martes, 30 de diciembre de 2014

El país que queremos.

El bloguero y artista español Pablo Peinado publicó recientemente en el periódico The Huffington Post, un artículo titulado “El país que quiero”, que aunque se refiere a España, nos parece oportuno parafrasear algunas de sus partes para referirnos al país que queremos en Honduras.

La Honduras que queremos debe ser el país en el que toda la ciudadanía tenga acceso a la justicia y a un sistema sanitario que se ocupe de nuestra salud con dignidad. El país que queremos debe garantizar una educación pública y de calidad en la que el alumnado aprenda los valores cívicos de una sociedad democrática y abierta.

Queremos un país en el que paguen más los que más tienen, sobre todo las enormes empresas que ganan cientos de millones, y en el que la defensa de los derechos humanos y la protección de aquellas personas que no pueden valerse por sí mismas, sean unas de sus prioridades.

Queremos un país ecológico y respetuoso con los animales, nuestros iguales, donde se los defienda de los maltratadores. Queremos un país en el que no impere la ley del más fuerte, del más violento, del más macho, sino una sociedad igualitaria sin estereotipos, sin príncipes ni princesas, y donde ser niña, mujer, negra, indígena, pobre, persona LGTBI o tener ciertos apellidos no te predestine a ser o a no ser.

El país que queremos es uno en el que el ejército y la policía estén al servicio de la ciudadanía, no al servicio de los grandes poderes fácticos; queremos un país en el que la religión sea algo privado y espiritual, no una multinacional ni una cuestión de Estado.

Queremos una Honduras en la que el dinero no ocupe el lugar de la ley ni el poder usurpe el lugar de la democracia. Queremos un país en el que todos y todas las ciudadanas sean escuchadas y sean realmente iguales ante la ley.

El país que queremos es aquel en el que la felicidad y el bienestar de todas las personas sea el principal objetivo y en el que quienes nos representan sean como el resto de la ciudadanía, y no unas nuevas personas ricas dispuestas a chuparnos la sangre para enriquecerse lo antes posible a nuestra costa, y a sacrificar los intereses generales ante los intereses de las grandes empresas y capitales.

Queremos un país en el que las personas, como lo señala la intelectual mexicana Denise Dresser, “nunca dejan de exigir, protestar, reclamar, contribuir, proponer, esperar más antes que conformarse con menos. Los que hacen suya la frase de Emily Dickinson: ‘Ignoramos nuestra verdadera estatura hasta que nos ponemos de pie’”.

El país que queremos es aquel en el que la ciudadanía toma consciencia de que ya es hora de ponerse de pie.

martes, 23 de diciembre de 2014

La investigación criminal en harapos.

Una de los aspectos fundamentales que legitiman a un Estado es su capacidad de prevenir los delitos como reflejo de su obligación de garantizar el respeto y defensa de derechos fundamentales como la vida, la integridad y la seguridad personales.

Sin embargo, no se puede ignorar que pese a los esfuerzos estatales es casi imposible prevenir todos los delitos que puedan ocurrir, por ello es que el Estado tiene una segunda oportunidad de demostrar su voluntad para cumplir con su obligación de proteger los derechos de las personas a través de la investigación y sanción de los responsables.

En este sentido, la falta de una investigación imparcial, efectiva, diligente y seria que permita el conocimiento de la verdad y la sanción de los autores intelectuales y materiales de un crimen, demuestra que el Estado tolera que los criminales actúen libre o impunemente.

Un estudio reciente del Banco Interamericano de Desarrollo reveló que en Honduras solo el 4% de los homicidios se resuelve, es decir, 4 de cada 100.

De más de 72 mil denuncias recibidas en el Ministerio Público en 2011, 53 mil fueron remitidas a la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) y esta institución devolvió solo 11,400.

En 2012 hubo 85,770 denuncias en el Ministerio Público y 87,556 en la DNIC. De este total, esta fue capaz de investigar y devolver con informe al Ministerio Público solamente 12,000 denuncias, es decir, apenas un 13%.

No hay duda que el Estado de Honduras ha fallado rotundamente en cumplir con su obligación de investigar, y de esta manera se puede concluir que cuando los delitos no son investigados con seriedad como sucede actualmente, resultan, en cierto modo, auxiliados por el poder público, y comprometen directamente la responsabilidad de las autoridades.

miércoles, 17 de diciembre de 2014

La militarización a los ojos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Una de los aspectos que generó mayor preocupación en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su visita a Honduras es que en los últimos años el país ha experimentado un proceso de reformas legales e institucionales a través de las cuales las Fuerzas Armadas han ido ganando participación en distintos ámbitos de la gestión pública.

Particularmente, a la CIDH le preocupa la participación de las Fuerzas Armadas en tareas regulares de seguridad ciudadana, mantenimiento y control de centros penales y centros de detención de alta seguridad, y la educación de niños, niñas y jóvenes.

En relación con la seguridad ciudadana, la CIDH señaló la amplitud y poco nivel de especificación legal de las funciones de la Policía Militar, especialmente el inciso 5 del artículo 7 de su ley de creación que establece que tendrá todas aquellas funciones y acciones que le ordene el Presidente de la República.

Evidentemente, esta disposición deja una absoluta facultad al Presidente para involucrar a la Policía Militar en tareas que pueden resultar en un peligro para ciertos sectores de la población pues se convierte en un brazo armado bajo el control directo y discrecional del Ejecutivo sin que exista un verdadero control judicial e institucional de la legalidad de sus actuaciones.

Con respecto a los centros penales, a la CIDH le preocupa que aún no haya avances concretos hacia un modelo de gestión penitenciaria de carácter especializada de naturaleza esencialmente civil, y no policial-militar como está ocurriendo.

Para este órgano interamericano, la adaptación de batallones y cuarteles militares como centros de detención con condiciones indignas, no solamente constituyen de por sí una forma de trato inhumano y degradante, sino también son otro reflejo del aumento progresivo del papel de las Fuerzas Armadas como entidad encargada de la administración de centros de detención de alta seguridad.

Finalmente, en relación con el programa “Guardianes de la Patria”, la CIDH señaló que su ejecución no es una función natural del ejército y que esta expansión del campo de acción de las Fuerzas Armadas al ámbito de la educación y adoctrinamiento de niños, niñas y adolescentes es otra manifestación de este fenómeno de la militarización de los espacios públicos.

Para la CIDH, la implementación de este programa, realizada en destacamentos militares, podría implicar riesgos particulares para las niñas y niños. La obligación del Estado es brindar oportunidades y formación para los niños y las niñas con más necesidades, a través de las entidades especializadas en los derechos y necesidades de la niñez.

La sociedad hondureña debemos hacer nuestras estas preocupaciones y convertirlas en exigencias permanentes para revertir la militarización del país que nos está llevando a más de 30 años de retroceso democrático.

martes, 16 de diciembre de 2014

Hieren en Honduras a comunicador comunitario de Radio La Voz de Zacate Grande

Alerta 089
 
16 de diciembre, 2014

(Comité por la Libre Expresión, C-Libre).- Con una puñalada en el costado derecho, los sujetos Abelino Martínez y Mauricio Gómez hirieron al defensor de derechos humanos y comunicador social de la Radio Comunitaria La Voz de Zacate Grande, Miguel Ángel Vásquez.

El hecho ocurrió el 14 de diciembre en Puerto Grande, comunidad de la Península de Zacate Grande, al sur de Honduras, en el trayecto de la casa del periodista a la radio, por una calle real (vía muy transitada) de la zona.
 
Una comunicadora de La Voz de Zacate Grande, que cuenta con Medidas
Cautelares, otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), contó que el atacante esperaba a Vásquez dentro de una vivienda, habitada por un empleado del empresario Miguel Facussé. 
 
Cuando el comunicador comunitario pasaba cerca de la casa, este hombre lo siguió y le metió un cuchillo en la axila derecha, la intención era metérselo en el pecho, pero él pudo dar la vuelta y le alcanzó a herir el sobaco derecho, contó la comunicadora.
 
Denunció que desde la noche anterior este hombre extraño  -y que tenía sólo un par de días de haber llegado a la comunidad- fingió un pleito con sus compañeros, Miguel intervino y les sugirió que no discutieran. Al parecer este hombre insistió en pelear con el comunicador para simular que lo hería en un pleito, pero el reportero evitó la pelea.
 
Redehsur identifica a los agresores
De acuerdo con la Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos del Sur (Redehsur),  después del ataque, "Vásquez fue llevado al hospital de la ciudad de San Lorenzo, a 30 kilómetros de distancia". 

Según dicha organización, "los agresores -Abelino Martínez y Mauricio Gómez- son personas de la misma comunidad de Puerto Grande y habrían perseguido a Miguel Ángel Vásquez desde la noche anterior con la intención de asesinarlo", informó Defensores en Línea.
 
Redehsur explicó que se interpuso denuncia en la posta policial de la comunidad e instan a las autoridades a que investiguen los hechos ya que no es la primera vez que se agrede, intimida o persigue a los y las defensoras de Derechos Humanos y comunicadores sociales de la radio comunitaria cuya temática es la defensa de la tierra y la liberación de las playas de la península de Zacate Grande, amenazadas por proyectos turísticos y la creación de una Zona Especial de Desarrollo (ZEDE). 
 
Este ataque contra Vásquez ocurrió tras una reunión de planificación de actividades de fortalecimiento del grupo, realizada en las instalaciones del Campamento de Observación y Defensa de los Derechos Humanos de Zacate Grande, ubicado a la par de la cabina de la radio comunitaria.

Vásquez ha sido víctima de detención ilegal, además, los empleados del empresario Facussé han interpuesto falsas denuncias en su contra.
 
"Hay personas de la comunidad que están en contra de lo que hacemos en la radio porque tienen un empleo con Miguel Facussé", mencionó la comunicadora de la misma emisora, Roxana Vásquez.
 
Actualmente, 18 trabajadores de la radio Zacate Grande tienen medidas cautelares, otorgadas por la CIDH, de ese total, 12 son comunicadores sociales, describió Vásquez.
 
En sus cuentas de redes sociales, Miguel Vásquez en los últimos dos meses, posteó mensajes como los siguientes:

"No a la entrega de nuestra dignidad, no a la industria extractiva, Zacate Grande en Lucha, no a la Zede, saqueo, militarización"; "Públicamente la ultra derecha reconoce que las ZEDE nos afecta..."
 
La radio Zacate Grande fue allanada y cerrada ilegalmente tras el Golpe de Estado del 28 de junio de 2009, posteriormente siguió operando y en este momento está fuera del aire por dificultades técnicas.
 
Constante intimidación
Asimismo, el 3 de junio pasado, la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (Adepza) denunció que el día sábado 31 de mayo, a las 9:00 de la mañana, Miguel Ángel Vásquez, también secretario general de la empresa asociativa campesina de producción Puerto Grande, fue detenido por la policía de San Lorenzo con el argumento de que no permitió el registro cuando se realizaba un operativo en la parada de buses que de San Lorenzo van hacia Choluteca.
 
En la misma denuncia se revela que el Inspector Duarte estuvo acosando al detenido. Por su parte, el inspector Duarte dijo que el operativo en el que Miguel Vásquez fue detenido se hizo porque hubo una denuncia contra un joven armado, de zapatos amarillos, pantalón beis, camisa ocre y con fama de marero. Miguel daba con las características exactas de ese joven que se trasladaba en el bus que va de Coyolito a San Lorenzo.
 
"Lo interesante del caso es que el día jueves 29, a las 7:30 de la mañana, llegó a las instalaciones de la radio el sargento García, de la posta policial de Puerto Grande, invitando para una reunión que se tendría el día siguiente con al jefe policial y la encargada de derechos humanos, Ethel Corea".

"Miguel Vásquez y los dos comunicadores beneficiarios de las medidas de protección les explicaron que no se podía organizar una reunión de un día para otro, sin antes avisar al apoderado legal y al Cofadeh (Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras).

El día viernes 30 de mayo, llegaron a la radio La Voz de Zacate Grande el inspector Duarte y el sargento García, acompañados por la encargada de derechos humanos de Nacaome. Entraron de forma arbitraria y sin permiso de los encargados del Campamento de Observación y Defensa de los Derechos Humanos a las instalaciones de la radio, exigiendo realizar una reunión con los beneficiarios de las medidas de protección cautelar", cita la publicación.
 
Fuente: Comité por la Libre Expresión (C-Libre). 

C-Libre es una coalición de periodistas y miembros de la sociedad civil constituida para promover y defender la libertad de expresión y el derecho a la información en Honduras. Quienes integramos C-Libre, estamos convencidos que en la construcción de un Estado de Derecho es imprescindible la existencia de un periodismo ético, de investigación, fiscalizador de la gestión pública, que se desempeñe en un ambiente de seguridad y acceso libre a la información y que promueva un régimen de opinión pública que haga valer su Derecho a la Información.

martes, 9 de diciembre de 2014

Lo que constató la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La semana pasada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó el país durante 5 días con el objetivo de constatar la situación de los derechos humanos. Para ello, estuvo en Tegucigalpa, San Pedro Sula, El Progreso, La Ceiba y Tocoa, y se reunió con todos los sectores posibles, tanto del Estado como de la sociedad civil.

Al final de su visita la CIDH publicó un comunicado y sus observaciones preliminares que serán profundizadas en un informe especial de país que saldrá a la luz el otro año.

¿Qué fue lo que encontró la CIDH durante su visita? En primer lugar, constató, entre otras situaciones, los alarmantes niveles de violencia que hacen de Honduras la capital del crimen, la existencia de desapariciones forzadas, altos niveles de violencia de género y graves conflictos agrarios.

En segundo lugar, constató una situación de gran impunidad debido a la debilidad institucional, la corrupción y la falta de independencia del Poder Judicial. En tercer lugar, constató una amplia gama de violaciones a los derechos humanos, tal como la ocupación ilegal de tierras de comunidades indígenas, rurales y afrodescendientes, la violación de los derechos laborales, y actos de discriminación.

En cuarto lugar, constató la falta de investigación y la impunidad en la que permanece la enorme mayoría de las violaciones a los derechos humanos, particularmente las amenazas y asesinatos contra aquellas personas que denuncian e informan sobre las mismas, incluso en ocasiones también sus familiares son amenazados, secuestrados, golpeados o asesinados.

En quinto lugar, la CIDH constató que aún no se ha restablecido la institucionalidad democrática tras el golpe de Estado de 2009 y que la militarización traducida en el involucramiento de las Fuerzas Armadas en una amplia gama de funciones del Estado representa un riesgo para la vigencia del Estado de Derecho.

Sin duda alguna, las observaciones preliminares de la CIDH son contundentes y si existiera voluntad política, el gobierno actual aceptaría humildemente las recomendaciones y medidas para atacar las causas estructurales de la violencia y de la impunidad, y para proteger a la población ante esta situación.

A la sociedad nos corresponde divulgar y analizar ampliamente lo constatado por la CIDH para asumirlo como una herramienta más de incidencia y denuncia que permita cambios significativos y progresivos en Honduras.

lunes, 8 de diciembre de 2014

La marcha del fracaso

La semana antepasada, el gobierno de Juan Orlando Hernández convocó a una marcha por una navidad en paz con el objetivo de alzar la voz contra la violencia y la criminalidad.

Fue encabezada por el propio presidente Hernández y la primera dama, Ana García, a quienes se les sumaron sectores religiosos y empresariales, y un reducido número de funcionarios a quienes se ha conocido se les obligó a participar.

Pese a los llamados y coacciones a participar, y a gastarse 30 millones de lempiras en la organización de la misma, apenas participaron dos mil empleados públicos, lo cual puede considerarse un total fracaso aunque los grandes medios de comunicación han intentado maquillar y esconder esa realidad.

Lo que sí está claro es que cuando un presidente de un Estado decide salir a la calle para protestar contra la violencia, es la manifestación más evidente del fracaso de su gobierno para enfrentar la criminalidad.

La manifestación pública y pacífica es un derecho humano que la ciudadanía tiene cuando sus gobiernos son incapaces de dar respuestas institucionales a los problemas de la gente.

Por tanto, que el presidente Hernández haga uso de este derecho, ¿acaso está manifestando su descontento frente a sus propias políticas en materia de seguridad que no han logrado reducir drásticamente los índices delictivos?

Evidentemente detrás de esta marcha lo que hay es pura demagogia para hacerle creer a la población que su gobierno no es responsable, intentando ignorar que el principal garante de la seguridad de la población es el Estado que está bajo su gobierno.

Pero no cualquier seguridad ni a cualquier costo, sino aquella que sea respetuosa de los derechos humanos y que implique una mejora en la calidad de vida de la gente, particularmente de la más excluida.

lunes, 1 de diciembre de 2014

Algo no cuadra

Uno de los grandes dogmas que han sostenido los diferentes gobiernos a partir de la década de 2000, es que el involucramiento de las fuerzas militares en tareas de seguridad ciudadana reduce los altos índices de violencia e inseguridad.

Desde el gobierno de Ricardo Maduro se inició abiertamente una política encaminada a privatizar y militarizar la seguridad pública. De esta manera, según un informe del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre el Uso de Mercenarios de la ONU, existen en el país 70 mil guardias de seguridad privada.

En este sentido, resulta preocupante que la proporción de policías estatales en relación con la población es de apenas 1 agente por cada 1,103 habitantes, mientras que la proporción de guardias privados de seguridad es de 1 por cada 113 habitantes.

Por otro lado, con el gobierno de Juan Orlando Hernández se ha profundizado el fortalecimiento del poder militar en todas las áreas de la sociedad, no obstante y pese al discurso oficial, las estadísticas revelan que la militarización no es sinónimo de reducción de la violencia.

De acuerdo con la información de los últimos ocho años (2005-2012) se han producido en el país 40 mil 668 asesinatos, cifra que se acerca al costo social de un país en guerra. Solo en el quinquenio 2008-2012 los homicidios aumentaron 52.67% y apenas se vio una reducción mínima de 0.58% durante el 2012.

Las estadísticas indican que entre 2008 y 2012, a la par del aumento del presupuesto para las Fuerzas Armadas, también aumentaron los índices de violencia. Así, en 2008 se aumentó el presupuesto militar en más de $121 millones y hubo 4473 homicidios.

En 2010 el presupuesto militar subió a más de $172 millones mientras que los homicidios subieron a 6239. En 2012 el presupuesto militar aumentó en más de $188 millones mientras que los homicidios alcanzaron la cifra de 7172. Para el 2014, el presupuesto de las Fuerzas Armadas subió en más de $252 millones mientras se redujeron las partidas en educación y salud.

¿Cómo es posible seguir creyendo el discurso oficial de que los militares son la solución si las estadísticas dicen todo lo contrario? ¿Por qué continuar con esa creencia si después de 10 años de militares en las calles la tasa de homicidios ha aumentado en más de un 50%?

Los militares en las calles solo trasladan o retrasan la comisión de delitos pero no atacan las raíces del problema de la violencia. Militarizar y privatizar son fuentes de violaciones a derechos humanos como lo muestran los recientes ejemplos de participación de militares y guardias privados en crímenes contra la ciudadanía.

viernes, 21 de noviembre de 2014

Un aporte para la reflexión

Uno de los aportes importantes que como Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, y Radio Progreso hemos decidido brindar a la sociedad hondureña, es la realización de investigaciones y análisis para animar la reflexión y el debate sobre diferentes aspectos de nuestra realidad nacional.

Por ello, en estos días estamos presentando una nueva publicación realizada en coordinación con la Alianza por la Paz y la Justicia, en la que diferentes autores y autoras reflexionan sobre la violencia, los derechos humanos y la seguridad ciudadana, desde diferentes perspectivas, experiencias y miradas.

Este libro colectivo contiene reflexiones sobre la necesidad de construir un concepto de seguridad como valor superior y como meta de todo ser humano; sobre el entendimiento de qué son, cómo funcionan y por qué proliferan las pandillas juveniles; sobre la violencia, la pobreza o la corrupción que tienen un origen histórico y un lugar preciso en el orden social, y que en conjunto han contribuido a estigmatizar la identidad nacional.

El libro también cuestiona lo frágil y riesgoso que es mantener como única vía de seguridad, la expectativa que el Estado resolverá la violación de derechos y generará las condiciones para su garantía; aborda el modelo represivo de seguridad adoptado por el Estado de Honduras y extrae las características que determinan el impacto y los efectos en el sistema penitenciario.

A su vez, el libro analiza el nivel de transformación del perfil profesional de las policías municipales y su relación con la sociedad, y los desafíos que enfrenta; analiza la evolución de las reformas en el sistema de seguridad y justicia, el contexto sociopolítico que ha influido en su desempeño; analiza la relación entre violencia y migración, y plantea cómo la búsqueda de asilo ha recobrado actualidad como lo hizo en los tiempos de los conflictos armados en Centroamérica.


Esperamos que este nuevo aporte brinde luces para continuar el debate y la reflexión, y contribuya decididamente a la construcción de una cultura política y ciudadana que permita la transformación de esta sociedad violenta y excluyente, en una nueva sociedad incluyente y participativa, respetuosa de los derechos humanos y en armonía con el medio ambiente.

miércoles, 12 de noviembre de 2014

Las cifras de la muerte

Las cifras de muerte y sangre en Honduras la convierten en un país del terror.

Según Casa Alianza, en octubre fueron ejecutados 82 niños, niñas y jóvenes menores de 23 años, 80 por ciento de los cuales fueron asesinadas por armas de fuego.

En los últimos 3 años, unas 1,200 mujeres han muerto violentamente y entre 2008 y 2014 185 miembros de la comunidad LGBTI han sido asesinados en Honduras, registrándose solo en este año 14 asesinatos.

De 2012 hasta la fecha se han registrado 9 asesinatos de indígenas Lencas y desde los años 90 hasta la actualidad se han contabilizado 43 asesinatos en la comunidad de los Tolupanes.

Desde el año 2003 han sido asesinados 47 periodistas y comunicadores sociales, de los cuales 7 han muerto en el 2014 y el 91% están en total impunidad.

Solo en el año 2014 han sido víctimas de la violencia más de 100 personas ligadas al sector transporte y desde el 2010 83 abogados y abogadas han sido asesinadas.

Y ante esta terrible realidad, el gobierno nos ofrece las mismas recetas que vienen siendo aplicadas desde hace 10 años sin ningún resultado, es decir, más cárcel, más penas, más militares, más armas y al mismo tiempo, menos presupuesto para salud y educación, menos protección laboral y menos acceso a una vida digna.

Pero para el gobierno, las cifras de la muerte se han reducido y el pueblo hondureño ahora vive una vida mejor.

Fuera de los fortines y la seguridad pública y privada con la que viven protegidos los gobernantes que tenemos, la verdadera Honduras se ha convertido en un gigantesco matadero y en una gigantesca cárcel de la que la gente escapa a través de la migración forzada y quienes nos quedamos ejercemos una ciudadanía limitada por el miedo.


¿Qué más falta para que la sociedad hondureña se indigne hasta levantar decididamente su voz ante tanta muerte, miseria e impunidad?

martes, 4 de noviembre de 2014

Y siguen los retrocesos en materia de derechos económicos, sociales y culturales

Uno de los elementos fundamentales para determinar si un país puede catalogarse como un Estado de derecho es el respeto del principio que garantiza el imperio de la Constitución.

Ello implica que las leyes deben ser adoptadas por los órganos que representan la voluntad general, como por ejemplo, el Congreso Nacional, y además que el contenido de tales leyes no sea contrario a lo establecido por la Constitución de la República.

En este sentido, es importante insistir en la importancia del artículo 64 constitucional que prohíbe la aplicación de leyes que disminuyan, restringen o tergiversan los derechos humanos establecidos en la Constitución.

En otras palabras, este artículo consagra el principio de progresividad que le impone a los poderes públicos la obligación de avanzar gradual y constantemente hacia la plena realización de los derechos humanos, y la prohibición de tomar medidas regresivas que reduzcan los niveles de protección de los derechos vigentes.

El posible recorte de 99 millones de lempiras que experimentará el próximo año el presupuesto de la Universidad Pedagógica Nacional “Francisco Morazán” es un nuevo ejemplo de lo que el gobierno tiene prohibido hacer pues tendrá unos efectos terribles en la calidad de la enseñanza y el derecho humano a la educación.

Y mientras se reducen los presupuestos de salud y educación, Honduras es el país centroamericano que más aumentó sus gastos militares desde 2008 cuando el presupuesto de defensa era de más de 121 millones de dólares, llegando a más de 252 millones de dólares en 2014, lo que implica un aumento de 108%.

Está claro que la prioridad de los últimos gobiernos son las armas en detrimento de derechos tan elementales como la salud y la educación de la población.

miércoles, 29 de octubre de 2014

Nuevas audiencias, más denuncias.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comenzó su período de sesiones número 153, en el marco del cual realizará audiencias entre el 27 de octubre al 7 de noviembre sobre diferentes situaciones relativas a derechos humanos en la región.
Sobre Honduras se celebrarán 3 audiencias específicas y varias reuniones de trabajo privadas. Entre las audiencias se encuentra la solicitada por la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (COIPRODEN) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), relativa la situación de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en el Bajo Aguán.
La segunda audiencia fue solicitada por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) sobre el caso de Ángel Pacheco León, quien había ganado el primer lugar en las elecciones primarias del Partido Nacional realizadas en el Departamento del Valle y era candidato a diputado para al Congreso Nacional en las elecciones que se realizarían el 25 de noviembre de 2001.
Las altas autoridades de ese partido le pidieron a Pacheco que renunciara a su candidatura, a lo que él no aceptó. A partir de ahí comenzó a recibir amenazas a muerte que se concretaron el 23 de noviembre de 2001. Hasta el momento, las autoridades de Honduras no han realizado una investigación seria y diligente para determinar la responsabilidad de su asesinato.
La tercera audiencia fue solicitada por la Colectiva de Mujeres Hondureñas (CODEMUH) y CEJIL, y está relacionada con la situación de los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres.
A su vez, se realizarán varias reuniones de trabajo con la CIDH, entre las que destacan, la relativa a la situación de violencia, amenazas y coacciones que viven las comunidades del Nueva Esperanza en Atlántida por oponerse a actividades mineras ilegales; la relacionada con la inefectividad de las medidas de protección a favor del personal de Radio Progreso.
Y la relativa a la violencia contra los pobladores de la colonia Cerrito Lindo en San Pedro Sula, quienes son víctimas de asesinatos, amenazas, coacciones y desplazamientos debido a un conflicto de tierras que el Estado es incapaz y no tiene voluntad de resolver.
Esperamos que colocar al Estado de Honduras en la palestra pública como violador de derechos humanos presione para que se adopten medidas efectivas que permitan revertir las situaciones que generan este tipo de violaciones a los derechos de la gente.

sábado, 25 de octubre de 2014

17 años de impunidad y de esperanza

En el año 2003, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), en representación de las familias Kawas, Luna y Escaleras, presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una denuncia por la impunidad alrededor de los asesinatos de los ambientalistas Blanca Jeannette Kawas, Carlos Luna y Carlos Escaleras, ocurridos en 1995, 1998 y 1997, respectivamente.
Kawas se desempeñaba como presidenta de la Fundación para la protección de los recursos naturales de Lancetilla, Punta Sal y Texiguan (PROLANSATE), desde la que denunció la explotación ilegal de madera; y Luna era un ecologista y regidor municipal en Catacamas, y antes de su muerte investigaba el corte y tráfico ilegal de madera en el departamento Olancho.
Escaleras era de uno de los más reconocidos líderes populares del valle del Aguán y era miembro del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), el Frente Común de Patronatos y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), desde la cual denunció y se opuso a las actividades de ciertas empresas que causaban daños al ambiente.
En los casos Kawas y Luna, el Estado de Honduras fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2009 y 2013, respectivamente. En el de Escaleras, el caso está a punto de ser enviado a dicho tribunal internacional y ante la posibilidad de una solución amistosa que pueda permitir obtener justicia y una reparación adecuada que minimice el sufrimiento causado.
A 17 años del asesinato de Carlos Escaleras seguimos luchando para arañarle justicia al monstruo de la impunidad y vemos con esperanza la memoria viva de Carlos Escaleras, Carlos Luna y Jeannette Kawas que florece cada día en la voz alzada de miles y miles de personas que defienden los bienes naturales y la vida. 

martes, 14 de octubre de 2014

Entre el luto permanente y la defensa de la alegría.

Honduras es el país del luto permanente. Transita por un camino de corrupción, pobreza, impunidad y violencia que pareciera no tener final ni esperanza.
El director de Casa Alianza, José Guadalupe Ruedas nos lo recordaba la semana pasada al denunciar que solo en el gobierno de Juan Orlando Hernández, 685 niños, niñas y jóvenes menores de 23 años han sido ejecutados, cifra que constituye el mayor porcentaje de ejecuciones por mes de los últimos 16 años. 
Y al mismo tiempo, el asesinato de las fiscales del Ministerio Público, Marlene Banegas y Olga Patricia Eufragio nos golpeaba en la cara para no olvidar que la ley del más fuerte y más violento es la que nos gobierna.
Estos dos hechos son una muestra de cómo la violencia y la impunidad tienen el poder de asesinar a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, la niñez y la juventud, así como a dos operadoras de justicia que en teoría son las que más protegidas deberían estar por liderar instituciones que tienen la obligación de salvaguardar los intereses de la población.  
Sin embargo, mientras estas dos situaciones nos marcan como cicatrices en nuestro tejido social, Berta Cáceres, coordinadora del COPINH, era galardonada internacionalmente con el Premio Cien a la Vida por su labor en la defensa de los derechos de los Pueblos Originarios de Honduras y de la Madre Tierra.
Aunque los signos de muerte son muchos, no podemos renunciar a defender la alegría de la vida como lo han hecho y lo hacen millones de personas en Honduras.
Y aunque esta defensa sea dolorosa, parafraseando a Benedetti, debemos defender la alegría y la vida como una trinchera, defenderla de la miseria y los miserables, de los homicidas y de la muerte, de las ausencias transitorias y las definitivas.

martes, 7 de octubre de 2014

Militares, seguridad ciudadana y derechos humanos.

En su más reciente comunicado, la Comisión Multinacional de la Alianza por la Paz y la Justicia señaló que “la adopción de medidas inadecuadas en materia de seguridad y justicia tiene un alto costo humano y profundiza los niveles de victimización”.
Como nos lo demuestra la experiencia en los países de la región azotados por la violencia criminal, el involucramiento de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna crea más problemas de los que resuelve.
Un ejemplo claro son los recientes hechos delictivos en los que los militares se han involucrado. El 27 de septiembre 4 policías y 12 militares en estado de ebriedad hirieron de bala a 3 habitantes del municipio de Wampusirpe en la Mosquitia.
El 30 de septiembre, efectivos militares participaron en el desalojo de 400 miembros del pueblo Garífuna de la comunidad de Barra Vieja, violentando sus derechos ancestrales sobre la propiedad colectiva de sus tierras.  
El mismo 30 de septiembre se conocieron los actos de tortura cometidos por miembros de la Policía Militar en contra de dos trabajadores de la mina artesanal de la aldea San Juan de Arriba, ubicada en el municipio del Corpus en Choluteca.
El 1 de octubre, miembros de la Policía Militar atacaron a tiros a una unidad de transporte público en Tegucigalpa que no se detuvo ante un retén, provocando que 4 personas resultaran heridas.
Dichos ejemplos son apenas una muestra de los graves problemas que se nos vienen con los militares en las calles, ya que ven en el ciudadano un enemigo a quien eliminar y no a una persona cuya dignidad deben respetar y defender.
Es un grave error creer que con un curso de 1 o 2 meses se les cambiará la mentalidad de guerra a esos mismos soldados que cometieron graves violaciones a derechos humanos durante los años 80 y durante el golpe de Estado. 
Si bien no se puede ignorar que "hay escenarios donde los grupos criminales adquieren un poder de fuego y un control territorial que no es posible contrarrestar solo con las capacidades policiales, sea por su debilidad o por su penetración criminal", tal y como sucede en Honduras.
Pero "las intervenciones de los militares en tareas de seguridad ciudadana deben ser excepcionales, acotadas y transitorias, bajo el más amplio control civil, judicial y parlamentario, y acompañadas de una pronta estrategia de salida que garantice el progresivo reemplazo de las fuerzas armadas por el servicio policial" y por el resto del aparato judicial, educativo y de salud.
Esto implica reconocer que la violencia no se reduce a un problema de seguridad pública, sino que está asociada con múltiples factores de desigualdad social, económica y política, y que se sustenta en estructuras de desigualdad y dominación que golpean a los más pobres.

miércoles, 1 de octubre de 2014

Militares cometen graves violaciones a los derechos humanos en Honduras.

Tegucigalpa.- El Centro de Prevención Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT), a la comunidad nacional e internacional manifiesta lo siguiente: 

Diferentes hechos confirman ahora, el grave error que se ha cometido en política de seguridad pública por parte de este gobierno, al otorgarles funciones policiales[1] a  los militares (comunicado del 01 de agosto de 2013). 

1.- El día de ayer martes 30 de septiembre, en franca violación a los derechos del pueblo Garífuna del municipio de Tela, más de 400 vecinos de la comunidad de “Barra Vieja”, han sido desalojados de sus propiedades de manera violenta por miembros del ejército y la policía, convirtiéndolos en desplazados, por el mismo Estado. Todo esto para favorecer los intereses de un grupo empresarial[2] dedicado a la industria turística en esa zona. 

2.- Ayer mismo, (30 de septiembre) el telenoticiero “Telenoticias[3]” que se transmite por “Canal 5”, informó que miembros de la Policía Militar torturaron a un joven en lamina artesanal de la aldea San Juan de Arriba, ubicada en el municipio del Corpus, departamento sur de Choluteca.

3.- Hoy (01 de octubre) en horas de la mañana, miembros de la Policía Militar, atacaron a tiros[4] a una unidad de transporte público, que cubre la ruta entre la Colonia Arturo Quezada y el centro de la capital, hiriendo a cuatro personas que se encuentran hospitalizadas. Según informes de diferentes medios de comunicación. “El bus iba lleno de pasajeros”.

4.- Cuatro agentes de la Policía Nacional y doce militares, en estado de ebriedad hirieron de bala a tres habitantes del municipio de Wampusirpe[5], la Mosquitia, departamento de Gracias a Dios, hechos ocurrieron el día sábado 27 de septiembre.

CPTRT, expresa su más firme condena, a las graves violaciones a los derechos humanos, cometidas por miembros de la Policía Militar, en contra de la integridad física de compatriotas que merecen ser objeto del “cuidado y servicio” que como funcionarios de seguridad están obligados a prestar en el marco de sus obligaciones laborales.

Demandamos la inmediata devolución de la tierra a nuestros compatriotas de la comunidad de Barra Vieja en el municipio de Tela, se investigue y se sancione a los responsables de las violaciones al derecho a la integridad física y sicológica de nuestros compatriotas.

Tegucigalpa 01 de octubre de 2014.
PD. Copiamos fotos de las denuncias.

martes, 30 de septiembre de 2014

Comisión Nacional de Telecomunicaciones pretende cerrar radio garífuna.


Alerta 055-14
30 de septiembre de 2014

Comité por la Libre Expresión, C-Libre.- La Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), denunció el 25 de septiembre que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, pretende sacar del aire a la radio comunitaria Garífuna Sugua, que opera desde hace seis años en la comunidad de Sambo Creek, en el municipio de La Ceiba, departamento de Atlántida. 

La denuncia fue difundida mediante un pronunciamiento público emitido por la OFRANEH, en el cual destacan el posible cierre de la radio comunitaria Sugua, como una clara intimidación Estatal para concretar la entrega de la costa Garífuna al capital extranjero bajo el marco de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, (ZEDE), mejor conocidas como ciudades modelo.

El pronunciamiento también resalta el error cometido por CONATEL al emplazar a La OFRANEH como "propietaria de la radio comunitaria Sugua", puesto que la relación entre la radio comunitaria y la OFRANEH es de apoyo solidario en pro de la defensa de los derechos territoriales, políticos y culturales del pueblo Garífuna.
Bajo este contexto la OFRANEH, hace un llamado público al pueblo Garífuna para evitar el atropello del cierre de la radio comunitaria Sugua, una emisora que salió al aire en noviembre del año 2009, en el marco del golpe de Estado.

La radio comunitaria Sugua que además pertenece a la Red de Radios Comunitarias Garífunas, trabaja bajo una línea editorial educativa dirigida a fomentar la recuperación del uso de la lengua Garífuna y a transmitir el conocimiento tradicional.

Por su parte CONATEL a través de un comunicado enviado a C-Libre informó:

"Que en el ejercicio de su facultad de administrar y controlar el uso del espectro radioeléctrico, constató en fecha 4 de diciembre del año 2013, que la organización Fraternal Negra Hondureña, está utilizando la frecuencia 100.9 MHz, en la comunidad de Sambo Creek del departamento de Atlántida de manera ilegal, sin poseer la autorización correspondiente otorgada por este ente regulador, por tal razón y en respecto a la garantía constitucional de derecho de defensa en fecha 17 de septiembre del año de 2014 , se emplazó a la confraternidad Negra Hondureña, para que presente sus correspondientes descargos de esta situación".

Además el comunicado firmado por el comisionado presidente de esa dependencia dice que "CONATEL, pondrá en conocimiento al Ministerio Público de conformidad con lo establecido en el artículo 39 de la Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones y otros del reglamento que dicen: Que cuando hay indicios de delito se debe de poner en conocimiento al Ministerio Público". 

Para el Comité por la Libre Expresión, C-Libre, estas acciones de CONATEL son arbitrarias y violatorias al Convenio 169 de la OIT, suscrito y ratificado por el Estado de Honduras, puesto que buscan intimidar a la población Garífuna y afectar la plena efectividad de sus derechos sociales, económicos y culturales, irrespetando a la vez su identidad social y cultural, sus costumbres, tradiciones y sus instituciones. 

El Convenio 169 es una norma internacional y como tal prevalece sobre la ley interna de los Estados que lo ratificaron. El artículo 18 de la Constitución de la República estipula que en caso de conflicto entre el tratado o convención y la ley, prevalecerá el primero. 

Ante lo anterior, C-Libre, exhorta al Gobierno a respetar a la comunidad de Sambo Creek y su derecho universal a la libertad de expresión y a tener sus propios medios de comunicación, al amparo de este Convenio.
Fuente: Comité por la Libre Expresión (C-Libre). 

C-Libre es una coalición de periodistas y miembros de la sociedad civil constituida para promover y defender la libertad de expresión y el derecho a la información en Honduras. Quienes integramos C-Libre, estamos convencidos que en la construcción de un Estado de Derecho es imprescindible la existencia de un periodismo ético, de investigación, fiscalizador de la gestión pública, que se desempeñe en un ambiente de seguridad y acceso libre a la información y que promueva un régimen de opinión pública que haga valer su Derecho a la Información.

lunes, 29 de septiembre de 2014

¿Hay jueces en Berlín?

Cuenta la leyenda que cuando Federico el Grande, rey de Prusia, construyó su palacio, había a un costado de sus magníficos jardines un viejo molino de madera, ruidoso y sucio.
A Federico II le pareció que este molino afeaba su nueva residencia de verano y ordenó su derribo. El dueño del molino, un hombre humilde y sencillo, se opuso a la decisión del rey y llevó el caso ante la justicia, al tiempo que le decía al rey: “Señor, todavía hay jueces en Berlín”.
Y cuando los jueces fallaron a favor del molinero, el mismo monarca, respetuoso de la justicia, celebró que hasta él mismo tuviera que acatar la decisión de los jueces de la capital de Prusia.
La semana pasada, el Juzgado de Letras Penal de Comayagüela denegó la petición de la defensa del comisionado de Policía, Elder Madrid Guerra, de aplicarle el decreto de Amnistía aprobado después del golpe de Estado. Madrid tenía bajo su mando a elementos del comando Cobras que detuvieron y torturaron a 24 personas el 12 de agosto de 2009.
Pese a que este decreto ha sido cuestionado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debido a su ambigüedad que facilita la obstrucción del esclarecimiento, enjuiciamiento y sanción de los responsables intelectuales y materiales de las violaciones a derechos humanos, en otros casos el poder judicial lo ha aplicado indebidamente para absolver a policías y militares.
Por ello es que se debe reconocer el esfuerzo del área legal del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, que ha representado a las víctimas, pese a los obstáculos que se enfrentan para luchar contra la impunidad, ya que el comisionado Madrid, en vez de ser separado como lo establece la ley, ha sido ascendido a jefe de Inteligencia y director estratégico de la Secretaría de Seguridad.
¿Por este caso específico podríamos comenzar a preguntarnos con esperanza si “todavía hay jueces en Berlín” que impidan la aplicación de amnistías e indultos a violadores de derechos humanos?
La historia reciente nos ha mostrado que aún hay jueces y juezas dispuestas a sacrificar su integridad y estabilidad en nombre de la justicia: Mireya Mendoza, Luis Chévez, Tirza Flores, Adan Guillermo López Lone y Ramón Barrios, entre otros, son ejemplos claros de que es posible decir que “todavía hay jueces y juezas en Honduras”.

miércoles, 24 de septiembre de 2014

Un retroceso más en la protección del derecho humano a la salud

En nuestra Constitución, hay una disposición fundamental que impone límites y vínculos claros a todos los poderes públicos, especialmente al poder legislativo. 


Se trata del artículo 64 que establece que “No se aplicarán leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidos en esta Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan”.

En este artículo se consagra el principio de progresividad que le impone al Estado hondureño dos obligaciones concretas: En primer lugar, la obligación positiva de avanzar gradual y constantemente hacia la plena realización de los derechos humanos, es decir, de mejorar continuamente su goce y ejercicio.

En segundo lugar, la obligación negativa de abstenerse de tomar medidas deliberadamente regresivas que reduzcan los niveles de protección de los derechos vigentes o supriman los ya existentes.

El derecho a la salud es uno de eso derechos cuya protección y efectividad obliga al estado a tomar medidas para ir avanzando en su disfrute y le prohíbe tomar medidas deliberadamente regresivas, e incluso permanecer pasivo ante el deterioro del nivel de su disfrute.

Una medida fundamental para garantizarlo es la asignación de recursos suficientes en el presupuesto general de la república. No obstante, el presupuesto enviado al Congreso Nacional para su discusión y aprobación, contempla una reducción de 174.8 millones de lempiras en materia de salud en comparación con el de 2014. 

Sin duda alguna, esta reducción presupuestaria es una medida regresiva que viola abiertamente la Constitución y los tratados internacionales. Si bien es cierto se podría argumentar que los recursos son limitados, también hay que recordar que ante dicha limitación, la obligación del Estado es asignar adecuadamente los recursos disponibles. 

Cuando vemos que el presidente de Honduras gasta 48 millones de euros en un avión presidencial queda claro que a pesar de la limitación de los recursos disponibles, las prioridades del gobierno son otras y no un derecho tan fundamental como la salud de la población más vulnerable.