martes, 23 de febrero de 2016

Mentiras oficiales y el informe de la Comisión Interamericana

Desde el año pasado, con una muestra más de cinismo, el presidente Hernández y su gobierno han venido presentando como un logro de su gestión que el país saliera de la lista siniestra de los derechos humanos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publica en su informe anual con el objetivo de advertir sobre la preocupante situación de algunos países.

Honduras ha sido incluida en dicha lista desde el 2009 hasta el 2013 pero no en la de 2014, no porque la situación haya mejorado, sino por una cuestión reglamentaria, ya que la Comisión Interamericana visitó el país ese año y el artículo 59 numeral 8 de su reglamento establece que cuando un Estado incluido en la lista siniestra haya sido visitado por la Comisión, “no se le incorporará en dicho capítulo del Informe Anual correspondiente al año de la visita”.

De acuerdo con el citado artículo 59, el monitoreo de la situación de los derechos humanos de 2014 se debe realizar a través de un informe especial exclusivamente sobre Honduras, el cual acaba de ser publicado por la Comisión Interamericana y en él se nos presenta un panorama radicalmente distinto al pregonado por el gobierno de la supuesta vida mejor.

En este informe se constata que la violencia y la inseguridad son problemas graves con grandes repercusiones en el goce y ejercicio efectivo de los derechos humanos, y que los niveles de violencia son el resultado del incremento del crimen organizado y el tráfico de drogas, el reclutamiento de niños y adolescentes, una deficiente respuesta judicial que conlleva a la impunidad, la corrupción y a altos niveles de pobreza y desigualdad.

Para la Comisión, parte de la inseguridad proviene de la Policía Nacional, de la Policía Militar y del Ejército a través del uso ilegítimo de la fuerza, en algunos casos en complicidad con el crimen organizado. Estos índices de violencia e inseguridad se agravan por la falta de políticas públicas para hacerle frente a las desigualdades y exclusión social de grandes sectores de la población.

Este informe confirma la grave situación que enfrentan las defensoras y los defensores de derechos humanos, los periodistas y comunicadores sociales, las mujeres, los pueblos indígenas y afrodescendientes, y la niñez, especialmente la que se ve forzada a migrar con el fin de escapar de esta realidad.

Detrás de toda esta situación se encuentra la impunidad, que según cifras oficiales alcanza el 80% de los casos, es decir, que de cada 10 delitos cometidos en el país, 8 se quedan sin castigo, lo cual es un estímulo para que se sigan perpetrando.

A pesar de la propaganda oficial de que “Honduras está cambiando”, la sociedad hondureña lo tiene claro. Según el sondeo de opinión pública del ERIC-SJ, el 79% de la población cree que la situación de derechos humanos sigue igual o ha empeorado. La percepción constituye un elemento primordial para medir el éxito del gobierno y aunque puede medirse de diversas maneras objetivas, la opinión pública representa el veredicto final.

jueves, 18 de febrero de 2016

Los dos caminos de la “nueva” Corte

Para contar con un poder judicial independiente, competente e imparcial es preciso que se establezcan procedimientos estrictos de nombramiento y elección basados en las mejores capacidades técnicas, integridad moral y experiencia de los candidatos y candidatas.

Pese a los esfuerzos para despolitizar la designación de magistrados y magistradas mediante la reforma constitucional de 2001 que creó una Junta Nominadora, la reciente elección de la Corte Suprema de Justicia ratificó que no ha servido de nada pues la extrema politización partidista sigue impregnando dicha elección.

El vergonzoso espectáculo que significó esta imposición dejó nuevamente en evidencia que el bipartidismo y los diputados y diputadas traidoras, primaron las lealtades, los intereses y el amiguismo político para lograr que 8 de los magistrados sean claramente allegados del oficialista partido Nacional y 7 del partido Liberal.

Por ello, no le falta razón a la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de Jueces y Abogados cuando señala que el Congreso Nacional ejerce un control considerable sobre el sistema de justicia, “lo cual es incompatible con el principio de separación de poderes y la independencia del poder judicial, elementos fundamentales de toda democracia y de todo Estado de derecho”.

No ha existido ni la más mínima vergüenza para elegir a algunos magistrados y magistradas que ni siquiera obtuvieron las mejores calificaciones en el cuestionado proceso realizado por la Junta Nominadora, lo cual una vez más pone en serio riesgo el derecho de la ciudadanía de contar con juezas y jueces profesionalmente idóneos, honestos, capaces, motivados y valientes que luchen frontalmente contra la impunidad.

La sociedad hondureña lo sabe bien y por eso en el más reciente sondeo de opinión pública del ERIC-SJ, un 84.2% señala que magistrados y jueces protegen los intereses de los ricos, poderosos y corruptos.

Pese a esto, el desafío inmediato de la sociedad es poner a prueba a esta Corte mediante la presentación de casos que la obliguen a decidir sobre cuestiones fundamentales que sostienen este sistema corrupto y excluyente.

De esta manera la pondremos a elegir entre dos caminos: adoptar resoluciones apegadas a la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos aunque entren en conflicto con los intereses políticos dominantes o continuar con su papel de estar al servicio de los poderes fácticos y de espaldas a los intereses generales de la sociedad. 

miércoles, 10 de febrero de 2016

Kawas Fernández: 21 años de impunidad

El pasado 6 de febrero se conmemoró un año más del asesinato de la ambientalista Blanca Jeannette Kawas Fernández, quien fue asesinada en el año 1996. Después de 21 años ninguno de los autores intelectuales y materiales del crimen ha sido juzgado.

Por ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado hondureño en el año 2009 y le exigió que se investigaran y castigaran a los responsables. Sin embargo, pese a que la Fiscalía Especial de Derechos Humanos es la responsable de su investigación, hasta la fecha los avances han sido prácticamente nulos.

En reiteradas ocasiones el Estado ha informado al tribunal interamericano que para cumplir con la sentencia, crearía un grupo de fiscales que investigarían este y otros asesinatos contra ambientalistas. En el año 2012 también informó que se estaba realizando un estudio minucioso del expediente; no obstante, no se conocen los resultados de dicho análisis ni mucho menos de lo que pasó con el grupo de investigación supuestamente creado.

La última diligencia sustantiva que consta en el expediente es del año 2010 cuando se solicitó investigar una lista de llamadas, después de lo cual el único movimiento realizado ha sido pedir informes y copias certificadas sobre el expediente mismo que no abonan en nada en la investigación diligente del crimen.

Al igual que muchos otros casos, el asesinato de Jeannette Kawas es representativo del alto grado de impunidad que vive el país y que favorece la repetición crónica de las violaciones a derechos humanos, y genera un ambiente de inseguridad e intimidación contra quienes defienden los bienes naturales que están siendo concesionados de manera inconsulta.

El manejo de este caso por el sistema de justicia es un ejemplo de lo que hemos repetido hasta la saciedad: que en la historia de Honduras nunca ha existido un verdadero “sistema judicial”, sino un “servicio judicial” que se vende al mejor precio a quienes tienen el poder económico, político, militar y religioso para comprarlo.

La impunidad que rodea el asesinato de Kawas nos ratifica la urgente necesidad de contar con un poder judicial competente, independiente e imparcial; sin embargo, el penoso proceso de elección de la nueva Corte de Suprema de Justicia evidencia que la clase política tradicional representada en el Congreso Nacional hará lo que tenga que hacer para asegurar que la judicatura siga siendo un perro guardián de los intereses del Ejecutivo.

jueves, 4 de febrero de 2016

Lecciones urgentes sobre democracia y poder constituyente

Hace 7 años, atreverse a hablar sobre la reelección o sobre un proceso constituyente era merecedor de los peores calificativos, de pena de cárcel y hasta de un golpe de Estado. Resulta que ahora quienes le asestaron una herida mortal a nuestra débil democracia en nombre de la supuesta constitucionalidad, ya no salen a la calle, ya no acusan ni amenazan, ni se rasgan las vestiduras.

El presidente Hernández no solo logró reformar la Constitución para permitir la reelección a través de un fallo de una Sala de lo Constitucional controlada por él, sino que acaba de señalar “que llegó el momento de establecer un nuevo pacto social”. ¿Dónde está la Unión Cívica Democrática?, ¿por qué se esconden los camisetas blancas?, ¿dónde están las honorables Fuerzas Armadas para “salvar” la democracia?

De las declaraciones de Juan Orlando Hernández se deduce que la nueva constitución en la que está pensando, al igual que la actual constitución de 1982, distará mucho de las características de un verdadero pacto social que sea producto del consenso de todos los sectores de la sociedad.

Una constitución es el diseño de cómo idealmente debe funcionar nuestra sociedad. Por ello, la sociedad hondureña debe tener presente que una auténtica teoría del poder constituyente exige como requisitos esenciales (a) que la ciudadanía pueda elegir expresamente a sus representantes para la redacción de una nueva constitución y (b) que tenga la oportunidad de aprobar el texto constitucional mediante consultas directas como el referéndum o el plebiscito.

En este sentido, la Asamblea Nacional Constituyente es el espacio donde se manifiesta o se institucionaliza el poder constituyente y consiste en un organismo colegiado, temporal, representativo, democrático y participativo que además de elaborar una nueva constitución, se constituye en un mecanismo pacífico, participativo y democrático de transformación de la realidad política, social y económica del país.

Una Asamblea Nacional Constituyente debe tener representación de todos los sectores de la sociedad y evitar que como en el pasado, solo participen los grupos vinculados a las altas esferas del poder económico, empresarial, religioso y militar del país, mientras la mayoría de la sociedad hondureña queda marginada de dicho proceso.

Debemos entender que el ejercicio del poder constituyente no se limita a ser un espacio para elaborar un nuevo texto constitucional, sino que es una lucha permanente para lograr un cambio profundo en la institucionalidad del país y en las estructuras que sostienen la exclusión y la desigualdad del sistema.

También debemos recordar que por decreto no se cambiará la realidad que vivimos, sino que se requiere la consolidación de una ciudadanía activa, crítica, participativa y articulada en redes locales y nacionales para lograr y mantener los cambios sociales, ambientales, económicos, éticos, culturales y políticos que demanda Honduras.