Los hechos ocurridos durante esta crisis electoral muestran claramente la naturaleza represiva, autoritaria y dictatorial de este gobierno que ante la pérdida de legitimidad, se quiere imponer por la fuerza de las armas y la violencia policial y militar.
A pesar de la doble moral e hipocresía del gobierno de Estados Unidos que a través del Departamento de Estado y la Embajada en Tegucigalpa declaran que en Honduras se ha fortalecido el respeto de los derechos humanos, la realidad desnuda esa mentira.
En primer lugar, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras ya han expresado su profunda preocupación por la pérdida de vidas humanas en el contexto de las protestas y ha señalado la presunta responsabilidad de la Policía Militar de Orden Público.
En segundo lugar, las organizaciones nacionales de derechos humanos ha documentado la ejecución arbitraria de 14 personas por parte de militares y policías, así como decenas de detenciones ilegales, personas heridas, torturadas y sometidas a tratos crueles, inhumanos o degradantes.
En tercer lugar, la propia Secretaría General de la Organización de Estados Americanos consideró que el estado de sitio decretado por el gobierno de Juan Orlando Hernández no cumplió con los estándares constitucionales e internacionales, y que es una medida desproporcionada frente a las manifestaciones, por lo que solicitó su inmediato levantamiento.
En cuarto lugar, las víctimas y sus familiares, y miles de testigos a través de fotos y videos han visto con impotencia cómo los militares y policías disparan “bala viva” contra la gente, utilizan la fuerza de forma brutal y salvaje, y lanzan bombas lacrimógenas sin importar que se encuentren niños, niñas, personas ancianas o mujeres embarazadas.
En quinto lugar, nuestra Radio Progreso ha sufrido un sabotaje a la torre que sostiene sus antenas, las cuales permiten la transmisión de su señal a la zona central, particularmente a Tegucigalpa. El propio Relator Especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza exigió al Estado una investigación sobre este atentado.
Finalmente, Amnistía Internacional señaló una cuestión contundente que distingue a una democracia de una dictadura. Según esta organización internacional, en Honduras no hay espacio para que las personas expresen sus opiniones y cuando lo hacen, enfrentan toda la fuerza del aparato represivo del gobierno.
A la luz de lo anterior debemos preguntar al Departamento de Estado y a la Embajada de Estados Unidos, si esto no es una dictadura, ¿qué es?
No hay comentarios:
Publicar un comentario