miércoles, 25 de septiembre de 2013

¡No toleramos la persecución política en contra del COPINH!

La Coalición Ccontra la Impunidad expresa de manera contundente su rechazo a la persecución política de la que es objeto la compañera Berta Cáceres, Coordinadora General del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) al habérsele dictado prisión preventiva, por parte  de "autoridades" del Poder Judicial que de manera evidente están al  servicio de la  transnacional de la Industria Extractiva Desarrollos Energéticos, S.A. (DESA), una de las principales saqueadoras de los bienes comunes y que ancestralmente le pertenecen al pueblo Lenca del departamento de Intibucá.

A juicio de la Coalición, tanto la acusación presentada por DESA, como la resolución judicial emitida en la audiencia inicial en este juicio político son una constatación de la perversión del sistema judicial en Honduras que criminaliza a las víctimas y evidencia que ya es una práctica común por parte del gobierno de encarcelar a los que considera como sus “opositores” cuando estos incurran en su legítimo derecho de protesta pública pacífica.  

Parte de la resolución de la audiencia inicial de este juicio, respecto al caso de usurpación, daño continuado y coacción incoada en contra de Berta Cáceres, Aureliano Molina y Tomás Gómez del COPINH también ordena el desalojo de la toma de carretera que por cerca de seis meses ha sostenido la población Lenca en contra del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, por considerar que esta es un mecanismo para el concesionamiento y privatización de su territorio, de sus fuentes de agua, y la destrucción de sus bosques.

La Coalición contra la Impunidad responsabiliza a DESA y a las autoridades nacionales por las consecuencias de esta decisión, especialmente por el acoso, persecución y muerte de la que está siendo objeto la población lenca a través  de la “operación libertad” que mantiene la presencia de policías y militares en la zona.  Prevemos que un desalojo de niños, niñas, mujeres, personas mayores, que constituye el grueso de la población que sostiene la toma pacífica de la zona, puede resultar totalmente violenta y pondrá en riesgo vidas inocentes.

Finalmente, reiteramos nuestro respaldo  a la compañera Berta Cáceres, y extendemos nuestra mano solidaria al resto de compañeras y compañeros de la Junta Directiva del COPINH, especialmente Aureliano Molina y Tomás Gómez, por asumir con responsabilidad una lucha legítima por los bienes comunes de todas y todos.

La Coalición, al igual que el pueblo lenca, entendemos el llamado de la madre naturaleza por refundar una relación armoniosa y respetuosa con nuestro entorno, agua, bosque, aire, cielo, vida animal, vida humana en la que no pensemos que su sentido es el saqueo y usufructo, sino una recuperación universal del sentido político de nuestro paso por la vida, por la relación humana, por la relación de poder entre hombres y mujeres donde su cosmovisión no sea arrollada y saqueada por el interés de unos pocos por sobre el buen vivir de todo un pueblo.
Desconolizar el pensamiento y las acciones es el puente que nos deja abierto la dignidad encarnada en defensoras como Berta Cáceres, Magdalena Morales y  compañeros y compañeros del COPINH en Río Blanco y muchas otras comunidades lencas de Intibucá, La Paz, Lempira y Santa Bárbara.

El desalojo es un acto que jurídicamente violenta un Convenio Internacional suscrito por el Estado de Honduras,  que no puede seguir ninguneando y negando el derecho de un pueblo a su territorio y cultura. Es nuestro deber  defenderlo con acciones jurídicas, con la movilización, con la solidaridad militante a nivel nacional e internacional, es a su vez un compromiso que adquirimos quienes suscribimos el presente Comunicado y un llamado a sumarse a la población en general con quien lo compartimos.

 23 de Septiembre de 2013


COALICION CONTRA LA IMPUNIDAD - HONDURAS

Tercera visita de la Comisión Multinacional



La Comisión Multinacional, conformada por expertos nacionales e internacionales a iniciativa de la Alianza por la Paz y la Justicia para darle seguimiento al proceso de reforma al sector justicia y seguridad, realizó su tercera visita del 16 al 20 de septiembre, durante la cual sostuvo reuniones con altas autoridades del Estado, operadores de justicia, sociedad civil, partidos políticos y la cooperación internacional.
Uno de los hallazgos durante esta visita es que la reforma al sistema de seguridad sigue siendo errática, lenta y contradictoria, que no hay acciones efectivas para poner un alto a las redes criminales que actúan con total impunidad, debido a que la clase política hondureña ha supeditado las reformas serias y coordinadas a sus intereses electorales inmediatos.
En este sentido, la Comisión encuentra preocupante la creación de estructuras de vigilancia y controles discrecionales, y de la Policía Militar de Orden Público pues la experiencia en otros países ha evidenciado que el involucramiento de militares en tareas de seguridad ciudadana crea más problemas de los que resuelve y desvía los recursos limitados que deberían fortalecer el proceso de depuración y reforma de la Policía Nacional, la Dirección General de Investigación Criminal, el Poder Judicial y el Ministerio Público.
A su vez, la Comisión reconoce la falta de legitimidad del proceso por el que fueron electos el nuevo fiscal general y su adjunto, así como la cuestionada integración del Consejo de la Judicatura, con lo cual se evidencia una vez más el reparto partidista de estas instituciones que siguen secuestradas por intereses políticos que desnaturalizan su función.
Pese a este panorama, la Comisión Multinacional reconoce que “Honduras posee invaluables reservas morales en su sociedad y en el Estado, compuestas por ciudadanos y operadores de seguridad y justicia comprometidos hasta el límite con su país, el bienestar, la libertad y seguridad de sus habitantes, y que no claudican ni en las condiciones más adversas. Son ellos quienes mantienen vivas las esperanzas de recuperar la paz social”.
Haciendo nuestras las palabras de la Comisión, “para provocar el vuelco de las condiciones actuales que Honduras atraviesa, es indispensable un mayor involucramiento y participación de la sociedad, y una actitud más madura y responsable de las elites, especialmente de las elites políticas”.

martes, 24 de septiembre de 2013

TERCER COMUNICADO DE LA COMISIÓN MULTINACIONAL



SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LA REFORMA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA EN HONDURAS
1. La Comisión Multinacional ha realizado durante esta semana su tercera visita a Honduras en lo que va del año. Nos hemos reunido con altas autoridades del Estado, operadores de justicia, integrantes de la sociedad civil y de la comunidad internacional. Constatamos que el estado de inseguridad en Honduras sigue siendo agobiante, sobre todo en los municipios más poblados y limítrofes, donde se concentra el 66% de los homicidios. Aunque hay algunos progresos, la reforma del sistema de seguridad sigue siendo errática, lenta y contradictoria, sin acciones que pongan un alto a las redes criminales que mantienen a la población en zozobra y actúan con impunidad. Esa falta de avances refleja, a nuestra manera de ver, que las elites políticas han supeditado las reformas a sus intereses electorales inmediatos. 

2. Lamentamos que los líderes del Congreso Nacional y sus aliados desaprovecharan la oportunidad de elegir al nuevo fiscal general mediante un procedimiento competitivo, transparente y de reconocimiento de méritos por encima de las conexiones partidarias. Esa iniciativa de la APJ con el respaldo de la UNAH y el CONADEH hubiese contribuido decididamente a recuperar la confianza de la sociedad en el Ministerio Público y a restaurar las capacidades del Estado de perseguir el crimen. Del mismo modo, la integración del Consejo de la Judicatura ha despertado desconfianza en relación con la transparencia que un órgano como este debería tener para fortalecer la independencia judicial que es fundamental en una democracia. 

La pérdida de legitimidad del proceso por el que fueron electos el nuevo fiscal general y el fiscal adjunto fue seguido en los últimos días por una serie de eventos indicativos de que el Ministerio Público sigue estando capturado por intereses políticos que desnaturalizan su función. En ese contexto la eventual aprobación en el Congreso Nacional de las reformas a la Ley de Ministerio Público tampoco despierta confianza. Entre tanto, como lo constatamos, los fiscales siguen trabajando en condiciones muy precarias, poniendo incluso en alto riesgo su seguridad personal. 

Reconocemos, por otro lado, los avances de gestión de seguridad civil que transparentan las unidades y funciones policiales, y contribuyen a un mejor registro de los fenómenos criminales. Estas acciones deben continuarse y profundizarse en el próximo gobierno. Ahora bien, advertimos que ciertas operaciones anti-crimen, adoptadas en esta crisis para dar una inmediata respuesta del Estado bajo un manto legal, deben regularizarse en un tiempo previsible o los hondureños corren el riesgo de caer bajo el control de mecanismos discrecionales de seguridad. También manifestamos nuestra preocupación por la proliferación sin regulación, por lo general, de grupos privados de seguridad, cuyos elementos multiplican por 15 el número de policías nacionales. Estamos convencidos que aquella seguridad que hipoteca las libertades, es una seguridad falsa.

3. Por otro lado, observamos con enorme preocupación la creación de la Policía Militar de Orden Público pues, como se ha demostrado en los países de la región azotados por la violencia criminal, el involucramiento de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna crea más problemas de los que resuelve y además desvía los limitados fondos públicos que deben fortalecer los organismos profesionales de la seguridad ciudadana, como la policía nacional, la policía técnica de investigaciones, la inteligencia civil y el Ministerio Público. Asimismo, mejorar la coordinación entre los operadores de justicia y mecanismos para facilitar la cooperación ciudadana y la protección de testigos. 

Honduras no puede renunciar a construir instituciones de seguridad que respetan los principios de transparencia, rendición de cuenta, y participación ciudadana, pues en ellos en descansa una seguridad democrática y confiable. Apoyamos el plan actual de la policía comunitaria, pero necesita estructuras específicas para ser efectivo, como reuniones regulares en la comunidad y proyectos locales contra la inseguridad, como en educación y protección de sectores vulnerables. 

4. A pesar de todas estas dificultades, ratificamos que Honduras posee invaluables reservas morales en su sociedad y en el Estado, compuestas por ciudadanos y operadores de seguridad y justicia comprometidos hasta el límite con su país, el bienestar, la libertad y seguridad de sus habitantes, y que no claudican ni en las condiciones más adversas. Son ellos quienes mantienen vivas las esperanzas de recuperar la paz social. Sin embargo, para provocar el vuelco de las condiciones actuales que Honduras atraviesa, es indispensable un mayor involucramiento y participación de la sociedad, y una actitud más madura y responsable de las elites, especialmente de las elites políticas. 

5. Honduras vive plenamente un proceso electoral que debe culminar pacífica y ordenadamente, superando miedos, incertidumbres y amenazas. Este relevo de autoridades debe abrir el espacio de debatir serenamente y de comprometer a la clase política a asumir de una vez por todas las reformas profundas que demanda la grave situación de inseguridad e impunidad. Posponer los cambios o emprenderlos a medias es prolongar el sufrimiento de la sociedad y tolerar que los criminales se conviertan en carceleros de un país entero. La seguridad es un asunto vital para todos los hondureños y no debe banalizarse. 

6. Por último, ratificamos que la ruta a seguir en materia de seguridad interna es la misma que han adoptado otras naciones que lograron revertir cuadros críticos de criminalidad: primero sanear y fortalecer las instituciones creadas para velar por la seguridad de la ciudadanía, segundo profesionalizar a sus operadores, dotarles de recursos, políticas claras y no dejarlos solos, apoyarles, auditarles y criticarlos, cuando sea el caso, y tercero respeto a irrestricto a la legalidad. La tarea del Estado democrático es garantizar la vida, la libertad y la seguridad a sus habitantes, y no restringir sus derechos, ni provocar miedo ni someterlos a vigilancia y controles indebidos. 

7. Independientemente de los resultados electorales, el próximo Gobierno y el Congreso deberán trabajar unidos en formular y aplicar una política de seguridad de Estado, que es la única garantía de una convivencia pacífica y respetuosa. 

Tegucigalpa, D.C. 19 de septiembre de 2013.

Comisionados

Mark Ungar (EEUU)
Rick Bandstra (EEUU)
Jose Ugaz (Perú)
Edgar Gutierrez (Guatemala)
Nick Seymour (Reino Unido)
Joaquín A. Mejia R.  (Honduras)

 


jueves, 12 de septiembre de 2013

¿Hasta cuándo?



Si la semana pasada creímos que con la elección del Fiscal General del Ministerio Público y su adjunto se cerraba el círculo del poder absoluto, el Congreso Nacional, aprovechando la algarabía del partido Honduras-México, tomó una nueva decisión que definitivamente garantizará la impunidad. Nos referimos a la elección del primer Consejo de la Judicatura.
De acuerdo con la Ley del Consejo de la Judicatura y  de la Carrera Judicial, con este nuevo órgano se separan las funciones administrativas y jurisdiccionales de la Corte Suprema de Justicia, lo cual en teoría debería garantizar que la selección, ingreso, traslado y remoción de los jueces y juezas no queda en manos de los magistrados, sino de un órgano independiente.
En otras palabras, el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial es el encargado de organizar y dirigir financieramente y administrativamente el Poder Judicial y nombrar y remover a magistrados de Cortes de Apelaciones y Jueces, así como a los demás funcionarios y auxiliares jurisdiccionales, personal administrativo y técnico. En este sentido, su conformación es fundamental para garantizar la independencia, imparcialidad y competencia de los operadores judiciales.
Por ello, el Congreso Nacional, sabiendo de la importancia de este nuevo órgano, eligió por una mayoría de 110 votos a favor a Julio César Barahona, Rolando Argueta, Francisco Quiroz y Teodoro Bonilla como propietarios y a Liliam Maldonado y Celino Aguilera como suplentes, cuyos nombres ratifican una vez más la lógica del reparto político partidario en menoscabo de los intereses de la justicia.
Pero además, pese a que el artículo 4 de la ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial prescribe que las asociaciones de jueces tendrán derecho a integrar un representante cada uno, el Congreso Nacional violentó esta normativa y eligió a dos representantes de la Asociación de Empleados y funcionarios del Poder Judicial de Honduras (ASOJMAH) y excluyó a la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD).
Evidentemente, esta exclusión se debe a que la AJD ha jugado un papel fundamental en la defensa de la independencia judicial, mientras que la ASOJMAH es simplemente una asociación plegada al poder de turno.
El descaro y la desvergüenza no tienen límites para esta clase política. ¿Cuánto más soportaremos y permitiremos que la corrupción, el cinismo, la arbitrariedad y la ilegalidad de estos políticos nos condenen a seguir siendo una república bananera?