martes, 27 de octubre de 2015

El verdadero rostro del gobierno

Sillas desocupadas, micrófonos apagados, vasos vacíos y una inscripción sobre una mesa que señala el lugar en que debió estar sentada la representación del Estado de Honduras en dos audiencias públicas celebradas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el marco del 156 período de sesiones que se llevó a cabo entre el 17 y 28 de octubre.

Como lo señala Gloria Hernández, una de las muchas ciberactivistas que habitan la red, esa “imagen dice más que mil palabras, exactamente así de desoladora es la situación de cada día en derechos humanos” para la ciudadanía. Las dos audiencias a las que el Estado decidió no ir fueron sobre la situación de la independencia judicial y las denuncias sobre corrupción en las instituciones públicas.

No cabe duda que la decisión de no enviar a ningún representante a esas dos audiencias temáticas tan importantes en la coyuntura actual, implican que el gobierno de Juan Orlando Hernández quiere eludir cualquier cuestionamiento sobre la corrupción que ahoga a su gobierno y sobre la elección de la próxima Corte Suprema de Justicia, cuyo proceso ya se encuentra fuertemente cuestionado.

Jamás en la historia el Estado hondureño había ignorado el llamado de la CIDH. Como lo señalan las organizaciones de derechos humanos que participaron en dichas audiencias, “ni siquiera en la época del golpe de Estado ocurrido en 2009, las autoridades habían desatendido un llamado de la CIDH”.

La propia CIDH lamentó la ausencia del Estado hondureño y manifestó que ello refleja “una expresión de voluntad en el sentido contrario de asumir los compromisos internacionales”. Para las organizaciones de derechos humanos presentes en las audiencias, “esta actitud pone en tela de duda el compromiso del Estado de Honduras con la garantía de los derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de derecho”.

Sin duda alguna, la ausencia estatal es una prueba irrefutable de que al gobierno de Juan Orlando Hernández, que se llena la boca con llamados al diálogo y lucha contra la corrupción bajo su trillado lema del “caiga quien caiga”, no le sientan bien los señalamientos de la grave situación de corrupción e impunidad que vive el país.

Sabiendo que las audiencias ante la CIDH son el foro más importante del continente para la promoción y protección de los derechos humanos, con su ausencia, el gobierno de Hernández no solo transgrede las obligaciones internacionales del Estado, sino también envía un mensaje de desprecio y desafío a los órganos supranacionales de protección de la dignidad humana.

martes, 20 de octubre de 2015

Lecciones urgentes sobre el derecho a la libertad de expresión

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) cumplió su amenaza de comenzar procedimientos para sancionar a los medios de comunicación que difundan “rumores” sobre el sistema financiero nacional.

La primera víctima es Canal 36, a quien el 16 de octubre se le inició un procedimiento de sanción por supuestas infracciones a la Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones y su Reglamento General, que aparentemente pueden ser constitutivas de delitos financieros.

Canal 36 es uno de los medios que ha estado señalando a varias instituciones bancarias como lavadoras de activos y otros actos ilícitos. Para CONATEL, estos señalamientos constituyen una violación a la ley, ignorando por completo que su decisión acarrea profundos problemas al ejercicio de la libertad de expresión por cuanto puede constituirse en un mecanismo de censura de aquellas opiniones que perturban a las autoridades.

Para que entiendan los comisionados de CONATEL, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que las dimensiones individual y colectiva del derecho a la libertad de expresión, deben ser garantizadas simultáneamente. La dimensión individual implica el derecho a hablar o escribir, y a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de personas destinatarias. La dimensión colectiva implica el derecho a intercambiar y comunicar masivamente ideas e informaciones entre los seres humanos. 

En otras palabras, el derecho a la libertad de expresión garantiza mi derecho como individuo de tratar de comunicar a otras personas mi punto de vista, pero también el derecho de todas y todos a conocer las opiniones, relatos y noticias. La obligación del gobierno de Honduras a través de CONATEL y las demás instituciones estatales es respetar "escrupulosamente el derecho de cada ser humano de expresarse libremente y el de la sociedad en su conjunto de recibir información".

Por tanto, no es lícito invocar el derecho de la sociedad a estar informada verazmente para fundamentar un régimen de censura previa supuestamente destinado a eliminar las informaciones que serían falsas o simples rumores a criterio del gobierno.

Se debe insistir que el derecho a la información abarca toda la información, inclusive aquella que denominamos “rumores” por lo que cualquier calificativo previo que se le imponga a la información limitaría la cantidad de información protegida por el derecho a la libertad de expresión.

Por si los comisionados de CONATEL no entienden todavía, lo que están haciendo con sus amenazas contra canal 36 y cualquier medio de comunicación es incompatible con el derecho a la libertad de expresión reconocido en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual es una norma que está por encima de la Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones y su Reglamento General, y de la propia Constitución en caso que proteja más ampliamente este derecho a la luz del principio pro homine.

Si todavía no entienden este tópico tan básico, deberían leer los principios 1 y 7 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión que establecen, en su orden, que la libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas, y un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática, y que los condicionamientos y calificativos previos a la información son incompatibles con este derecho.

Es preciso recordarles lo siguiente a los comisionados de CONATEL que por soberbia o ignorancia están tomando acciones arbitrarias: Cuando se restringe ilegalmente la libertad de expresión de una persona, no sólo es el derecho de esa persona el que está siendo violado, sino también el derecho de todos y todas a recibir informaciones e ideas.

martes, 13 de octubre de 2015

Libertad de expresión, lavado de activos y autoritarismo

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), al más puro estilo gansteril, publicó un comunicado en el que literalmente amenaza con sanciones administrativas y penales a cualquier medio de comunicación que difunda “rumores o información especulativa que pueda provocar daño a la economía así como al Sistema Financiero Nacional”.

CONATEL debería de saber que la libertad de expresión es una garantía fundamental para asegurar la autonomía de las personas, el Estado de derecho y las instituciones democráticas, y que ha sido catalogada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como “una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática”.

En este sentido, la libertad de expresión es indispensable para la formación de la opinión pública y para ejercer el control ciudadano de las instituciones y de los actos de gobierno, lo cual es esencial en el Estado de derecho y es una de las claves del fortalecimiento de la democracia. Por ello es que se afirma que “una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre”.

Los miembros de CONATEL están demostrando desprecio o ignorancia total en relación con los alcances del derecho a la libertad de expresión, que abarca toda la información, inclusive aquella que pueda ser errónea, no oportuna o incompleta.

A la luz del derecho internacional, es importante hacer una distinción entre aquella información que responde a hechos concretos y de posible comprobación fáctica, de la que corresponde a juicios de valor. En este último caso es imposible hablar de veracidad o no de la información.

Como lo establece la jurisprudencia interamericana, la “exigencia de veracidad puede implicar la censura casi automática de toda aquella información que es imposible de someter a prueba, lo que anularía, por ejemplo, prácticamente todo el debate político sustentado principalmente en ideas y opiniones de carácter netamente subjetivo”.

Cuando CONATEL califica cierta información como rumor o especulación y amenaza con proceder administrativa y penalmente contra quienes la difundan, está cometiendo una de las violaciones más graves a la libertad de expresión: la censura previa.

Exigir la verdad, la oportunidad o la imparcialidad en la información parte de la premisa de que existe una verdad única e incuestionable. Por tanto, cualquier calificativo previo que se le imponga a la información limita la cantidad de información protegida por el derecho a la libertad de expresión.

Lo que hace CONATEL al calificar de rumores o especulaciones el posible debate sobre el lavado de activos en el sistema financiero nacional, es digno de sociedades gobernadas por dictaduras y regímenes autoritarios.

martes, 6 de octubre de 2015

La apuesta del gobierno a la luz del presupuesto en seguridad y justicia

Recientemente, el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras realizó, a través del abogado Celso Alvarado, un diagnóstico sobre la efectividad de las instituciones del sector justicia y seguridad, es decir, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público y el Poder Judicial.

En su análisis del presupuesto nacional del año 2013, el diagnóstico revela que cada hondureño y hondureña aportó al Estado con sus impuestos alrededor de 15 mil lempiras, que implica un aumento de más de 5 mil lempiras en relación con el año 2012.

De esos 15 mil lempiras, 1367 se destinaron para seguridad y justicia, que quedan distribuidos de la siguiente manera: 909 lempiras para la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, 213 lempiras para el Poder Judicial y 116 lempiras para el Ministerio Público.

En otras palabras, las Secretarías de Defensa y Seguridad reciben el 66% de ese presupuesto mientras que el Poder Judicial y el Ministerio Público apenas reciben el 16 y el 9 por ciento, respectivamente.

Como lo señala el diagnóstico, resulta preocupante la evidente desigualdad en la distribución de este presupuesto, ya que es absorbido en su mayoría por las Secretarías de Defensa y Seguridad, con cuyos recursos podría contratarse un 200% más del personal que actualmente tiene el Poder Judicial y un 600% más de lo que tiene el Ministerio Público.

Este patrón de desigualdad todavía es más profundo en la distribución de los recursos provenientes de la llamada “Tasa de Seguridad”, en donde el 87% va destinado para Defensa y Seguridad, y apenas el 5% para el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Si la falta de una investigación imparcial y efectiva es una de las razones fundamentales que causan los altos índices de impunidad en el país, la distribución del presupuesto nos muestra que la prioridad del gobierno no es fortalecer suficientemente las instituciones investigativas del Estado, sino apostar a la represión y al fortalecimiento militar.