivos para la convivencia social, ya que debilita las instituciones, erosiona la confianza ciudadana, fomenta la impunidad, obstaculiza los esfuerzos para alcanzar el bien común, amenaza la seguridad y socava el desarrollo sostenible y democrático.

La democracia depende del correcto funcionamiento de sus instituciones y de una ciudadanía activa que exija el cumplimiento de la legalidad, la ética y la justicia. Por ello, la prevención y erradicación de la corrupción es fundamental para evitar la impunidad, el autoritarismo y la inestabilidad política.

El instrumento internacional por excelencia en esta materia es la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la cual no incluye en su texto una definición de la misma, dado el carácter cambiante del término y de su permanente evolución.

Sin embargo, esta Convención, aprobada por el Estado de Honduras, incluye definiciones de algunas de las principales figuras que forman parte de la corrupción, como el soborno y la extorsión, la malversación y la apropiación indebida de bienes, el enriquecimiento ilícito y el abuso de funciones.

Según el artículo 19, el abuso de funciones o del cargo implica “la realización u omisión de un acto, en violación de la ley, por parte de un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener un beneficio indebido para sí mismo o para otra persona o entidad”.

A la luz de lo anterior, corrupción es violentar el artículo pétreo que prohíbe la reelección presidencial, el cual opera contra todas las instituciones públicas que, como poderes constituidos, no pueden modificarlo, ya que es una facultad exclusiva del pueblo como titular del poder constituyente.

Corrupción es que a pesar de esa prohibición la Sala de lo Constitucional decidiera modificar de facto dicho artículo para permitir la reelección del presidente Juan Orlando Hernández, pese a saber y reconocer que no tiene la atribución de reformarlo.

Corrupción es que el Congreso Nacional rechazara un plebiscito para consultarle al pueblo hondureño sobre la reelección y que el Tribunal Supremo Electoral inscribiera la candidatura inconstitucional del señor Hernández.

Corrupción es que el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos manifestara su apoyo a esta suplantación de la soberanía popular y que el Ministerio Público no inicie de oficio ni dé trámite a las denuncias interpuestas por este grave delito.

Si todo esto es corrupción, las preguntas del millón son: ¿Dónde están las exigencias de transparencia y de lucha contra la corrupción de la comunidad internacional?, dónde está la denuncia y posición contundente de Transparencia Internacional y demás organizaciones de sociedad civil?

Con su silencio están demostrando quiénes son y de qué lado están.

Dos deméritos democráticos de la candidatura de Juan Orlando Hernández


Los derechos políticos son fundamentales para el fortalecimiento de la democracia y el Estado de derecho, y son esenciales para proteger los demás derechos, ya que solo a través de la participación en elecciones genuinas, libres y mediante el voto secreto se puede establecer un gobierno legítimo, basado en la voluntad popular, y respetuoso de los derechos y libertades ciudadanas.

Por ello la realización de las elecciones debe caracterizarse por su autenticidad, su periodicidad y su universalidad. La autenticidad está relacionada con la necesidad de que exista una correspondencia entre la voluntad de las personas electoras y el resultado de la elección. La periodicidad tiene que ver con la necesidad de escrutinio popular sobre el desempeño de las autoridades y debe vincularse con la prohibición de la perpetuación en el poder o el ejercicio de éste sin plazo determinado.

La universalidad implica que las elecciones deben ser realizadas por sufragio universal, a través del cual se debe garantizar la participación política de todas las personas en igualdad de condiciones, ya que como lo señala Luis Efrén Ríos Vega, “la democracia implica sobre todo un principio incluyente que permite que cualquiera pueda gobernar en la medida en que resulte electo de manera libre y auténtica por medio del sufragio popular”.

No obstante, no todas las personas pueden gobernar ni tampoco ser elegibles. De acuerdo con el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos es posible establecer ciertas limitaciones o exclusiones por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena por juez competente en proceso penal.

Pero estas limitaciones no son las únicas permitidas, ya que como lo señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia Castañeda Gutman Vs. México, “no es posible aplicar al sistema electoral que se establezca en un Estado solamente las limitaciones [señaladas en dicho artículo]”. Las exclusiones o limitaciones establecidas dependerán de las necesidades históricas, políticas, sociales y culturales de un país, siempre y cuando no impliquen una restricción indebida a los derechos políticos.

Una candidatura basada en la suplantación de la soberanía popular

Nuestra reciente historia de golpes de Estado, autoritarismo, ingobernabilidad y violencia política hizo de la prohibición de la reelección una garantía legítima frente al despotismo. Si bien es cierto que tales circunstancias pueden cambiar y, en consecuencia, tal prohibición puede ser eliminada para adaptarse a los cambios políticos y sociales que experimenta la sociedad, este asunto debe ser debatido en un amplio espacio democrático de participación directa de la ciudadanía.

No se puede ignorar que la prohibición de la reelección está contenida en un artículo pétreo, el cual opera contra los poderes constituidos, es decir, contra los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y, en consecuencia, su modificación o eliminación fue reservada por la Constitución exclusivamente al pueblo hondureño como titular del poder constituyente.

Por tanto, la sentencia de la Sala de lo Constitucional que declara inaplicable la prohibición de la reelección, el rechazo del Congreso Nacional a convocar un plebiscito para consultar al soberano al respecto y la inscripción de la candidatura reeleccionista del presidente Juan Orlando Hernández por parte del Tribunal Supremo Electoral, constituye una evidente suplantación de la soberanía popular que pervierte gravemente el proceso electoral y nos coloca ante un rompimiento del orden constitucional.

Una candidatura basada en el antecedente golpista

La premisa conceptual de que las elecciones sean “libres y justas” se pone en tela de juicio cuando quien quebranta el orden constitucional impulsa su candidatura en una elección aparentemente democrática. Esta cuestión nos lleva a la tesis según la cual el que provoca un daño intolerable al pacto democrático no merece gozar del derecho a ser electo. Aunque la democracia exige que todas las personas puedan participar en la contienda electoral, la propia democracia se defiende de sus enemigos mediante la configuración de limitaciones y exclusiones.

En este sentido, es legítimo excluir del proceso democrático a quien de forma manifiesta participa y apoya un golpe de Estado, ya que la democracia exige una serie de virtudes republicanas para ser electo con el fin de asegurar el “gobierno de los mejores” y censura los deméritos ciudadanos para evitar el “gobierno de los peores”. Por tanto, la participación en un quebrantamiento constitucional refleja el desprecio por los valores de la democracia y constituye un desmerecimiento suficiente para repudiar una candidatura que pretenda competir por el poder democrático y ser parte del gobierno representativo.

En el caso Ríos Montt Vs. Guatemala, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró razonable la prohibición a ser electo como presidente a un militar que había participado en la alteración del orden constitucional, la cual es una regla consuetudinaria de firme tradición en Centroamérica y una limitación necesaria para la consolidación democrática de la región. En resumen, restringir la participación política de quien quebranta el orden constitucional está justificada por el fin legítimo de proteger el sistema democrático.

En el caso de la candidatura de Juan Orlando Hernández hay tres datos que demuestran su antecedente golpista. Primero, siendo diputado del Congreso Nacional en 2009 apoyó el golpe de Estado contra el Poder Ejecutivo y votó a favor de la aberración jurídica que los golpistas llamaron “sucesión constitucional” para justificar su crimen; segundo, siendo presidente del Congreso Nacional en 2012 promovió y votó a favor del golpe de Estado contra el Poder Judicial mediante la destitución ilegal de 4 magistrados y magistradas de la Sala de lo Constitucional.

Y tercero, siendo presidente de la república promovió y aceptó una candidatura reeleccionista que constituye un golpe de Estado al soberano, quien es el único sujeto político facultado para modificar el artículo pétreo constitucional que prohíbe la reelección. Además, su candidatura vulnera abiertamente el artículo 4 de la Constitución que establece el principio de alternabilidad en el ejercicio de la presidencia que obliga a que la persona titular de la Presidencia de la República cambie periódicamente y prohíbe a quien ostenta actualmente ese cargo, ejercerlo por otro período consecutivo sin mediar el intervalo de un período de cuatro años.

Conclusión

La democracia no sólo implica un principio incluyente que permite que cualquiera pueda gobernar, sino también un principio excluyente que permite defenderse de sus enemigos excluyéndolos del proceso de elección. No hay ninguna duda que el precedente golpista de Juan Orlando Hernández y su candidatura basada en la suplantación de la soberanía popular es un demérito y una razón suficientes para impedir que participe en las elecciones generales de noviembre próximo. Sin embargo, las instituciones encargadas de defender el orden democrático han demostrado su subordinación absoluta a los designios del presidente del Ejecutivo.

A la luz del artículo 3 de la Constitución de la República, la ciudadanía tenemos derecho a la desobediencia civil y a la insurrección en defensa de la democracia, ya que todas las instituciones estatales se han prestado a este atentado contra nuestra forma de gobierno y la comunidad internacional se llama a un silencio cómplice y, como lo señala la Convergencia contra el Continuismo, avala “una novedosa modalidad de golpe de Estado por vía electoral” que nos está llevando a la consolidación de un régimen autoritario y a la profundización de la inestabilidad política que no para de agudizarse desde el golpe de Estado de 2009.

martes, 17 de octubre de 2017

Los Cachiros, Matta Waldurraga y el Ministro de Seguridad

Según Insight Crime, el actual ministro de seguridad, el general Julián Pacheco Tinoco, “es el miembro más poderoso de la élite burocrática” del país. Fue jefe de inteligencia militar, director de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, y el primer militar activo en ocupar dicho ministerio.

Pese a su enorme poder, en dos asuntos sobre narcotráfico sus acciones y omisiones han sido muy cuestionables. Primero, después de decir que jamás se había reunido con Los Cachiros, tuvo que admitir que sí lo hizo y que le habían propuesto formar parte de la red de colaboradores en el narcotráfico, pero él se negó.

Sin embargo, sigue sin explicar qué medidas tomó para denunciar, investigar y desmantelar a Los Cachiros. Es curioso que, según Insight Crime, el general Pacheco es un ejemplo de cómo se han entrecruzado las élites con el narco, ya que era el jefe del batallón del ejército en Colón a inicios del 2000 cuando Los Cachiros estaban empezando a ganar relevancia.

Segundo, hace un par de meses Juan Ramón Matta Waldurraga, hijo del legendario narcotraficante Ramón Matta Ballesteros, se entregó a las autoridades estadounidenses que lo investigan por sus supuestos nexos con el narcotráfico y el crimen organizado, mientras en Honduras se paseaba libremente.

Ante ello, la reacción del ministro de seguridad refleja el desastre institucional en el que nos encontramos, pues dijo “estar sorprendido” por la entrega de Matta Waldurraga y reconoció desconocer la orden de captura que una corte de Nueva York emitió desde 2014 en contra de esta persona.

A la luz de lo anterior, resulta preocupante que el poderoso ministro de seguridad no hizo nada contra Los Cachiros pese a saber que eran narcotraficantes y ahora no se entera que Matta Waldurraga tenía una orden de captura por vinculación con el tráfico de drogas.

Es inaceptable que ante estos hechos las autoridades hondureñas no puedan explicar cómo es posible que tantas personas vinculadas al tráfico de drogas no hayan sido debidamente investigadas y capturadas.

Es inaceptable que como sociedad permitamos este tipo de respuestas de un funcionario de ese nivel y con tanto poder. 

Por eso exigimos nuevamente que se investiguen estas graves omisiones, que el general Julián Pacheco Tinoco renuncie o que el presidente Juan Orlando Hernández lo destituya inmediatamente.

martes, 10 de octubre de 2017

Lo que nos incomoda


Lo que nos incomoda es que sea la justicia estadounidense la que persiga a narcotraficantes hondureños porque el Ministerio Público y el Poder Judicial son incapaces o no quieren aplicar la ley a los poderosos, pero la tuercen para acusar y condenar a estudiantes, campesinos y defensores de derechos humanos.

Lo que nos incomoda es que exista una complicidad pasmosa de toda la institucionalidad democrática, de la comunidad internacional, de las cúpulas religiosas y de un sector de sociedad civil frente a las ambiciones reeleccionistas de Juan Orlando Hernández que implican un nuevo golpe de Estado.

Lo que nos incomoda es el silencio inaceptable de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras frente a este rompimiento del orden constitucional, a pesar que en los últimos años sus autoridades siempre han dado una palabra sobre la mayoría de asuntos importantes para nuestra frágil democracia.

Lo que nos incomoda es la utilización desmedida y abusiva de los medios corporativos de comunicación para denigrar, estigmatizar y criminalizar a la oposición política y ciudadana que exige democratización, transparencia, cumplimiento de la legalidad constitucional y respeto a la dignidad de las personas.

Lo que nos incomoda es que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en la crisis con los estudiantes, haya optado por utilizar indebidamente el derecho penal para reprimirlos policial, militar y judicialmente, perdiendo la oportunidad de dar cátedra de diálogo y resolución pacífica de los conflictos.

Lo que nos incomoda, en definitiva, son otros encapuchados, aquellos que detrás de la máscara de demócratas y decentes, son unos corruptos, violadores de derechos humanos y déspotas, cuyos actos cotidianos convierten al país en una maquila de desigualdad, violencia, despojo, corrupción e impunidad.

sábado, 7 de octubre de 2017

Más allá del referéndum en Cataluña. Los límites en el uso de la fuerza policial


Las acciones policiales durante el 1-0 en Cataluña no tienen justificación alguna. Los vídeos y fotografías que han dado la vuelta al mundo y que muestran a miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil cargando contra la población de forma desproporcionada no pueden considerarse compatibles con los estándares internacionales de derechos humanos, y solo reflejan los vientos de autoritarismo que parece vuelven a soplar por España.

Tales estándares establecen límites muy definidos para evitar el uso arbitrario y excesivo de la fuerza, y obligan a observar celosamente los criterios de proporcionalidad, necesidad, legitimidad y humanidad. El Código de Conducta para Funcionarios Encargados de hacer Cumplir la Ley, adoptado por la ONU el 17 de diciembre de 1979, establece que la obligación más importante de un agente de la fuerza pública es respetar y proteger la dignidad humana, y defender los derechos y libertades fundamentales de todas las personas.

En este sentido, el uso de la fuerza debe estar definido por la excepcionalidad y debe ser planeado y limitado proporcionalmente por las autoridades. Los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil deberían estar capacitados y sensibilizados para distinguir entre las personas que por sus acciones constituyen una amenaza inminente de muerte o lesión grave y aquellas personas que no representan esa amenaza, y usar la fuerza exclusivamente contra las primeras.

Durante el 1-0 el gobierno español tenía la obligación de ordenar claramente a las fuerzas de seguridad del Estado que se debía evitar, en la medida de lo posible, el uso de la fuerza, y en los casos en que dicho uso era absolutamente necesario, asegurar que nadie fuera objeto de su utilización excesiva o indiscriminada. No obstante, las imágenes que circulan en los medios internacionales y algunos medios nacionales evidencian que la orden era reprimir o que los agentes policiales ejercieron arbitrariamente su poder.

Sea como fuere, las actuaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil demuestran que estas también ignoraron los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, adoptado por la ONU del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990, en el sentido de ejercer la fuerza con moderación y actuar en proporción a la gravedad de los hechos y al objetivo legítimo perseguido; reducir al mínimo los daños y lesiones a las personas; y proceder a prestar lo antes posible asistencia y servicios médicos a las personas heridas o afectadas.

Aunque las manifestaciones en Cataluña puedan catalogarse como ilícitas por el Gobierno español, su evidente naturaleza pacífica constituía una barrera para evitar el empleo de la fuerza por parte de la Policía Nacional y la Guardia Civil, o procurar su limitación al mínimo necesario para enfrentar y controlar situaciones de perturbación del orden público, pero de manera racional y proporcional, y con respeto irrestricto a los derechos a la vida y a la integridad personal.

Las muestras de preocupación de parte del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Raad al Hussein, por la violencia policial durante la jornada del 1-0 deben ser tomadas seriamente por el Gobierno español, pues el empleo arbitrario o abusivo de la fuerza no pueden quedar impunes, ni siquiera en circunstancias excepcionales como la inestabilidad política o cualquier otra situación de emergencia. Por ello es fundamental el inicio ex officio y sin dilación de una investigación seria, independiente, imparcial y efectiva, ya que en democracia es imperativo la rendición de cuentas con el fin de sancionar los abusos cometidos y velar para que las víctimas puedan ser reparadas.

La unidad de España o la preservación del orden público no pueden ser invocados para suprimir o desnaturalizar derechos, sino que deben ser interpretados de acuerdo a lo que demanda una sociedad democrática, es decir, el máximo nivel de ejercicio del derecho a la libertad de expresión que permita garantizar el mayor nivel posible de debate colectivo sobre la necesidad de una revisión del modelo de Estado con el fin de procesar más efectivamente, mediante un diálogo abierto e incluyente, las demandas y necesidades de todas las comunidades autónomas, y traducirlas en reconocimiento de más libertades y mayores cuotas de democratización.

martes, 3 de octubre de 2017

La risa del general


Cuánta razón tiene el analista Víctor Meza cuando señala que la intervención y participación de las Fuerzas Armadas en la vida nacional “han sido una permanente pesadilla en la historia política contemporánea del país”.

Las Fuerzas Armadas han estado en los momentos más oscuros de nuestra historia y han detentando el poder real casi de manera ininterrumpida, permitiendo al bipartidismo un reducido margen de acción como aliados incondicionales en los golpes de Estado y los gobiernos militares.

También han sido fieles mandaderas de las órdenes estadounidenses y su falso patriotismo ha quedado evidenciado con la aplicación de la doctrina de seguridad nacional en los años 80 a través de la cual cometieron los más graves crímenes contra la humanidad.

En el año 2009, volvieron a demostrar su desprecio por la dignidad humana y los valores democráticos cuando dieron un golpe de Estado que laceró a la sociedad a punta de torturas, violaciones sexuales, detenciones ilegales masivas, cierres de medios de comunicación y ejecuciones arbitrarias.

Pese a estos antecedentes, lograron obtener un poder excesivo bajo la excusa de la lucha contra el narcotráfico, empero han sido incompetentes y cómplices para que las drogas pasen sin problemas por las fronteras que históricamente han estado bajo su control.

De la misma manera, los militares son cómplices del actual rompimiento del orden constitucional que implica la candidatura ilegal reeleccionista de Juan Orlando Hernández, frente a lo cual no solamente se llaman al silencio sino que se ríen y se burlan de la ciudadanía.

La periodista Sandra Maribel Sánchez le preguntó al general Fredy Díaz Zelaya, Ministro de Defensa por ley y ex jefe del Estado Mayor Conjunto, por qué no actúan constitucionalmente frente a la ilegalidad de la reelección. Su única respuesta fue una risa burlona y sarcástica.

La risa del general Díaz Zelaya nos confirma dos cosas.

Primero, que los militares se sienten machos y valientes cuando se trata de reprimir a una ciudadanía que exige el cumplimiento de los derechos y libertades, pero son sumisos y cobardes frente a los narcotraficantes, los corruptos y los violadores a la Constitución.

Segundo, que la actuación de los militares no puede comprenderse sin la soberbia que da el poder absoluto y la impunidad, y constituye una burla contra la dignidad de las personas asesinadas, torturadas, desaparecidas, detenidas ilegalmente y agredidas sexualmente por ellos.

No cabe duda que los militares son los principales enemigos de la democracia y los derechos humanos, y como ciudadanía tenemos la obligación de tomar seriamente el ejemplo de Costa Rica y erradicar la pesadilla que representa las Fuerzas Armadas.

martes, 26 de septiembre de 2017

¿Pueden ser legítimas y auténticas las elecciones de noviembre?

Las próximas elecciones generales están permeadas por una serie de distorsiones que las deslegitiman y que deberían llenar de vergüenza e indignación a cualquier persona u organismo nacional e internacional que se precie respetuoso de los valores democráticos. Para muestra, tres botones. 

Primero. La participación del general golpista Romeo Vásquez Velásquez, cuyas acciones al frente de la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas desencadenaron graves violaciones a derechos humanos que fueron consideradas crímenes de lesa humanidad por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.

En un Estado con instituciones independientes, su candidatura presidencial jamás sería permitida puesto que de acuerdo con los estándares interamericanos de derechos humanos, su antecedente golpista es una causa legítima para excluirlo de la contienda electoral como una forma de defender la democracia.

Segundo. La participación del capitán Billy Joya Améndola como candidato a diputado por el partido Nacional, quien como miembro del escuadrón de la muerte 3-16, es responsable de intento de asesinato, detención ilegal y tortura contra 6 estudiantes universitarios en 1982.

Aunque las nefastas autoridades jamás realizaron una investigación seria y efectiva que permitiera su sanción, la gravedad de sus crímenes los vuelve imprescriptibles, por lo que tarde o temprano tendrá que pagar por ellos. En un verdadero Estado de derecho, su única candidatura válida sería para convicto.

Tercero. La participación de Juan Orlando Hernández que implica un nuevo rompimiento del orden constitucional, ya que está sustentada en la suplantación de la soberanía popular y la violación del principio de alternabilidad en el ejercicio de la presidencia.

En una verdadera democracia, su obsesión reeleccionista debería ser frustrada por una institucionalidad y una ciudadanía colmada de cultura constitucional, y una comunidad internacional coherente; sin embargo, lo que prevalece es el silencio, la complicidad y el sometimiento casi absoluto a sus designios.

¿Acaso pueden ser legítimas y auténticas unas elecciones celebradas en el contexto de un nuevo rompimiento del orden constitucional en el que participan golpistas, criminales de lesa humanidad y violadores del pacto social que representa la Constitución?

martes, 19 de septiembre de 2017

El verdadero fraude electoral

El conocido dicho popular de que existen “Elecciones estilo Honduras” ha superado cualquier expectativa. Ni siquiera la persona más pesimista podría imaginar el nivel de ilegalidad que puede alcanzar la actual clase política para mantenerse en el poder.

Y con un cinismo que solo los impunes pueden mostrar, nos llaman a la supuesta fiesta electoral pretendiendo hacernos creer que con nuestros votos participaremos en la toma de las decisiones más importantes del país.

Mientras tanto, los partidos políticos de oposición también nos llaman a acudir masivamente a las urnas en noviembre próximo para detener el fraude que ya tienen montado los sectores vinculados a Juan Orlando Hernández.

Y algunos sectores de sociedad civil se esfuerzan en implementar estrategias para promover la rendición de cuentas de quienes buscan un cargo de elección popular y para incorporar en sus agendas políticas temas de interés de algunos grupos vulnerabilizados.

Sin embargo, pese a cualquier esfuerzo que se realice, el verdadero fraude ya está en marcha porque no podemos ignorar que el actual proceso electoral no tiene la más mínima legitimidad democrática al estar viciado por un nuevo rompimiento del orden constitucional.

¿Acaso ignoramos que la prohibición de la reelección está contenida en un artículo pétreo que ni el Congreso Nacional ni el Poder Ejecutivo ni la Corte Suprema de Justicia puede eliminar porque es una facultad que solo le corresponde al pueblo hondureño como titular del poder constituyente?

¿Acaso ignoramos que al permitir la reelección la Sala de lo Constitucional suplantó la soberanía popular y que el Congreso Nacional al pretender interpretar la sentencia para reglamentarla se atribuye facultades judiciales que vulneran el principio de separación de poderes? 

¿Acaso ignoramos que la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia obliga a que el titular del Ejecutivo cambie periódicamente y prohíbe que el actual presidente lo ejerza por otro período consecutivo sin mediar el intervalo de un período presidencial?

¿Acaso ignoramos que suplantar la soberanía popular y transgredir la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia no es otra cosa que un nuevo rompimiento del orden constitucional? ¿Cómo es posible que no comprendamos que las próximas elecciones son un grave fraude constitucional?

Tanto cinismo e ilegalidad no podrían ser posibles sin la complicidad de todos los sectores involucrados, incluidos el gobierno estadounidense, la Unión Europea y el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, empeñado en ignorar este nuevo golpe de Estado en Honduras y obsesionado con la crisis política venezolana.

martes, 12 de septiembre de 2017

Demófobos

La fobia es definida como el “temor intenso e irracional, de carácter enfermizo, hacia una persona, una cosa o una situación”. También puede concebirse como el “odio o antipatía intensos por alguien o por algo”. En virtud de lo anterior podemos decir que en Honduras existe una epidemia de “demofobia”, es decir, de miedo y odio a la democracia.

Y a pesar que los demófobos y demófobas manejan un discurso formal de respeto a los valores democráticos y los derechos humanos, sus prácticas autoritarias evidencian su desprecio por estos, así como el uso arbitrario de la ley y de las instituciones estatales para imponer sus normas y su moralidad al resto de la sociedad.

En el ámbito económico, la demofobia del actual régimen se concreta en la imposición inconsulta de un modelo extractivista que impacta negativamente en la salud, el medio ambiente y la vida de las comunidades, a quienes se les reprime y criminaliza brutalmente si se atreven a ejercer su derecho a defender sus territorios.

En el ámbito político, su demofobia se concreta en la construcción de una inmensa red de favores para ejercer un férreo control sobre la institucionalidad democrática, liderar la suplantación de la soberanía popular mediante la aprobación de facto de la ilegal reelección presidencial y rechazar que el pueblo hondureño ejerza su facultad constituyente de reformar o no el artículo pétreo que la prohíbe.

Y en el ámbito educativo, ni siquiera nuestra universidad pública se escapa de la epidemia de demofobia que asola al país, ya que sus autoridades siguen demostrando su incapacidad y falta de voluntad política para resolver el conflicto universitario a través de la razón y del diálogo, y no de las amenazas, la criminalización indiscriminada y la salvaje represión policial a cualquiera que ose en criticarlas.

La demofobia que corroe a nuestras instituciones solo puede ser enfrentada con más movilización ciudadana y la toma de conciencia de nuestra condición de titulares de derechos que son la columna vertebral del orden social, que son superiores al poder público, que son límites infranqueables a sus acciones y que las deslegitiman profundamente cuando atentan contra ellos.

jueves, 7 de septiembre de 2017

Los verdaderos desestabilizadores del país

El presidente Juan Orlando Hernández denunció un supuesto plan para desestabilizar el país previo a las elecciones de noviembre próximo. 

Conociendo sus antecedentes maquiavélicos, no sería extraño que junto con su núcleo duro de colaboradores y aduladores profundicen el plan desestabilizador que desde el golpe de Estado de 2009 vienen implementando a la perfección. 

Ateniéndose a los hechos, ¿quién desestabiliza al país sino usted señor Hernández que con su gobierno siguen entregando los territorios a proyectos extractivos que atentan contra la salud y el medio ambiente, y no consultan a las comunidades, generando conflictos que se traducen en graves violaciones a derechos humanos?

¿Quién desestabiliza al país sino usted señor Hernández que con su gobierno aprueban normas penales sin importarle que sean contrarias a la Constitución y a los estándares internacionales de derechos humanos como se lo ha advertido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos?

¿Quién desestabiliza al país sino usted señor Hernández que con su gobierno imponen el pago ilegal de peajes sobre las carreteras públicas construidas y mantenidas con nuestros impuestos, y violentando nuestro derecho constitucional a circular libremente por todo el territorio nacional?

¿Quién desestabiliza el país sino usted señor Hernández que con su gobierno aprueban una ley de empleo temporal que genera una mayor precariedad, inestabilidad y vulnerabilidad en el empleo, y desnaturaliza los derechos laborales que son fundamentales para promover la autonomía y la dignidad de las personas?

¿Quién desestabiliza al país sino usted señor Hernández que con su gobierno dan un golpe de Estado al Poder Judicial mediante la separación ilegal de cuatro magistrados y magistradas de la Sala de lo Constitucional y nombran a 4 personas afines a sus intereses políticos, que luego le allanan el camino a su ilegal reelección?

¿Quién desestabiliza al país sino usted señor Hernández que con su gobierno han suplantado la soberanía popular y se empeñan en concretar el rompimiento del orden constitucional a través de su ilegal candidatura pese a que la reelección presidencial es prohibida y la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia es obligatoria?

¿Quién desestabiliza al país sino usted señor Hernández que con su gobierno han convertido al país en el reino de la corrupción y la impunidad para beneficiar a las élites económicas, religiosas, militares y políticas, en detrimento de los derechos de una mayoría de la población que es condenada a la desigualdad y a la pobreza?

Las evidencias no engañan señor Hernández, ustedes son los verdaderos desestabilizadores de este país, cuyo pueblo no se merece continuar bajo el yugo de un gobierno autoritario como el suyo.

martes, 29 de agosto de 2017

Nuestro derecho a defender la democracia

El filósofo estadounidense, John Rawls, señala que la desobediencia civil es un acto público, no violento, consciente y político que busca inducir a un cambio en normas jurídicas o políticas gubernamentales que se consideran ilegítimas a la luz de los principios y fundamentos constitucionales del Estado democrático de derecho.

Por su parte, el filósofo alemán, Jürgen Habermas, plantea que esta forma de conducta cívica no busca la ruptura del orden constitucional, sino apelar al sentido de justicia de la comunidad y comprometer su conciencia moral para revisar y corregir una cuestión que vulnera los principios fundamentales que sostienen el pacto social en una sociedad democrática.

De acuerdo con nuestra Constitución nacional, dos de esos principios esenciales de nuestra forma de gobierno y convivencia social son la prohibición de la reelección presidencial y la obligación de la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia, a tal punto que fueron establecidos en cláusulas pétreas con el fin de blindarlos y reservar exclusivamente al poder constituyente su modificación o eliminación.

Por tanto, solo el pueblo hondureño es el único sujeto político legitimado para reformar tales principios y, consecuentemente, ni el Congreso Nacional ni el Poder Ejecutivo ni la Corte Suprema de Justicia, como poderes constituidos, tienen la facultad de reformar las cláusulas pétreas que operan contra ellos para evitar que se transformen en poder constituyente.

En este sentido, la participación de Juan Orlando Hernández en el próximo proceso electoral es una herida grave y profunda para la democracia, y es un vicio perverso que deriva de la usurpación al soberano de su facultad constituyente de modificar o no el artículo pétreo que prohíbe la reelección, lo cual implica un nuevo rompimiento del orden constitucional.

A la luz del artículo 3 de la Constitución, la ciudadanía tenemos derecho a la desobediencia civil y a la insurrección en defensa del orden democrático, sobre todo porque todas las instituciones estatales se han prestado a este atentado contra nuestra forma de gobierno, y la OEA y la comunidad internacional se llaman a un silencio cómplice y, como lo señala la Convergencia contra el Continuismo, avalan “una novedosa modalidad de golpe de Estado por vía electoral”.

Libertad de expresión y la amenaza de CONATEL contra Radio Waruguma

La libertad de expresión en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas y constituye una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática, pues es indispensable para la formación de la opinión pública. 

Como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los medios de comunicación son los vehículos que materializan el ejercicio de la libertad de expresión y para ello es imprescindible que, entre otras cosas, se garantice la pluralidad de medios y la prohibición de todo monopolio respecto a ellos.

En este sentido, el Estado debe garantizar el derecho de todas las personas de contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación por ningún motivo. 

En otras palabras, el rol del Estado a través de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) es fomentar la pluralidad de voces y evitar los monopolios u oligopolios en los medios de comunicación, ya que representan un serio obstáculo a la democratización del país.

La historia reciente de Honduras nos ha mostrado que los medios de comunicación tradicionales solo difunden ideas y opiniones afines a los intereses de los grupos de poder político, económico y religioso, ejerciendo de este modo un control antidemocrático sobre la información que recibe el resto de la población.

Por ello es fundamental que el Estado facilite las condiciones necesarias para que los medios de comunicación alternativos o comunitarios puedan ejercer su labor en forma independiente y sin presiones, e incluir en la agenda nacional contenidos que atiendan las necesidades y reivindicaciones de los sectores marginados.

La amenaza por parte de CONATEL de cerrar la radio comunitaria Waruguma, localizada en la ciudad de Trujillo y a la que acusa de “rebelde”, viola abiertamente las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado de garantizar que dicho medio alternativo pueda realizar su labor en forma independiente y sin presiones.

Desde el ERIC-SJ y Radio Progreso nos solidarizamos con Radio Waruguma y le recordamos a CONATEL que a la luz del principio 13 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, acciones como la señalada que puede redundar en el silenciamiento de dicha radio, es incompatible con la esencia de los valores democráticos.

lunes, 21 de agosto de 2017

Para esto sirve la Policía Militar

Como parte del profundo proceso de militarización del Estado y la sociedad, en agosto de 2013 se creó la Policía Militar de Orden Público, que está facultada para actuar en situaciones de emergencia, capturar a personas asociadas con estructuras criminales, realizar tareas de investigación e inteligencia, combatir el contrabando y la defraudación fiscal, y las demás otorgadas a la Policía Nacional. 

En el marco de tales facultades, los policías militares y los policías nacionales que ejecuten operaciones conjuntas, en caso de cometer violaciones a derechos humanos únicamente podrán ser acusados penalmente por fiscales o jueces de jurisdicción nacional que los acompañen en tales operaciones, pero no por fiscales de derechos humanos.

Ante ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado su preocupación debido a que dichos jueces y fiscales podrían carecer de suficientes garantías de independencia e imparcialidad para conocer de dichas violaciones cometidas por los miembros de la Policía Militar, creando en la práctica un fuero especial.

En otras palabras, los posibles delitos cometidos por policías militares tienen altos niveles de probabilidad de no ser investigados y sancionados con imparcialidad, lo cual puede generar mayores niveles de impunidad. En este contexto se puede comprender la arbitrariedad y el uso desproporcionado de la fuerza militar en conflictos sociales que en un país civilizado deberían resolverse democráticamente.

Una muestra de ello es el desalojo violento realizado por miembros de la Policía Militar y de la Policía Nacional que, actuando como criminales, aprovecharon la oscuridad de la madrugada para atacar un campamento pacífico de los pobladores y pobladoras de la Aldea Pajuiles en Atlántida, quienes se oponen al proyecto HIDROCEP de Jasson Hawit.

En su acción violenta, detuvieron ilegalmente a Óscar Martínez, Orlando Geovany Pérez, René Mejía Calderón y Angélica Recinos, humildes ciudadanos y ciudadanas que ante la complicidad de las autoridades con las empresas extractivas han decidido defender los bienes naturales en el marco del ejercicio de sus derechos constitucionales.

La parcialidad de la Policía Militar, la Policía Nacional y el Ministerio Público deja muy claro que son instituciones que siguen faltando a su obligación constitucional de defender los intereses de la sociedad, pues sus actuaciones demuestran que defienden los intereses ilegítimos de quienes tienen poder político y económico.

Estos hechos evidencian que la creación de la Policía Militar y de un fuero especial para que sus miembros no sean investigados con independencia e imparcialidad, es una forma más de imponer por la fuerza un modelo que explota los bienes de todos y todas en beneficio de unas pocas personas inescrupulosas que tienen secuestrado al Estado y sus instituciones.

jueves, 10 de agosto de 2017

Una visita importante en materia de derechos humanos


Durante el mes de julio, Honduras estuvo bajo el foco internacional en relación con la situación de los derechos humanos. Primero, porque como lo señalamos la semana pasada, los días 5 y 6 de julio el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas realizó un examen al Estado para verificar el estado de protección de los derechos civiles y políticos. 

En sus observaciones finales, el Comité expresó un número importante de preocupaciones al respecto, lo cual confirma la gravedad de la situación de los derechos humanos que se profundizó a partir del golpe de Estado y que hemos venido denunciando permanentemente.

Segundo, en el mismo mes el Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Andrew Gilmour, realizó una visita de tres días al país y sostuvo reuniones con altos funcionarios del gobierno, representantes diplomáticos y representantes de la sociedad civil.

Al igual que el Comité de Derechos Humanos, el señor Gilmour recibió y manifestó su preocupación por informaciones que revelan una impunidad generalizada, altos niveles de violencia, un aumento de la militarización de la seguridad pública, acceso restrictivo a la planificación familiar, un aumento alarmante del femicidio y violencia contra las mujeres en general.

También advirtió que las políticas penales que imponen castigos extremadamente duros a la niñez y juventud no son la solución a la violencia y la criminalidad, cuyas causas de fondo deben ser enfrentadas a través inversiones sociales y la rehabilitación.

A su vez, el señor Gilmour manifestó su preocupación por la violencia que enfrentan con valentía las personas defensoras de derechos humanos, especialmente mujeres, personas LGBTI, defensoras de la tierra y pueblos indígenas, y resaltó la necesidad primordial de aumentar su protección.

Por ello, insistió en la necesidad de abrir espacios para el diálogo, el acceso a la información y la participación efectiva en la formulación de políticas públicas, que son elementos clave de una sociedad democrática. De esta manera, exhortó a los funcionarios estatales a ver a las personas defensoras de derechos humanos como aliadas y agentes de cambio.

El examen realizado por el Comité de Derechos Humanos y la visita del señor Gilmour demuestran dos cosas: En primer lugar, que por mucha demagogia y cerco mediático, el gobierno no puede tapar el sol con un dedo en materia de derechos humanos.

Y en segundo lugar, la importancia del diálogo y la participación efectiva de las personas y comunidades antes que las autoridades adopten decisiones que tienen un impacto en sus derechos, lo cual es una obligación que solo un auténtico Estado democrático de derecho cumple frente a su ciudadanía.

jueves, 3 de agosto de 2017

Honduras reprobada en materia de derechos humanos

Los días 5 y 6 de julio de este año, el Estado de Honduras presentó ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas un informe en el que tuvo que explicar la situación de los derechos humanos en el país, particularmente en relación con igualdad y no discriminación, vida, integridad, libertad de expresión, acceso a la justicia, libertad personal, privacidad, libertad de asociación y manifestación pacífica, entre otros.

Lógicamente, la enorme delegación estatal que viajó a Ginebra presentó una visión parcial de los hechos; por ello, el Comité también recibió información por parte de organizaciones nacionales e internacionales de sociedad civil, tales como la Coalición contra la Impunidad, el Centro para los Derechos Civiles y Políticos, la Plataforma Internacional contra la Impunidad y la Organización Mundial Contra la Tortura.

El pasado 24 de julio, el Comité aprobó una serie de observaciones finales que reflejan la grave situación de derechos humanos en Honduras. Entre otras cosas, el Comité manifestó su preocupación por la falta de transparencia en el proceso de selección del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos; la falta de cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación sobre las violaciones a derechos humanos cometidas durante el golpe de Estado.

El Comité expresó su preocupación por la discriminación sufrida por las mujeres, la comunidad afro-hondureña, los pueblos indígenas y las personas que viven en áreas rurales; la limitada participación de la mujer en la vida política y pública; las elevadas tasas de violencia contra la mujer y los centenares de muertes anuales por feminicidio; las extremadamente altas tasas de homicidio y las altísimas tasas de impunidad.

También le preocupa la militarización de la seguridad pública y el insuficiente control sobre las empresas de seguridad privadas; las prácticas de “limpieza social” y otras ejecuciones extrajudiciales que implican a las fuerzas de seguridad; la tortura, malos tratos y uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de policía y fuerzas armadas; y el alto número de desplazados internos debido a la situación de violencia.

Además le preocupa la falta de protección efectiva para garantizar la independencia e imparcialidad del Poder Judicial; la falta de cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso López Lone y otros vs. Honduras; los actos de violencia e intimidación y las persistentemente elevadas tasas de asesinato de las que son víctimas las personas defensoras de derechos humanos, periodistas, sindicalistas, activistas medioambientales, indígenas y LGBTI.

Finalmente, al Comité le preocupa el hecho de que a pesar del límite del mandato presidencial establecido en la Constitución el presidente Juan Orlando Hernández se presente a la reelección.

A la luz de todo lo señalado por el Comité de Derechos Humanos, es imposible comprender el trillado eslogan oficial de que Honduras está cambiando porque sí es así, estos elementos demuestran que el país está cambiando para mal. ¿O acaso los portavoces y repetidores gubernamentales acusarán al Comité de traidor y enemigo de la patria?

martes, 1 de agosto de 2017

La situación de los derechos humanos en Honduras a la luz de las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

Antecedentes

Los tratados internacionales de derechos humanos generan obligaciones para el Estado de Honduras en dos sentidos: Por un lado, tiene que respetar y garantizar los derechos en ellos reconocidos y, por otro, debe participar en mecanismos de supervisión o monitoreo, a través de los cuales unos órganos especializados evalúan en qué medida el Estado cumple con sus obligaciones internacionales.

Tales órganos son llamados comités y están formados por expertas y expertos independientes que desarrollan su función a través de (a) la recepción y evaluación de informes periódicos presentados por un Estado; (b) la recepción de comunicaciones interestatales en los que un Estado señala que otro Estado no está cumpliendo con sus obligaciones internacionales; (c) la admisión de comunicaciones o denuncias en las que una persona denuncia que un Estado ha violado un derecho reconocido en un tratado; y (d) la realización de investigaciones de oficio cuando considere que en un país existe una situación crítica de derechos humanos. 

De estos mecanismos, el más común es el sistema de informes que consiste en la obligación estatal de presentar ante un comité informes periódicos en los cuales se debe suministrar información sobre las medidas legales, administrativas, judiciales y de cualquier otro tipo que el Estado haya adoptado para implementar las disposiciones del tratado, y sobre las dificultades enfrentadas para ello. La preparación de estos informes es una oportunidad para evaluar el estado de la protección de los derechos humanos con el fin de diseñar e implementar políticas públicas al respecto. 

Uno de los tratados en virtud del cual Honduras tiene la obligación de presentar informes periódicos es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1966 y en vigor desde el 23 de marzo de 1976. El Estado hondureño lo ratificó el 25 de agosto de 1997 y, en consecuencia, desde esa fecha se comprometió a respetar y a garantizar los derechos reconocidos en dicho instrumento, sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

Para asegurar que el Estado cumpla con la doble obligación de respetar y garantizar tales derechos, el artículo 28 del Pacto consagra la creación del Comité de Derechos Humanos (CDH), formado por 18 expertos y expertas independientes que evalúa la información estatal presentada en los informes periódicos y realiza las recomendaciones pertinentes en forma de observaciones finales. Los días 5 y 6 de julio de este año, el Estado hondureño fue invitado a las sesiones del CDH para presentar su segundo informe periódico, responder a las preguntas de los expertos y expertas, y facilitarles información adicional.

A la luz de toda la información disponible, el CDH examinó el informe estatal frente a una delegación de representantes gubernamentales con el objetivo de construir un diálogo constructivo de cara a apoyar al Estado en sus esfuerzos por implementar efectivamente el Pacto. Lógicamente, la enorme delegación estatal que viajó a Ginebra presentó una visión parcial de los hechos; por ello, el CDH también recibió información por parte de organizaciones nacionales e internacionales de sociedad civil, tales como la Coalición contra la Impunidad, el Centro para los Derechos Civiles y Políticos, la Plataforma Internacional contra la Impunidad y la Organización Mundial Contra la Tortura.

A la luz del diálogo con el Estado y la información recibida de las organizaciones de sociedad civil, el CDH adoptó una serie de observaciones finales, las cuales incluyen los aspectos positivos de la implementación del Pacto, los principales motivos de preocupación y las recomendaciones que el Estado tiene la obligación de implementar para mejorar la situación de los derechos humanos. El pasado 24 de julio, el CDH aprobó y publicó una versión no editada de las respectivas observaciones finales, las cuales reflejan la grave situación de derechos humanos en el país y contradicen el trillado discurso oficial de que “Honduras está cambiando”.

Principales preocupaciones del Comité de Derechos Humanos

El CDH manifestó su preocupación por la falta de transparencia en el proceso de selección del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y lamentó que tenga la categoría B después de que el comité de acreditación de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos le rebajara la categoría. También le preocupa la falta de cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación sobre las violaciones a derechos humanos cometidas durante el golpe de Estado, y la existencia de obstáculos en la investigación y enjuiciamiento de las personas responsables de tales violaciones.

Además, el CDH expresó su preocupación por la discriminación sufrida por las mujeres, la comunidad afro-hondureña, los pueblos indígenas, las personas que viven en áreas rurales y las personas LGBTI, especialmente en lo que se refiere a los derechos de las parejas del mismo sexo y la identidad de las personas transgénero; por la limitada participación de la mujer en la vida política y pública; por la insuficiente presencia de los pueblos indígenas y afro-hondureños en los órganos de representación política y en el gobierno; por las elevadas tasas de violencia contra la mujer y los centenares de muertes anuales por feminicidio; por la violencia contra las personas trabajadoras del sexo; y por el extremadamente reducido número de enjuiciamientos y condenas impuestas por este tipo de violencia.

Al CDH también le preocupa que toda interrupción voluntaria del embarazo es ilegal y castigada con penas severas, con el resultado de una alta tasa de mortalidad debido a abortos inseguros; la prohibición absoluta de anticonceptivos de emergencia, incluso en los casos de violación e incesto; y las altas tasas de embarazo adolescente no deseado. Por ello, le recomienda al Estado hondureño modificar urgentemente su legislación para asegurar el acceso a un aborto legal y seguro, considerar la despenalización del aborto e eliminar la prohibición de la píldora anticonceptiva de emergencia.

El CDH manifestó su preocupación por las extremadamente altas tasas de homicidio, los ataques a la integridad física y contra la propiedad, el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes para actividades criminales por parte de bandas criminales, así como por las altísimas tasas de impunidad respecto a este tipo de crímenes. También le preocupa la militarización de la seguridad pública y el insuficiente control sobre las empresas de seguridad privadas; las prácticas de “limpieza social” y otras ejecuciones extrajudiciales que implican a las fuerzas de seguridad; la tortura, malos tratos y uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de policía y fuerzas armadas; y el alto número de desplazados internos debido a la situación de violencia.

Además, al CDH le preocupa la considerable falta de recursos financieros y humanos de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos y del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, lo cual no les permite cumplir adecuadamente sus mandatos; la falta de protección efectiva para garantizar la independencia e imparcialidad del Poder Judicial; la falta de una normativa que regule la carrera judicial y el Consejo de la Judicatura que asegure la independencia judicial; y la falta de cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso López Lone y otros vs. Honduras, en cuanto a la reincorporación del juez Adán Guillermo López Lone y la magistrada Tirza del Carmen Flores Lanza a cargos similares a los que desempeñaban en el momento de su destitución por oponerse al golpe de Estado.

Al CDH también le preocupa la persistencia de altos niveles de hacinamiento y las deficientes condiciones de salubridad en los centros penales; el alto número de detenidos en prisión preventiva, que representan más del 50% de la población reclusa; la falta de separación entre los procesados y los condenados; la falta de atención a las necesidades particulares de las mujeres privadas de libertad; el uso de instalaciones militares para la detención preventiva de reos comunes; y los actos de violencia e intimidación y las elevadas tasas de asesinato de las que son víctimas las personas defensoras de derechos humanos, periodistas, sindicalistas, activistas medioambientales, indígenas y LGBTI, y que son cometidos por agentes del Estado o personas particulares en un contexto de impunidad.

El CDH manifestó su preocupación por la continua estigmatización por parte de funcionarios del gobierno de las personas que ejercen su libertad de expresión, reunión y asociación; por la condena emitida contra tres estudiantes universitarios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras; por las críticas recibidas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos por su labor de promoción del respeto al derecho a la protesta pacífica; y por la insuficiente implementación de la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.

Al CDH también le preocupa que el “Anteproyecto de Ley Marco de consulta libre, previa e informada a los pueblos indígenas y afro-hondureños” no se ajusta plenamente a los estándares internacionales en la materia ni su preparación ha asegurado la participación plenamente representativa de los pueblos indígenas; los casos de desalojo forzoso de los pueblos indígenas de sus tierras ancestrales; y la falta de cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de las comunidades garífunas de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz.

Finalmente, al CDH le preocupa las alegaciones de irregularidades durante las elecciones generales de 2013, tales como, “la compra de votos, deficiencias en la actualización del censo electoral, la falta de transparencia en la financiación de la campaña electoral y la posibilidad de que hubiera habido un fraude en la transmisión de las actas electorales al Tribunal Supremo Electoral”. También le preocupa el asesinato de más de una docena de personas activistas de la oposición y candidatas durante la pasada campaña electoral, así como el hecho de que a pesar del límite del mandato presidencial establecido en la Constitución el presidente Juan Orlando Hernández se presente a la reelección.

Conclusión

A la luz de las preocupaciones manifestadas por el CDH, se pueden concluir dos cuestiones: En primer lugar, el gobierno actual sufre de una especie de bipolaridad o esquizofrenia porque por un lado aprueba leyes, ratifica tratados de derechos humanos y mantiene un discurso favorable a estos en espacios internacionales como el CDH, sin embargo, en la práctica criminaliza, estigmatiza y promueve prácticas violatorias de tales derechos. Como lo señala Bartolomé Ruiz Castor, “[e]ste es un paradigma esquizofrénico (o cínico) que insiste de forma exhaustiva en la defensa formal de los derechos humanos y produce estructuras e insti­tuciones de negación real de los mismos”. De esta manera, presenciamos cómo los funcionarios gubernamentales se llenan la boca con un discur­so pulcro de respeto a los derechos huma­nos, a la democracia y al Estado de derecho, pero las políticas y prácticas que promueven, constituyen una negación sistemática de los mismos.

En segundo lugar, por mucho que quieran tapar el sol con su discurso cínico, es imposible que puedan ocultar la realidad de un país que, tal como lo señala el más reciente índice anual del Proyecto sobre Justicia Mundial, Honduras tiene pésimos resultados en respeto a la institucionalidad, en cumplimiento de la legalidad, en inseguridad jurídica, en corrupción, en respeto a los derechos humanos, en transparencia, en criminalidad y en fortalecimiento del Estado de derecho.



Comunicado de la Compañía de Jesús Centro América y América Latina en defensa del ERIC-RP y el Padre Melo

jueves, 27 de julio de 2017

La expulsión de 19 estudiantes de la UNAH: ¿una medida proporcional y razonable en una sociedad democrática?

A manera de introducción

La importancia del derecho a la educación en una sociedad democrática radica en que constituye un medio indispensable para la realización de otros derechos humanos y para el pleno desarrollo de la personalidad humana; en este sentido, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) como concreción del poder público en el ámbito de la educación superior, debe tener presente que este derecho tiene un contenido y un alcance que impone vínculos y limitaciones al Estado en general y a las autoridades universitarias en particular, quienes deben promoverlo y prevenir posibles acciones y omisiones que impliquen su violación.

Por ello, el derecho a la educación está reconocido en dos tipos de normas que se encuentran en la cúspide de nuestra escala jerárquica normativa: la Constitución nacional y varios tratados internacionales de derechos humanos como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Protocolo Adicional a la Convención Americana en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos publicados en el Diario Oficial “La Gaceta” N° 23,167 del 30 de julio de 1980 y N° 32,002 del 1 de agosto de 2009, respectivamente.

A la luz de los artículos 16, 17 y 18 de la Constitución de la República y de la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, tales tratados se incorporan a nuestro derecho interno para formar parte del llamado “Bloque de Constitucionalidad”, es decir, tienen rango constitucional y, por tanto, están por encima de cualquier ley o reglamento, cuya validez está condicionada a que sean compatibles con los estándares establecidos en dicho “Bloque”. Siguiendo lo señalado por la Sala de lo Constitucional, las autoridades universitarias tienen la obligación de “interpretar los derechos humanos de la manera que más los favorezca”, lo cual implica respetar y aplicar el principio pro persona incorporado en el artículo 59 constitucional que establece que la persona es el fin supremo de la sociedad y el Estado.

En este sentido, el principio pro persona incorpora un criterio de eficacia que irradia al resto de normas jurídicas y vincula a las autoridades universitarias a aplicar la norma o a elegir la interpretación que más favorezca al derecho humano a la educación, e, inversamente, a aplicar la norma o a elegir la interpretación que restrinja en menor medida tal derecho y descartar la que implique mayores cargas y restricciones. Al estar contenido en normas de rango constitucional de amplia protección, toda norma, actuación, omisión o decisión de las autoridades universitarias debe ser acorde con los postulados de máxima garantía que deben ser observados al momento de imponer medidas disciplinarias extremadamente gravosas sobre el derecho a la educación, como la expulsión.

Indudablemente, las normas de convivencia y las medidas disciplinarias constituyen una parte sustancial para el correcto funcionamiento de la vida universitaria, no obstante, la expulsión es una medida extrema que debe aplicarse como último recurso, ya que su imposición no solo limita gravemente el derecho a la educación, sino que genera la violación de otros derechos humanos con sus consecuentes repercusiones perniciosas para el proyecto de vida de la persona expulsada y su familia. La gravedad de una medida como la expulsión requiere que sea sometida a un examen de proporcionalidad, ya que el derecho humano a la educación limita y vincula a las autoridades universitarias, por lo que cualquier restricción solo es posible cuando sea necesario proteger otros derechos humanos o bienes constitucionalmente reconocidos.

El examen de proporcionalidad puede ayudar a las autoridades universitarias a establecer hasta dónde la expulsión como medida restrictiva es tolerada por el derecho a la educación, para lo cual se debe verificar la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad en sentido estricto de dicha medida. En términos generales, la idoneidad exige que la medida elegida sea la más adecuada para alcanzar un fin legítimo; la necesidad requiere que dicho fin no pueda alcanzarse de otra manera que afecte menos a la persona titular del derecho restringido; y la proporcionalidad en sentido estricto exige una ponderación que, en palabras de Iván Díaz García, implica analizar “el peso de cada uno de los intereses constitucionales favorecidos y perjudicados por la medida”.

A la luz de lo anterior, es imperativo responder a tres preguntas sobre la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la expulsión por cinco años de 19 estudiantes de la UNAH el pasado 17 de julio, a quienes se les acusa de cometer presuntos daños a las instalaciones de la universidad y de privar injustamente de su libertad a agentes de la Empresa de Seguridad Privada del Aguán (ESPA), el 24 de mayo cuando un grupo de estudiantes se tomaron el edificio administrativo en el marco de las protestas estudiantiles

¿La expulsión es una medida idónea?

Que una medida restrictiva sea idónea significa que sirve para salvaguardar un bien jurídico que se quiere proteger. En este sentido, la idoneidad implica que la medida sea legítima (teleológicamente) y adecuada (técnicamente) para lograr la finalidad para la cual se adopta. Siguiendo a Carlos Bernal Pulido, una medida como la expulsión será idónea teleológicamente si la misma o los fines perseguidos con ella son legítimos, es decir, si no están constitucionalmente prohibidos y si cuentan con justificación constitucional, tales como, la protección o promoción de otros derechos humanos, o de bienes constitucionales. A su vez, la expulsión será idónea técnicamente si es efectivamente adecuada y realmente útil para promover o favorecer finalidades legítimas como las mencionadas anteriormente.

Si la expulsión de las 19 personas estudiantes no favorece algún derecho humano, algún bien constitucional o alguna finalidad legitimada constitucionalmente, difícilmente puede cumplir con el requisito de idoneidad y constituye una restricción indebida al derecho a la educación de las personas expulsadas.

¿La expulsión es una medida necesaria?

Que una medida restrictiva sea necesaria significa que debe interferir en la menor medida posible en un derecho humano, es decir, no puede ni debe limitar más allá de lo estrictamente necesario. El examen de necesidad requiere evaluar si una medida como la expulsión es la más benigna con el derecho humano a la educación, entre todas aquellas medidas que tienen al menos la misma idoneidad para alcanzar la finalidad perseguida con la restricción.

Continuando con el razonamiento de Carlos Bernal Pulido, para que una medida como la expulsión sea necesaria se debe determinar si es la única idónea para favorecer la finalidad pretendida con su imposición (necesidad teleológica) y si es la que implica una menor afectación en el derecho humano a la educación (necesidad técnica). De esta manera, la expulsión será teleológicamente necesaria si es la única idónea, es decir, si no existen otras alternativas igualmente eficaces para lograr los fines perseguidos, y será técnicamente necesaria si es la que implica una menor injerencia en el disfrute del derecho a la educación, en otras palabras, la que sea menos gravosa de entre las medidas que permitan alcanzar la finalidad perseguida.

¿La expulsión es una medida proporcional en sentido estricto?

Que una medida restrictiva sea proporcional en sentido estricto significa que la afectación del derecho humano a la educación resulta justificada por la importancia de la realización del fin que con ella se persigue; esto implica que las autoridades universitarias deben realizar una ponderación entre el peso de las razones a favor y en contra de la legitimidad de la medida restrictiva.

En este orden de ideas, mediante la ponderación se debe determinar si los beneficios que genera una medida como la expulsión de 19 estudiantes son mayores que los prejuicios que provoca sobre los intereses constitucionales en juego; en otras palabras, se debe valorar si estas expulsiones son un “sacrificio” excesivo del derecho a la educación pues, de ser así, las mismas son inadmisibles, “aunque satisfaga el resto de presupuestos y requisitos derivados del principio de proporcionalidad”, como lo señala Ivonne Rojas.

A modo de conclusión

A la luz de todo lo anterior, las autoridades universitarias tienen la obligación de adecuar sus acciones al principio de proporcionalidad, lo que implica comprender que están prohibidas las actuaciones o intervenciones excesivas que anulan o niegan el derecho humano a la educación, pues las mismas deben reducirse al mínimo indispensable y tener una carácter excepcional.

Siguiendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una restricción tan grave como la expulsión de 19 personas estudiantes por cinco años debe ser adecuada para conseguir proteger un bien jurídico fundamental que se pretende salvaguardar mediante la anulación del derecho a la educación; debe ser proporcional, es decir, en la medida estrictamente necesaria para conseguir el fin perseguido; y no debe haber otra alternativa menos gravosa “para conseguir el fin que restringe ese derecho, lo que implica que, si la hay, debe emplearse esa alternativa y no la restricción".

Nadie puede dudar que la UNAH, como espacio natural de la academia, cuenta con múltiples herramientas y recursos humanos y materiales, así como estrategias para transformar una situación de conflicto en una oportunidad de participación y formación ciudadana a través del consenso y los acuerdos, la tolerancia, la resolución pacífica de las diferencias y el respeto a los valores democráticos. Solo por poner un par de ejemplos, la UNAH tiene un Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) que incluso brinda formación en resolución de conflictos y cuya área de paz es coordinada por el Dr. Esteban Ramos, la única persona en Honduras con un doctorado en estudios sobre paz, conflicto y cambio social. La Facultad de Ciencias Jurídicas cuenta con la Dra. Claudia Sánchez, quien coordina la maestría en derechos humanos y es una de las dos personas en el país con estudios avanzados en derechos humanos.

Es imperativo que las autoridades universitarias busquen y escuchen asesorías de otras personas profesionales especializadas y objetivas, cuyos razonamientos frescos pueden aportar elementos significativos que incidan en una solución democrática de este y otros conflictos, los cuales deben verse como una oportunidad para fomentar el debate colectivo acerca del funcionamiento de la vida universitaria y lograr articular y procesar las peticiones y demandas del estudiantado mediante un proceso de diálogo y negociación de buena fe, con el fin de alcanzar un acuerdo que redunde en mayores niveles de democratización y de garantía del derecho humano a la educación superior.

Lamentablemente, cuando la UNAH expulsa a una persona estudiante privándola del acceso a la educación por cinco años, sin realizar un examen de proporcionalidad como el aquí planteado y sin observar el principio pro persona, no solamente anula de forma absoluta el derecho a la educación de quien es sancionada con la expulsión y restringe gravemente su proyecto de vida y el de sus familiares, sino que reniega de su papel formador y de su responsabilidad social, y envía un mensaje nocivo a la sociedad en el sentido de demostrar su falta de voluntad y su incapacidad para alcanzar una resolución dialogada de los conflictos y respetuosa de los vínculos y límites que le imponen los derechos humanos en una sociedad democrática.

Fuente: http://cespad.org.hn/2017/07/27/la-expulsion-de-19-estudiantes-de-la-unah-una-medida-proporcional-y-razonable-en-una-sociedad-democratica/